⚠
Atención: tienes 1 filtro marcado
Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado
Providencia
No son de recibo los argumentos planteados por la demandante según los cuales la Corporación debe reconocer la suma de $458.900.000
Sentencia — Sentencia
2024-12-10
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 68001233300020170059402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sentencia de primera instancia desconoció la cuota litis pactada entre las partes en el contrato? No
La Sala confirmará la Sentencia de primera instancia, pero por motivos diferentes a los desarrollados por el Tribunal.… El contrato de prestación de servicios suscrito entre la Corporación y la demandante tuvo por objeto (se trascribe): “contestar, tramitar y llevar hasta su culminación demanda de Restitución de inmueble arrendado (en escenarios públicos y/o conciliatorios), ante el Juez 4 Administrativo Oral del Circuito conforme a los memoriales poderes que para tal efecto se otorguen y a partir de la presentación ante la autoridad respectiva”. En el parágrafo 2 de la cláusula 1 se dispuso que el mandato se extendía hasta la terminación del proceso en primera instancia.
También resuelve:
¿Se acreditó el perjuicio moral para que proceda su reconocimiento?
¿La sentencia alegada como desconocida en el fallo de primera instancia es aplicable al presente caso?
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación.
Sentencia — Sentencia
2026-07-29
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 54001233100020110057302
Controversias contractuales
¿Puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación? No
El contratista no puede ser objeto de la declaratoria de caducidad del contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación, ya que la caducidad es una sanción excepcional que se activa ante un grave incumplimiento que puede paralizar la ejecución del contrato y afectar el interés público, pero solo procede durante el término de ejecución del contrato y no en la etapa de liquidación, donde resultaría ineficaz para garantizar el cumplimiento del contrato. La interpretación literal del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 confirma que la declaratoria de caducidad se extiende mientras perviva el plazo de ejecución estipulado, y no más allá. La Sala modifica la jurisprudencia anterior que admitía la caducidad hasta la etapa de liquidación, y establece que la nueva interpretación se aplica de manera retroactiva, salvaguardando el principio de favorabilidad en materia sancionatoria y protegiendo los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe aplicarse de manera prospectiva el criterio jurisprudencial vigente al momento de expedición del acto administrativo que declaró la caducidad contractual…
¿Debe aplicarse el principio de favorabilidad cuando existen dos interpretaciones jurisprudenciales posibles sobre la competencia temporal para declarar la caducidad contractual y una de ellas…
¿Son nulos los actos administrativos que declaran la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual por falta de competencia ratione temporis de la entidad que…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
Sentencia — Sentencia
2022-09-23
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020070010301
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, como lo establece el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se circunscribe a las razones de inconformidad presentadas por el apelante y aspectos íntimamente relacionados con el fallo de primera instancia, según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Además, para impugnar actos administrativos particulares, como la declaración de existencia de un siniestro en una póliza de cumplimiento, la entidad aseguradora debe acreditar un interés jurídico directo, ya que de dicha declaración se deriva la obligación de pagar el riesgo asumido. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la necesidad de acreditar un interés jurídico para impugnar actos administrativos particulares, lo que implica que las partes deben presentar pruebas sólidas para demostrar su legitimación en la causa.síntesis automática
También resuelve:
¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia?
¿Para pretender la nulidad de los actos administrativos particulares, se requiere la acreditación de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual?
¿La sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó?
Consejo de Estado
Providencia
El derecho vigente al momento de su expedición es el parámetro con el que se debe evaluar la legalidad del acto administrativo.
Sentencia — Sentencia
2022-06-17
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020110048201
ACCION CONTRACTUAL
¿El derecho vigente al momento de la expedición del acto administrativo es el parámetro con el que se debe evaluar la legalidad, por ello el precedente señalado por el juez a quo, referente a que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como parámetro de concreción del contenido y alcance del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 era el vigente al momento en que la administración resolvió declarar la caducidad del contrato? Sí
El contratista puede cuestionar la legalidad de un acto administrativo que declare la caducidad de un contrato estatal si este se expidió bajo una interpretación del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 que ya había sido superada por la jurisprudencia vigente al momento de su expedición. La Sala establece que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se extiende durante toda la vigencia del contrato, incluida la etapa de liquidación, y no se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como sostuvo un precedente judicial citado por la administración. Este precedente no constituye un parámetro adecuado para evaluar la legalidad del acto administrativo en cuestión, ya que su ratio decidendi no abordó el límite temporal de la competencia para declarar la caducidad. La regla reitera la jurisprudencia pacífica de la Sala, garantizando el derecho de igualdad y los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima.síntesis automática
También resuelve:
¿En garantía del derecho de igualdad ante la ley, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima…
¿El límite temporal para hacer uso de la facultad de declarar la caducidad del contrato, viene dado por los supuestos materiales que la ley ha dispuesto para su ejercicio, en tanto…
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento parcial de voto: Salvamento voto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-10-22
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 68001233100020110072101
ACCION CONTRACTUAL
¿En virtud del principio de seguridad jurídica, la Sala debió reconocer el precedente fijado por la Corporación en el asunto litigioso del que hicieron parte los extremos de este proceso, según el cual el régimen jurídico aplicable al Contrato era el Estatuto General de Contratación, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera? Sí
La posición mayoritaria de la Subsección optó por separarse del criterio fijado por esta Corporación en providencia del 12 de febrero de 2014 (expediente 48.117), según el cual el régimen jurídico aplicable al Contrato n° 002 de 2008 es el del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Aun cuando ese aserto no ostenta la entidad de alterar la conclusión frente a la ilegalidad de la multa impuesta a través de la Resolución n° 152 de 2011 -aspecto con el que este Despacho coincide-, no comparto que dicho negocio hubiese estado gobernado por el derecho privado, lo cual sí incide en la parte resolutiva.
También resuelve:
¿La multa al ser impuesta mediante acto administrativo, era pasible de nulidad, por virtud del sometimiento del contrato al estatuto general de contratación pública?
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: las reglas jurisprudenciales tienen fuerza vinculante para los jueces
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020210012300
RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL
¿Las reglas jurisprudenciales tienen fuerza vinculante para los jueces, incluyendo los árbitros? Sí
Conforme con las disposiciones legales del CPACA, el Consejo de Estado tiene competencia de adoptar providencias de unificación, las cuales tienen por objeto interpretar las disposiciones legales lo que implica también establecer la regla que permita resolver el caso concreto cuando existan lagunas normativas.… Y la aplicación de estas reglas jurisprudenciales no solo puede exigirse mediante el recurso de apelación sino mediante el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia el cual procede “cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.
También resuelve:
¿Los árbitros están obligados a aplicar las disposiciones legales y a respetar la fuerza vinculante de las reglas jurisprudenciales?
¿El tribunal de arbitramento podía apartarse de la regla jurisprudencial sentada por el Consejo de Estado respecto de la caducidad de las pretensiones en la reforma de la demanda?