Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-09-23
Radicado
25000232600020070010301
Número interno
54911
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONDOR S A
Demandado
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas

Lo que dijo la Sala

De acuerdo con el artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos. El numeral 5º del artículo 132 del mismo estatuto señala que éstos conocen en primera instancia de los asuntos referentes a los contratos de las entidades estatales cuando la cuantía exceda los 500 SMLMV . En la fecha de presentación de la demanda, 28 de febrero de 2007, esta cuantía equivalía a $248.450.000. El valor de la pretensión mayor se estimó en una suma superior a $680.936.342 ; en consecuencia, la Sala es competente para resolver el recurso, pues el proceso tiene vocación de doble instancia.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, como lo establece el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se circunscribe a las razones de inconformidad presentadas por el apelante y aspectos íntimamente relacionados con el fallo de primera instancia, según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Además, para impugnar actos administrativos particulares, como la declaración de existencia de un siniestro en una póliza de cumplimiento, la entidad aseguradora debe acreditar un interés jurídico directo, ya que de dicha declaración se deriva la obligación de pagar el riesgo asumido. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la necesidad de acreditar un interés jurídico para impugnar actos administrativos particulares, lo que implica que las partes deben presentar pruebas sólidas para demostrar su legitimación en la causa.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 129 y 132 núm. 5

También resuelve

  • ¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia?
  • ¿Para pretender la nulidad de los actos administrativos particulares, se requiere la acreditación de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual?
  • ¿La sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ACCIÓN CONTRACTUAL ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO TERMINACIÓN DEL CONTRATO ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL ACTO ADMINISTRATIVO POST CONTRACTUAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN MATERIAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR INTERÉS JURÍDICO DIRECTO INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR ENTIDAD ASEGURADORA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO ESTIPULACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA PACTO ARBITRAL EFECTOS DEL PACTO ARBITRAL PAGO DEL SINIESTRO SUBROGACIÓN DEL PAGO SUBROGACIÓN DE LOS DERECHOS DEL ASEGURADOR IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DEBERES DEL JUEZ ALTAS CORTES INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA CONSTITUCIONAL IMPERIO DE LA LEY PRECEDENTE JUDICIAL APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL FUENTES DEL DERECHO PRINCIPIO DE IGUALDAD APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA CAMBIO DE JURISPRUDENCIA PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA MODULACIÓN DE LA SENTENCIA MODULACIÓN DE EFECTOS DEL FALLO MODULACIÓN DE EFECTOS DE LA SENTENCIA EN EL TIEMPO DERECHO A LA IGUALDAD APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO NORMA VIGENTE APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO APARTAMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO VICIOS EN LA FORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MATERIAL DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL INSUFICIENCIA PROBATORIA SINIESTRO ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO OCURRENCIA DEL SINIESTRO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Multas y cláusula penal Equilibrio económico del contrato Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Garantía única y efectividad de la póliza Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B)
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Consejo de Estado 2022-08-31 Sección Tercera (Subsección C)
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Consejo de Estado 2023-11-16 Sección Tercera (Subsección B)
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Consejo de Estado 2022-07-13 Sección Tercera (Subsección B)
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Consejo de Estado 2023-04-19 Sección Tercera (Subsección B)
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra las sentencias proferidas
Consejo de Estado 2022-05-25 Sección Tercera (Subsección C)
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
Titulación de la relatoría 23.987 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos. El numeral 5º del artículo 132 del mismo estatuto señala que éstos conocen en primera instancia de los asuntos referentes a los contratos de las entidades estatales cuando la cuantía exceda los 500 SMLMV . En la fecha de presentación de la demanda, 28 de febrero de 2007, esta cuantía equivalía a $248.450.000. El valor de la pretensión mayor se estimó en una suma superior a $680.936.342 ; en consecuencia, la Sala es competente para resolver el recurso, pues el proceso tiene vocación de doble instancia. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5 LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 357 del CPC , la competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia y los aspectos que estén íntimamente relacionados con ella, esto es, según la postura unificada de esta Corporación , que se encuadren dentro del marco global de la apelación; en consecuencia, con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto. NOTA DE RELATORÍA: Referente a los límites de la competencia del juez de segunda instancia, consultar sentencia de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357 ACCIÓN CONTRACTUAL / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO POST CONTRACTUAL OBITER DICTUM Por mandato del CCA y la Ley 80 de 1993 los actos expedidos después de la celebración del contrato son propiamente contractuales, y, por ende, enjuiciables bajo la acción contractual, a partir de lo cual, la Sección Tercera del Consejo de Estado se encargó de precisar la naturaleza de aquellos que fueron expedidos después de terminado el contrato ; sobre el particular, explicó que atendiendo a los elementos constitutivos del acto, no hay duda que éstos actos posteriores tienen por objeto crear, modificar o extinguir una relación jurídica proveniente del negocio jurídico, por lo que su contenido tiene origen y razón de ser directamente en el contrato celebrado y ejecutado, y en consecuencia, deben concebirse como un acto contractual no separable del negocio jurídico que le dio origen. NOTA DE RELATORÍA: Referente a los actos administrativos post contractuales, consultar sentencia de 22 de abril de 2009, Exp. 19001-23-31-000-1994-09004-01(14667), C.P. Myriam Guerrero de Escobar y sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 13347, C.P. Ricardo Hoyos Duque. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984, LEY 80 DE 1993 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR Problema jurídico: ¿Para pretender la nulidad de los actos administrativos particulares, se requiere la acreditación de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n lo que respecta a la legitimación en la causa para solicitar la nulidad de estos actos contractuales, como ha sido explicado con anterioridad por esta Subsección , en tanto y en cuanto se trata de actos de contenido eminentemente particular y concreto, en principio los llamados legalmente a demandarlos son únicamente los titulares del derecho subjetivo desconocido o vulnerado con su expedición , por lo que para pretender su nulidad, es necesario acreditar un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual. Así las cosas, la determinación de la legitimación material para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales pende de que el interesado acredite que de esa declaración se deriva “un beneficio material o moral al demandante, o un perjuicio material o moral al demandado”. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la legitimación en la causa para solicitar la nulidad de actos contractuales particulares, consultar sentencia de 16 de julio de 2021, Exp. 25000-23-26-000-2009-00810-01(50731), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD ASEGURADORA / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR Problema jurídico: ¿La sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó? Respuesta al problema jurídico: Si En este contexto, puede inferirse en abstracto que a la sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó, dado que de ellos se deriva la obligación de pagar el riesgo que asumió. (...) si bien del valor cuantificado en el acto acusado -el cual dispuso la cuantía del siniestro y por ende la suma a pagar por parte Seguros Condor S.A.- fueron deducidos los conceptos existentes a favor del contratista, éstos no fueron suficientes para que el tomador del seguro cubriera en su totalidad las sumas tasadas por cuenta de la cláusula penal impuesta y amparada en la póliza No. 01011017063. Por tanto, si bien con la compensación efectuada en la liquidación del contrato se redujo el valor a pagar por parte de Seguros Condor S.A., determinado inicialmente bajo el acto administrativo demandado ($680.936.342,63), su obligación de pago por cuenta de éste persiste por la suma de $641.067.542.63, lo que determina la existencia de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual de la aseguradora en las resultas del proceso, y en consecuencia, su legitimación por activa, en tanto la prosperidad de sus pretensiones le generarían un beneficio jurídico y material. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD ASEGURADORA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / ESTIPULACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / PACTO ARBITRAL / EFECTOS DEL PACTO ARBITRAL Problema jurídico: ¿Se presenta una contradicción sustancial en la decisión del Tribunal a quo al definir que la parte actora está legitimada para incoar la acción contractual ante esta jurisdicción, considerando que no fue parte del negocio jurídico asegurado y ante la existencia de una cláusula compromisoria? Respuesta al problema jurídico: No [E]stando acreditado que le asiste a la parte actora legitimación en la causa para -bajo la acción de controversias contractuales- pretender la nulidad del acto administrativo que declaró la configuración del siniestro y el consecuente pago de la indemnización con cargo a la póliza que expidió para garantizar el cumplimiento del contrato, la Sala advierte que tal circunstancia no se contradice ni es incompatible con el hecho de no ser extensible a la demandante la cláusula compromisoria contenida en el contrato estatal que aseguró, pero del cual no hizo parte. (...) la Sala concluye que la supuesta contradicción en el análisis de la jurisdicción, competencia y legitimación por activa afirmada por el recurrente es inexistente, toda vez que, en efecto, la cláusula compromisoria contenida en el contrato estatal no le es extensiva a la compañía aseguradora demandante al no haberlo suscrito, sin perjuicio de lo cual, y sin que implique discordancia alguna, está legitimada por activa bajo la acción contractual para pretender la nulidad de aquellos actos expedidos con ocasión del negocio jurídico asegurado y respecto de los cuales acredite un interés directo, como se predica en el caso concreto conforme se ha explicado. NOTA DE RELATORÍA: Referente al principio de la relatividad de los contratos, consultar auto de 9 de julio de 2018, Exp. 38422, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y sentencia de 23 de mayo de 2012, Exp. 22828, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD ASEGURADORA / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PAGO DEL SINIESTRO / SUBROGACIÓN DEL PAGO / SUBROGACIÓN DE LOS DERECHOS DEL ASEGURADOR / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA Problema jurídico: ¿La parte demandante carece de legitimación en la causa por cuanto, de conformidad con el artículo 1096 del Código de Comercio, la aseguradora solo puede acceder a la jurisdicción previo el pago de la indemnización? Respuesta al problema jurídico: No La Sala debe indicar que no le asiste razón la entidad demandada y recurrente bajo este argumento, toda vez el artículo 1096 del Código de Comercio no tiene el contenido ni el alcance pretendido y afirmado bajo el recurso de apelación, según el cual, solo el asegurador que ha pagado la indemnización está legitimado para acceder a esta jurisdicción con ocasión de la afectación de la póliza. (...) el artículo transcrito e invocado por el recurrente regula la figura de la subrogación en los eventos en que la aseguradora haya pagado al beneficiario por razón de la conducta del responsable del siniestro. Esta norma permite al asegurador cobrar lo pagado al responsable del siniestro y faculta al asegurado a proponer excepciones en contra de la aseguradora cuando la compañía de seguros ejerza la acción de subrogación. Por tanto, no hay duda de que el artículo 1096 del Código de Comercio lo que determina es que los derechos de los que disponía el asegurado, como ejercer la acción judicial correspondiente y formular a través de ella pretensiones contra quienes considere responsables del siniestro, se trasladan a la compañía aseguradora cuando esta última hubiere indemnizado en virtud del contrato de seguro celebrado entre las partes, pero de ninguna forma, supedita el derecho de acción que directamente le asiste la aseguradora para impugnar la legalidad del acto administrativo que declara ocurrido el siniestro, al pago de la indemnización correspondiente. En consecuencia, carece de sustento el argumento relativo a un supuesto desconocimiento del artículo 1096 del Código de Comercio por haberse definido que la aseguradora demandante está legitimada en la causa en este asunto, sin haber pagado previamente la indemnización. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1096 DEBERES DEL JUEZ / ALTAS CORTES / INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA CONSTITUCIONAL / IMPERIO DE LA LEY / PRECEDENTE JUDICIAL / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL / FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL / FUENTES DEL DERECHO / PRINCIPIO DE IGUALDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA Problema jurídico: ¿El precedente judicial es fuente vinculante de derecho? Respuesta al problema jurídico: Si La Corte Constitucional y esta Corporación han explicado que a partir de una ponderada interpretación del artículo 230 de la Constitución Política, el cual dispone que “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley” , debe concluirse que el precedente judicial es fuente vinculante de derecho que, en aplicación del principio de igualdad, obliga a los jueces a resolver de la misma manera los casos que participan de las mismas particularidades fácticas y jurídicas –sin perjuicio de que pueden apartarse de él de manera razonada–; a su vez, el precedente se torna en pauta de conducta tanto de la administración como de sus administrados . Dicha interpretación parte de entender que ante el carácter general y abstracto de la ley, la labor del juez, especialmente el de las Altas Cortes, se torna preponderante al concretar el contenido normativo que emana del ordenamiento jurídico a través de una labor interpretativa que conduce -en muchas ocasiones- a precisar las posiciones jurídicas, los estándares de protección de los derechos y, como se discute en el caso concreto, el alcance de las competencias de las autoridades estatales , de manera que el precedente que sobre esa lectura de la ley se edifica termina por integrar el concepto de la expresión “ley” en sentido amplio. El carácter vinculante del precedente judicial de las altas cortes tiene fundamento principalmente en su función constitucional de fungir como órganos de cierre y unificación, ante la necesidad de dotar de un grado mínimo de uniformidad a la interpretación y aplicación del derecho ante las ambigüedades que pueden surgir de la ley. Lo anterior permite anticipar las decisiones judiciales que se emitirán en la resolución de conflictos con iguales supuestos fácticos y, correlativamente, sienta pautas de conducta que deben seguir las autoridades en su relacionamiento con los particulares, lo que permite avizorar el derrotero con el que podrían ser juzgadas sus actuaciones en sede judicial . Se entiende por tanto que el precedente judicial se manifiesta como una expresión del principio de seguridad jurídica, en consideración a que la previsibilidad de la interpretación y aplicación del derecho, en casos que comparten supuestos fácticos similares, otorga certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones y, por ello, se constituye en herramienta fundamental para su ejercicio . NOTA DE RELATORÍA: Referente al precedente judicial como fuente vinculante de derecho, consultar sentencias de la Corte Constitucional de 13 de mayo de 2015, Exp. C-284 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo y sentencia de 30 de septiembre de 2015, C-621 de 2015, M.P. José Ignacio Pretelt. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 230 CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / MODULACIÓN DE LA SENTENCIA / MODULACIÓN DE EFECTOS DEL FALLO / MODULACIÓN DE EFECTOS DE LA SENTENCIA EN EL TIEMPO Problema jurídico: ¿Los principios de seguridad y confianza legítima se ven sacrificados por un cambio jurisprudencial? Respuesta al problema jurídico: No [E]sta Sección ha explicado que el hecho de que opere un cambio jurisprudencial no significa, per se, el sacrificio de los principios de seguridad y confianza legítima, en tanto el juez puede y debe modular los efectos de sus providencia en procura de la garantía de aquellos, toda vez que las buenas razones que impulsan el progreso de la jurisprudencia, no justifican el sacrificio de los derechos de quienes obraron en el pasado movidos por lo que mandaba el antiguo precedente. NOTA DE RELATORÍA: Referente a los efectos prospectivos del cambio de jurisprudencia, consultar auto del 25 de septiembre de 2017, Exp. 50892, C.P Danilo Rojas Betancourth. DERECHO A LA IGUALDAD / PRINCIPIO DE IGUALDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NORMA VIGENTE / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / PRECEDENTE JUDICIAL / APARTAMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VICIOS EN LA FORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO OBITER DICTUM [E]n virtud del derecho a la igualdad, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima, el juzgamiento de la validez de los actos administrativos no puede hacerse de cara a una lectura abstracta de las normas con las que se confrontan, sino que se debe tener en cuenta el derecho vigente al momento de su expedición, lo cual, implica analizar el precedente judicial que al concretar el contenido y alcance de tales normas, era el que debía guiar la conducta de la administración como indicativo de que estaba obrando conforme a derecho. Como elemento confirmativo de lo anterior, debe precisarse que los vicios de ilegalidad del acto administrativo se producen al momento de su formación y expedición, no después; por ello, lo razonable es que su legalidad se juzgue de cara al derecho vigente para ese entonces, integrado, como ya se analizó, por el precedente judicial que regía en ese momento, y no por aquel que no era el llamado a a guiar en ese momento la conducta de la administración. COMPETENCIA MATERIAL DE LA ADMINISTRACIÓN / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO Problema jurídico: ¿La entidad demandada tenía competencia material para proferir la Resolución No. 003412 del 29 de diciembre de 2004, por la cual se declaró el incumplimiento del contrato y declaró ocurrido el siniestro amparado con la póliza No. 01011017063 expedida por la demandante? Respuesta al problema jurídico: Si En el caso concreto, la Sala encuentra que la determinación del Tribunal a quo, consistente en decretar la nulidad de los actos administrativos bajo estudio por falta de competencia, decisión sustentada en la sentencia del 20 de octubre de 2005 , y por ende, desconociendo la jurisprudencia vigente y pacífica al momento de haberse expedido los actos, con fundamento en la cual la entidad legítimamente determinó sin hesitación que era competente por disposición expresa del ordenamiento jurídico, compromete sus derechos en este proceso, particularmente el de confianza legítima, pues ello implicaría exigirle ajustar su conducta a la ley vigente, y por ende, al precedente judicial imperante al momento de proferir sus actos, para después juzgarlos con un prisma ulterior y diferente. La Sala concluye entonces que, contrario a lo señalado en la sentencia de primera instancia, con fundamento en la jurisprudencia vigente al momento de proferirse los actos acusados y que llevó a que en éstos se afirmara que se expedían con fundamento en el principio de autotutela, la SSPD en efecto era competente para declarar el incumplimiento, aplicar la cláusula penal, y consecuencialmente, afectar la garantía de cumplimiento del contrato. Por cuanto los actos acusados no incurrieron en el vicio de falta de competencia material en su expedición decretada por el Tribunal a quo, tal determinación será revocada y procederá la Sala a analizar los cargos de nulidad que no fueron objeto de pronunciamiento en primera instancia. RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INSUFICIENCIA PROBATORIA Problema jurídico: ¿Se acreditó el desconocimiento del principio de equilibrio económico del contrato? Respuesta al problema jurídico: No Los supuestos fácticos bajo los cuales se pretende fundar el desequilibrio en el balance económico del contrato, no se ajustan a aquellos que pueden determinar su ocurrencia. No se argumentan en este caso circunstancias imprevisibles e irresistibles, como tampoco actos legítimos proferidos bajo las potestades atribuidas a la administración; en contraposición a ello, se aducen como originarios del supuesto desequilibrio actos bilaterales contractuales suscritos por las partes en desarrollo del contrato. (iii) Los otrosíes del 9 de abril de 2003 , 19 de diciembre de 2003 y 19 de julio de 2004 fueron suscritos por el contratista, no se solicitó su nulidad por la parte actora y no se indican por ésta, ni se observa en las pruebas, las razones fácticas o jurídicas que podrían llevar a afirmar que el consentimiento prestado bajo esas modificaciones contractuales estuvo viciado. Tampoco encuentra la Sala dentro de todo el material probatorio alguna evidencia de error, fuerza o dolo en la suscripción de esos documentos, o manifestación alguna del contratista en este sentido, quien nunca desconoció el contenido de los otrosíes en el recurso interpuesto en contra del acto que lo declaró incumplido , ni en las comunicaciones dirigidas a la SSPD y la Interventoría. (...) No obra en las pruebas salvedad o manifestación alguna del contratista, durante toda la ejecución del contrato, relacionada con un supuesto desequilibrio económico del contrato o solicitando su restablecimiento. (...) la Sala encuentra que los argumentos de la parte actora en relación con un desconocimiento del principio del equilibrio económico del contrato carecen de sustento fáctico y jurídico. SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / PAGO DEL SINIESTRO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La entidad demandada incumplió su carga de probar la ocurrencia y cuantía del siniestro? Respuesta al problema jurídico: No En el caso concreto, la parte actora afirma que no se cumplió con la carga de probar la ocurrencia y cuantía del siniestro (...) No obstante, la Sala observa que la SSPD en efecto verificó y cuantificó los perjuicios bajo el acto administrativo en que declaró el incumplimiento y la ocurrencia del siniestro, fundamentado en los antecedentes del contrato, incluyendo el informe final de interventoría. (...) no le asiste razón a la actora al pretender la nulidad del acto con fundamento en que no se cuantificó ni demostró por la entidad demandada la cuantía del siniestro, toda vez que ello sí se hizo conforme a los antecedentes administrativos y el propio acto acusado, y por otra parte, cuando se afecta el amparo de cumplimiento y lo que se pretende hacer efectivo es el pago de la cláusula penal, no es necesario que en el trámite administrativo se discuta acerca de la determinación del monto de la pérdida, en la medida que la cuantía de la multa y de la estimación anticipada del perjuicio son aspectos que están definidos de antemano en dichas cláusulas desde la celebración misma del contrato amparado. IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó actuación temeraria de la parte demandante que conlleve a la condene en costas? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 171 del CCA , la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para resolver sobre la procedencia de la condena en costas a la parte vencida. Por tanto, en consideración a que no se evidenció que la parte demandante haya actuado temerariamente, o que de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad procesal, no habrá lugar a su imposición. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
Texto extraído del PDF oficial 149.655 caracteres
1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Expediente: 250002326000-2007-00103-01 (54911) Demandante: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Medio de control: Controversias contractuales (Artículo 87 del CCA) Asunto: Sentencia de segunda instancia Surtido el trám ite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Se pide declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada, bajo un contrato de servicios de outsourcing informático: (i) declaró el incumplimiento, (ii) i mpuso la cláusula penal, (iii) declaró ocurrido el siniestro amparado con la póliza expedida por la parte actora y (iv) procedió con la liquidación unilateral. Afirma el demandante que la SSPD carecía de competencia para declarar unilateralmente el incumpl imiento y hacer efectivas las multas y cláusula penal, que las multas no estaban incluidas dentro de los riesgos amparados por la póliza afectada, que no hubo proporcionalidad en la pena, y que no se acreditó la ocurrencia ni la cuantía del siniestro. I. SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la sentencia ya indicada, proferida el 23 de abril de 2015, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son los siguientes: La demanda 2. El 28 de febrero de 2007 1, la sociedad Condor S.A. Compañía de Seguros Generales (Seguros Condor S.A.), interpuso demanda bajo la acción de controversias contractuales en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), con el fin de que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos con ocasión del contrato No. 158 de 2000 celebrado entre la entidad demandada y DATUM LTDA.: (i) La Resolución No. 003412 del 29 de diciembre de 2004, por la cual se declaró el incumplimiento del contrato, se impuso la cláusula penal y se declaró ocurrido el siniestro amparado con la póliza No. 01011017063 expedida por la demandante. 1 Cuaderno No. 2, folios 4 a 48. Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911) Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Referencia: Controversias contractuales 2 (ii) La Resolución SSPD-200552240001855 del 7 de febrero de 2005, por la cual se resolvieron los recursos de reposición presentados en contra de la anterior. (iii) La Resolución SSPD -20055270004695 del 14 de marzo de 2005 mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato. (iv) La Resolución SSPD-20055270011215 del 16 de junio de 2005 que confirmó la anterior. 3. Producto de la nulidad de los actos antes indicados, la parte actora solicitó que se le exonere del pago de cualquier cantidad requerida por la demandante como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento del contrato, y subsidiariamente, en caso de q ue ya hubiere realizado pagos por tal concepto, el reintegro total de esas sumas indexadas. 4. Textualmente, la sociedad demandante solicitó2: “Primera: Que se declare nula en todas sus partes la Resolución No. 003412 de 29 de Diciembre de 2004, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, Por la cual se declara el incumplimiento del contrato No. 158 de 2000, suscrito entre la Sup erintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y DATUM LTDA., y Declara ocurrido el siniestro amparado con la póliza de garantía No. 01011017063 expedida por Cóndor S.A. Compañía de seguros Generales, en amparo de cumplimiento a la Superintendencia de Servicios Públicos en desarrollo del Contrato No. 158 de 2000, concretamente en los artículos 1º y 2º (…) Segunda: Que se declare igualmente nula en todas sus partes, la Resolución SSPD-200552240001855 DEL 07-02-2005, por la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución SSPD 003412 de 2004, por la cual confirman en todas sus partes la Resolución SSPD 003412 de 2004 (...) Tercera: Que se declare nula en todas sus partes la Resolución No. SSPD - 20055270004695 del 14 de marzo de 2005, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato No. 158-00. Cuarta: Que se declare igualmente nula en todas sus partes, la Resolución SSPD- 20055270011215 DEL 16 -06-2005, Por l a cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución SSPD 20055270004695 DEL 16-06- 2005. Quinta: Como restablecimiento del derecho y consecuencia de las nulidades anteriores determinantes de la exoneración total de la concesionaria SERVICIOS INFORMÁTICOS DATUM S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, antes DATUM LTDA. se EXONERE A CONDOR S.A., del pago de cualquier cantidad que hubiere sido requerida como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento del contrato No. 158 de 2000, suscrito e ntre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y DATUM LTDA., y por la cual se Declara ocurrido el siniestro amparado con la póliza de garantía No. 01011027063 expedida por Cóndor S.A. Compañía de seguros, Generales, en amparo de cumplimiento a la Superintendencia de Servicios Públicos en desarrollo del Contrato No. 158 de 2 Cuaderno No. 2, folios 5 a 7. Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911) Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Referencia: Controversias contractuales 3 2000, impuestas a través de las Resoluciones 003412 de 29 de diciembre de 2004 y SSPD 20055270004695 DEL 16-06-2005, por la cual se liquida unilateralmente el Contrato No. 158-00, y la Resolución No. SSPD- 20055270011215 DEL 16-06- 2005, Por la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución SSPD 20055270004695 DEL 16-06-2005. Sexta: Que se condene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS al pago de las costas. Séptima: Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS Primera Subsidiaria: Como subsidiaria de la petición Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, solicito respetuosamente lo siguiente: la Reducción proporcional de la pena por incumplimiento inferior al inicialmente fijado y dar aplicación al principio de proporcionalidad de la pena con el incumplimiento realmente demostrado. Segunda Subsidiaria: Como subsidiaria de la petición Quinta, solicito respetuosamente lo siguiente: a) Se solicita a esa Honorable Corporación como petición subsidiaria de las anteriores, que si para el tiempo en que se dé término a este proceso, mi poderdante CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, ha cancelado el valor de las pólizas cuya efectividad se pretende, solicito se condene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS a reintegrar las sumas pagadas por CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES por concepto de daño emergente, reintegro que debe ser por el monto total de las sumas pagadas por este concepto. b) Si se verifica al pago por parte de CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, que a título de indemnización de perjuicios a favor de CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES las cantidades que correspondan a la pérdida de poder adquisitivo del peso colombiano, entre la fecha del pago de las garantías y la fecha en que se verifique el pago a que se refiere la petición a) de la petición subsidiaria del ordinal quinto. c) Que a título de indemnización de perjuicios se condene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, a pagar a favor de CONDOR SA. COMPAÑÍA DE SEGUROS las cantidades que correspondan a los intereses comerciales de las sumas que resulten liquidadas entre la fecha del pago de las garantías y la fecha en que se verifique el pago a que se refiere la petición a) de la petición subsidiaria del ordinal quinto”. 5. El fundamento fáctico de la demanda es, en síntesis, el siguiente3: (i) El 19 de diciembre de 2000, la SSPD celebró con la sociedad DATUM LTDA. el contrato No. 158 de 2000 (el contrato), cuyo objeto consistía en la prestación del 3 Cuaderno No. 1, folios 18 a 32. Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911) Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Referencia: Controversias contractuales 4 servicio de outsourcing informático4, por un valor de cinco mil ochocientos ochenta millones ciento veintiún mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos ($5.880.121.446) y con un plazo de ejecución de tres (3) años -desde el 19 de diciembre de 2000 hasta el 19 de diciembre de 2003 -. La interventoría fue encargada a la sociedad ADVANCE TELESYSTEM RESEARCH S.A., bajo el contrato No. 159 de 2000 del 27 de diciembre de 2000. (ii) Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el contratista constituyó a favor de la SSPD la póliza de seguros No. 01011017063, expedida por Seguros Condor S.A. (iii) El 19 de diciemb re de 2001 y el 19 de julio del mismo año, las cláusulas segunda -en lo que refiere a la coordinación y dirección del outsourcing - y cuarta del contrato -forma de pago -, fueron modificadas creando

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200700103011100103