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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020120076502-55305-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-03-03"
radicado: "25000233600020120076502"
numero: "55305"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Consejo de Estado: el medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-03-03
- **Radicado:** 25000233600020120076502
- **Número interno:** 55305
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, , H Y H ARQUITECTURA S.A.
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020120076502-55305-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020120076502/C3728DD0B4E76FCFE41DAA64C82CC6615EB7E1A252009C4436B0B465ED9BC3D2/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201200765021100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿El medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, conforme lo establece la ley?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿En aras de resolver el cargo de violación del debido proceso que alegó la recurrente, por no haber sido estudiado en la sentencia de primera instancia…
- ¿Estaba llamado a prosperar el cargo de violación del debido proceso que, como sustento de la pretensión principal de nulidad del acto…
- ¿Es posible que la Sala realice la liquidación judicial del contrato, toda vez que no obra en el expediente la información suficiente y necesaria para llevar a cabo el respectivo corte de cuentas del…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2

## Extracto

Según el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que resulta aplicable al presente asunto, la acción contractual caduca al vencimiento del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento.

## Síntesis temática

El contratista presenta oportunamente el medio de control de controversias contractuales conforme lo establece la Ley 1437 de 2011, siempre que la demanda se interponga dentro del término de dos años contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral o unilateral del contrato. En este caso, la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011, que declaró la caducidad del contrato, quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2011, por lo que el plazo para la liquidación bilateral expiró el 2 de abril de 2012 y el plazo para la liquidación unilateral venció el 2 de junio de 2012. A partir del 3 de junio de 2012, comenzó a correr el término de dos años para presentar la demanda, que venció el 3 de junio de 2014. Como la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2012, resulta oportuna, además de que la parte presentó solicitud de conciliación extrajudicial antes de interponer la demanda. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la oportunidad del medio de control de controversias contractuales y garantiza el debido proceso en la contratación estatal.

## Descriptores temáticos

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, OBJETO DEL CONTRATO, DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, RECURSO DE APELACIÓN, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, PRUEBA, FALTA DE PRUEBA, SOLICITUD DE PRUEBA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL, JURISPRUDENCIA, PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA, ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CLÁUSULA EXCEPCIONAL, APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, OBJETO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROPÓSITO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, REGULACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, SANCIÓN, IMPOSICIÓN DE SANCIONES, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO, ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA, ADMISIÓN DE LA PRUEBA, ANÁLISIS DE PRUEBAS DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, NEGOCIO JURÍDICO, PRUEBA DEL NEGOCIO JURÍDICO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ACCIÓN ALTERNATIVA, UNIÓN TEMPORAL, RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL, INHABILIDAD DEL FUNCIONARIO PÚBLICO POR CONTRATACIÓN, INHABILIDADES TEMPORALES, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL, NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO, NULIDAD PARCIAL, NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, PROCEDENCIA DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DEL ANÁLISIS DE PRUEBAS DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, INTERVENTORÍA, CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL, CESIÓN DEL CONTRATO, ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTO ADMINISTRATIVO DE CUMPLIMIENTO, INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, INHABILIDAD POR CONTRATACIÓN, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, DAÑO EMERGENTE, NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, DINERO, RESTITUCIÓN DE DINERO, IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO, LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE, LUCRO CESANTE NEGADO, PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE, PERJUICIO INMATERIAL, GOOD WILL, CERTIFICACIÓN DEL GOOD WILL, NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

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## Texto del documento

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, conforme lo establece la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que resulta aplicable al presente asunto, la acción contractual caduca al vencimiento del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. En el presente asunto, la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011 -confirmada por la Resolución No. 4401 del 28 de octubre del mismo año- por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato, quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2011 (fls. 233-308 c. 2), por lo que las partes tenían 4 meses -hasta el 2 de abril de 2012- para la liquidación bilateral y, de no lograrse, la entidad debía liquidarlo unilateralmente dentro de los dos meses siguientes -hasta el 2 de junio del mismo año-, por lo que, a partir del día siguiente a esta fecha -3 de junio de 2012-, empezó a correr el término de dos años para presentar la demanda, que, por lo tanto, vencía el 3 de junio de 2014. Como la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2012, resulta evidente que la misma fue oportuna, debiéndose anotar que el 19 de octubre de 2012 la sociedad H & H Arquitectura S.A. presentó solicitud de conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad, ante la Procuraduría Quinta para Asuntos Administrativos y el 10 de diciembre de 2012, la peticionaria y el IDU adelantaron la audiencia respectiva, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / OBJETO DEL CONTRATO / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / SOLICITUD DE PRUEBA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / JURISPRUDENCIA / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL / CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / OBJETO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROPÓSITO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / REGULACIÓN DEL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿En aras de resolver el cargo de violación del debido proceso que alegó la recurrente, por no haber sido estudiado en la sentencia de primera instancia, debe la Sala referirse a este derecho fundamental, de consagración constitucional -art. 29-?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se reitera que esta causal de anulación la propuso la demandante, fundada en que el IDU no se pronunció sobre las pruebas pedidas en el procedimiento administrativo que precedió a la expedición de la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011, por medio de la cual declaró la caducidad del Contrato de Obra No. 71 de 2008. Así mismo, en su recurso de apelación manifestó que, el Tribunal aquo, no hizo manifestación alguna sobre esta causal de nulidad. Revisada la sentencia de primera instancia, encuentra la Sala que, en verdad, el a-quo no se pronunció sobre este cargo, razón por la cual procede a efectuar su estudio, para lo cual, luego de establecer el régimen jurídico y las generalidades del contrato objeto de la controversia (…) El contrato materia de controversia está regulado por la Ley 80 de 19939, pues se trató de un negocio jurídico cuya parte contratante, Instituto de Desarrollo Urbano IDU, es un establecimiento público distrital que, por lo tanto, hace parte de las entidades públicas enunciadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Por otra parte, las partes acordaron que el objeto contractual consistiría en “ejecutar, a precios unitarios, las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local del Distrito de Conservación del Grupo 3 (suroriente), en la ciudad de Bogotá” (…) Se evidenció así mismo el incumplimiento del contratista en relación con la gestión social, pues se evidenciaba una disminución reiterada de las calificaciones sociales obtenidas, y lo relacionado con el cupo de crédito, que fue desconocido por quien supuestamente lo había concedido -Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja-, que sostuvo que el documento en cuestión tenía indicios de falsificación. Finalmente, en la comunicación sobre la apertura del procedimiento administrativo tendiente a la declaratoria de caducidad del contrato, se fijó fecha y hora para audiencia de descargos, que debían presentarse verbalmente y por escrito. (…) Advierte la Sala que el documento de descargos se halla incompleto pues faltan las páginas 45 a 49 del mismo, por lo que pasa del numeral “3. incumplimiento de la obligación de disponibilidad del cupo de crédito presentado por la firma Grupo Franco Obras y Proyectos S.A.” -que aparece sólo el título-, al numeral “5.2. Solicitud para el aporte de documentos” (…) El apoderado de la sociedad H&H Arquitectura S.A. interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011, por la cual se declaró la caducidad del Contrato de Obra No. 071 de 2008. Adujo, en síntesis, que, según la asignación de las actividades libremente establecidas en el acuerdo de la unión temporal y los porcentajes de participación, las sanciones por el incumplimiento serían divisibles y cada miembro asumiría la responsabilidad de la sanción. (…) En relación con este recurso de reposición, advierte la Sala que H&H no hizo alusión alguna a la supuesta violación del debido proceso que ahora aduce en sede judicial, proveniente de no haber resuelto la entidad, con antelación a la expedición del acto, lo atinente a las pruebas pedidas por aquella firma en su escrito de descargos. El 28 de octubre de 2011, mediante la Resolución No. 4401, el IDU resolvió los recursos de reposición interpuestos por la sociedad H&H Arquitectura S.A. y la compañía de seguros SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., confirmando en todas sus partes la Resolución 3455 impugnada. En aras de resolver el cargo de violación del debido proceso que alegó la recurrente, por no haber sido estudiado en la sentencia de primera instancia, debe la Sala referirse a este derecho fundamental, de consagración constitucional -art. 29-. Concebido como una garantía para todas las personas que se vean sometidas a decisiones administrativas o judiciales, sancionatorias o simplemente adversas a sus intereses, el debido proceso pretende asegurar que tales decisiones no sean tomadas por fuera del marco legal que las contempla, por funcionarios competentes y con observancia de las respectivas formas, en tal forma que se garantice el derecho de audiencia y de defensa de su destinatario. Es claro que la referida garantía, como bien lo dice la norma constitucional, opera no sólo en procesos judiciales, sino también en las actuaciones administrativas, que también son susceptibles de afectar los derechos e intereses de la persona titular de la situación jurídica objeto de la decisión que, en tal caso, lo será un acto administrativo de carácter particular y concreto. El derecho al debido proceso apunta entonces, a que las personas respecto de las cuales se va a tomar una decisión determinada, judicial o administrativa, sólo sean objeto de tal actuación cuando la misma esté previamente establecida en la ley, que la decisión sea tomada por quien tiene la facultad legal para hacerlo y que lo haga siguiendo el procedimiento establecido para ello en la normatividad correspondiente, brindándoles a sus destinatarios la oportunidad de ser oídos y de ejercer el derecho de defensa antes de que la decisión sea efectivamente expedida. Específicamente en relación con los actos administrativos proferidos por las entidades estatales, el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984- consagró en su Primera Parte -artículos 1 a 81- la regulación de las actuaciones administrativas, es decir aquellas que se deben adelantar y agotar por parte de las autoridades de manera previa a la toma de una decisión que afectará la situación jurídica particular y concreta de un administrado, estableciendo los principios que rigen a tales actuaciones; la forma como ellas pueden ser iniciadas; el deber de informar al administrado que se pueda ver afectado con ella, el inicio de la respectiva actuación, dándole la oportunidad de participar en el proceso de formación de la voluntad administrativa, mediante la posibilidad de pedir y aportar pruebas y contradecir las aducidas por la administración, antes de que esta tome la decisión final que, a su vez, puede ser objeto de impugnación ante la misma autoridad que la profirió o su superior si lo tuviere, a través de los recursos de reposición y apelación. Ahora bien, la jurisprudencia, de tiempo atrás, ha reconocido que el debido proceso se debe garantizar en todas las actuaciones administrativas, aún en materia de contratación estatal, sobre la cual el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 dispone que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, y su artículo 77 establece que “las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa, serán aplicables en las actuaciones contractuales”, en cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de dicha ley. Es claro que, en el desarrollo y ejecución de su actividad contractual, las entidades estatales profieren actos administrativos, en veces sancionatorios, que afectan la esfera jurídica de sus contratistas, razón por la cual también en este ámbito resulta procedente la protección de sus derechos fundamentales y se descarta la posibilidad de la imposición de sanciones de plano. No obstante, la aplicación de este derecho debe ponderarse frente a los principios que informan el ejercicio de la función administrativa, como lo son la eficiencia, la economía, la celeridad y la eficacia con la que deben adelantarse las actuaciones, en especial cuando dicha función se ejerce en materia de contratación estatal, en donde la eficiencia y eficacia de esta actividad se halla en directa relación con la satisfacción del interés general, mediante la obtención oportuna de los bienes, obras y servicios requeridos por las entidades estatales para el logro de sus fines, teniendo en cuenta que se trata de negocios jurídicos que se deben adelantar de manera ágil y en unos determinados tiempos, que se consideran adecuados y suficientes para la ejecución total de los contratos celebrados. Tal y como fue reconocido por la Corte Constitucional en sentencia C-449 de 1992 al consagrar el objeto de los contratos de la administración pública, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. De ahí que la contratación pública sea un instrumento de gestión para su consecución, a través de una actuación administrativa eficiente y eficaz. (…) Específicamente sobre la facultad excepcional de declaratoria de caducidad del contrato -que fue la ejercida en el sub-lite a través del acto demandado-, la misma se encuentra regulada en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y está definida como la estipulación negocial, en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por med

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

d solidaria que surgió de su participación dentro de la unión temporal contratista, a la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., le corresponde responder junto con los demás miembros de la misma por los perjuicios que de ese incumplimiento se derivaron para la entidad y, por lo tanto, asumir lo que le corresponda con ocasión de la efectividad de la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato y que fue objeto de la declaratoria del siniestro de incumplimiento para los efectos del cobro de la respectiva garantía contractual. Sin embargo, en relación con la sanción que se deriva de dicha decisión administrativa, considera la Sala que la pretensión subsidiaria -primera alternativa en estudio está llamada a prosperar, por lo que hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar la nulidad parcial del acto administrativo demandado, en cuanto no dispuso, como debía, lo relativo a la gradación de las sanciones de acuerdo con lo expuesto y a disponer, de acuerdo con lo establecido en el tercer inciso del artículo 187 del CPACA, que en virtud de no haber sido la que dio lugar a la declaratoria de caducidad, la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., no estará sometida a la inhabilidad dispuesta por el numeral 8º de la Ley 80 de 1993.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, LEY 80 DE 1993 NUMERAL 8
NULIDAD PARCIAL / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / DINERO / RESTITUCIÓN DE DINERO / IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Al declarar la caducidad habrá lugar a la indemnización para el contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
La demandante pidió, como consecuencia de la declaratoria de nulidad parcial del acto de caducidad, la indemnización de perjuicios en la modalidad de materiales - daño emergente y lucro cesante- e inmateriales, respecto de los cuales se observa: En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la decisión de caducar el contrato quedó incólume, por lo que resulta aplicable el contenido del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 en su integridad. Dicha norma establece expresamente que “Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista”. Así, no resultan procedentes las reclamaciones fundadas en la declaratoria de caducidad como tal, toda vez que la demandante sí era responsable por el incumplimiento del contrato. Dado que lo que será objeto de la nulidad es exclusivamente lo concerniente a las consecuencias sancionatorias del acto de caducidad, específicamente, la inhabilidad que de ella se desprendió, en principio, para la sociedad demandante, serán únicamente los perjuicios que de tal circunstancia se hayan producido para la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. a partir de la referida inhabilidad y que aparezcan debidamente acreditados en el plenario los que serán pasibles de ser indemnizados. Bajo este título, la parte actora reclamó: a) $10.000’000.000 o el valor que se establezca dentro del proceso, correspondiente a la inversión efectuada por la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., en beneficio de la ejecución del contrato No. 071 de 2008. En relación con esta pretensión, observa la Sala que, según se dio cuenta de ello párrafos atrás, el contador de la Unión Temporal GTM certificó que la demandante le prestó a aquella la suma de $8.433´198.030,08, sin embargo no obran pruebas de que tales recursos se hubieran invertido efectivamente en la ejecución del Contrato de Obra 071 de 2008 y, de haberlo sido, es claro que no era obligación de la entidad contratante responder por el referido crédito, entre otras razones, porque, como ya se anotó, el demandante no tiene derecho a reclamar perjuicios por la declaratoria de caducidad distintos a los derivados de la inhabilidad que le hubiere sobrevenido como consecuencia. (…) b) La restitución de los dineros que hubiera pagado o llegare a pagar la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., como consecuencia de lo exigido en la declaratoria de caducidad. En cuanto a esta pretensión, aparte de que no resulta procedente debido a la responsabilidad solidaria que se desprende de la declaratoria de caducidad para todos los miembros de la unión temporal, tampoco consta en el plenario que la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. haya tenido que pagar suma alguna por cuenta de la ejecución del acto administrativo demandado, respecto del cual, además, se observa que se halla suspendido en sus efectos respecto de la sociedad demandante por orden judicial, (…) Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el acto de declaratoria de caducidad del Contrato de Obra 071 de 2008 no produjo efectos frente a la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., por hallarse suspendidos los mismos, razón por la cual no le pudo producir los alegados perjuicios que ahora reclama.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / LUCRO CESANTE NEGADO / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE
Problema jurídico:
¿Hay lugar a reconocer esta pretensión indemnizatoria?
Respuesta al problema jurídico: No
La demandante pidió a este título ($2.000´000.000.oo) o el valor que se logre probar dentro del proceso, correspondiente a las utilidades dejadas de percibir por la declaratoria de caducidad del contrato. En relación con esta pretensión, resulta necesario advertir que la declaratoria de nulidad que se proferirá en la presente providencia es parcial, sólo en cuanto el acto no estableció lo concerniente a las sanciones derivadas de la caducidad del contrato desde la perspectiva de la actuación de los miembros de la unión temporal contratista que hubiere dado o no lugar a ella, por lo que, en general, la declaratoria de esa terminación unilateral y anticipada del contrato por causa de su grave incumplimiento perdura frente al contratista, Unión Temporal GTM, de la cual hizo parte la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. En consecuencia, no hay lugar a reconocer esta pretensión indemnizatoria.
PERJUICIO INMATERIAL / GOOD WILL / CERTIFICACIÓN DEL GOOD WILL / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA
Problema jurídico:
¿Se reconocieron los perjuicios derivados de la afectación de su Good Will?
Respuesta al problema jurídico: No
Perjuicios inmateriales: Por este concepto, la actora pidió que se le reconocieran los perjuicios derivados de la afectación de su Good Will, pretensión respecto de la cual la Sala no halló prueba alguna en el sub-lite, lo que conduce a su denegatoria. Finalmente, advierte la Sala que no procede el estudio de la segunda alternativa de las pretensiones subsidiarias, en la medida en que prosperó la primera de estas.

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-03-03. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 25000233600020120076502. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020120076502-55305-sentencia).
