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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020070010301-54911-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-09-23"
radicado: "25000232600020070010301"
numero: "54911"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-09-23
- **Radicado:** 25000232600020070010301
- **Número interno:** 54911
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** CONDOR S A
- **Demandado:** SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020070010301-54911-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020070010301/FB51B1EF22A050A68DACBBC3804348EAFF9516CA70907B4F234B77B2A2DE9D07/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200700103011100103

## Problema jurídico

¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia?
- ¿Para pretender la nulidad de los actos administrativos particulares, se requiere la acreditación de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual?
- ¿La sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 129 y 132 núm. 5

## Extracto

De acuerdo con el artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos. El numeral 5º del artículo 132 del mismo estatuto señala que éstos conocen en primera instancia de los asuntos referentes a los contratos de las entidades estatales cuando la cuantía exceda los 500 SMLMV . En la fecha de presentación de la demanda, 28 de febrero de 2007, esta cuantía equivalía a $248.450.000. El valor de la pretensión mayor se estimó en una suma superior a $680.936.342 ; en consecuencia, la Sala es competente para resolver el recurso, pues el proceso tiene vocación de doble instancia.

## Síntesis temática

El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, como lo establece el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se circunscribe a las razones de inconformidad presentadas por el apelante y aspectos íntimamente relacionados con el fallo de primera instancia, según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Además, para impugnar actos administrativos particulares, como la declaración de existencia de un siniestro en una póliza de cumplimiento, la entidad aseguradora debe acreditar un interés jurídico directo, ya que de dicha declaración se deriva la obligación de pagar el riesgo asumido. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la necesidad de acreditar un interés jurídico para impugnar actos administrativos particulares, lo que implica que las partes deben presentar pruebas sólidas para demostrar su legitimación en la causa.

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PROCESO DE DOBLE INSTANCIA, LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN, SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, ACCIÓN CONTRACTUAL, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, ACTO ADMINISTRATIVO POST CONTRACTUAL, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN MATERIAL, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR, ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR, INTERÉS JURÍDICO DIRECTO, INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR, IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR, ENTIDAD ASEGURADORA, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, ESTIPULACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL, EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, PACTO ARBITRAL, EFECTOS DEL PACTO ARBITRAL, PAGO DEL SINIESTRO, SUBROGACIÓN DEL PAGO, SUBROGACIÓN DE LOS DERECHOS DEL ASEGURADOR, IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, DEBERES DEL JUEZ, ALTAS CORTES, INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, INTERPRETACIÓN DE LA NORMA CONSTITUCIONAL, IMPERIO DE LA LEY, PRECEDENTE JUDICIAL, APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL, FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL, FUENTES DEL DERECHO, PRINCIPIO DE IGUALDAD, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, CAMBIO DE JURISPRUDENCIA, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, MODULACIÓN DE LA SENTENCIA, MODULACIÓN DE EFECTOS DEL FALLO, MODULACIÓN DE EFECTOS DE LA SENTENCIA EN EL TIEMPO, DERECHO A LA IGUALDAD, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NORMA VIGENTE, APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, APARTAMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL, VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, VICIOS EN LA FORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA MATERIAL DE LA ADMINISTRACIÓN, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, INSUFICIENCIA PROBATORIA, SINIESTRO, ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, OCURRENCIA DEL SINIESTRO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos. El numeral 5º del artículo 132 del mismo estatuto señala que éstos conocen en primera instancia de los asuntos referentes a los contratos de las entidades estatales cuando la cuantía exceda los 500 SMLMV . En la fecha de presentación de la demanda, 28 de febrero de 2007, esta cuantía equivalía a $248.450.000. El valor de la pretensión mayor se estimó en una suma superior a $680.936.342 ; en consecuencia, la Sala es competente para resolver el recurso, pues el proceso tiene vocación de doble instancia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5
LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 357 del CPC , la competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia y los aspectos que estén íntimamente relacionados con ella, esto es, según la postura unificada de esta Corporación , que se encuadren dentro del marco global de la apelación; en consecuencia, con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a los límites de la competencia del juez de segunda instancia, consultar sentencia de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357
ACCIÓN CONTRACTUAL / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO POST CONTRACTUAL
OBITER DICTUM
Por mandato del CCA y la Ley 80 de 1993 los actos expedidos después de la celebración del contrato son propiamente contractuales, y, por ende, enjuiciables bajo la acción contractual, a partir de lo cual, la Sección Tercera del Consejo de Estado se encargó de precisar la naturaleza de aquellos que fueron expedidos después de terminado el contrato ; sobre el particular, explicó que atendiendo a los elementos constitutivos del acto, no hay duda que éstos actos posteriores tienen por objeto crear, modificar o extinguir una relación jurídica proveniente del negocio jurídico, por lo que su contenido tiene origen y razón de ser directamente en el contrato celebrado y ejecutado, y en consecuencia, deben concebirse como un acto contractual no separable del negocio jurídico que le dio origen.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a los actos administrativos post contractuales, consultar sentencia de 22 de abril de 2009, Exp. 19001-23-31-000-1994-09004-01(14667), C.P. Myriam Guerrero de Escobar y sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 13347, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984, LEY 80 DE 1993
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR
Problema jurídico:
¿Para pretender la nulidad de los actos administrativos particulares, se requiere la acreditación de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n lo que respecta a la legitimación en la causa para solicitar la nulidad de estos actos contractuales, como ha sido explicado con anterioridad por esta Subsección , en tanto y en cuanto se trata de actos de contenido eminentemente particular y concreto, en principio los llamados legalmente a demandarlos son únicamente los titulares del derecho subjetivo desconocido o vulnerado con su expedición , por lo que para pretender su nulidad, es necesario acreditar un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual. Así las cosas, la determinación de la legitimación material para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales pende de que el interesado acredite que de esa declaración se deriva “un beneficio material o moral al demandante, o un perjuicio material o moral al demandado”.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la legitimación en la causa para solicitar la nulidad de actos contractuales particulares, consultar sentencia de 16 de julio de 2021, Exp. 25000-23-26-000-2009-00810-01(50731), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD ASEGURADORA / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR
Problema jurídico:
¿La sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó?
Respuesta al problema jurídico: Si
En este contexto, puede inferirse en abstracto que a la sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó, dado que de ellos se deriva la obligación de pagar el riesgo que asumió. (...) si bien del valor cuantificado en el acto acusado -el cual dispuso la cuantía del siniestro y por ende la suma a pagar por parte Seguros Condor S.A.- fueron deducidos los conceptos existentes a favor del contratista, éstos no fueron suficientes para que el tomador del seguro cubriera en su totalidad las sumas tasadas por cuenta de la cláusula penal impuesta y amparada en la póliza No. 01011017063. Por tanto, si bien con la compensación efectuada en la liquidación del contrato se redujo el valor a pagar por parte de Seguros Condor S.A., determinado inicialmente bajo el acto administrativo demandado ($680.936.342,63), su obligación de pago por cuenta de éste persiste por la suma de $641.067.542.63, lo que determina la existencia de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual de la aseguradora en las resultas del proceso, y en consecuencia, su legitimación por activa, en tanto la prosperidad de sus pretensiones le generarían un beneficio jurídico y material.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD ASEGURADORA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / ESTIPULACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / PACTO ARBITRAL / EFECTOS DEL PACTO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿Se presenta una contradicción sustancial en la decisión del Tribunal a quo al definir que la parte actora está legitimada para incoar la acción contractual ante esta jurisdicción, considerando que no fue parte del negocio jurídico asegurado y ante la existencia de una cláusula compromisoria?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]stando acreditado que le asiste a la parte actora legitimación en la causa para -bajo la acción de controversias contractuales- pretender la nulidad del acto administrativo que declaró la configuración del siniestro y el consecuente pago de la indemnización con cargo a la póliza que expidió para garantizar el cumplimiento del contrato, la Sala advierte que tal circunstancia no se contradice ni es incompatible con el hecho de no ser extensible a la demandante la cláusula compromisoria contenida en el contrato estatal que aseguró, pero del cual no hizo parte. (...) la Sala concluye que la supuesta contradicción en el análisis de la jurisdicción, competencia y legitimación por activa afirmada por el recurrente es inexistente, toda vez que, en efecto, la cláusula compromisoria contenida en el contrato estatal no le es extensiva a la compañía aseguradora demandante al no haberlo suscrito, sin perjuicio de lo cual, y sin que implique discordancia alguna, está legitimada por activa bajo la acción contractual para pretender la nulidad de aquellos actos expedidos con ocasión del negocio jurídico asegurado y respecto de los cuales acredite un interés directo, como se predica en el caso concreto conforme se ha explicado.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al principio de la relatividad de los contratos, consultar auto de 9 de julio de 2018, Exp. 38422, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y sentencia de 23 de mayo de 2012, Exp. 22828, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD ASEGURADORA / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PAGO DEL SINIESTRO / SUBROGACIÓN DEL PAGO / SUBROGACIÓN DE LOS DERECHOS DEL ASEGURADOR / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
Problema jurídico:
¿La parte demandante carece de legitimación en la causa por cuanto, de conformidad con el artículo 1096 del Código de Comercio, la aseguradora solo puede acceder a la jurisdicción previo el pago de la indemnización?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala debe indicar que no le asiste razón la entidad demandada y recurrente bajo este argumento, toda vez el artículo 1096 del Código de Comercio no tiene el contenido ni el alcance pretendido y afirmado bajo el recurso de apelación, según el cual, solo el asegurador que ha pagado la indemnización está legitimado para acceder a esta jurisdicción con ocasión de la afectación de la póliza. (...) el artículo transcrito e invocado por el recurrente regula la figura de la subrogación en los eventos en que la aseguradora haya pagado al beneficiario por razón de la conducta del responsable del siniestro. Esta norma permite al asegurador cobrar lo pagado al responsable del siniestro y faculta al asegurado a proponer excepciones en contra de la aseguradora cuando la compañía de seguros ejerza la acción de subrogación. Por tanto, no hay duda de que el artículo 1096 del Código de Comercio lo que determina es que los derechos de los que disponía el asegurado, como ejercer la acción judicial correspondiente y formular a través de ella pretensiones contra quienes considere responsables del siniestro, se trasladan a la compañía aseguradora cuando esta última hubiere indemnizado en virtud del contrato de seguro celebrado entre las partes, pero de ninguna forma, supedita el derecho de acción que directamente le asiste la aseguradora para impugnar la legalidad del acto administrativo que declara ocurrido el siniestro, al pago de la indemnización correspondiente. En consecuencia, carece de sustento el argumento relativo a un supuesto desconocimiento del artículo 1096 del Código de Comercio por haberse definido que la aseguradora demandante está legitimada en la causa en este asunto, sin haber pagado previamente la indemnización.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1096
DEBERES DEL JUEZ / ALTAS CORTES / INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA CONSTITUCIONAL / IMPERIO DE LA LEY / PRECEDENTE JUDICIAL / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL / FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL / FUENTES DEL DERECHO / PRINCIPIO DE IGUALDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA
Problema jurídico:
¿El precedente judicial es fuente vinculante de derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Corte Constitucional y esta Corporación han explicado que a partir de una ponderada interpretación del artículo 230 de la Constitución Política, el cual dispone que “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley” , debe concluirse que el precedente judicial es fuente vinculante de derecho que, en aplicación del principio de igualdad, obliga a los jueces a resolver de la misma manera los casos que participan de las mismas particularidades fácticas y jurídicas –sin perjuicio de que pueden apartarse de él de manera razonada–; a su vez, el precedente se torna en pauta d

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

edición, lo cual, implica analizar el precedente judicial que al concretar el contenido y alcance de tales normas, era el que debía guiar la conducta de la administración como indicativo de que estaba obrando conforme a derecho. Como elemento confirmativo de lo anterior, debe precisarse que los vicios de ilegalidad del acto administrativo se producen al momento de su formación y expedición, no después; por ello, lo razonable es que su legalidad se juzgue de cara al derecho vigente para ese entonces, integrado, como ya se analizó, por el precedente judicial que regía en ese momento, y no por aquel que no era el llamado a a guiar en ese momento la conducta de la administración.
COMPETENCIA MATERIAL DE LA ADMINISTRACIÓN / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO
Problema jurídico:
¿La entidad demandada tenía competencia material para proferir la Resolución No. 003412 del 29 de diciembre de 2004, por la cual se declaró el incumplimiento del contrato y declaró ocurrido el siniestro amparado con la póliza No. 01011017063 expedida por la demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso concreto, la Sala encuentra que la determinación del Tribunal a quo, consistente en decretar la nulidad de los actos administrativos bajo estudio por falta de competencia, decisión sustentada en la sentencia del 20 de octubre de 2005 , y por ende, desconociendo la jurisprudencia vigente y pacífica al momento de haberse expedido los actos, con fundamento en la cual la entidad legítimamente determinó sin hesitación que era competente por disposición expresa del ordenamiento jurídico, compromete sus derechos en este proceso, particularmente el de confianza legítima, pues ello implicaría exigirle ajustar su conducta a la ley vigente, y por ende, al precedente judicial imperante al momento de proferir sus actos, para después juzgarlos con un prisma ulterior y diferente. La Sala concluye entonces que, contrario a lo señalado en la sentencia de primera instancia, con fundamento en la jurisprudencia vigente al momento de proferirse los actos acusados y que llevó a que en éstos se afirmara que se expedían con fundamento en el principio de autotutela, la SSPD en efecto era competente para declarar el incumplimiento, aplicar la cláusula penal, y consecuencialmente, afectar la garantía de cumplimiento del contrato. Por cuanto los actos acusados no incurrieron en el vicio de falta de competencia material en su expedición decretada por el Tribunal a quo, tal determinación será revocada y procederá la Sala a analizar los cargos de nulidad que no fueron objeto de pronunciamiento en primera instancia.
RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INSUFICIENCIA PROBATORIA
Problema jurídico:
¿Se acreditó el desconocimiento del principio de equilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
Los supuestos fácticos bajo los cuales se pretende fundar el desequilibrio en el balance económico del contrato, no se ajustan a aquellos que pueden determinar su ocurrencia. No se argumentan en este caso circunstancias imprevisibles e irresistibles, como tampoco actos legítimos proferidos bajo las potestades atribuidas a la administración; en contraposición a ello, se aducen como originarios del supuesto desequilibrio actos bilaterales contractuales suscritos por las partes en desarrollo del contrato. (iii) Los otrosíes del 9 de abril de 2003 , 19 de diciembre de 2003 y 19 de julio de 2004 fueron suscritos por el contratista, no se solicitó su nulidad por la parte actora y no se indican por ésta, ni se observa en las pruebas, las razones fácticas o jurídicas que podrían llevar a afirmar que el consentimiento prestado bajo esas modificaciones contractuales estuvo viciado. Tampoco encuentra la Sala dentro de todo el material probatorio alguna evidencia de error, fuerza o dolo en la suscripción de esos documentos, o manifestación alguna del contratista en este sentido, quien nunca desconoció el contenido de los otrosíes en el recurso interpuesto en contra del acto que lo declaró incumplido , ni en las comunicaciones dirigidas a la SSPD y la Interventoría. (...) No obra en las pruebas salvedad o manifestación alguna del contratista, durante toda la ejecución del contrato, relacionada con un supuesto desequilibrio económico del contrato o solicitando su restablecimiento. (...) la Sala encuentra que los argumentos de la parte actora en relación con un desconocimiento del principio del equilibrio económico del contrato carecen de sustento fáctico y jurídico.
SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / PAGO DEL SINIESTRO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La entidad demandada incumplió su carga de probar la ocurrencia y cuantía del siniestro?
Respuesta al problema jurídico: No
En el caso concreto, la parte actora afirma que no se cumplió con la carga de probar la ocurrencia y cuantía del siniestro (...) No obstante, la Sala observa que la SSPD en efecto verificó y cuantificó los perjuicios bajo el acto administrativo en que declaró el incumplimiento y la ocurrencia del siniestro, fundamentado en los antecedentes del contrato, incluyendo el informe final de interventoría. (...) no le asiste razón a la actora al pretender la nulidad del acto con fundamento en que no se cuantificó ni demostró por la entidad demandada la cuantía del siniestro, toda vez que ello sí se hizo conforme a los antecedentes administrativos y el propio acto acusado, y por otra parte, cuando se afecta el amparo de cumplimiento y lo que se pretende hacer efectivo es el pago de la cláusula penal, no es necesario que en el trámite administrativo se discuta acerca de la determinación del monto de la pérdida, en la medida que la cuantía de la multa y de la estimación anticipada del perjuicio son aspectos que están definidos de antemano en dichas cláusulas desde la celebración misma del contrato amparado.
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Se acreditó actuación temeraria de la parte demandante que conlleve a la condene en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 171 del CCA , la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para resolver sobre la procedencia de la condena en costas a la parte vencida. Por tanto, en consideración a que no se evidenció que la parte demandante haya actuado temerariamente, o que de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad procesal, no habrá lugar a su imposición.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-09-23. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 25000232600020070010301. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020070010301-54911-sentencia).
