Titulación de la relatoría 23.543 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONCILIACIÓN / CULPA GRAVE / DOLO / AGENTE DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (…).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142 INCISO 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1668 INCISO 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1670
SUBROGACIÓN DE LA LEY / SUBROGACIÓN DEL PAGO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / ENTIDAD PÚBLICA / PAGO DE LA CONDENA / PERJUICIOS / DOLO / CULPA GRAVE / SERVIDOR PÚBLICO / EXSERVIDOR PÚBLICO / INPEC / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Tiene legitimación en la causa por activa el demandante en cuanto fue la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, esto, en razón a la subrogación legal, así mismo, está legitimado en la causa por pasiva el demandado, dado que fue el servidor público que, según la demanda, con su conducta gravemente culposa o dolosa dio lugar a la indemnización del Estado, proveniente de una condena judicial, excepto la jefe de división de gestión humana de la entidad demandante para la época de los hechos que se demanda, debiendo declararse su falta de legitimación en la causa por pasiva?
Respuesta al problema jurídico: Si
Legitimación en la causa. (…) La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, en nombre del deudor, la cual puede tener origen en la Iey o en el acuerdo de voluntades (arts. 1630, 1666, 1667 y 1668 CC). Por virtud de la Iey o el contrato, quien pagó la obligación se subroga en todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas que tenía el antiguo acreedor contra el deudor principal, como contra terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda (art. 1670 CC). De modo que, por transmisión o traspaso de los derechos del acreedor viene a ocupar su Iugar (subrogación legal o convencional), pues la deuda no se extingue y solo cambia al acreedor. El articulo 90 CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. Se trata, pues, de un evento de subrogación legal, en virtud del cual la entidad tiene derecho a repetir lo pagado por ministerio de la Iey contra el servidor público que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio origen a la condena contra el Estado. El INPEC está legitimado en la causa por activa, pues fue la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una condena judicial. Con ocasión de este pago se subrogó en los derechos y privilegios del tercero afectado con la conducta que califica como gravemente culposa del servidor público (…) está legitimado en la causa por pasiva, pues fue el servidor público que, según la demanda, con su conducta gravemente culposa dio lugar a la indemnización por el Estado, proveniente de una condena judicial. Aquel era director general del INPEC para la época de los hechos, según da cuenta copia auténtica de los certificados de la subdirección de talento humano del INPEC (…). (…) jefe de la división de gestión humana de la entidad para la época de los hechos no está legitimada en la causa por pasiva, porque no expidió el acto administrativo declarado nulo ni participó en su expedición.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, ver, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de noviembre de 1935 [fundamento jurídico 8] en Gaceta Judicial, Tomo XLIII, no. 1904, p. 393.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1630, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1666, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1667, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1668, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1670
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Debe otorgarse valor probatorio a las copias simples allegadas al proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples se valorarán según el articulo 246 CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 211 CPACA.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 211, LEY 1564 DE 2011 - ARTÍCULO 246
PROVIDENCIA JUDICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / HECHO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Las providencias judiciales sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento?
Respuesta al problema jurídico: No
Las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales, pero no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento. Las sentencias del 7 de septiembre de 2009 y 2 de diciembre de 2010, proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y por la Sección Segunda del Consejo de Estado, serán valoradas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las providencias judiciales, ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, exp. 24844 [fundamento jurídico 3.3.3.2], C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / LEY 678 DE 2001 / HECHOS DE LA DEMANDA / SERVIDOR PÚBLICO / EXSERVIDOR PÚBLICO / EMPLEADO PÚBLICO / DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine, puesto que los hechos que produjeron la condena ocurrieron en vigencia de dicha norma?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 14 de diciembre de 2006, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es la Ley 678 de 2001 que entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial nº. 44.509, el 4 de agosto de 2001 La Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen enteramente por ella. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas «presunciones legales» (artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001) que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 CC. (…)
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, exp. 27006 [fundamento jurídico 2.2], C.P. Ruth Stella Correa Palacio y Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002 [fundamento jurídico 6], M.P. Clara Inés Vargas y sentencia C-778 de 2003 [fundamento jurídico 7], M.P. Jaime Araujo Rentería.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 243, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 5, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 66
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOLO / CULPA GRAVE / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Procede la acción de repetición siempre que se acredite la obligación reparatoria a cargo del Estado, el pago y la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La procedencia de la acción de repetición a más de la condición de servidor o exservidor público (…) requiere: (i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas.
NOTA DE RELATORÍA:
: Sobre los presupuestos para la procedencia de la acción de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, exp. 27006 [fundamento jurídico 2.1], C.P. Ruth Stella Correa Palacio y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, exp. 42183 [fundamentos jurídicos 12, 13 y 15]. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN / DAÑO ANTIJURÍDICO / DOLO / CULPA GRAVE / ENTIDAD ESTATAL / SERVIDOR PÚBLICO / CONDENA JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / INPEC / COPIA AUTÉNTICA DE LA SENTENCIA / SENTENCIA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Se acreditó la obligación reparatoria a cargo del Estado por la ocurrencia de un daño antijurídico, en cuanto se condenó al INPEC a pagar los salarios y prestaciones dejados de devengar por el dragoneante retirado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo. La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, conforme al artículo 2 de la Ley 678 de 2001. Está acreditado que el 2 de diciembre de 2010, la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia del 7 de septiembre de 2009 y anuló la Resolución nº. 3546 del 30 de septiembre de 2003, que retiró del servicio a (…), y condenó al INPEC a pagarle los salarios y prestaciones dejados de devengar, según da cuenta copia auténtica de la providencia (…).
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INPEC
Problema jurídico:
¿Se acreditó el pago de la obligación reparatoria por parte del INPEC?
Respuesta al problema jurídico: Si
Segundo presupuesto: El pago (...) El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC). Está acreditado que la entidad demandante pagó la condena impuesta por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 2 de diciembre de 2010 (…)
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1626, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1627
ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / INPEC / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / ASISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO AL SITIO DE TRABAJO / MEDIOS DE PRUEBA / SENTENCIA JUDICIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / VIOLACIÓN DE LA LEY / VIOLACIÓN DE LA NORMA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DE LA LEY / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / INTERPRETACIÓN DE LA LEY / RETIRO FORZOSO DEL SERVIDOR PÚBLICO / EDAD DE RETIRO FORZOSO / PENSIÓN DE JUBILACIÓN / COSA JUZGADA / EFECTOS DE LA COSA JUZGADA / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / EFECTO ERGA OMNES / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El demandado desvirtuó la presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente. (…) Como el régimen sustantivo de esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, se aplican las «presunciones legales» previstas en los artículos 5° y 6° de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas «presunciones» inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado. Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba, una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que «presumen» el dolo o la culpa grave, el demandado tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la «presunción». De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar, si no obstante configurarse alguna de las «presunciones», el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. El juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de «presunciones» previstos por el legislador. (…) Las «presunciones legales» de dolo o culpa grave, previstas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, corresponden a un juicio lógico del legislador, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de otro debidamente probado. Esa presunción no excluye la posibilidad de que exista un error en el razonamiento del hecho del cual se parte para obtener una deducción o en el hecho probado cuando resulte falso o inexacto. Por eso, el demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la «presunción legal», aun cuando fueren ciertos los antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley, como también cuando éstos terminen siendo falsos. En eventos de acción de repetición por la expedición de un acto administrativo, la declaración de nulidad del acto no implica automáticamente la responsabilidad patrimonial del servidor público. Pues, se reitera, el servidor público puede aportar pruebas que desvirtúen la presunción. Las sentencias del proceso contencioso administrativo se convierten, por mandato de la ley, en piezas procesales determinantes para establecer la responsabilidad patrimonial del exservidor público, sin perjuicio de que el agente aporte medios de prueba tendientes a desvirtuar la «presunción legal». La presunción de culpa grave del numeral 1º del artículo 6, por violación manifiesta e inexcusable de normas derecho, se configura cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. (…) La Sala ha sostenido que, si un agente estatal se fundamenta en un criterio jurisprudencial que avala su comportamiento, su conducta no puede calificarse de «gravemente culposa» o «dolosa», pues está soportada en una interpretación jurídica del sentido y alcance de las normas que gobiernan la materia, con pronunciamientos judiciales que la respaldaban. Al resolver la acción de repetición, se debe hacer un nuevo juicio de valor sobre el actuar del agente, y ello supone no descartar las razones jurídicas que acompañaron una decisión. (…) Según la demanda, (…) exdirector general del INPEC–, al expedir el acto de retiro del servicio del dragoneante (…), actuó con culpa grave porque infringió de forma directa la Constitución y la ley (art. 6.1 Ley 678 de 2001). Alegan que el exservidor expidió el acto administrativo con fundamento en una norma que no aplicaba al empleado (art. 9.3. Ley 797 de 2003) y desconoció su derecho a permanecer en la institución hasta la edad de retiro forzoso (art. 150 de la Ley 100 de 1993). Conforme a las pruebas, (…), por Resolución nº. 3546 de 2003, retiró del servicio a (…) porque en 1993 se le había reconocido pensión de jubilación, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 797 de 2003. El 2 de diciembre de 2010, el Consejo de Estado anuló esa resolución, al considerar que, según el criterio jurisprudencial del 2010 que modificó su postura del 2005, la causal de retiro del servicio por pensión de jubilación –prevista en el artículo 9.3. de la Ley 797 de 2003– no aplicaba a (…) porque se le había reconocido pensión antes del 29 de enero de 2003. De modo que, el trabajador podía permanecer en el empleo hasta la edad de retiro forzoso [núm. 13.6, 15 y 16]. La Sala advierte que, según las pruebas, el demandado fundamentó el acto de retiro en una norma vigente (pará. 3, art. 9 Ley 797 de 2003), que fue declarada exequible por la Corte Constitucional unos meses después de la expedición del acto. En 2005, la Sección Segunda adoptó el criterio que el demandado aplicó en el acto de retiro, pero, en 2010, rectificó su postura y anuló el acto de retiro. El demandado, según las pruebas, soportó su decisión en una interpretación jurídica del sentido y alcance de normas vigentes y, con ello, desvirtuó la presunción de culpa grave por violación «manifiesta e inexcusable» de las normas de derecho, o «inexcusable» omisión o extralimitación de sus funciones. (…) No se están desconociendo los efectos de cosa juzgada de la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que anularon el acto de insubsistencia. La Sala reitera que el objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es determinar la responsabilidad del Estado por el daño causado con un acto que es demandado, juicio en el cual la antijuridicidad de la conducta que causó el daño es inane a su estructuración. Mientras que, en la acción de repetición, ese es el elemento fundamental de la responsabilidad del agente o ex agente del Estado en contra del cual se dirige la acción, dado que sólo cuando esa conducta ha sido dolosa o gravemente culposa, habrá lugar a declarar la responsabilidad del demandado. Por ello, la sentencia que declara la nulidad de un acto tiene efectos de cosa juzgada erga omnes en cuanto a la nulidad del acto administrativo y la sentencia en procesos de restablecimiento del derecho aprovecha a quien interviene en ese proceso y obtiene la declaración a su favor (art. 332 CPC y 175 CCA, hoy art. 303 CGP y 189 CPACA). Aunque la sentencia del Consejo de Estado consideró que el acto de retiro vulneró el principio de favorabilidad y aplicó normas que no regulaban el caso de (…), el demandado, en este proceso, desvirtuó la presunción de culpa grave del artículo 6.1 de la Ley 678 de 2001. Por ello, se negarán las pretensiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, exp. 40755 [fundamento jurídico 14], C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, exp. 34816 [fundamento jurídico 3.2.3], C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, exp. 40755 [fundamento jurídico 15], C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2013, exp. 27835 [fundamento jurídico 16], C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; sentencia del 19 de diciembre de 2017, exp. 49194 [fundamento jurídico 15], C.P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia del 9 de julio de 2018, exp. 51271 [fundamento jurídico 16], C.P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia del 1 de octubre de 2018, exp. 56401 [fundamento jurídico 16], C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 18270 [fundamento jurídico 2.2.3], C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia del 19 de agosto de 2009, exp. 34606 [fundamento jurídico 2.2.3.2], C.P. Ruth Stella Correa. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002 [fundamento jurídico 4], C.P. Jaime Córdova Triviño; sentencia C-455 de 2002 [fundamento jurídico 6] C.P. Marco Gerardo Monroy y Corte Constitucional, sentencia C-1037 de 2003 [fundamento jurídico 3, 8 y 11], M.P. Jaime Araujo Rentería.
FUENTE FORMAL:
LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 150, LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 9.3
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CURADOR AD LITEM / DESIGNACIÓN DE CURADOR AD LITEM / DEFENSOR DE OFICIO / DESIGNACIÓN DE DEFENSOR DE OFICIO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Procede fijar agencias en derecho en el proceso de repetición a favor del demandado, en cuanto el mismo fue representado por curadora ad litem?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 188 CPACA, dispone que, salvo aquellos procesos en los que ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas. En consonancia, el artículo 365.1 CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. La Sala no fijará agencias en derecho de segunda instancia, porque el demandado estuvo representado por curadora ad litem (…), que desempeñó el cargo en forma gratuita como defensor de oficio (art. 48.7 CGP).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4