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DOCTRINA

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Consejo de Estado Providencia

Corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico

Auto interlocutorio — Auto que aplica doctrina del acto aclarado del Tribunal Andino de Justicia 2024-04-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020100021301 ACCION CONTRACTUAL
¿Corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de forma facultativa siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno, y de forma obligatoria, cuando no exista una interpretación prejudicial previa; cuando unas normas andinas ya han sido interpretadas, pero otras no; cuando pese a existir interpretación previa el juez considera pertinente que se precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo y; cuando pese a haber una interpretación prejudicial relevante para el caso en concreto, el juez advierte cuestionamientos insoslayables? Sí
El juez nacional de única o última instancia no está obligado a solicitar interpretación prejudicial cuando la norma comunitaria andina ya fue interpretada en pronunciamientos publicados y no hay razones para prever un cambio de criterio, en aplicación de la doctrina del acto aclarado. Esta flexibilización se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 121 de la Decisión 500 atribuye la interpretación uniforme de las normas andinas, y la consulta puede ser facultativa u obligatoria según la instancia. Segunda, las interpretaciones prejudiciales de marzo de 2023 declararon compatible esa doctrina con la consulta obligatoria, sin eliminarla, en atención al principio de economía procesal. Tercera, la obligación de consultar subsiste cuando no existe interpretación previa, cuando otras normas aplicables no han sido interpretadas, cuando el juez considera pertinente precisar o modificar el criterio, o cuando advierte cuestionamientos insoslayables. La providencia aplica esa doctrina y no altera la línea interpretativa existente. La consecuencia práctica es que el juez puede omitir la consulta solo cuando se cumplen todos esos supuestos a la vez.síntesis automática
También resuelve: ¿La Decisión 462 y 285 de la Comunidad Andina le resultan aplicables a la controversia contractual del caso sub lite, cuando se observa que no se encuentra en discusión la existencia de una práctica… ¿Resulta procedente la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina propuesta por el apoderado de la parte demandante…
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Convocatorias limitadas a MIPYMES nacionales: C-1234 de 2025

C-1234 de 2025 2025-10-06
¿Es procedente adjudicar a un proponente domiciliado en otro lugar del país dentro de un proceso de contratación que se limitó a mipymes territorial?
De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, las convocatorias limitadas a MiPymes pueden restringirse a las MiPymes del ámbito municipal o departamental de ejecución del contrato. Toda empresa constituida bajo las leyes colombianas, o con domicilio principal en Colombia, que cumpla los criterios de la Ley 590 de 2000 y del Decreto 957 de 2019 es considerada MiPyme nacional. La limitación territorial es una decisión de la entidad, fundada en los estudios del sector, y no puede ser solicitada por las propias MiPymes, que solo están habilitadas para pedir la convocatoria limitada a MiPymes. El origen de las MiPymes que se presentan no es relevante para esa decisión. Con base en esas premisas, el concepto analiza si puede adjudicarse a un proponente domiciliado en otro lugar del país dentro de un proceso que se limitó a MiPymes territoriales. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar que el alcance de la limitación esté previsto en los documentos del proceso y que la adjudicación se ajuste a esos términos, sin exigir un domicilio distinto al determinado en la convocatoria.síntesis automática
También resuelve: Convocatorias limitadas a mipymes nacionales: requisitos, presupuestos mínimos Convocatorias limitadas a mipymes en el ámbito territorial: limitación territorial, facultad discrecional Doctrina de los actos propios: alcance, efectos jurídicos, limitación mipymes
Consejo de Estado Providencia

La ruptura del equilibrio económico no excusa el incumplimiento, pues este exige el cumplimiento y su configuración mientras se continuaba con la ejecución del contrato.

Sentencia — Sentencia 2024-10-10 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020220002901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El desequilibrio económico del contrato es un eximente de responsabilidad y excusa a las partes del cumplimiento del contrato? No
El contratista no puede excusarse del cumplimiento del contrato alegando desequilibrio económico, ya que esta situación no es un eximente de responsabilidad, sino una garantía para la continuada ejecución del contrato, incluso en presencia de dificultades económicas. La Sala establece que la ruptura del equilibrio económico no libera al contratista del deber de cumplir sus obligaciones contractuales. Además, para que una fuerza mayor excuse el incumplimiento, debe acreditarse la imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad del hecho, lo cual no ocurrió en este caso, ya que el contratista no presentó pruebas suficientes ni argumentos jurídicos que justifiquen su falta de cumplimiento. La Sala reitera que la modificación del contrato, como la adición de plazos, no implica la configuración de una fuerza mayor, y que la indisponibilidad de los bienes no fue acreditada como causa eximente. Esta decisión matiza la interpretación de que el desequilibrio económico puede ser utilizado como excusa para el incumplimiento contractual, enfatizando la necesidad de cumplir con las obligaciones contractuales a menos que se acrediten las circunstancias excepcionales que eximen de responsabilidad, como la fuerza mayor.síntesis automática
También resuelve: ¿Es necesario que el juez reporte y comente el contenido de cada una de las pruebas que obran en el expediente para entender que su decisión cumplió con los principios y obligaciones relacionados con… ¿Las causas extrañas, entre las cuales se encuentran la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho de un tercero eximen de responsabilidad al deudor? ¿Procede la condena en costas en esta instancia a la parte demandante?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El término de caducidad transcurrió entre el 28 de marzo de 2007 y el 28 de marzo de 2009

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 11001333101120080020201 ACCION DE REPETICION
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición? Sí
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su condicionamiento por la Corte Constitucional, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del C.C.A. La sentencia condenatoria fue proferida el 10 de noviembre de 2005 y quedó ejecutoriada el 3 de marzo de 2006 . El plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del C.C.A. corrió hasta el 4 de septiembre de 2007 y el último pago de la condena a favor de la beneficiaria se realizó el 27 de marzo de 2007 , dentro del término para pagar.
También resuelve: ¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición cuando el auto admisorio de la demanda se declara nulo por falta de competencia funcional? ¿Cuáles son los presupuestos para el estudio de la responsabilidad en la acción de repetición, específicamente en la acreditación del dolo o la culpa grave cuando los hechos del proceso ocurrieron… ¿Cuándo se entiende satisfecha la legitimación en la causa por pasiva en la acción de repetición?
Consejo de Estado Providencia

Debe concluirse que no es procedente el reajuste del equilibrio de la ecuación prestacional pretendido por la sociedad accionante

Sentencia — Sentencia 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 88001233300020180001101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve: ¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto? ¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar… ¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 13001233300020170095501 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se ejerció de forma oportuna el medio de control de acción de reparación directa dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, en observancia de la fecha del daño, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la demanda? Sí
El contratista debe presentar oportunamente la acción de reparación directa dentro del término de dos años previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contados desde la ocurrencia del daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la acción se ejerció dentro del plazo legal, ya que el daño se produjo el 15 de marzo de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 29 de julio de 2016 y la demanda se radicó el 15 de diciembre de 2016, cumpliendo así con el requisito temporal para ejercer el medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos legales para evitar la caducidad de la acción y asegurar la estabilidad y certeza del derecho.síntesis automática
También resuelve: ¿Se encuentran, en forma debida, legitimadas en la causa por activa las personas que integran el núcleo familiar de la víctima del daño antijurídico, y por pasiva las entidades estatales demandadas… ¿Puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar y cuya causación es… ¿Puede imputarse responsabilidad extracontractual al Estado por los daños causados por la acción de grupos armados insurgentes…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada.

Sentencia — Sentencia 2026-04-27 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000233600020150237601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia para resolver disputas relacionadas con la liquidación y pago de bonificaciones de éxito pactadas en contratos de prestación de servicios, siempre que la cuantía de la pretensión exceda los 500 SMLMV. La demanda debe presentarse dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, que comienza a correr una vez vencido el plazo para la liquidación del contrato, incluso si este no se realiza. Además, la declaración de la representante legal del IDU, aunque no puede considerarse confesión judicial debido a la prohibición legal, puede ser valorada como prueba testimonial anticipada para interpretar el alcance de las estipulaciones contractuales, siempre que se ajuste a los principios de sana crítica y coherencia. Esta decisión modifica precedentes y establece un marco claro para la aplicación del medio de control de controversias contractuales en casos de incumplimiento relacionados con bonificaciones de éxito.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda de controversias contractuales fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA… ¿Resulta procedente otorgar valor probatorio, como testimonio anticipado y sin desconocer la prohibición legal respecto de la confesión… ¿Procede interpretar la cláusula relativa a la bonificación de éxito del contrato de prestación de servicios con fundamento en la intención común de las partes…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: no era necesario analizar el artículo 1616 del Código Civil y acudir a doctrina nacional y extranjera sobre dicha disposición

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020150206501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Era necesario analizar el artículo 1616 del Código Civil y acudir a doctrina nacional y extranjera sobre dicha disposición para resolver la controversia relativa a la acreditación de los perjuicios derivados de la mayor permanencia en la obra? No
Lo anterior porque la referida norma, primero, no se empleó para solucionar la controversia y, segundo, su aplicación no era necesaria o pertinente para determinar si, en el caso, se lograron o no probar los perjuicios por la mayor permanencia en la obra, alegados por el demandante.
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: es viable establecer salvedades en negocios jurídicos de derecho privado

Aclaración voto — Aclaración de voto 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 66001233300020160038901 ACCION CONTRACTUAL
¿Es viable establecer salvedades en negocios jurídicos de derecho privado? Sí
Al tratarse estos de jueces, la motivación de dichas providencias debería circunscribirse, exclusivamente, a la posición mayoritaria del respectivo juez colegiado; así, los planteamientos individuales de alguno o algunos de los integrantes de la correspondiente Sala, Sección o Subsección no compartidos por la mayoría –inclusive cuando no varían el sentido de la decisión– no deberían hacer parte de la providencia finalmente adoptada, por el simple hecho de no reflejar la postura del juez colegiado. Lo anterior no impediría que las tesis insulares o minoritarias discutidas y derrotadas pudieran ser exhibidas por sus autores, quienes cuentan para ello con la oportunidad para presentar votos disidentes, además de la posibilidad de realizar los desarrollos doctrinales que a bien tengan.
También resuelve: ¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está delimitado por la sustentación del recurso de apelación?