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Consejo de Estado
Providencia
Ajustase a derecho el rechazo de propuestas en licitaciones cuando el oferente omite reportar información esencial exigida en el pliego de condiciones.
Sentencia — Sentencia
2026-05-22
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 50001233100020060051204
ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó que el rechazo de la propuesta presentada por Conconcreto SA fue ilegal y/o arbitraria? No
La entidad estatal adjudicadora rechaza de manera legal y fundada la propuesta presentada en un proceso de selección cuando el oferente omite reportar información relevante y veraz exigida en el pliego de condiciones. La corporación judicial confirma la sentencia apelada al comprobar que el proponente no acreditó adecuadamente la experiencia específica requerida para la construcción del puente sobre la quebrada Servitá en Meta, lo cual impedía asignar el puntaje pretendido. Con base en los principios de transparencia y el respeto a las reglas de la contratación estatal, la sala aplica el principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans y desestima las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto de adjudicación.síntesis automática
También resuelve:
¿La adjudicación del contrato de obra a la Unión Temporal Puentes del Meta fue ilegal por el hecho de haberse tenido en cuenta la experiencia de la sociedad Augusto Ruiz Corredor y Cia Ltda…
¿Se configuró un exceso ritual manifiesto en la decisión de declarar desistida la práctica de una prueba pericial?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.
Sentencia — Sentencia
2024-05-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100020100132701
ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?
¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?
¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
Sentencia — Sentencia
2022-09-23
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020070010301
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, como lo establece el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se circunscribe a las razones de inconformidad presentadas por el apelante y aspectos íntimamente relacionados con el fallo de primera instancia, según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Además, para impugnar actos administrativos particulares, como la declaración de existencia de un siniestro en una póliza de cumplimiento, la entidad aseguradora debe acreditar un interés jurídico directo, ya que de dicha declaración se deriva la obligación de pagar el riesgo asumido. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la necesidad de acreditar un interés jurídico para impugnar actos administrativos particulares, lo que implica que las partes deben presentar pruebas sólidas para demostrar su legitimación en la causa.síntesis automática
También resuelve:
¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia?
¿Para pretender la nulidad de los actos administrativos particulares, se requiere la acreditación de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual?
¿La sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó?
Consejo de Estado
Providencia
En la solicitud del contrato se pretendía la estabilización de normas relativas al impuesto al patrimonio para el año gravable 2011
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020130150201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acto administrativo de improbación de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica presentada por la Empresa de Energía para amparar la inversión de su proyecto energético, se encuentra viciado por el cargo de falsa motivación? No
La motivación de la decisión tomada por el Comité se fundamentó en que el proyecto no cumplía con la finalidad establecida en la Ley 963 de 2005, por dos razones: (i) la ejecución del proyecto ya se encontraba en un 73,66%, evidenciando que la inversión no fue determinada o motivada por la norma, sino que fue realizada por Z.F. Celsia asumiendo los riesgos inherentes a la misma y (ii) que el régimen tarifario del sector previsto en las leyes 142 y 143 de 1994 garantizaba la recuperación de las inversiones realizadas en este sector.… La Sala observa que la única pretensión económica de la parte demandante es el pago del mayor valor asumido por el impuesto al patrimonio.
También resuelve:
¿Es competente la Sala para conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y…
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre las entidades que integraron el Comité de Estabilidad Jurídica, que improbó la solicitud de suscripción del contrato?
¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empezó a contar desde que el acto precontractual demandado cobró firmeza?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El primer reparo de los recurrentes contra el fallo de primera instancia, relacionado con la procedibilidad de la amigable composición en contratos celebrados con el Estado tiene vocación de prosperidad.
Sentencia — Sentencia
2024-05-22
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020060065001
ACCION CONTRACTUAL
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la decisión emitida por el amigable componedor, al acreditarse que este mecanismo es procedente en contratos celebrados con entidades públicas bajo la aplicación del artículo 130 de la Ley 446 de 1998? Sí
El juez administrativo reconoce la plena procedencia de la amigable composición en los contratos estatales celebrados con entidades públicas bajo la vigencia del artículo 130 de la Ley 446 de 1998 y los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, descartando categóricamente cualquier objeto ilícito por no constituir un acuerdo contra legem, y estableciendo que el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales consagrado en el artículo 136 numeral 10 del CCA se inicia estrictamente desde la fecha en que la decisión adoptada por el amigable componedor se torna definitiva al ser puesta formalmente en conocimiento de las partes procesales intervinientes dentro de la actuación judicial adelantada por la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:
¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde que se notificó a las partes de la decisión emitida por el amigable componedor?
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los integrantes del consorcio contratista y sobre la Universidad Militar Nueva Granada como amigable componedor?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Viene bien anotar que la Ley 80 de 1993, tal y como lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia es una ley eminentemente de principios que deben guiar la actuación de la Administración Pública en el marco del procedimiento de selección, pero también cuenta con reglas que prescriben parámetros de conducta tendientes a permitir, mandar o prohibir.
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 25000233600020190022401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para garantizar los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública, las entidades estatales solo pueden solicitar la subsanación de los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación? Sí
El contratista puede solicitar la subsanación de los requisitos no esenciales para la comparación de propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación, en cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública. Esta regla se fundamenta en la necesidad de evitar la arbitrariedad en la evaluación de propuestas y en la obligación de las entidades estatales de concentrarse en los requisitos indispensables para determinar la oferta más favorable, en lugar de rechazar las propuestas por errores menores. La Sala reitera esta posición, matizando que la subsanación debe limitarse al término de traslado del informe de evaluación, lo que implica que las entidades estatales no pueden solicitar correcciones fuera de este plazo, garantizando así la transparencia y la objetividad del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve:
¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, ante un error propio en la verificación de los requisitos del pliego de condiciones…
¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos desconoció el principio de igualdad, al permitir que algunos oferentes subsanaran, durante la audiencia de adjudicación…
¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, con fundamento en las reglas previstas en el pliego de condiciones y en las orientaciones de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: la doctrina más autorizada ha llamado la atención sobre esta interpretación del artículo 868 del Código de Comercio
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-03-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020180053802
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Exigir la vigencia del contrato, para aplicar la teoría de la imprevisión en el derecho privado, cuando ello puede limitar el acceso a la justicia, es constitucional? No
Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala, me permito manifestar las razones por las que aclaro mi voto en relación con la sentencia dictada el 21 de febrero de 2025, mediante la cual se confirmó el el fallo proferido en primera instancia el 12 de diciembre de 2022, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.… Aunque compartí la decisión, consideré pertinente manifestar que no comparto las diferencias radicales que se adoptan en la sentencia sobre la imprevisión en el derecho público y en el derecho privado… Aunque se trata de un criterio mayoritario en la Subsección, tanto en su antigua como en la reciente conformación, en su momento, la Sección Tercera también sostuvo que el equilibrio económico es principio medular de toda la contratación estatal, por lo que resultaba aplicable en todo negocio jurídico en el que sea parte una entidad estatal…