Titulación de la relatoría 17.013 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DEL PROCESO / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo previsto en el artículo 104 del CPACA, se advierte la vocación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto, pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas. En ese sentido, es oportuno recordar que la Nación- Ministerio del Interior demanda a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional - Dirección General Marítima, entidad cuya naturaleza pública no admite dudaalguna y que, en el presente asunto, está representada por el Ministerio del Interior en el extremo activo y por el Ministerio de Defensa en el pasivo, en los términos del artículo 159 del CPACA. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 30 de octubre de 2020, proferida por la Sala de Decisión Oral de la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico, dada la vocación de doble instancia de este juicio, toda vez que la cuantía - determinada por el valor de la pretensión mayor- para la fecha de presentación de la demanda -27 de julio de 2018 2018- superó los 500 SMLMV exigidos para aquella época, de conformidad con lo establecido en los artículos 150, 152-5 y 243 del CPACA.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 159, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento de convenio administrativo, la efectividad de la cláusula penal pecuniaria pactada y la liquidación judicial del acuerdo cuestionado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala considera que el medio de control de controversias contractuales ejercido por el extremo activo es el procedente, toda vez que la demanda materia de análisis persigue: [i] la declaratoria de incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso del Convenio en el que habría incurrido el extremo demandado; [ii] la condena al pago del valor reclamado como consecuencia de dicha desatención prestacional; [iii] la efectividad de la cláusula penal pecuniaria pactada y [v] la liquidación judicial del acuerdo de voluntades en cuestión.
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término convencionalmente pactado para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades objeto de estudio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para estudiar la oportunidad en la interposición del medio de control materia de análisis, la Sala aplicará la regla especial prevista en el aparte [v], literal [j], numeral 2 del artículo 164 del CPACA, disposición normativa con arreglo a la cual en la presente controversia el cómputo de los 2 años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término convencionalmente pactado para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades objeto de estudio. Para tal efecto, ha de señalarse que los extremos procesales acordaron que el Convenio materia de examen judicial se liquidaría dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en la que se venciera su plazo de ejecución. Así las cosas, es necesario precisar que el plazo de ejecución del acuerdo de voluntades en mención finalizó el 30 de septiembre de 2016, motivo por el cual el término de 6 meses para liquidar el Convenio inició el 1° de octubre de 2016 y se venció el 1° de abril de 2017. En ese orden de ideas, como el Convenio en comento no fue liquidado, el término máximo para acudir a esta jurisdicción se vencía el 2 de abril de 2019. En tal virtud, en la medida en que la demanda se presentó el 27 de julio de 2018, la Sala advierte que su radicación fue oportuna.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COLABORACIÓN / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El tipo de acuerdo de voluntades pactado por las partes está edificado sobre un auténtico ánimo colaborativo, lo cual encaja perfectamente en el criterio asociativo y de cooperación que subyace a todo convenio interadministrativo, así como en el plano de horizontalidad en el que interactúan y se interrelacionan los extremos convencionales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala observa que la estructuración, la confección y el diseño del Convenio que en esta instancia judicial se analiza, en efecto, está edificada sobre un auténtico ánimo colaborativo de las entidades públicas que lo suscribieron, quienes concurrieron a su celebración con el ánimo de aunar esfuerzos y articular actividades y recursos de diversa índole para el logro mancomunado de un propósito coincidente -la construcción de una estación de control de tráfico marítimo- en el marco de los cometidos estatales a su cargo, lo cual encaja perfectamente en el criterio asociativo y de cooperación que subyace a todo convenio interadministrativo, así como en el plano de horizontalidad en el que interactúan y se interrelacionan los extremos convencionales. De igual modo, es necesario resaltar que el objeto del acuerdo de voluntades en comento también funge como un verdadero punto de conexión entre los distintos propósitos misionales de las entidades públicas cooperantes, dado que la construcción de la estación de control de tráfico marítimo contribuía decididamente a: [i] la consolidación de una región segura -objetivo del Ministerio-; [ii] la defensa de la soberanía nacional y la seguridad marítima -función encomendada a la Armada- y [iii] la dirección, coordinación y control de las actividades marítimas - objeto de la Dimar-, tal y como se consignó en los estudios previos que antecedieron a su celebración. (...) es cierto que se pactaron obligaciones de tipo patrimonial, correspondientes a los aportes o recursos económicos a los que se obligó desembolsar el Ministerio del Interior para el desarrollo del acuerdo de voluntades, pero no por ello puede predicarse que existió una remuneración por parte de dicha cartera a la Armada Nacional y/o a la Dimar a cambio de un servicio o de una obra, pues no puede entenderse que la primera, con el aporte de dichos recursos, le estuviera pagando a las demás entidades públicas cooperantes un precio por la prestación de un servicio, en tanto lo que se evidencia realmente es el compromiso entre los extremos suscribientes de realizar labores conjuntas y complementarias enderezadas a la consecución del objetivo común que se trazaron con el Convenio. Lo anterior significa que la concurrencia de voluntades no se identificó con un contrato interadministrativo, pues ninguno de los participantes del convenio demandó frente al otro, a cambio de una contraprestación o de una remuneración, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio o el suministro de un bien.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la distinción entre contrato y convenio interadministrativo, consultar sentencia de 31 de marzo de 2023, Exp. 56002, C.P. María Adriana Marín.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA / OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA / RENDIMIENTO FINANCIERO / DEVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO FINANCIERO / CUENTA ÚNICA NOTARIAL / CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se acreditó el incumplimiento parcial del convenio por la supuesta desatención de los deberes prestacionales fijados para liquidar el acuerdo de voluntades por parte de la demandada?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala, de entrada, advierte que este primer reparo concreto que se analiza no tiene vocación de prosperidad, premisa que se sustenta en las razones que se pasan a explicar: La Subsección considera, al igual que el Tribunal a quo y la parte demandada, que la inexistencia de una certificación bancaria que determine con exactitud a cuánto ascendieron los rendimientos financieros que se generaron por el manejo dispensado a los recursos que desembolsó el Ministerio para ejecutar el Convenio objeto de examen judicial, en estricto rigor, no se traduce en un incumplimiento del contenido obligacional fijado para la Dimar en torno a ese aspecto, toda vez que, como ya se pondrá de presente -en términos probatorios-, dicha entidad pública efectivamente transfirió esos dineros a la Cuenta Única Nacional, la cual es gestionada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (...) la Sala concluye que la Dimar no ha desconocido el programa obligacional que se acordó con el Ministerio del Interior para liquidar el Convenio objeto de esta contienda judicial, dado que los recursos económicos que supuestamente no devolvió -rendimientos financieros-, en realidad, siempre estuvieron depositados en la Cuenta Única Nacional, la cual es administrada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.En ese orden de ideas, es evidente que dicha conducta se ajusta al contenido de la obligaciones específicas que se le asignaron a la Dimar en los numerales 23-[g] y 27 de la cláusula segunda del acuerdo de voluntades escrutado, puesto que los rendimientos financieros que haya producido el dinero desembolsado por el Ministerio del Interior sí fueron debidamente reintegrados al Tesoro Nacional, tal y como lo acreditan las transacciones realizadas a la Cuenta Única Nacional, lo cual concuerda con los términos pactados en el vínculo convencional suscrito entre las partes. (...) En ese orden de ideas, es evidente que dicha conducta se ajusta al contenido de la obligaciones específicas que se le asignaron a la Dimar en los numerales 23-[g]83 y 2784 de la cláusula segunda del acuerdo de voluntades escrutado, puesto que los rendimientos financieros que haya producido el dinero desembolsado por el Ministerio del Interior sí fueron debidamente reintegrados al Tesoro Nacional, tal y como lo acreditan las transacciones realizadas a la Cuenta Única Nacional, lo cual concuerda con los términos pactados en el vínculo convencional suscrito entre las partes. (...) de cara al caso concreto, la Subsección observa que las pruebas obrantes en este juicio dan cuenta que la Dimar le proporcionó al Ministerio del Interior toda la información que estaba en posibilidad de brindarle para efectuar el cruce final de cuentas del Convenio, de modo que con el traslado a la Cuenta Única del Tesoro Nacional y con la entrega de la información y las explicaciones que ofreció al respecto, se torna evidente que se cumplió con la finalidad o utilidad práctica, coherente y racional pretendida por las entidades públicas cooperantes, la cual, sin lugar a duda, consistía en verificar la ejecución efectiva de los recursos y, además, establecer en que términos debía adelantarse el ejercicio liquidatorio, de ahí que la interpretación adoptada por la parte activa para predicar un incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso del acuerdo de voluntades escrutado resulte inflexible y, sobre todo, irreflexiva. Así las cosas, en la medida en que la Dimar sí respondió a los requerimientos efectuados por el Ministerio del Interior para liquidar el acuerdo de voluntades suscrito, con independencia de que el extremo activo no le hubiese otorgado valor alguno a la conducta convencionalmente asumida por la entidad pública demandada, ello no se traduce de forma automática en una desatención prestacional, puesto que, en esencia y estricto rigor, el contenido básico de las obligaciones que se consideraban incumplidas sí se honró. En tal virtud, como el incumplimiento parcial del Convenio que se le atribuyó a la Dimar no se configuró, el reparo concreto materia de análisis será despachado desfavorablemente y, como consecuencia de ello, se confirmará la sentencia impugnada en lo relativo a este punto.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Procede la liquidación judicial del convenio interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien es cierto que del contenido de las pruebas documentales que se aportaron a este juicio no emerge la posibilidad de considerar que existen saldos pendientes entre los extremos procesales en contienda -aunado al hecho de que el incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso reclamado no se configuró-, dicha circunstancia no puede ser considerada como una razón válida y suficiente para despachar desfavorablemente la súplica de liquidación judicial del Convenio que formuló el Ministerio del Interior en su demanda. Dicho en otros términos, la falta de vocación de prosperidad de la pretensión encaminada a que se declare el incumplimiento y/o el cumplimiento defectuoso del acuerdo de voluntades materia de análisis, en modo alguno, determina la improcedencia de la súplica de liquidación judicial que se haya planteado. Si lo que el juzgador de primer grado quería señalar era que la liquidación judicial pretendida no resultaba viable -en los términos planteados-, lo que debió hacer fue adelantar el ejercicio liquidatorio -porque se le solicitó- con estricto apego a lo debidamente acreditado en el proceso. (...) para la Sala no existe duda alguna de que la pretensión de liquidación judicial del Convenio elevada por el Ministerio del Interior es procedente, al margen de que el corte de cuentas que finalmente se efectúe no se acompase a los términos en los que se formuló la súplica en cuestión. En tal virtud, la Subsección liquidará judicialmente el Convenio materia de análisis en $0, puesto que los elementos de convicción aportados en esta contienda no revelan la existencia de saldos pendientes entre los extremos procesales, lo cual permite establecer que las entidades públicas cooperantes se encuentran a paz y salvo por todo concepto. Por cuenta de los razonamientos que anteceden, este reparo concreto objeto de estudio prospera, motivo por el cual se modificará la parte resolutiva de la sentencia de primer grado y, en su lugar, se dispondrá acceder de forma parcial a las pretensiones de la demanda, en el sentido de liquidar judicialmente en $0 el Convenio sobre el que versó este proceso, mientras que las demás súplicas del escrito inicial serán denegadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la liquidación judicial del contrato o convenio, consultar sentencia de 2 de junio de 2023, Exp. 69331, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿No procede la condena en costas por prosperidad parcial del recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia, toda vez que el recurso de apelación formulado por el Ministerio del Interior fue resuelto de forma parcialmente favorable a sus aspiraciones, hipótesis que, en virtud de lo previsto en el artículo 365-1 del CGP95 -aplicable en virtud de la remisión normativa consignada en el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021-, habilita al juzgador para adoptar una determinación en el sentido que se propone.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47