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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020150237601-58542-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-04-27"
radicado: "25000233600020150237601"
numero: "58542"
ponente: "ADRIANA POLIDURA CASTILLO"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150237601-58542-sentencia"
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# Consejo de Estado: corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-04-27
- **Radicado:** 25000233600020150237601
- **Número interno:** 58542
- **Ponente:** ADRIANA POLIDURA CASTILLO
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** FELIPE DE VIVERO ARCINIEGAS
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150237601-58542-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020150237601/196F635D15DB15BB6D8F5ED227B08F378EC8870DE1743F06847B94CD78755DB4/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201502376011100103

## Regla de decisión

Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada.

## Problema jurídico

¿Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La demanda de controversias contractuales fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA…
- ¿Resulta procedente otorgar valor probatorio, como testimonio anticipado y sin desconocer la prohibición legal respecto de la confesión…
- ¿Procede interpretar la cláusula relativa a la bonificación de éxito del contrato de prestación de servicios con fundamento en la intención común de las partes…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 104, 141 y 150

## Extracto

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia sometida a juicio tiene origen en el contrato de prestación de servicios 475 de 2002, celebrado entre el abogado… y el IDU, establecimiento público de orden distrital. A su turno, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 28 de septiembre de 2016, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en atención a la vocación de doble instancia del proceso, dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación.

## Síntesis temática

El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia para resolver disputas relacionadas con la liquidación y pago de bonificaciones de éxito pactadas en contratos de prestación de servicios, siempre que la cuantía de la pretensión exceda los 500 SMLMV. La demanda debe presentarse dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, que comienza a correr una vez vencido el plazo para la liquidación del contrato, incluso si este no se realiza. Además, la declaración de la representante legal del IDU, aunque no puede considerarse confesión judicial debido a la prohibición legal, puede ser valorada como prueba testimonial anticipada para interpretar el alcance de las estipulaciones contractuales, siempre que se ajuste a los principios de sana crítica y coherencia. Esta decisión modifica precedentes y establece un marco claro para la aplicación del medio de control de controversias contractuales en casos de incumplimiento relacionados con bonificaciones de éxito.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, ENTIDAD DISTRITAL, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO POR ENTIDAD DISTRITAL, ABOGADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, PROCESO DE DOBLE INSTANCIA, ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CLÁUSULA DE COMISIÓN DE ÉXITO, BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, AUTO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN, TERMINACIÓN DEL PROCESO POR CONCILIACIÓN, PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, PRUEBA ANTICIPADA, TESTIMONIO ANTICIPADO, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA ANTICIPADA, PRÁCTICA DE PRUEBA ANTICIPADA, APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO, VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, CONFESIÓN JUDICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL, PROHIBICIÓN DE CONFESIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ESTATAL, DECLARACIÓN JURAMENTADA, VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, FUNCIÓN JURISDICCIONAL, PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, PRINCIPIO DE COHERENCIA, COHERENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN DE CLÁUSULA AMBIGUA, INTERPRETACIÓN POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO, INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL, HERMENÉUTICA JURÍDICA, REGLAS DE HERMENÉUTICA CONSTITUCIONAL, APLICACIÓN DE LA HERMENÉUTICA JURÍDICA, CLÁUSULA OSCURA EN INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, JURISPRUDENCIA, DOCTRINA, PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, GESTIÓN DEL ABOGADO, REPRESENTACIÓN JUDICIAL POR UN ABOGADO, FUNCIONES DEL ABOGADO, FACULTADES DEL ABOGADO, HONORARIOS DEL ABOGADO, ACTUACIÓN EN LA DEFENSA JUDICIAL, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, DEMANDA DE RECONVENCIÓN, REMUNERACIÓN EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACUMULACIÓN DE PROCESOS, CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, NORMATIVA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, EFECTOS DE LA COSA JUZGADA, EFECTOS DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN, ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL, INTERPRETACIÓN LITERAL, CLASES DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO, OBJETO DEL CONTRATO, OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ABOGADO DEFENSOR, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, TERMINACIÓN DEL PROCESO, EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN, VALOR VARIABLE, INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA, PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PAGO DE CONCILIACIÓN, SALDOS A FAVOR, PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, INTERPRETACIÓN EFECTIVA, ÚTIL O CONSERVATORIA DEL CONTRATO, APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, NATURALEZA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DEBER DE DILIGENCIA, DEBER DE DILIGENCIA DEL ABOGADO, DEBER DE LEALTAD CON EL CLIENTE, TÉCNICA JURÍDICA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO, OBLIGACIÓN DE MEDIO, INCENTIVO ECONÓMICO, INTERPRETACIÓN INCLUYENTE O EXPLICATIVA DEL CONTRATO, FAVOR DEBITORIS, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE, EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN, OBLIGACIÓN EXIGIBLE, ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD, INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO, INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA, CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DEL PAGO, INEJECUCIÓN PRESUPUESTAL, LIQUIDACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO, CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO, DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA, ACUMULACIÓN DE DEMANDAS, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, OBJETO DE LA CONCILIACIÓN, RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA, INDEXACIÓN DE LA CONDENA, NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO, NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, VALOR DE LA CONDENA, ACTA DE CONCILIACIÓN, IPC, TASA DE INTERÉS MORATORIO, COBRO DEL INTERÉS MORATORIO, CÓMPUTO EN EL INTERÉS MORATORIO, EXIGIBILIDAD DEL INTERÉS MORATORIO, INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO, EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES, PAGO PARCIAL, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ENTIDAD DISTRITAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO POR ENTIDAD DISTRITAL / ABOGADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CLÁUSULA DE COMISIÓN DE ÉXITO / BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO
Problema jurídico:
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia sometida a juicio tiene origen en el contrato de prestación de servicios 475 de 2002, celebrado entre el abogado (…) y el IDU, establecimiento público de orden distrital. A su turno, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 28 de septiembre de 2016, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en atención a la vocación de doble instancia del proceso, dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación. El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 del CPACA, por cuanto en el presente asunto se debate el incumplimiento del IDU en relación con la correcta liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios 475 de 2002, al haberse desconocido, según alega el demandante, el alcance de las estipulaciones contractuales acordadas por las partes.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152.5
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / AUTO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / TERMINACIÓN DEL PROCESO POR CONCILIACIÓN / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La demanda de controversias contractuales fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato y el plazo legal para su liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda presentada el 16 de octubre de 2015 fue interpuesta en tiempo, de conformidad con lo previsto en el inciso v) de literal j) del numeral segundo del artículo 164 del CPACA, tal como pasa a explicarse: Según lo pactado en la cláusula octava del contrato 475 de 2002, su plazo de ejecución se extendía hasta la finalización de los procesos promovidos por ICA S.A., con ocasión del contrato 462 de 1997. Dicho término culminó el 7 de noviembre de 2013, fecha en la cual quedó en firme el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio suscrito entre el IDU e ICA S.A. A partir del 8 de noviembre de 2013 comenzó a correr el término para la liquidación del contrato que, conforme con la cláusula decima octava del negocio jurídico y los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, era de cuatro meses para la liquidación de bilateral y dos meses para la unilateral, el cual venció el 8 de mayo de 2014 sin que se realizara bajo ninguna de esas modalidades. En consecuencia, los dos años de caducidad del medio de control de controversias contractuales iniciaron el 9 de mayo de 2014 y se extendieron hasta el 9 de mayo de 2016, por lo que la demanda fue presentada oportunamente, incluso sin necesidad de adicionar la suspensión derivada de la solicitud de conciliación extrajudicial.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 LITERAL J, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
PRUEBA ANTICIPADA / TESTIMONIO ANTICIPADO / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA ANTICIPADA / PRÁCTICA DE PRUEBA ANTICIPADA / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / CONFESIÓN JUDICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL / PROHIBICIÓN DE CONFESIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ESTATAL / DECLARACIÓN JURAMENTADA / VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE COHERENCIA / COHERENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente otorgar valor probatorio, como testimonio anticipado y sin desconocer la prohibición legal respecto de la confesión, a la declaración rendida por la entonces representante legal del IDU para interpretar el alcance de las estipulaciones del contrato objeto de controversia?
Respuesta al problema jurídico: Si
La declaración rendida por quien ejerció el cargo de directora general del IDU y suscribió el negocio jurídico objeto de controversia podría sugerir, prima facie, la configuración de una confesión, en la medida en que proviene de quien ostentó la representación legal de la entidad al momento de los hechos; no obstante, tal entendimiento no resulta jurídicamente viable (…). En consecuencia, aun cuando la declarante hubiese ostentado la calidad de representante legal para la época de celebración del contrato, sus manifestaciones no pueden producir los efectos propios de la confesión judicial, al tratarse de una prohibición legal de carácter absoluto que impide atribuir el carácter de confesión a tales declaraciones, con independencia del momento en que se rindan. Ahora bien, se constata que, para la fecha en que la señora (…) rindió su declaración ya no se encontraba en ejercicio del cargo, razón por la cual sus manifestaciones deben apreciarse como prueba testimonial anticipada, en los términos del artículo 187 del Código General del Proceso (…). Así las cosas, se observa que la declaración objeto de análisis fue recibida bajo la gravedad del juramento y con comparecencia del IDU, de modo que no se advierte vulneración del principio de contradicción ni resulta exigible su ratificación posterior, a la luz de lo dispuesto en los artículos 188 y 222 del CGP. (…) [A]un cuando la interpretación del contrato constituye una labor que corresponde al juez, ello no impide que el testimonio sea valorado como elemento de juicio, junto con los demás medios de prueba recaudados en el proceso, para reconstruir el contexto negocial, la intención común de las partes y las circunstancias que rodearon la celebración del acuerdo de voluntades, aspectos que constituyen hechos susceptibles de prueba y que pueden ilustrar el proceso hermenéutico, sin sustituir la función jurisdiccional. En consecuencia, la declaración será apreciada como testimonio, bajo las reglas de la sana crítica y en armonía con los demás elementos de prueba obrantes en el expediente. Precisado este punto, la Sala encuentra que la señora (…) expuso de manera coherente, clara y completa la finalidad perseguida con la estipulación de la bonificación de éxito en el contrato de prestación de servicios suscrito con el hoy demandante, indicando que se buscaba incentivar no solo la defensa judicial de la entidad, sino también una gestión activa mediante la formulación de demandas de reconvención, y que desde la etapa precontractual se contemplaba la eventual acumulación de procesos judiciales. (…) En tales condiciones, la Sala otorgará valor probatorio a la declaración en calidad de testimonio y la apreciará de manera armónica con las demás pruebas, sin atribuirle valor de confesión, pero reconociéndole aptitud para ilustrar el iter negocial y el contexto bajo el cual se produjo el acuerdo de voluntades objeto de la controversia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de la prueba testimonial anticipada, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de octubre de 2014, exp. 30789, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 40353, C.P. María Adriana Marin; sentencia del 16 de diciembre de 2020, exp. 42717, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 187, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 222
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE CLÁUSULA AMBIGUA / INTERPRETACIÓN POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / HERMENÉUTICA JURÍDICA / REGLAS DE HERMENÉUTICA CONSTITUCIONAL / APLICACIÓN DE LA HERMENÉUTICA JURÍDICA / CLÁUSULA OSCURA EN INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / JURISPRUDENCIA / DOCTRINA / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Procede interpretar la cláusula relativa a la bonificación de éxito del contrato de prestación de servicios con fundamento en la intención común de las partes, el principio de buena fe y las reglas de hermenéutica contractual previstas en el Código Civil, para establecer su verdadero alcance?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as posturas interpretativas divergentes sobre la forma de calcular la prima de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios 475 de 2002 imponen a la Sala la necesidad de adelantar un ejercicio hermenéutico a la luz de las pautas de interpretación contractual previstas en el Código Civil, aplicables cuando el sentido de una cláusula genera incertidumbre, duda o discrepancia. Tales pautas, aplicables también a los contratos estatales, se encuentran consagradas en los artículos 1618 a 1624 ejusdem, y según la doctrina y la jurisprudencia, comprenden dos principios rectores y seis reglas de interpretación. Los principios rectores son los siguientes: (i) la búsqueda de la común intención de las partes -communis intentio o voluntas spectanda- y (ii) la buena fe negocial o contractual. Por su parte, las reglas abarcan: (i) la especificidad o especialidad; (ii) la interpretación efectiva, útil o conservatoria; (iii) la interpretación naturalista o fundada en la naturaleza del contrato, y de la interpretación usual; (iv) la interpretación contextual, extensiva y auténtica; (v) la interpretación incluyente o explicativa; y (vi) la interpretación de cláusulas ambiguas en favor del deudor, y en contra del estipulante. En relación con el primero de dichos principios, el artículo 1618 del Código Civil dispone que, «conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras». Esta regla ha sido reconocida por esta Sección como la primera y cardinal directriz que debe orientar al juez en su labor interpretativa, pues, cuando de contratos se trata, esta labor no tiene como objeto primario establecer el querer dispositivo e individual de cada uno de los contratantes, sino la intención común de todos ellos, toda vez que el contrato es el resultado de la convergencia de sus designios negociales. (…) Ahora bien, la buena fe contractual, como segundo principio rector, atraviesa transversalmente el ejercicio interpretativo orientado a desentrañar la recíproca intención de las partes. Este postulado, consagrado de manera general en el artículo 83 de la Constitución Política y desarrollado en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, adquiere especial relevancia en el ámbito de la contratación estatal, en la medida en que «obliga a la administración pública y a los particulares contratistas, a tener en cuenta las exigencias éticas que emergen de la mutua confianza en el proceso de celebración, ejecución y liquidación de los contratos». A partir de lo expuesto, podría afirmarse que cualquier ejercicio hermenéutico debe iniciarse desentrañando y averiguando la verdadera intención, la voluntad genuina de las partes contratantes, apreci

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

tal de $338’315.526,86 a precios de julio de 2002. Igualmente, de conformidad con lo previsto en el parágrafo cuarto de la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002 -según el cual «los valores que se causen con posterioridad al año 2002 se actualizarán conforme al IPC de la fecha de pago»-, esta suma debe ser indexada desde enero de 2003 hasta diciembre de 2014 -fecha en la cual se efectuó el pago incompleto por parte del IDU-, con base en los índices certificados por el DANE -tabla de empalme (…). Al efectuar la operación -($338’315.526,86 × 82,47) / 50,42- se obtiene como resultado la suma de $553’369.327,65, monto que corresponde al valor que debió reconocer y pagar la entidad accionada el abogado (…) por concepto de la bonificación de éxito pactada en relación con el ejercicio del derecho de acción en la demanda de reconvención incoada en el proceso 2002-1985.
RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / TASA DE INTERÉS MORATORIO / COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / CÓMPUTO EN EL INTERÉS MORATORIO / EXIGIBILIDAD DEL INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES / PAGO PARCIAL / MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE COMISIÓN DE ÉXITO
Problema jurídico:
¿Los intereses moratorios sobre el saldo insoluto derivado del contrato de prestación de servicios, deben liquidarse únicamente a partir del pago parcial efectuado en diciembre de 2014, al quedar determinado desde ese momento el monto cierto de la obligación pendiente, y no desde el vencimiento del plazo contractual previsto para el pago de la factura?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con este punto, debe acudirse a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios 475 de 2002, en la cual se estableció que: «teniendo en cuenta el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, cuando el IDU no cancele al asesor las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura debidamente elaborada y radicada en el IDU, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC». Dicha estipulación resulta concordante con lo previsto en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 (…). Ahora bien, en principio, la mora se configuraría una vez vencido el término de 45 días hábiles contados desde la radicación de la factura presentada por el abogado -1° de abril de 2014-, pues, conforme con el artículo 1608 del Código Civil, el deudor incurre en mora cuando no cumple la obligación dentro del plazo estipulado, por lo que al existir un término contractual expreso para el pago, la exigibilidad de la obligación y, por ende, la mora, se producirían automáticamente al vencimiento de dicho plazo sin necesidad de requerimiento adicional. No obstante, en el sub examine se advierte que, con posterioridad a la radicación de la factura, surgió una controversia objetiva entre las partes contractuales frente a la correcta metodología para liquidar la bonificación de éxito, particularmente en lo concerniente a la base de cálculo y a los valores que debían reconocerse. Esta divergencia interpretativa -que originó el presente proceso- impidió que el monto exacto de la obligación quedara pacíficamente determinado en ese momento, lo que condujo a que la entidad efectuara un reconocimiento y pago en diciembre de 2014 bajo su propia interpretación contractual, la cual fue aceptada por el contratista de manera parcial. En tales condiciones, aunque la obligación era exigible con anterioridad, el pago parcial realizado en diciembre de 2014 delimitó con precisión la existencia de un saldo insoluto cierto y cuantificado, que, como se dejó plasmado en líneas anteriores, ascendió a $1.240’576.482,36. Por tanto, los intereses moratorios se liquidarán respecto de dicho saldo a partir de diciembre de 2014 hasta la fecha de expedición de la providencia, aplicando para ello una tasa equivalente al doble del interés legal civil, esto es, el 12% anual, toda vez que en el contrato no se pactó una tasa de intereses moratorios diferentes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el método desarrollado por el Consejo de Estado para la liquidación de los intereses moratorios, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 29 de enero de 2004, exp. 10779, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 2 de julio de 2021, exp. 51163, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 16 de junio de 2025, exp. 55030, C.P. Adriana Polidura Castillo.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Problema jurídico:
¿La condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte vencida exige fijar las agencias en derecho por parte del juez de segunda instancia y deferir al Tribunal de origen la liquidación de las costas, una vez acreditada su causación en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del CGP dispone que «las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho». A su turno, los artículos 365 (numerales 1 y 8) y 366 ejusdem -aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA- establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, siempre que en el expediente se acredite su causación; y, en tal evento, su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la Secretaría del Tribunal a quo, correspondiéndole a este juzgador únicamente la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, conforme con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. En este contexto, este juzgador impondrá condena en costas al IDU, en su condición de parte vencida en el proceso, habida cuenta de que su contraparte intervino activamente en el trámite de la segunda instancia mediante la presentación de recurso de apelación y alegatos de conclusión. Para tal efecto, corresponderá al Tribunal de origen efectuar la liquidación y tasación de las costas, debiendo considerar que, en esta instancia, se reconocen agencias en derecho equivalentes al 0,5% del valor de las pretensiones acogidas, de conformidad con las tarifas fijadas en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-04-27. C.P. ADRIANA POLIDURA CASTILLO. Rad. 25000233600020150237601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150237601-58542-sentencia).
