Titulación de la relatoría 19.734 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRECEDENTE JUDICIAL / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / DERECHO A LA IGUALDAD / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Problema jurídico:
¿Emplear un nuevo criterio jurisprudencial en las demandas interpuestas con anterioridad a la expedición de dicho fallo, puede causar una afectación al derecho de acceso a la justicia, al imponer una carga desproporcionada al demandante, por lo cual, en el presente caso, debe darse aplicación a la posición jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda, esto es, la que permite la renuncia tácita de los efectos de la cláusula compromisoria, siendo la jurisdicción contencioso administrativa competente para conocer de este asunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e advierte que la decisión adoptada en el auto de unificación del 18 de abril de 2013 constituyó un auténtico cambio en la regla jurisprudencial hasta entonces vigente sobre la procedencia de la renuncia tácita de las partes frente a la cláusula compromisoria, reinterpretación que conllevó a adoptar una regla de decisión radicalmente distinta a la aplicada de manera generalizada hasta ese momento y durante la época en que fue presentada la demanda (…) Acerca de la aplicación temporal de los cambios del precedente judicial en asuntos contractuales y a falta de una regla de unificación sobre aplicación en el tiempo, el juez tiene la tarea de establecer si, aplicada al caso concreto, la nueva regla jurisprudencial implica o no consecuencias constitucionalmente indeseables o afectaciones injustificadas a los intereses de las partes, pues aun cuando resulta indiscutible la importancia de respetar el precedente judicial como materialización del derecho a la igualdad, sus cambios pueden defraudar las expectativas legítimas fundadas en su aplicación. (…) Por tal razón, aun cuando en un entendimiento tradicional se ha dicho que, en tanto interpretativas de los textos vigentes, las reglas jurisprudenciales son necesariamente retroactivas, algunas decisiones recientes de la Sección Tercera del Consejo de Estado han sostenido que en materia contractual deben operar hacia futuro con fundamento en que las buenas razones que impulsan el progreso de la jurisprudencia, no justifican el sacrificio de los derechos de quienes obraron en el pasado movidos por lo que ordenaba el antiguo precedente. (…) Lo anterior evidencia la necesidad de que los jueces consideren las consecuencias de los cambios jurisprudenciales y no sólo la conveniencia de operar dichos cambios, exigencia impuesta por el modelo de Estado adoptado constitucionalmente donde los jueces deben asumir un papel proactivo en la defensa de los contenidos constitucionales, asunto que se materializa no sólo en la motivación y sentido de sus decisiones, sino a la hora de precaver las consecuencias de las mismas. En tal sentido, aun cuando en principio el precedente jurisprudencial debería aplicarse de forma inmediata, en la medida que esa aplicación afecte de manera evidente el derecho a la igualdad, al debido proceso, a la defensa o principios como el de la seguridad jurídica, se impone la necesidad de considerar efectos prospectivos al cambio jurisprudencial para cada situación concreta. (…) Con ocasión de lo anterior, inclusive en las providencias en las que se ha sostenido que los cambios deben operar de forma inmediata para evitar que la congestión judicial comprometa su eficacia, se admiten hipótesis de aplicación prospectiva, basadas en las condiciones específicas de cada caso. Esto ocurre cuando la conducta de una parte se ejerció con arreglo a un criterio jurisprudencial pacífico o cuando la aplicación retroactiva de esa nueva posición incidiría grave y negativamente en el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia. (…) Soportada en varias de las consideraciones antes indicadas, tratándose de a aplicación en el tiempo de la regla jurisprudencial sobre la renuncia tácita a los efectos de la cláusula compromisoria, la Sección Tercera se ha decantado por no aplicarlo de manera retroactiva con fundamento en que, en esos casos, al momento de la presentación de la demanda, existía una posición reiterada y pacífica en la jurisprudencia sobre la posibilidad de renunciar tácitamente a los efectos del pacto y en consideración a la necesidad de garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia. (…) De esta forma, atendiendo a las particularidades del caso concreto, especialmente considerando que ninguna de las partes hizo manifestación alguna en el proceso en el sentido de oponerse a la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, el despacho considera que debe darse aplicación a la posición jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda, esto es, la que permitía la renuncia tácita de los efectos de la cláusula compromisoria, por las siguientes razones: (i) Las partes, al no oponerse expresamente a la competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, obraron movidas por el entendimiento de que este acto implicaba una renuncia al pacto arbitral porque así lo sostenía pacíficamente la jurisprudencia. Aplicar la nueva posición jurisprudencial de forma retroactiva, proferida casi 10 años después de presentada la demanda, comportaría defraudar la confianza legítima que tenían al momento de no oponerse a la competencia del juez contencioso administrativo. (ii) El derecho al acceso a la administración de justicia comprende no solo la posibilidad de acudir al juez de la causa, sino también la garantía de acceder a una decisión de fondo en un término razonable. Las circunstancias de este caso aconsejan aquella interpretación de las normas que permitan adoptar una decisión de fondo bajo las pruebas ya decretadas y practicadas, y no diferir el asunto para que retome su trámite desde sus orígenes. No se trata en este caso de introducir una regla que abogue por la prórroga de la jurisdicción, pues no se está validando un actuar irregular o no autorizado del juez contencioso. (iii) Finalmente, una determinación como la indicada, no se opone a la regla de unificación arriba indicada, que fue carente en su definición de la subregla de aplicación temporal, de cara la especificidad de los casos que hubieren llegado al conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. (…) Por lo anterior, se concluye que, pese a que las partes pactaron una cláusula compromisoria, su renuncia tácita está llamada a producir todos los efectos, de manera que esta jurisdicción es competente para conocer el presente proceso, y, en consecuencia, la decisión adoptada por el Tribunal en relación con la declaratoria de nulidad de todo lo actuado en el proceso por falta de jurisdicción y competencia, que implicaría una afrenta al derecho de acceso efectivo a la administración de justicia y al principio de confianza legítima, será revocada.
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al asunto, ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de junio de 1997, exp. 10882, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; sentencia del 16 de marzo de 2005, exp. 27934, C.P. María Elena Giraldo; sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 18395, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 4 de septiembre de 2017, exp. 57279, C.P. Jaime Orlando Santofimio; sentencia 2 de marzo de 2020, Subsección B, exp. 39947, C.P Martín Bermúdez Muñoz; Consejo de Estado. Sección Tercera, subsección B, sentencia del 25 de septiembre de 2017, exp. 08001-23-33-000-2013-00044-01 (50892), C.P. Danilo Rojas Betancourth; auto del 25 de septiembre de 2017, exp. 50892, C.P Danilo Rojas Betancourth, C.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 4 de mayo de 2011, C.P. Ruth Stella Correa; auto de del 19 de marzo de 1998, exp.14097, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia del 29 de octubre de 2018, C.P. Carlos Alberto Zambrano, exp. 38098; auto del 14 de septiembre de 2018, C.P. Guillermo Sánchez Luque, exp. 53392; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de abril de 2018, C.P. Jaime Orlando Santofimio, exp. 58890; Consejo de Estado, Sección Tercera., sentencia del 8 de mayo de 2014, exp. 08001233100020120244501 (2725-2012), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y sentencia del 29 de octubre de 2018, C.P. Carlos Alberto Zambrano, exp. 38098; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de agosto de 2020. C. P Guillermo Sánchez Luque, exp. 08001-23-31-000-2005-01245- 01(36875) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia 7 de mayo de 2021, exp. 76001- 23-31-000-2002-01766-01(48746), C. P José Roberto Sáchica Méndez.
CONSORCIO / FALTA DE JURISDICCIÓN / AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE JURISDICCIÓN / INEXISTENCIA DE NULIDAD PROCESAL POR FALTA DE JURISDICCIÓN / NULIDAD PROCESAL POR FALTA DE JURISDICCIÓN / FALTA DE COMPETENCIA / AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE COMPETENCIA / INEXISTENCIA DE FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / AUTO QUE ORDENA REMISIÓN DE EXPEDIENTE / REMISIÓN DE EXPEDIENTE / AUTO QUE DECRETA LA NULIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD PROCESAL / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA / OMISIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / EXCEPCIONES PROCESALES / EXCEPCIÓN PREVIA / FALTA DE RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN PREVIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO JUDICIAL / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA / SENTENCIA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿La decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso por falta de jurisdicción y competencia no puede ser adoptada por medio de una sentencia, como ocurrió en este caso, en consecuencia, frente a la determinación tomada en el proceso iniciado por el Consorcio, esta, corresponde materialmente a un auto cuya revocatoria conlleva a que la decisión de fondo de las pretensiones y excepciones propuestas deba ser acogida por el Tribunal Administrativo en primera instancia, en razón a lo anterior, debe ordenarse la devolución del expediente al Tribunal para que resuelva de fondo en primera instancia la demanda interpuesta por el Consorcio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los efectos de la revocatoria frente al proceso No. 2004-00780 iniciado por el Consorcio. (…) [E]ncuentra el despacho que el asunto sobre el que se ocupó el Tribunal en la providencia recurrida frente al proceso iniciado por el Consorcio, materialmente no debió corresponder a una sentencia, sino que debió adoptarse antes de ésta y mediante un auto, pues en tal caso, el derecho de impugnación tendría la real potencialidad de que el tema se definiera con la opción de que en la hipótesis de ser revocada la declaración de falta de jurisdicción, el Tribunal debería seguir el camino para dictar una sentencia de fondo, con la opción real de poder acceder a una segunda instancia respecto de ella, tal como es dispuesto por el artículo 146 del CPC (…) así como por el artículo 181 del CCA donde se establece que el auto que decrete nulidades procesales es apelable.(…) De esta forma, en la medida que frente al proceso iniciado por el Consorcio, la providencia se limitó a declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso y ordenar su remisión al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realmente, no emitió pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones de la demanda como tampoco frente a las excepciones de mérito, de manera que no es viable afirmar que por el solo el hecho de que esta decisión hubiere quedado contenida en lo que formalmente se denominó como una (…) [sentencia], se le deba dar tal connotación y tratamiento, pues esto conduciría a que se pretermita una instancia, toda vez que la decisión sobre la resolución del conflicto terminaría por proferirse por esta Corporación en única instancia, con lo cual se erradicaría el derecho a que el fondo del litigio se discuta ante el superior funcional en los puntos en los que la parte afectada eventualmente recurra la decisión. (…) Además de lo anterior, aunque el CCA no se refirió a las excepciones previas y, por tanto, tampoco previó una etapa anterior al fallo para resolverlas, no es admisible afirmar que con base en lo dispuesto en el artículo 164 ibidem la resolución de la falta de jurisdicción debía adoptarse a través de la sentencia, porque: (i) el referido artículo se refiere a las excepciones de fondo; (ii) la falta de jurisdicción como la de competencia, que en el marco de los procesos regidos por el CCA y el CPC da lugar a la nulidad insubsanable de todo lo actuado, puede ser declarada en cualquier momento del proceso, pero el hecho de que se adopte cuando el asunto ya está a despacho para fallo, no significa que esa decisión corresponda a una sentencia; y, (iii) cualquier interpretación y alcance que se dé a las normas procesales debe estar acorde con los derechos de acceso efectivo a la administración de justicia y debido proceso, puesto que están constituidos como mecanismo de garantía de aquellos. En este orden de ideas, actuaciones que conduzcan a pretermitir la doble instancia, afectan el derecho al debido proceso en tanto limitan el derecho de las partes de contar con una efectiva segunda instancia. (…) Así las cosas, la decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso por falta de jurisdicción y competencia no estaba llamada a ser adoptada por medio de una sentencia, pues esto conduciría a que, potencialmente, se omitiera la opción de la doble instancia para la solución del caso, dado que, ante la hipótesis de que esa determinación la de la falta de jurisdicción fuera revocada, el Tribunal estaba obligado a adoptar sentencia de fondo. Como ello no ocurrió, el presente asunto llegó al Consejo de Estado con apariencia de sentencia (pues no decidió de fondo las pretensiones y las excepciones) para que se resolviera la segunda instancia, por lo que, en este escenario, la revocatoria de esa decisión (como ya se concluyó), conduciría en principio a tomar una decisión de fondo; sin embargo, ello impediría el ejercicio del derecho de controversia, en tanto, por esta vía el litigio terminaría siendo resuelto como si se tratara de un asunto de única instancia, cuando lo cierto es que no lo es. (…) [E]n consecuencia, en lo que refiere a la decisión adoptada respecto del proceso iniciado por el Consorcio, estima el despacho que corresponde materialmente a un auto cuya revocatoria conlleva a que la decisión de fondo de las pretensiones y excepciones propuestas deba ser adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, pues en caso contrario, si tal decisión fuere adoptada por esta Corporación, se pretermitiría la segunda instancia. En tal virtud, corresponde en el caso concreto adoptar las órdenes y medidas de saneamiento necesarias para la garantía del debido proceso y la efectiva realización del derecho de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva. Por tanto, se ordenará la devolución del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que resuelva de fondo en primera instancia la demanda interpuesta por el Consorcio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 181, DECRETO LEY 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 140,144 Y 145, DECRETO LEY 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 302
ACUMULACIÓN DE PROCESOS / FINALIDAD DE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS / NORMATIVIDAD DE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS / EFECTOS DE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS / AUTO QUE ORDENA REMISIÓN DE EXPEDIENTE / REMISIÓN DE EXPEDIENTE / SENTENCIA COMPLEMENTARIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL / PRINCIPIO DE CELERIDAD / PRINCIPIO DE EFICACIA / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / DEMANDA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONSORCIO
Problema jurídico:
¿En aquellos casos en los que se apele la sentencia, el superior debe verificar si existen demandas de reconvención o procesos acumulados, y en caso de no haberse resuelto sobre todos, enviará el expediente al inferior para que profiera sentencia complementaria, como ocurre en el presente asunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Efectos de la revocatoria frente al proceso No. 2004-01731 iniciado por Confianza S.A. (…) Si bien las consideraciones previamente expuestas no son predicables respecto de las pretensiones del proceso acumulado con radicación No. 2004- 01731, pues frente a esta última el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció de fondo negándolas, y en tal medida, en principio, debería decidirse el recurso interpuesto por Confianza S.A., el despacho se orienta a dar aplicación a lo previsto en el artículo 358 del CCA (…) Consecuente con su finalidad, consistente en materializar los principios de economía, celeridad y eficacia (…) la acumulación de procesos tiene importantes efectos desde el punto de vista procesal, pues una vez decretada, el marco de análisis del juez transmuta de un conjunto compuesto por varios elementos (las diversas demandas) a una unidad indivisible en relación con el objeto de proceso, el cual se circunscribe, en este caso, a estudiar la legalidad de los actos administrativos acusados conforme a los diferentes reparos esbozados por los demandantes, aspecto ineludible conforme al mandato contenido en el artículo 159 del CPC, conforme al cual, decretada la acumulación, los procesos continuarán tramitándose conjuntamente con suspensión del más adelantado hasta que el otro se encuentre en el mismo estado y (…) [se decidirán en la misma sentencia]. (…) En consecuencia, por cuanto la providencia recurrida se pronunció de fondo frente a la demanda interpuesta por Confianza S.A., pero se verifica que con ocasión de la decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado que se revoca dejó de resolver las pretensiones y excepciones del proceso acumulado iniciado por el Consorcio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 358 del CCA antes reseñado, se ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptar una decisión de fondo mediante sentencia complementaria en relación con la demanda interpuesta por el Consorcio, de manera que, una vez vencido el término para que las partes se pronuncien frente a esa decisión, el expediente sea devuelto a esta Corporación para resolver el recurso interpuesto por Confianza S.A., y eventualmente, el(los) recurso(s) de apelación que se llegué(n) a presentar frente a la sentencia complementaria.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de junio de 2021, exp. 44001-23-33-000-2020-00001-01 C.P. Luis Alberto Álvarez Parra y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 25000-23-24-000-2001-01245-02 (Acumulado 25000-23-24-000-2002-00817-01), C.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 358, DECRETO LEY 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 159