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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia

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Fecha
2024-05-22
Radicado
25000232600020100009201
Número interno
42677
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
RICARDO TRIBIN FERRO
Demandado
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A . SOCIEDAD LIQUIDADORA DE LA ANTV, MINISTERIO DE SALUD

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía porque, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor… - supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando se demanda en controversia contractual a una entidad pública y la suma de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del mismo código atribuye a la corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales; y el valor de la pretensión mayor se determina conforme al artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo. En el caso, la pretensión mayor superó ese umbral y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación, modificando la sentencia en lo relativo a las pretensiones que prosperaron parcialmente. El documento reitera la forma de determinar la competencia por cuantía; la consecuencia práctica es que la prosperidad parcial de las pretensiones no altera la competencia fijada por el valor de la demanda.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 132 núm. 5 y 82
  • Decreto 1400 de 1970, art. 20 núm. 2
  • Ley 1107 de 2006, art. 1

También resuelve

  • ¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual?
  • ¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?
  • ¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONCEPTO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PRETENSIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE MANDATO CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR LA ADMINISTRACIÓN APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARTES DEL CONTRATO COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CLASES DE EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO REGÍMENES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NATURALEZA JURÍDICA DE ECOSALUD OBJETO DE ECOSALUD ECOSALUD CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLASES DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONDICIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE MANDATO CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE MANDATO EFECTOS DEL CONTRATO DE MANDATO MANDATO JUDICIAL MANDATO CON REPRESENTACIÓN TERMINACIÓN DEL MANDATO JUDICIAL CONTRATACIÓN DIRECTA ELEMENTOS DEL CONTRATO DE MANDATO TERMINACIÓN DEL MANDATO POR REVOCATORIA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MANDATO OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO DE MANDATO REVOCATORIA DEL CONTRATO DE MANDATO REVOCATORIA DEL MANDATO JUDICIAL REVOCATORIA DEL PODER DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEBERES DEL MANDATO JUDICIAL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO CONTRATO COMERCIAL CONTRATO COMERCIAL DE MANDATO INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO COMERCIAL MODALIDADES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL OPORTUNIDAD DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE MANDATO INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO TERMINACIÓN DEL PODER DEL ABOGADO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL RIESGOS DEL CONTRATO DE MANDATO MANDANTE MANDATARIO OBLIGACIONES DEL MANDATARIO REVOCATORIA DEL MANDATARIO JUDICIAL MANDATARIO JUDICIAL TERMINACIÓN DEL CONTRATO TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ FUNCIONES DEL JUEZ FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL VALORACIÓN DE LOS PERJUICIOS IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL NEGACIÓN DEL PERJUICIO MORAL NEGACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO REPARACIÓN DEL DAÑO CONTRACTUAL REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Guías del tema

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Titulación de la relatoría 35.389 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía porque, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor (...) - supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA (...). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1 OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE MANDATO Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan los perjuicios originados de una relación contractual (arts. 50 y 51 de la Ley 80, 1546 y 1602 del CC y 87 del CCA). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR LA ADMINISTRACIÓN Problema jurídico: ¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si El término para formular pretensiones, en controversias contractuales, según el artículo 136.10 del CCA, aplicable al trámite del proceso, es de dos años, que se cuentan desde que ocurren los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento (art. 40 de la Ley 153 de 1887). Según la demanda, al contratista se le causaron daños con la terminación unilateral del contrato. La demanda se interpuso en tiempo –25 de febrero de 2010–, porque el 2 de abril de 2008 la entidad demandada otorgó poder a otro abogado y este hecho es el fundamento de la demanda. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40 APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PARTES DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado? Respuesta al problema jurídico: Si Todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, de conformidad con el artículo 1602 del CC. El contrato, en principio, como ley creada por las partes, solo obliga a quienes forman parte de él –efecto relativo de los contratos–. Por ello, su cumplimiento solo puede ser exigido entre los contratantes y no por terceros, ni a terceros, salvo algunas excepciones (arts. 1506 y 1507 del CC). (…) El artículo 6 del Decreto nº. 1100 de 2001 estableció que Ecosalud S.A. haría la cesión y sustitución de los contratos vigentes y procesos judiciales a la Empresa Territorial para la SaludEtesa. El 16 de julio de 2001, Ecosalud realizó el informe final de liquidación de la empresa y en el numeral primero se relacionaron los procesos que Ecosalud cedió a Etesa, entre ellos, el proceso ejecutivo adelantado por el demandante. Como Ecosalud S.A. cedió su posición contractual, asumió el proceso ejecutivo y el abogado demandante continuó con la ejecución de las obligaciones contractuales hasta el 12 de junio 2008, la Empresa Territorial para la Salud-Etesa (liquidada) se encontraba legitimada en la causa por pasiva. El 2 de mayo de 2023, el Despacho reconoció como sucesor procesal de la entidad demandada a la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social. [el demandante] está legitimado en la causa por activa, porque suscribió el contrato (...). FUENTE FORMAL: DECRETO 1100 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1506, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1507, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la valoración de copias simples, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CLASES DE EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGÍMENES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE ECOSALUD / OBJETO DE ECOSALUD / ECOSALUD Problema jurídico: ¿El contrato se encuentra dentro del régimen jurídico del estatuto general de contratación? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 43 de la Ley 10 de 1990 autorizó la constitución y organización de una sociedad de capital público, de la cual serían socios la Nación y las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, titulares de los monopolios rentísticos de las loterías existentes, y cuyo objeto sería la explotación y administración del monopolio rentístico creado mediante el artículo 42 de esa ley. (…) De conformidad con los estatutos de Ecosalud S.A., a sus actos y contratos les serían aplicables las normas del Decreto Ley 222 de 1983 que expresamente se refirieran a las empresas industriales y comerciales del Estado (art. 39 del Decreto nº. 271 de 1991). Conforme a la regulación contenida en los artículos 5 del Decreto 1050 de 1968 y 1 del Decreto Ley 222, el régimen jurídico de los contratos de las EICE era el derecho privado, salvo para los contratos de empréstito y de obras públicas. Bajo este régimen la Sala concluyó que, por regla general, a los contratos suscritos bajo la vigencia de ese decreto, las normas aplicables a los contratos de Ecosalud serían las del derecho privado, con excepción de los contratos de obra pública y empréstito. Con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 operó la derogatoria de la anterior normatividad que regía la materia, lo cual implicó que todas aquellas normas que, con anterioridad a la expedición de la mencionada Ley, fueron retiradas del ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, en su oportunidad, la Sala consideró que el Decreto 271 de 1991, fue derogado en lo pertinente por la Ley 80 de 1993, en cuanto al régimen aplicable a Ecosalud, ya que esta norma, en el artículo 2, estableció que sus disposiciones serían aplicables a las entidades descentralizadas indirectas y a todas con capital mayoritariamente público. En materia contractual, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 dispone que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Como el contrato nº. 015-96 se firmó −5 de marzo de 1996 en vigencia de la Ley 80 de 1993 el régimen jurídico es el contenido en el Estatuto de Contratación Pública, aplicable a las entidades descentralizadas indirectas -naturaleza jurídica de Ecosalud-, conforme al artículo 2 de esa ley, antes de las modificaciones introducidas por las leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y otras posteriores. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado pertenecientes al sector salud, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, rad. 16763, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 23 de abril de 2009, rad. 16372, C. P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia del 27 de noviembre de 2006, rad. 16555, C. P. Ramiro Saavedra Becerra. FUENTE FORMAL: DECRETO 271 DE 1971 - ARTÍCULO 39, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 1, LEY 10 DE 1990 - ARTÍCULO 42, LEY 10 DE 1990 - ARTÍCULO 43, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CLASES DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONDICIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / CONTRATO DE MANDATO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE MANDATO / EFECTOS DEL CONTRATO DE MANDATO / MANDATO JUDICIAL / MANDATO CON REPRESENTACIÓN / TERMINACIÓN DEL MANDATO JUDICIAL / CONTRATACIÓN DIRECTA Problema jurídico: ¿Los contratos de mandato judicial que celebran las entidades públicas que están sometidas a la Ley 80 de 1993, hacen parte de los contratos de prestación de servicios profesionales y cuya vía de selección de contratista es la contratación directa? Respuesta al problema jurídico: No En ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes decidieron celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, y conforme a su intención (art. 1618 del CC), que aparece claramente exteriorizada en la cláusula primera del contrato n°. 015-96, a la interpretación armónica de las obligaciones allí pactadas (art. 1622 del CC), y a la naturaleza misma del negocio jurídico (art. 1621 del CC), el objeto de ese contrato tuvo por fin la ejecución de obligaciones de un mandato para el encargo de una gestión judicial. (...) Es decir, las partes incorporaron al contrato de prestación de servicios, obligaciones propias del contrato de mandato. Por ello las reglas aplicables al mismo son las propias de este último contrato, en lo atinente a las obligaciones de representación judicial y, en particular, para efectos de la terminación unilateral (…). [L]os contratos de mandato judicial, que celebran las entidades públicas que están sometidas a la Ley 80 de 1993, hacen parte de los contratos de prestación de servicios profesionales y cuya vía de selección de contratista es la contratación directa. En efecto, aunque no se indicó como una subespecie del contrato de prestación de servicios profesionales, (i) se trata de actividades relacionadas con el funcionamiento de la entidad, ya que estas por la gran actividad del Estado, están involucradas de manera permanente en asuntos litigiosos, áreas que hoy se consideran indispensables en las plantas de personal y que tienen su principal centro de atención en oficinas o direcciones jurídicas; (ii) pueden, conforme, lo ha sostenido la Sala, suscribirse con personas jurídicas; (iii) suponen el ejercicio de una profesión, en este caso, la abogacía, que exige conocimientos especializados; y (iv) esa categorización responde a la lógica histórica con la que, desde el Decreto Ley 222 de 1983, y hasta ahora se ha clasificado el mandato y facilita los aspectos de la contratación de una labor que se caracteriza por la confianza y la experticia profesional. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a las características de los contratos estatales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, rad. 32720, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 12 de noviembre de 2014, rad. 30251, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 16 de marzo de 2015, rad. 26452, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; sentencia de 26 de julio de 2012, rad. 22581, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 23 junio de 2010, rad. 17860, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 4 de noviembre de 2004, n°. 1592, C. P. Enrique José Arboleda Perdomo; Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Civil, rad. 1999-01957-01 y sentencia de 9 de septiembre de 2014, Rad. 2009-00347-01. Acerca de las características del contrato de prestación de servicios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de marzo de 2011, rad. 17072, C. P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 3 de diciembre de 2007, rad. 24715, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983, LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 INCISO 2 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1621, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622 CONTRATO DE MANDATO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE MANDATO / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE MANDATO / MANDATO JUDICIAL / TERMINACIÓN DEL MANDATO POR REVOCATORIA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MANDATO / OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO DE MANDATO / REVOCATORIA DEL CONTRATO DE MANDATO / REVOCATORIA DEL MANDATO JUDICIAL / REVOCATORIA DEL PODER DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DEL MANDATO JUDICIAL / DEBERES DEL MANDATO JUDICIAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Problema jurídico: ¿Cuando la Administración termina un contrato unilateralmente con fundamento en la potestad excepcional, está obligada a motivar de manera detallada y precisa el acto administrativo a través del cual toma esa decisión? Respuesta al problema jurídico: Si Como el litigio gira en torno a las obligaciones contractuales del mandato, incorporadas al contrato de prestación de servicios, conviene referirse a esta tipología contractual. En el contrato de mandato, una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace a cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera (art. 2142 del CC). El mandatario tiene por encargo realizar actos jurídicos, de ahí que, según el artículo 2144 del CC, los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a las que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona, se sujetan a las reglas del mandato. El contrato de mandato se caracteriza por ser: i) bilateral o unilateral; ii) oneroso o gratuito; iii) conmutativo o aleatorio, esto último cuando la remuneración del mandato depende de un alea; iv) de ejecución sucesiva o instantánea y v) civil o mercantil. En la representación judicial y en el apoderamiento judicial se predican unas notas características propias de la gestión de los profesionales del derecho, con unas reglas especiales sobre los deberes en relación con la gestión encomendada y la remuneración cobrada. Esta Corporación, en armonía con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, definió que los contratos para el encargo de gestiones judiciales se sujetan a las reglas del mandato, previstas en los artículos 2142 y siguientes del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 13, 32 primer inciso y 40 primer inciso, de la Ley 80 de 1993, así como en los artículos 65 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en especial el artículo 69 de esa última codificación que regula el derecho a la revocatoria del poder y que se diferencia de las potestades excepcionales reguladas en el Estatuto de Contratación Pública (…). El artículo 17 de la Ley 80 de 1993, en consonancia con el artículo 14.2 que tiene como antecedente los artículos 18 y 19 del Decreto 222 de 1983, faculta a las entidades, mediante acto administrativo motivado y en ejercicio de una potestad excepcional, para disponer la terminación anticipada del contrato. La entidad puede dar por terminado el contrato: i) cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga; ii) por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista; iii) por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista; o iv) por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. (…) [S]i los fundamentos, ya sean fácticos o jurídicos, expresados por una entidad para la terminación unilateral de un contrato, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, no concuerdan con aquellos que justifican esta acción, el acto estará afectado por un vicio, dado que las circunstancias alegadas no se adecuarán a los supuestos que permiten tal medida. El contrato de prestación de servicios previsto en la Ley 80 de 1993, pertenece a aquellos contratos en los cuales la inclusión de las potestades excepcionales, incluida la cláusula de terminación unilateral, es facultativa, es decir que depende de la autonomía de la voluntad de las partes y si no estuviere pactada expresamente no podrá invocarse ni ejercerse (art. 14). Por el contrario, en aquellos contratos de prestación de servicios en los cuales la facultad de terminación unilateral del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 se hubiere pactado, la Administración estará facultada para expedir el acto administrativo correspondiente y ejercer ese poder de terminación unilateral, lo cual deberá hacer en la forma y términos que la mencionada Ley establece. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al contrato de mandato, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 4 de noviembre de 2004, rad. 1592, C. P. Enrique José Arboleda Perdomo; Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, rad. 32720, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Corte Suprema de Justicia, sentencia de 30 de agosto de 2011, rad. 1999-01957-01 y sentencia de 9 de septiembre de 2014, rad. 2009-00347-01. Sobre el ejercicio de la potestad excepcional para terminar anticipadamente el contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de junio de 2007, rad. 17253, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 20 de febrero de 2017, rad. 56562, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 20 de febrero de 2017, rad. 56939, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 19 de julio de 2017, rad. 57394, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 21 de noviembre de 2017, rad. 42408, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 9 de mayo de 2012, rad. 20968, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y Corte Suprema de Justicia, sentencia de 30 de agosto de 2011, rad. 11001-3103-012-1999-01957-01. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 65, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 69, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 18, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 19, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 NUMERAL 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 INCISO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 INCISO 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2142, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2144 CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO COMERCIAL / CONTRATO COMERCIAL DE MANDATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO COMERCIAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / MODALIDADES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OPORTUNIDAD DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REVOCATORIA DEL MANDATO JUDICIAL / TERMINACIÓN DEL MANDATO JUDICIAL / MANDATO JUDICIAL Problema jurídico: ¿La figura de la revocación unilateral del mandato judicial, la cual constituye una facultad legal del poderdante, propia del apoderamiento judicial, es diferente al evento de terminación unilateral del contrato estatal, aunque la revocatoria del mandato presente consecuencias similares a esa potestad, en cuanto que produce la cesación de los efectos contractuales por virtud de una decisión unilateral? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 1602 del Código Civil dispone que todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes; norma que constituye el fundamento del denominado pacta sunt servanda. (…) [N]o hay obstáculo para la inclusión de una cláusula contractual de terminación o resolución del contrato por incumplimiento en favor de la entidad estatal contratante. Este pacto es propio de la autonomía de la voluntad de las partes y es, como lo sentó la Sala de un tiempo atrás, una forma de regular un efecto extintivo de las obligaciones, a través de una condición expresa cuya ocurrencia destruye el vínculo derivado del negocio jurídico y no supone, por supuesto, las prerrogativas derivadas de las cláusulas excepcionales al derecho común. (…) Así, aunque la Ley 80 de 1993 dispone como potestad excepcional la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato –que se regirá por lo dispuesto en ese estatuto–, ello no quiere decir que, según la naturaleza del contrato y las cláusulas que son de su naturaleza, se excluya la terminación o resolución unilateral en el marco de la legislación civil o comercial o que el ejercicio de esa cláusula comporte el uso de potestades excepcionales. La diferencia básica entre estas cláusulas –las excepcionales y las que otorgan poderes unilaterales por pacto o porque integran el contrato–, está dada en que, no obstante, la unilateralidad, estas últimas no comportan el ejercicio de una prerrogativa de derecho público, al no exteriorizarse mediante actos administrativos. Esto se debe a que su origen no se encuentra en las disposiciones legales destinadas a otorgar facultades a la Administración por fuera del ámbito del derecho común. En su lugar, estas cláusulas se fundamentan en el derecho privado, donde las partes ejercen su autonomía para promover el interés específico del negocio y de cada uno de los contratantes. (…) Si una entidad termina unilateralmente el contrato con fundamento en las hipótesis reguladas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, estará expidiendo un acto administrativo en el marco de las prerrogativas del poder público, el cual estará sujeto a los recursos legales y al control judicial propios de esa figura jurídica. Por otro lado, si la entidad hace uso de la facultad derivada del tipo contractual, se debe analizar si se incumplió el contrato, lo que excluye el análisis de legalidad porque no comporta la expedición de un acto administrativo. Así, la figura de la revocación unilateral del mandato judicial, la cual constituye una facultad legal del poderdante, propia del apoderamiento judicial, es diferente al evento de terminación unilateral del contrato estatal, aunque la revocatoria del mandato presente consecuencias similares a esa potestad, en cuanto que produce la cesación de los efectos contractuales por virtud de una decisión unilateral. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la terminación unilateral de contratos regidos por el derecho privado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de abril de 2022, rad. 36875, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 18 de junio de 2007, rad. 31838, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 9 de septiembre de 2014, rad. 200900347-01; y Corte Constitucional, sentencia C-1178 de 8 de noviembre de 2001. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE MANDATO / TERMINACIÓN DEL MANDATO JUDICIAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MANDATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE MANDATO / MANDATO JUDICIAL / REVOCATORIA DEL PODER DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / TERMINACIÓN DEL PODER DEL ABOGADO Problema jurídico: ¿Procede la nulidad del acto proferido por la entidad demandada que decidió terminar unilateralmente el contrato de mandato mediante revocatoria tácita del poder otorgado al abogado demandante? Respuesta al problema jurídico: No La regulación del contrato de mandato permite a quien lo encarga terminar unilateralmente el contrato (...), ámbito en el cual la regla general es el derecho privado y, en el marco del cual, la entidad obra como un particular. Las decisiones adoptadas por la entidad, en este punto, no suponen función administrativa ni comportan el ejercicio de la potestad excepcional de terminación unilateral del contrato. De esta manera, no es acertado el argumento de la parte demandante al insistir en la nulidad de un acto administrativo de terminación unilateral ni equiparar la revocatoria del poder al uso de una potestad excepcional de aquellas reguladas en la Ley 80 de 1993. La entidad demandada, al otorgar poder a otro abogado durante el trámite del proceso, procedió en virtud de la regulación del contrato de mandato y el artículo 69 del CPC, vigente para la época en la que se celebró el contrato, a revocar las facultades otorgadas al mandatario, decisión que, según se explicó, está cobijada por las reglas aplicables a este tipo de contrato en el que se permite la terminación ad nutum o por libre decisión del mandante. Como no es procedente adelantar un juicio de legalidad sobre una decisión que no constituye una prerrogativa de poder público, el cargo de la apelación y la pretensión de la demanda respecto de su nulidad no son procedentes. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 69, LEY 80 DE 1993 PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE MANDATO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE MANDATO / OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO DE MANDATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MANDATO / TERMINACIÓN DEL MANDATO JUDICIAL / RIESGOS DEL CONTRATO DE MANDATO / REVOCATORIA DEL MANDATO JUDICIAL / MANDANTE / MANDATARIO / OBLIGACIONES DEL MANDATARIO / REVOCATORIA DEL MANDATARIO JUDICIAL / MANDATARIO JUDICIAL Problema jurídico: ¿En el contrato de mandato, el mandante está obligado a responder por los daños causados por la revocación de las facultades otorgadas al mandatario intempestivamente o sin motivo legítimo? Respuesta al problema jurídico: No [L]o que pretende [el demandante] es que se reconozca la existencia de un daño por la terminación unilateral del mandato sin justa causa y la consecuente indemnización de perjuicios, como en efecto lo indicó en el recurso. No se persigue que, en el marco de este proceso, se proceda al pago de los honorarios derivados del contrato, cuyo cobro corresponde a un trámite incidental, conforme lo ordena el artículo 69 del CPC, norma vigente para la fecha de la revocatoria del mandato. Aunque el mandatario tiene la facultad de revocar un poder, esto no excluye la regla según la cual la terminación del mandato sin causa justificada constituye un incumplimiento del contrato en relación con la obligación del mandante de permitir al mandatario ejercer su gestión (art. 2184.1 del CC). Por ello, el mandante está obligado a responder por los daños causados por la revocación de las facultades otorgadas al mandatario intempestivamente o sin motivo legítimo. (…) El Código Civil regula las distintas causales de terminación del mandato (art. 2189). De manera particular, el artículo 2191 del CC prescribe que el mandante puede revocar a su “arbitrio” el mandato de manera “tácita”, cuando se hace “el encargo del mismo negocio a distinta persona”. En tal sentido, cuando se hace la revocatoria del poder conferido al encargar la representación a otro abogado el mandante hace una revocatoria en los términos del artículo 2191 del CC, esto es, a su arbitrio sin necesidad de justificarlo -ad nutum-. Todos los contratos tienen elementos que son de la esencia, otros de la naturaleza y meramente accidentales. Los primeros son aquellos que, ante su ausencia, el pacto no produce efecto alguno o degenera en un contrato diferente; los segundos aquellos que se entiende le pertenecen sin necesidad de acuerdo adicional; los terceros los que se agregan por las partes mediante cláusulas especiales (art. 1501 del CC). La terminación ad nutum, según se indicó, está regulada en el código civil y por ende integra el contrato de mandato y, además, las partes pueden agregar cláusulas accidentales en las que regulen las consecuencias o la forma en que se asumen los riesgos derivados de la terminación unilateral sin justa causa. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la revocatoria del mandato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de noviembre de 2014, rad. 30251, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 30 de octubre de 2013, rad. 32720, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; y auto de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de 25 de octubre de 2023, rad. 110012502000202302484 01. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 69, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1501, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2184 NUMERAL 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2189, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2191 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE MANDATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MANDATO / MANDATO JUDICIAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE MANDATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ / FUNCIONES DEL JUEZ / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La revocatoria de poder en el caso concreto se hizo sin mediar una causa que la justificara? Respuesta al problema jurídico: Si Está acreditado que la entidad decidió terminar unilateralmente el contrato n.°01596 mediante la revocatoria tácita del poder otorgado al abogado (…) al otorgar la representación judicial a otro abogado y que, por tanto, no existió una causa que justificara tal determinación. En el contrato no se pactó nada en relación con las consecuencias de esa terminación ni se acordó que el mandatario debía asumir los riesgos o consecuencias de esa decisión. (…) Frente la indemnización genérica, la Sala considera que el juez de oficio no puede entrar a indagar cuáles fueron los daños causados y que es deber de la parte demandante identificar aquellos que fueron consecuencia de la terminación unilateral del mandato y probar su configuración. Tampoco en el recurso de apelación se refirió puntualmente a cuáles serían estos daños, porque se limitó a indicar que los hizo consistir en el porcentaje pactado como cuota litis. FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / VALORACIÓN DE LOS PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / NEGACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO / REPARACIÓN DEL DAÑO CONTRACTUAL / REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE MANDATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Problema jurídico: ¿Además del incumplimiento del contrato, el accionante tiene la carga de probar el daño derivado de éste para que proceda su reconocimiento en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si [P]ueden causarse daños morales con ocasión de la actividad contractual, porque, con fundamento en las disposiciones del Código Civil (arts. 1604, 1613, 1616 del CC), se precisó que legislador garantizó la reparación de todo daño sin diferenciar sus clases y siempre que se demuestren los hechos en los que se sustenta. La Sala ha sostenido que esos daños no se presumen, por lo que el demandante debe aportar pruebas de su configuración, las cuales deben ser valoradas por el juez bajo los parámetros de la sana crítica. Frente al daño moral pedido en la demanda, no se demostró su ocurrencia, tampoco fueron cuantificados ni queda claro cómo la terminación del mandato pudo causar daño a los sentimientos del apoderado. Por tal motivo se negarán. No debe perderse de vista que la finalidad de la responsabilidad contractual es la reparación del daño causado. Así, se requiere, para hallar responsable al Estado, que, cuando se le impute, por ejemplo, un incumplimiento del contrato, se acredite esa circunstancia, pero también es indispensable que se demuestre que ese incumplimiento le causó un daño al actor. Por ende, aunque haya incumplimiento, no habrá responsabilidad si no hubo o no se probó la existencia del daño. (...) En este orden de ideas, se impone modificar la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, para declarar el incumplimiento del contrato y negar las demás pretensiones de la demandada porque, a partir de las pruebas del proceso, no es posible concluir que el demandante haya demostrado algún daño que deba ser reconocido como le correspondía, conforme a los artículos 1757 del Código Civil y 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, normas que rigieron el trámite de este proceso. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al reconocimiento de perjuicios morales por el incumplimiento de un contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 1985, rad. 2963, C. P. Julio César Uribe Acosta; sentencia de 24 de septiembre de 1987, rad. 4039, C. P. Jorge Valencia Arango; sentencia de 13 de octubre de 1994, rad. 9206, C. P. Daniel Suarez Hernández; sentencia de 8 de febrero de 2001, rad. 12848, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 29 de febrero de 2012, rad. 22278, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; y sentencia de 31 de enero de 2011, rad. 2001-01937; C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1613, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1616, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201000092011100103