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Colombia Compra Eficiente
Concepto
La Entidad Estatal contratante deberá estudiar los medios de prueba presentados por el ciudadano, analizando si este cumple o no con los presupuestos indicados en el segundo inciso del artículo 42 de la Ley 1861 de 2017.
C-054 de 2023
2023-04-19
¿Es legal que el jurídico/a de la Entidad Pública descarte la candidatura del ciudadano aduciendo que a esa edad ya se debe tener defendida la situación militar?
La cuestión es saber si ¿es legal que el jurídico/a de la Entidad Pública descarte la candidatura del ciudadano aduciendo que a esa edad ya se debe tener defendida la situación militar?, lo cual a concepto del veedor ciudadano se constituye en una interpretación subjetiva de la norma y que viola el derecho a la igualdad del trabajo y merito, al discriminar al ciudadano por no tener libreta militar, lo cual no quiere decir que no se tenga definida la situación militar ya que el ciudadano aparece en estado ´inscrito´, que es uno de los estados para demostrar que se esta en proceso de resolver y definir la situación militar, en un plazo de 180 días. Igualmente se consulta si en etapa precontractual para contratos por prestación de servicios:.
También resuelve:
Servicio militar: obligatoriedad, obligatoriedad / situación militar, resuelta o definida/ situación militar para el trabajo, regla general
Situación militar: resuelta o definida
Situación militar para el trabajo: regla general, regla excepcional, medios de prueba
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Concepto
Declaración juramentada: C-170 del 2024
C-170 del 2024
2024-08-27
¿Cómo se debe acreditar la situación militar en los procesos contractuales?
El artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 establece un acceso temporal al trabajo para personas que no han definido su situación militar, pero han sido declaradas no aptas, exentas o han superado la edad máxima de incorporación. Además, este beneficio se aplica a personas aptas pero exoneradas de pagar la cuota de compensación militar, según la sentencia C-277 de 2019 de la Corte Constitucional.
También resuelve:
Situación militar para el trabajo: regla general
Definición de la situación militar: verificación
Situación militar: resuelta o definida/ definición de la situación militar, exigibilidad, plazo, obligación de consulta/ declaración juramentada
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Las entidades estatales gozan de autonomía para establecer los requisitos habilitantes en los procesos de selección.
C-042 de 2025
2025-03-07
¿Puede una entidad estatal establecer como requisito habilitante el diligenciamiento del formulario de declaración de bienes y rentas establecido en la Ley 190 de 1995?
Las entidades estatales gozan de autonomía para establecer los requisitos habilitantes en los procesos de selección. Estos constituyen los requerimientos mínimos con los que deben cumplir los proponentes para poder participar en el procedimiento de selección, requerimientos que, además de lo anterior, están para evaluar la aptitud del proponente para cumplir con el objeto del contrato.
También resuelve:
Requisitos habilitantes: concepto, carácter enunciativo, Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007
Ley 190 de 1995: declaración de bienes y rentas, actividad económica privada, sujetos obligados, función pública
Declaracion juramentada de bienes y rentas: obligatoriedad, contrato estatal
Consejo de Estado
Providencia
En la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2024-07-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 18001233100020080008301
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?
¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?
¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada.
Sentencia — Sentencia
2026-04-27
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 25000233600020150237601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia para resolver disputas relacionadas con la liquidación y pago de bonificaciones de éxito pactadas en contratos de prestación de servicios, siempre que la cuantía de la pretensión exceda los 500 SMLMV. La demanda debe presentarse dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, que comienza a correr una vez vencido el plazo para la liquidación del contrato, incluso si este no se realiza. Además, la declaración de la representante legal del IDU, aunque no puede considerarse confesión judicial debido a la prohibición legal, puede ser valorada como prueba testimonial anticipada para interpretar el alcance de las estipulaciones contractuales, siempre que se ajuste a los principios de sana crítica y coherencia. Esta decisión modifica precedentes y establece un marco claro para la aplicación del medio de control de controversias contractuales en casos de incumplimiento relacionados con bonificaciones de éxito.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda de controversias contractuales fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA…
¿Resulta procedente otorgar valor probatorio, como testimonio anticipado y sin desconocer la prohibición legal respecto de la confesión…
¿Procede interpretar la cláusula relativa a la bonificación de éxito del contrato de prestación de servicios con fundamento en la intención común de las partes…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233300020150003301
LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, conforme al artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso. Esta competencia se fundamenta en la cuantía de la pretensión y en la naturaleza del medio de control de repetición, que es el adecuado para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando un agente público ha originado una condena por culpa grave o dolo. Además, la demanda se interpuso en tiempo, ya que el término de caducidad corre desde la fecha del pago de la condena, según la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. La entidad que pagó la condena, en este caso la Policía Nacional, está legitimada para ejercer la acción de repetición contra los servidores públicos responsables, conforme al artículo 8 de la Ley 678 de 2001.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda se interpuso en tiempo porque la sentencia condenatoria se notificó a las partes oportunamente y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?
¿La entidad que pagó la condena por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público está legitimada para el ejercicio…
¿Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
En la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-12-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 68001233300020180005101
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:
¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?
¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?
¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El contrato previó que la liquidación se haría de acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993
Sentencia — Sentencia
2023-07-19
Sección Tercera (Subsección C)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020020244001
ACCION CONTRACTUAL
¿En los contratos que requieran liquidación, el término para formular pretensiones es de dos años siguientes al cumplimiento de la obligación de liquidar, en este caso, el contrato se liquidó de forma unilateral y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes, por ello se interpuso en tiempo? Sí
En los contratos que requieren liquidación, el término para formular pretensiones es de dos años contados desde el incumplimiento de la obligación de liquidar, cuando la liquidación no se realizó. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 136, numeral 10, literal d, del Código Contencioso Administrativo fija ese término, de modo que el plazo corre desde que la liquidación debió efectuarse y no se efectuó. Segunda, cuando el contrato prevé que la liquidación se haga conforme a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, esas reglas determinan el momento en que la obligación de liquidar se incumple. En el caso, el contrato se liquidó de forma unilateral y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes, por lo que la providencia confirma que fue presentada en tiempo. En la práctica, el demandante debe identificar la fecha en que se incumplió la obligación de liquidar y no la fecha del acto de liquidación unilateral para calcular el término.síntesis automática
También resuelve:
¿Las copias simples de documento cuentan con valor probatorio?
¿Los experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados aportados por la parte demandante cumplen con los requisitos establecidos por la ley para su incorporación al proceso…
¿Tiene mérito probatorio el dictamen pericial practicado en el proceso que, se basó de forma exclusiva en la interpretación de los documentos contractuales…
CONFIRMA