CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Controversias contractuales
Radicación 15001-23-31-000-2013-00119-01 (55055)
Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado Acción Solidaria CTA
Demandado: ESE Hospital Andrés Girardot del Municipio de Güicán
Tema: Llamamiento en garantía con fines de repetición. Se revoca la sentencia de
primera instancia que condenó a la llamada en garantía con fines de
repetición porque el Hospital no señaló en la demanda las razones por las
cuales formuló el llamamiento.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve
el recurso de apelación interpuesto por Clara Mercedes Rojas Jaime —quien fue llamada
en garantía por la entidad demandada — contra la sentencia del 16 de julio de 2015
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que, entre otros asuntos, resolvió lo
siguiente:
<<(…)
SEXTO: DECLARAR que la señora Clara Mercedes Rojas Jaime, es responsable por
culpa grave en los hechos que dieron origen al no pago oportuno de los contratos 018,
020, 027, 033, 034 de 2011 y 001, 002, 003, 014, 015 y 016 de 2012, en los que se ordenó
el pago de intereses de mora, esto es, de acuerdo con las consideraciones es de la
sentencia, por la suma de QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS
CON 05/100 ($504.403,05).
SÉPTIMO: En aplicación del artículo 16 de la Ley 678 de 2001, una vez ejecutoriada la
presente decisión, la señora Clara Mercedes Rojas Jaime deberá pagar la suma
ordenada. En cumplimiento de esta orden se har á en los términos del artículo 306 del
Código General del Proceso, en consideración a que se trata de una condena impuesta a
favor de la Nación.
(…)
DECIMO PRIMERO : COMPULSAR copia de la presente sentencia a la Procuraduría
General de la Nación — Regional Boyacá y a la Contraloría General de la República —
Gerencia Departamental de Boyacá, para todos los efectos a que haya lugar>>.
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Radicado: 15001-23-31-000-2013-00119-01 (55055)
Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado Acción Solidaria CTA
La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia , de acuerdo
con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), que dispone que esta Corporación conocerá de las apelaciones
interpuestas contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en primera
instancia. El Tribunal Administrativo de Boyacá conoció el proceso en primera instancia
en virtud de la cuantía de la demanda 1, según el numeral 5 del artículo 152 del mismo
Código.
El recurso de apelación fue admitido en la providencia del 24 de septiembre de 20152. En
el auto del 4 de agosto de 2016 se negó el decreto de pruebas documentales allegadas
en segunda instancia por la llamada en garantía 3. El 1º de septiembre se dio traslado a
las partes y al Ministerio Público4. La llamada en garantía se pronunció oportunamente5.
El Ministerio Público y la entidad demandada guardaron silencio.
En el trámite de segunda instancia, el demandante y la parte demandada celebraron una
transacción6, que fue aprobada por la Sala7. La Sala sólo hará referencia al litigio principal
en lo que sea necesario para resolver el recurso de apelación presentado por la llamada
en garantía.
I. ANTECEDENTES
A.- La demanda, su contestación y el llamamiento en garantía
1.- El 25 de enero de 20138 la Cooperativa de Trabajo Asociado Acción Solidaria CTA
(en adelante, la “Cooperativa de Trabajo Asociado”) demandó a la ESE Hospital Andrés
Girardot del Municipio de Güicán , Boyacá, (en adelante, el “Hospital”) por el
incumplimiento del pago de los contratos No. 018, 019, 020, 027, 029, 032, 033, 035 de
2011 y 001 a 003, 013 a 016, 018 y 021 a 025 de 2012.
2.- El Hospital se opuso a las pretensiones de la demanda porque la Cooperativa de
Trabajo Asociado había incumplido algunas obligaciones. En el traslado de la demanda,
el Hospital formuló llamamiento en garantía en contra de Clara Mercedes Rojas Jaime 9
(en adelante, la “gerente”), porque era quien desempeñaba tal cargo en el Hospital para
la época de los hechos.
1La cuantía se estimó en mil quinientos ochenta millones de pesos ($580.000.000), cifra que claramente superaba los
quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 SMMLV) a la fecha de la presentación de la demanda .
Fl. 15 del Cuaderno 1.
2Fl. 820 del Cuaderno Principal.
3Fl. 843 del Cuaderno Principal.
4Fl. 845 del Cuaderno Principal.
5Fl. 832 del Cuaderno Principal.
6Fls. 824 a 827 y 828 a 831 del Cuaderno Principal.
7Fls. 884 a 888 del Cuaderno Principal.
8Fl. 325 del Cuaderno 1.
9También formuló llamamiento contra Liberty Seguros S.A., el cual fue negado en primera instancia. Como esta
decisión no fue recurrida, la sentencia no hará referencia a dicho asunto.
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Radicado: 15001-23-31-000-2013-00119-01 (55055)
Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado Acción Solidaria CTA
3.- En el llamamiento en garantía no se hizo referencia a las presunciones previstas en
la Ley 678 de 2001. Únicamente se afirmó que la gerente no realizó los pagos, lo cual
constituye una <<omisión dolosa o culposa>>.
B.- Posición de la llamada en garantía
4.- La gerente se opuso a la procedencia de llamamiento en garantía porque (i) no actuó
con dolo o culpa grave y (ii) no se cumplían los requisitos para que procediera el
llamamiento porque ni siquiera se allegó la prueba sumaria requerida por el artículo 19
de la Ley 678 de 2001 . Sostuvo que esta omisión denotaba que el llamamiento en
realidad era una <<cortina de humo>> de la nueva gerencia para ocultar su negligencia.
C.- La sentencia recurrida
5.- El Tribunal Administrativo del Boyacá accedió parcialmente a las pretensiones de los
demandantes, declaró la responsabilidad de la gerente llamada en garantía y ordenó
compulsar copias a varios entes de control.
5.1.- Encontró que el Hospital no había pagado varios servicios prestados por la
Cooperativa de Trabajo Asociado. En consecuencia, lo condenó a pagar doscientos
cuarenta y seis millones doscientos noventa y siete mil novecientos sesenta y siete pesos
con treinta y un centavos ($246.297.967,31) por capital adeudado, actualización e
intereses. Aunque la Cooperativa de Trabajo Asociado apeló para que aumentara la
condena, celebró un contrato de transacción con e l Hospital que fue aprobado por la
Sala10.
5.2.- En la sentencia de primera instancia e l tribunal declaró la responsabilidad de la
gerente por dos motivos:
a.- Aplicó la presunción de culpa grave prevista en el artículo 6º de la Ley 678 de 2001,
porque la gerente había violado de manera manifiesta e inexcusable los numerales 9 y
10 del artículo 4º de la Ley 80 de 1993. Estas normas no fueron atendid as porque el
Hospital no pagó los servicios prestados a pesar de que los contratos contaban con
certificados de disponibilidad presupuestal (CDP ); agregó que el CDP y el registro
presupuestal son una garantía de que los recursos sean invertidos en lo contratado, por
lo que <<no pueden ser desviados para suplir la carencia de recursos en otras áreas >>.
Aunque algunos contratos no contaban con CDP, consideró que haberlos celebrado y
ejecutado sin el respaldo presupuestal, es <<a todas luces (una) violación a los deberes
de la contratante>>.
b.- Pese a que en varios testimonios se indicó que el Hospital no recibió todos los recursos
esperados por lo que le dio <<prioridad>> al pagó de la nómina, el tribunal concluyó que
la gerente debía ser condenada porque << el Hospital debía contar con los recursos
10La Sala declaró terminado el proceso <<adelantado por la Cooperativa de Trabajo Asociado — Acción Solidaria CTA
contra la E.S.E. Hospital Andrés Girardot del municipio de Güicán (…) y continuar en lo pertinente respecto de la
llamada en garantía>>. Fl. 888 del Cuaderno 1.
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Radicado: 15001-23-31-000-2013-00119-01 (55055)
Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado Acción Solidaria CTA
necesarios para saldar los compromisos contractuales respaldados con certificados de
disponibilidad y registros presupuestales>>.
5.3.- Finalmente, encontró varias irregularidades en los contratos, por lo que compulsó
copias a la <<Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República
y a la Fiscalía General de la Nación para que evalúen, de acuerdo a sus competencias,
la posible configuración de conductas que vulneran las normas que rigen la contratación
estatal>>.
D.- El recurso de apelación
6.- La gerente pidió que se revocaran <<los numerales Sexto, Séptimo y Decimo
Primero>> de la parte resolutiva de la sentencia, relativos a la condena de la llamada en
garantía y a la orden de compulsar copias, por dos argumentos11:
6.1.- El llamamiento en garantía con fines de repetición se <<debe estudiar en armonía
con el derecho constitucional al debido proceso>>. En este marco, el tribunal no interpretó
adecuadamente la presunción porque se debían tener en cuenta las << características
particulares>> de la gestión de la gerente, así como las <<funciones específicas>> que
debía cumplir.
6.2.- La gerente fue diligente. Como lo demuestran varios testimonios, realizó varias
actuaciones ante la iliquidez del Hospital causada por situaciones exógenas a la
funcionaria. Además, el tribunal confundió el flujo de caja con los certificados de
disponibilidad presupuestal: aunque los contratos contaran con estos, << ello no implica
de forma necesaria que debía existir un flujo de caja disponible de forma instantánea (…)
ello es
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