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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción

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Fecha
2022-07-06
Radicado
15001233300020130038301
Número interno
54319
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO CTU -MP
Demandado
DEPARTAMENTO DE BOYACA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Atendiendo a la naturaleza pública de entidad estatal del Departamento de Boyacá, el contrato estatal respecto del cual se plantea la presente controversia es de conocimiento de esta jurisdicción, en los términos del artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, le corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia… y de conformidad con la estimación razonada de la cuantía realizada en la demanda, según las previsiones del artículo 157 de la norma en cita.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia en una acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía del proceso y la naturaleza jurídica de la entidad estatal cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012. Además, la caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación comienza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso, ya sea una liquidación bilateral o unilateral, y puede suspenderse durante el trámite conciliatorio prejudicial. Asimismo, las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo siempre que se alegue algún vicio del consentimiento o se haya expresado una objeción concreta en relación con el corte de cuentas, lo que reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104 y 150
  • Ley 1564 de 2012, arts. 157 y 615
  • Ley 80 de 1993, art. 75

También resuelve

  • ¿En los contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción de controversias contractuales empieza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso?
  • ¿Las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo?
  • ¿Ante situaciones imprevistas para el contratista que le generen costos adicionales, la Administración deberá restablecer el equilibrio de la ecuación contractual?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD PÚBLICA CUANTÍA DEL PROCESO DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DEL PROCESO COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ENTIDAD TERRITORIAL DEPARTAMENTO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO ADMINISTRATIVO REGULACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTIDAD PÚBLICA ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO CONTRATO CONMUTATIVO PRINCIPIO DE CONMUTATIVIDAD PAGO AL CONTRATISTA DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN IMPREVISIBILIDAD CONCEPTO DE IMPREVISIBILIDAD RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL PERJUICIO IMPREVISTO SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA REQUISITOS DE LA ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA AGUA LLUVIA OLA INVERNAL PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD HECHO IMPREVISIBLE DE LA NATURALEZA DETERMINACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES RIESGO PREVISIBLE ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL IDEAM CARGA DE LA PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ORDEN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA SISMO FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE ENTIDAD DEL ORDEN DEPARTAMENTAL REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE DE PRECIO PLIEGO DE CONDICIONES REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES INFLACIÓN CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA REAJUSTE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Suspensión del contrato

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A la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas.
Titulación de la relatoría 26.607 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / CUANTÍA DEL PROCESO / DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DEL PROCESO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / ENTIDAD TERRITORIAL / DEPARTAMENTO Problema jurídico: ¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte? Respuesta al problema jurídico: Si Atendiendo a la naturaleza pública de entidad estatal del Departamento de Boyacá, el contrato estatal respecto del cual se plantea la presente controversia es de conocimiento de esta jurisdicción, en los términos del artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, le corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia (…) y de conformidad con la estimación razonada de la cuantía realizada en la demanda, según las previsiones del artículo 157 de la norma en cita. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, 150, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 157, 615, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 75 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿En los contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción de controversias contractuales empieza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso? Respuesta al problema jurídico: Si Según el evento (iii) del literal j) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, norma que resulta aplicable al presente asunto, la acción contractual caduca al vencimiento del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. No obstante, cabe anotar que para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, como ocurre en el presente asunto, el plazo para accionar judicialmente comenzará a contarse a partir de dicho suceso, ya sea que las partes liquiden el contrato de mutuo acuerdo o que lo haga la administración de forma unilateral, o luego de vencido el plazo para liquidar en caso de que no se hubiese efectuado. En el presente asunto, la Sala observa que la parte actora aportó con la demanda copia del acta de liquidación bilateral suscrita entre las partes contratantes (…), por lo que el término de caducidad de la acción empezó a correr al día siguiente (…). Cabe anotar que el término para demandar se suspendió, pues la demandante adelantó el trámite conciliatorio respectivo. Para demostrarlo, también allegó con el libelo introductorio copia del acta de conciliación prejudicial realizada en la Procuraduría (…), en la cual consta que la solicitud de dicho trámite se presentó (…), es decir, cuando faltaban un año, dos meses y dos días para que operara la caducidad; el trámite conciliatorio culminó (…), con la expedición de la respectiva certificación, momento a partir del cual empezó a correr el término faltante. En este orden, como la demanda instaurada (…), resulta evidente que la misma fue oportuna. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si En reiteradas ocasiones la jurisprudencia ha manifestado que, en las controversias contractuales, resulta improcedente el estudio de las pretensiones de la demanda cuando de por medio obra un acta de liquidación bilateral cuya validez no se cuestiona o en la cual el demandante no hubiera dejado una salvedad expresa en relación con los tópicos que son objeto de la reclamación judicial, por cuanto esa liquidación constituye una manifestación de voluntad en contra de la cual no pueden ir las partes ni desconocer su contenido sin grave perjuicio de la buena fe y lealtad con la que deben obrar. Así, solo resulta procedente el estudio de las pretensiones cuando se alega algún vicio del consentimiento o se ha expresado una objeción concreta en relación con el corte de cuentas. Como se anunció al estudiar la oportunidad de la demanda, en el presente caso las partes suscribieron un Acta de Liquidación Bilateral del Contrato (…), en la cual se dio cuenta de los datos generales del contrato y su ejecución, así como los reconocimientos y pagos efectuados al contratista. Este, a su vez, hizo una salvedad que se dejó plasmada en el acta (…), considera la Sala que, en el presente caso, las pretensiones de la demanda se ajustan al tema que fue objeto de salvedad en el acto de liquidación bilateral, razón por la cual sí era procedente su estudio y, en consecuencia, el del recurso de apelación que ahora se analiza. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las salvedades en el acta de liquidación del contrato, ver sentencia del 13 de abril de 2016, Exp. 46297, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 13 de agosto de 2020, Exp. 46057, C.P. María Adriana Marín, sentencia de 16 de septiembre de 2013, Exp. 30571, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 14 de marzo de 2013, Exp. 20524, C.P Carlos Alberto Zambrano Barrera. CONTRATO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / ENTIDAD TERRITORIAL / DEPARTAMENTO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO CONMUTATIVO / PRINCIPIO DE CONMUTATIVIDAD / PAGO AL CONTRATISTA / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Ante situaciones imprevistas para el contratista que le generen costos adicionales, la Administración deberá restablecer el equilibrio de la ecuación contractual? Respuesta al problema jurídico: Si El contrato materia de controversia está regulado por la Ley 80 de 1993, toda vez que fue celebrado por el Departamento de Boyacá, entidad que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2 de la referida normatividad, se encuentra sometida en cuanto a su contratación a las normas del estatuto de contratación de las entidades públicas. En el artículo 27 del referido estatuto, previó la figura del equilibrio económico del contrato (…). La conmutatividad económica del contrato encuentra su fundamento en los artículos 4 y 5 de la Ley 80, que regulan los derechos y los deberes de la entidad estatal y del contratista. El artículo 4 establece que la entidad pública podrá solicitar la actualización o revisión de precios cuando ocurran fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico del contrato. De igual manera, podrá adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de proponer o de contratar, dependiendo de si se surtió o no un procedimiento de selección. Por su parte, el artículo 5 determina que el contratista tiene derecho a que se le pague la remuneración de manera oportuna, y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, la Administración deberá restablecer el equilibrio de la ecuación contractual a un punto de no pérdida, cuando se presenten situaciones imprevistas e inimputables al contratista. (…) Dado que, dentro de sus argumentaciones, la parte actora adujo que el rompimiento del equilibrio económico del contrato se produjo en parte por una circunstancia imputable a la entidad contratante, consistente en el incumplimiento de su deber de decidir sobre la solución propuesta por el contratista a los daños producidos por un sismo, es necesario advertir que la jurisprudencia también ha distinguido entre el incumplimiento y el desequilibrio contractual. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, 4, 5, 27 TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / IMPREVISIBILIDAD / CONCEPTO DE IMPREVISIBILIDAD / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / PERJUICIO IMPREVISTO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿En virtud de la teoría de la imprevisión, cuáles son los requisitos que deben acreditarse para que se configure el rompimiento del equilibrio económico del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a teoría de la imprevisión, como lo tiene sentado la jurisprudencia, se presenta cuando hechos extraordinarios, sobrevinientes a la celebración del contrato, y que se presentan durante su ejecución, ajenos a las partes y que no eran razonablemente previsibles por ellas cuando se suscribió el acuerdo de voluntades, afectan de manera significativa el cumplimiento de las obligaciones, haciéndolo mucho más gravoso para uno de los contratantes . De acuerdo con lo anterior, para que se configure este evento de rompimiento del equilibrio económico del contrato, que dé lugar al reconocimiento de los mayores costos a favor de la parte afectada, se deben reunir los siguientes requisitos: Que, con posterioridad a la celebración del contrato, se presente un hecho ajeno a las partes, no atribuible a ninguna de ellas. Que ese hecho altere de manera anormal y grave, la ecuación económica del contrato, es decir, que constituya un álea extraordinaria. Que esa nueva circunstancia, no hubiera podido ser razonablemente previsible por las partes. Que esa circunstancia imprevista, dificulte la ejecución del contrato, pero no la imposibilite. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la teoría de la imprevisión ver sentencia de 3 de abril de 2020, Exp. 48676, C.P. Alberto Montaña Plata, sentencia del 16 de septiembre de 2013, Exp. 30571, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 18 de septiembre de 2003, Exp. 15119, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REQUISITOS DE LA ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Las prórrogas suscritas entre las partes para ejecutar obras adicionales, son imputables al contratista por retrasos en el cumplimiento de la programación? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con las pruebas que reposan en el plenario, se puede establecer que algunas prórrogas del plazo del contrato se dieron por la necesidad de ejecutar obras adicionales; y otras, por razones imputables al contratista, quien incurrió en múltiples retrasos en el cumplimiento de la programación de la obra, tal y como lo evidenciaron los requerimientos reiterados de la interventoría para que se cumpliera (…). Sobre las anteriores adiciones en tiempo de que fue objeto el contrato, está demostrado que, desde el inicio de su ejecución, el contratista incurrió en demoras e incumplimientos que implicaron retrasos en los cronogramas de obras, tal y como se evidencia en los requerimientos de que fue objeto por parte de la entidad y de la interventoría (…). [L]a Sala encuentra que las causas que dieron lugar a las prórrogas no provinieron de hechos extraordinarios ajenos a las partes -ni son imputables al incumplimiento contractual de la entidad pública-, sino que tales adiciones en tiempo fueron requeridas y solicitadas por el contratista, quien presentaba retrasos en el avance de las obras, y para ejecutar las mayores cantidades de obra y obras adicionales acordadas por las partes, las cuales fueron reconocidas por la entidad contratante al suscribir las adiciones en valor que cubrían los mayores costos por tal concepto. (…) Lo anterior permite concluir que, por estas causas, no se puede alegar el rompimiento del equilibrio económico del contrato; y los sobrecostos que aduce haber sufrido el demandante debido a las prórrogas del plazo, de haberse presentado, corresponden o bien a su propia actuación, o al alea normal de todo contrato -por el aspecto climático, como se verá más adelante- y, por lo tanto, le correspondía asumirlos. PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / AGUA LLUVIA / OLA INVERNAL / PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD / HECHO IMPREVISIBLE DE LA NATURALEZA / DETERMINACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES / RIESGO PREVISIBLE / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / IDEAM / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE Problema jurídico: ¿Las condiciones climáticas invernales constituyen hechos imprevisibles que afectan el equilibrio económico contractual? Respuesta al problema jurídico: No Está probado que el contrato fue suspendido en múltiples ocasiones. (…) En cuanto a las causas aducidas en estos documentos que sí reposan en el expediente, se tiene: (…) [E]n principio, las lluvias frecuentes e intensas en determinados territorios de la geografía nacional no son un hecho imprevisible y, por sí solas, no resultan admisibles como un evento que afecte el equilibrio económico contractual por las suspensiones o prórrogas que se funden en esa circunstancia, por lo que tendría que estar probado que las que se produjeron en el sitio de las obras y durante el término de ejecución del contrato rebasaron con mucho las que cabía esperar en condiciones normales. Es decir que las condiciones climáticas invernales no constituyen hechos imprevisibles por sí solas (…). En consecuencia, sólo en la medida en que el demandante pudiera comprobar, además de la real afectación económica, que no era razonablemente previsible el fuerte invierno que se presentó y que afectó la ejecución del contrato, es decir, que las lluvias sobrepasaron los niveles normales que cabía esperar para esa época en la zona de las obras, resultaría admisible su reclamación de restablecimiento de la ecuación contractual, pero esto no se demostró. Por lo tanto, si la causa que se aduce como origen de la afectación del equilibrio económico del contrato era razonablemente previsible, se estaría simplemente en presencia de un hecho constitutivo de un riesgo a cargo del contratista. (…) En el presente caso no se probó que el régimen de lluvias presentado en el sitio de las obras y durante toda la época de su ejecución hubiera sobrepasado lo normalmente previsible, constituyéndose en un alea extraordinaria que afectó significativamente la ecuación contractual. (…) [O]bserva la Sala que, según el reporte presentado por el IDEAM, sólo en tres meses (…) las lluvias superaron de manera extraordinaria lo normalmente previsible, circunstancia que, (…) demuestra que en la gran mayoría del lapso de ejecución del contrato las condiciones climáticas estuvieron dentro de parámetros normales, lo cual impide admitir que, por causa de las lluvias, se produjo un hecho grave e imprevisible que condujo a las múltiples suspensiones del plazo contractual. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los hechos imprevisibles que dan lugar a la ruptura del equilibrio económico del contrato, ver sentencia del 26 de febrero de 2004, Exp. 14043, C.P. Germán Rodríguez Villamizar y sentencia del 8 de noviembre de 2007, Exp. 32966, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ORDEN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SISMO / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE ENTIDAD DEL ORDEN DEPARTAMENTAL / CARGA DE LA PRUEBA / EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE Problema jurídico: ¿Se acreditaron por parte del contratista los sobrecostos que debió asumir por la mayor permanencia en la obra como consecuencia del sismo, y por los gastos de administración correspondientes a los períodos de suspensión del contrato? Respuesta al problema jurídico: No En la demanda también se afirmó que, por causa de un sismo ocurrido durante la ejecución del contrato, (…) se presentaron daños en las obras ya ejecutadas, para cuya reparación el contratista propuso algunas soluciones que no fueron oportunamente decididas por la entidad contratante, lo que condujo a varias suspensiones del plazo contractual que el demandante atribuyó, precisamente, al incumplimiento de la entidad respecto de su obligación de decidir a tiempo sobre el curso a seguir en la ejecución de las obras. (…) [E]s cierto que hubo un sismo y que el mismo se sintió en el Departamento de Boyacá, en donde se realizaban las obras objeto del contrato materia de la presente controversia (…). No obstante, tratándose de un evento de responsabilidad contractual del que se pretende derivar una indemnización de perjuicios, consistentes, según la demanda, en los sobrecostos que debió asumir el contratista por la mayor permanencia en la obra, en la parte actora recaía la carga de la prueba en relación con ese detrimento patrimonial aducido -lo que resulta igualmente predicable en caso de que la reclamación surja a título de restablecimiento de la ecuación contractual-, toda vez que el solo incumplimiento de una de las partes no se traduce automáticamente en un perjuicio para la parte cumplida o que estuvo presta a cumplir en la forma y tiempo debidos, razón por la cual tal afectación se debe acreditar dentro del proceso. (…) Sobre la reclamación, que la parte actora fundó en los gastos de administración correspondientes a los períodos de suspensión del contrato, (…) observa la Sala que en el plenario no obra prueba alguna relacionada con estos sobrecostos que se reclamaron, (…) pues de un lado, ni siquiera se allegó la propuesta presentada por el Consorcio (…) en la licitación que precedió al contrato, por lo que no se pudo constatar en qué términos se realizó la oferta económica por parte de dicho proponente, ni consta en parte alguna cuál fue el AIU del contrato y su distribución porcentual entre administración, imprevistos y utilidades. (…) [E]l hecho de haber acreditado que la entidad incurrió en un incumplimiento de sus obligaciones que dio lugar a la suspensión del plazo contractual en varias oportunidades, resulta insuficiente para acceder a las pretensiones indemnizatorias elevadas en la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de acreditar los sobrecostos en el contrato estatal, ver sentencia del 27 de enero de 2016, Exp. 38449, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 14 de marzo de 2013, Exp. 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23519, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 5 de marzo de 2008, Exp. 15600, C.P. Enrique Gil Botero. REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIO / PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD / INFLACIÓN / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿En los contratos de larga duración, es procedente un reajuste de precios en razón de fenómenos como la inflación que afectan al contratista por mayores costos de los presupuestados inicialmente? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l contrato de obra se celebró sin fórmula de reajuste de precios, según se anunció desde el mismo pliego de condiciones, lo cual no obsta para que, en cuanto se acredite la ruptura del equilibrio económico del contrato por un aumento desmesurado e imprevisible de los precios, haya lugar a ordenar su restablecimiento. En efecto, se advierte que el aumento de los precios por el solo transcurso del tiempo, respecto de los materiales e insumos que se requieren para la ejecución de un contrato, es un evento previsible en una economía inflacionaria como la nuestra. Así, el reajuste de precios, surgió como reacción ante el hecho de que en aquellos contratos de tracto sucesivo o ejecución diferida, más bien de larga duración y en razón de fenómenos tales como la inflación o la devaluación, el solo transcurso del tiempo puede dar ocasión a que se presente un alza en el valor de los diversos ítems o rubros que conforman los precios unitarios, afectándolos de tal manera que el contratista va a incurrir en realidad en mayores costos de los presupuestados inicialmente, porque a la hora de ejecutar las obras o servicios, los materiales, equipos y mano de obra ya no valdrán lo mismo que valían en la fecha en la que se proyectó el presupuesto de la obra y se calcularon los costos de la misma. En vista de esta circunstancia, el ordenamiento jurídico ha contemplado de tiempo atrás la posibilidad de pactar en los contratos fórmulas matemáticas de reajuste de precios que apuntan a preservar el valor inicial pactado por las partes durante todo el plazo del negocio jurídico. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4, 5 REAJUSTE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿En eventos en que no se estipula fórmula de reajuste de precios, se habilita al juez de lo contencioso administrativo para que revise, a solicitud del afectado, los precios unitarios acordados? Respuesta al problema jurídico: Si [P]uede suceder, como ocurrió en el sub-lite, que no se haya estipulado fórmula de reajuste de precios o bien, que la pactada resulte insuficiente para absorber todos los cambios que se produzcan en los componentes de los precios unitarios pactados en el contrato, casos en los cuales, la parte afectada podrá acudir al juez para pedir su revisión, es decir, que se analicen los términos en que aparecen pactadas las prestaciones a cargo de los contratantes y, más específicamente, la composición de los precios unitarios que se hubieren acordado, para determinar en esta forma si efectivamente obedecen a la realidad de las variaciones que se hubieren podido presentar en los mismos entre la fecha de presentación de la oferta o de celebración del contrato y la fecha de ejecución y pago de las prestaciones o si, en efecto, la fórmula de reajuste acordada, si fuere el caso, resultó insuficiente, para obtener por este medio el reajuste de los precios y, en consecuencia, el restablecimiento de la ecuación contractual inicialmente pactada. (…) En el presente caso se observa que, en principio, la reclamación por concepto del reajuste de precios podría resultar plausible como fruto de las prórrogas y suspensiones de la ejecución contractual a pesar de no haber sido pactado el reajuste de precios en el contrato, pues consta que el plazo final del mismo fue muy superior al previsto inicialmente, no obstante, advierte la Sala que, más allá del transcurso del tiempo, no se probó la ruptura del equilibrio económico del contrato y que los sobrecostos en los que incurrió el contratista por esos aumentos de los precios se hubieran causado realmente, como se aludió en la demanda. (…) [S]e advierte que, en realidad, la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le imponía el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reajuste económico del contrato, ver sentencia del 10 de septiembre de 2021, Exp. 44977, C.P. María Adriana Marín FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319) Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo (integrantes del Consorcio CTU-MP) Demandado: Departamento de Boyacá Acción: Controversias contractuales Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5 de febrero de 2015, proferida por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte vencida. SÍNTESIS DEL CASO El 28 de abril de 2006, el Departamento de Boyacá y el Consorcio C.T.U. MP. suscribieron el Contrato de Obra Pública No. 141, cuyo objeto fue el mejoramiento de un tramo de la vía nacional Ramiriquí - Ramal a Rondón. La parte actora demandó a la contratante para que se restableciera el equilibrio económico del contrato, el cual se rompió por causas no imputables al contratista, por cuanto no se reajustaron los precios en la liquidación del contrato ni se reconocieron los gastos en los que incurrió por la mayor permanencia en la obra, debido a las prórrogas y suspensiones del plazo y al incumplimiento contractual de la entidad demandada. ANTECEDENTES Demanda El 30 de abril de 2013, la Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y el señor Manuel Enrique Pinzón Robayo, integrantes del Consorcio CTU-MP, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra el Departamento de Boyacá, con el objeto de que se accediera a las siguientes pretensiones (fls. 3 a 30, c. 1): PRETENSIONES PRINCIPALES 2 Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319) Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo (integrantes del Consorcio CTU-MP) Demandado: Departamento de Boyacá Acción: Controversias contractuales 1.- PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL Que se declare que por causas no imputables al contratista, se rompió el equilibrio económico-financiero del contrato No. 141 de 2006, cuyo objeto consistía en el MEJORAMIENTO DE LA VÍA NACIONAL RAMIRIQUÍ RAMAL A RONDÓN, SECTOR PR 26 + 800 AL PR 41 200, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por cuanto no se ajustó en la liquidación del contrato en los términos de la resolución oficial de precios No. 161 de 2008, así como la mayor permanencia en la obra durante el plazo de ejecución contractual. 2.- PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL Que se declare que la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ está en la obligación de restablecer la ecuación económica del contrato surgida al momento de la presentación de la propuesta por parte del CONSORCIO CTU-MP. PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA Como consecuencia lógica de las anteriores declaraciones, sírvase declarar responsable y condenar a la Gobernación de Boyacá, o a la entidad o dependencia que llegare a hacer sus veces, a resarcir integralmente y pagar a mis representados, por concepto de indemnización, que conlleve el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato No. 141 de 2006, cuyo objeto consistía en el MEJORAMIENTO DE LA VÍA NACIONAL RAMIRIQUÍ RAMAL A RONDÓN, SECTOR PR 26 + 800 AL PR 41 + 200, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, las sumas de dinero que se tasan y discriminan de la siguiente manera o, subsidiariamente, en las sumas de dinero tasadas por los señores peritos que para el efecto se designen, TODO DE ACUERDO CON LO MANDADO EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 1437 de 2011 y demás normas concordantes, a saber: 1.1.- Condenar a la entidad demandada al pago de MIL OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($1.081.798.341,41) por concepto de costos de administración del contrato, conforme al porcentaje establecido en el mismo, del doce punto noventa y seis por ciento (12.96%) que tiene su fundamento en la mayor permanencia de la obra, durante los 17.70 meses que estuvo suspendido el contrato. 1.2.- Ajustar los precios de los diferentes ítems del contrato, relacionados a continuación y que como consecuencia del rompimiento de la ecuación financiera del contrato sin que sea imputable al contratista, recabo en un detrimento antijurídico de mis representados, los cuales ascienden a un total de dos mil quinientos seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil setenta y tres pesos con treinta y un centavos ($2.506.479.073,31), discriminados en los siguientes ítems: Ordenar ajustar y pagar los valores de las actas de obra ejecutada y recibida en la vigencia fiscal del año 2007, que deberán ser ajustados con precios de la resolución oficial de precios de la Gobernación de Bo yacá del año 2007, actualizando los precios de las mezclas asfáltica y del transporte al año 2007, que según los cálculos ascienden a un total de $715.933.587.55. Ordenar ajustar y pagar los valores de las actas de obra ejecutada y recibida en la vigencia fiscal del año 2008, que deberán ser ajustados con precios de la resolución oficial de precios de la Gobernación de Boyacá del año 2008, actualizando los precios de las mezclas asfáltica y del transporte al año 2008, que según los cálculos ascienden a un total de $1.618.808.665,33. Ordenar ajustar y pagar los valores de las actas de obra ejecutada y recibida en la vigencia fiscal del año 2009, que deberán ser ajustados con precios de la resolución oficial de precios de la Gobernación de Boyacá del año 200 9, actualizando los precios de las mezclas asfáltica y del transporte al año 2009, que según los cálculos ascienden a un total de $136.455.805,25. Ordenar ajustar y pagar los valores de las actas de obra ejecutada y recibida en la vigencia fiscal del año 2010, que deberán ser ajustados con precios de la 3 Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319) Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo (integrantes del Consorcio CTU-MP) Demandado: Departamento de Boyacá Acción: Controversias contractuales resolución oficial de precios de la Gobernación de Boyacá del año 2010, actualizando los precios de las mezclas asfáltica y del transporte al año 2010, que según los cálculos ascienden a un total de $35.281.015,18. 1.3.- La actualización monetaria de la suma adeudada (TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 CENTAVOS MCTE ($3.588.277.414.72) desde la fecha de exigibilidad de la obligación, esto es, desde el día 10 de mayo de 2011, fecha de la suscripción del acta de liquidación del contrato 141 de 2006, hasta el día en que se verifique el pago efectivo y real de la misma, en todo caso conforme a las pautas y parámetros fijados por la reiterada constante jurisprudencia emanada del Honorable Consejo de Estado y atendido el mandato expreso del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y demás normas concordantes. 1.4.- Que se liquiden y paguen los intereses moratorios causados conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 (artículo 4 No. 8, es decir el doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado) y demás normas concordantes y reglamentarias (art. 8.1.1. del Decreto 734 de 2012), desde la fecha en que la obligación se hizo exigible, es decir a partir de la suscripción de entrega del acta de liquidación final del contrato 141 de 2006, esto es, el día 10 de mayo de 2011 y hasta la fecha de terminación del proceso, en todo caso, conforme a las pautas y parámetros fijados por la reitera da constante jurisprudencia emanada del Honorable Consejo de Estado y atendido el mandato expreso del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y demás normas concordantes. SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA 2.- Que se condene a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, o a la entida d o dependencia que haga sus veces, al pago de costas, agencias en derecho y demás gastos del proceso, en especial si la entidad demandada queda incursa en la conducta procesal prevista en el parágrafo 3º del artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. TERCERA PRETENSIÓN ACCESORIA 3.- A la sentencia que ponga fin al presente proceso se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 188, 192 y demás normas concordantes de la Ley 1437 de 2011, de acuerdo con las pautas señaladas por la jurisprudencia constitucional sobre este aspecto, a la fecha de presentación de la solicitud de cumplimiento y obedecimiento de la sentencia, acompañada de los índices de precios al consumidor o, en subsidio, que este valor que resulte actualizado se actualice monetariamente hasta la fecha de su pago real y efectivo. En los hechos, la parte actora dio cuenta de la celebración, previo proceso licitatorio, del contrato de obra pública No. 141 de 2006, cuyo objeto fue el “Mejoramiento de la vía nacional Ramiriquí Ramal a Rondón, sector PR 26 + 800 al PR 41 + 200, Departamento de Boyacá”, con un plazo de 18 meses, distribuidos así: tres meses para estudios y diseños y quince meses para la construcción de las obras. El valor inicial se pactó en la suma de $8.489´342.582,18 y, luego de las adiciones, el valor total contratado ascendió a la cantidad de $10.594´126.658,02. Sostuvo que el AIU se convino en un 20% sobre el costo directo de la obra, comprendido por un costo indirecto equivalente a 7.04% por concepto de gastos de legalización del contrato y un 12.96% por utilidades y administración, y que las partes también pactaron la suma de $61.118.550.36 de costo mensual por administración durante la etapa de construcción. 4 Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319) Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo (integrantes del Consorcio CTU-MP) Demandado: Departamento de Boyacá Acción: Controversias contrac

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