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¿El Juzgado de primera instancia incurrió en error de interpretación del artículo 1º del Decreto 392 de 2018 y desconoció el principio de selección objetiva al encontrar que el acto de adjudicación no adolecía de nulidad por otorgar puntaje ponderable a una certificación de planta de personal expedida antes de la fecha de cierre del proceso de selección? No
El contratista no puede ser privado del puntaje adicional previsto en el artículo 1º del Decreto 392 de 2018 por presentar una certificación de planta de personal expedida antes de la fecha de cierre del proceso de selección, siempre y cuando dicha certificación permita verificar objetivamente el cumplimiento del requisito de tener trabajadores con discapacidad en la planta de personal. La Sala establece que la norma no impone que el documento deba expedirse exactamente el mismo día del cierre, sino que busca garantizar que la entidad contratante cuente con información cierta y verificable sobre la situación laboral del proponente al momento de la evaluación. En el caso concreto, el contratista aportó una certificación del revisor fiscal que indicaba el número total de trabajadores y aquellos en condición de discapacidad, certificación respaldada por el Ministerio de Trabajo, lo que permitió verificar el cumplimiento del requisito en su esencia. La Sala reitera que en materia de contratación estatal se debe dar aplicación al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre lo meramente formal, lo que implica que no se puede rechazar una propuesta por la ausencia de requisitos meramente formales.síntesis automática
También resuelve:¿Puede o no el juez acudir o no a la Real Academia Española para precisar el significado de palabras o expresiones de una norma?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2022-02-25Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000232600020020129001ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer sobre la apelación de autos interlocutorios? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación de autos interlocutorios en virtud del artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, que establece que el recurso de reposición procede contra los autos interlocutorios no susceptibles de apelación, siendo decidido por el Despacho conforme al artículo 146A del mismo código. Además, el artículo 311 del Código Contencioso Administrativo determina que la firmeza de las providencias solo se produce una vez ejecutoriado el auto que resuelva la solicitud de aclaración o complementación, lo que permite que el recurso sea interpuesto oportunamente. La interpretación literal del Decreto 212 de 2018, que cambia el reparto de competencias establecido en los Decretos 655 de 2011 y 445 de 2015, confirma que la Secretaría de Hacienda del Distrito es competente para la representación judicial en los procesos iniciados antes del 1 de enero de 2012, mientras que la Secretaría de Movilidad asume esa responsabilidad para los procesos posteriores a dicha fecha. Esta regla implica que las entidades estatales deben ajustarse a las disposiciones legales vigentes para ejercer sus competencias en la representación judicial.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2025-09-05Sección Tercera (Subsección A)MARÍA ADRIANA MARÍNRad. 11001032600020250005000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El arbitraje internacional basado en la Ley Modelo de Arbitraje Internacional de UNCITRAL, establece que las cuestiones no resueltas expresamente en la ley, se deben dirimir con base en los principios generales en los que la misma se fundamenta? Sí
El arbitraje internacional basado en la Ley Modelo de Arbitraje Internacional de UNCITRAL establece que las cuestiones no resueltas expresamente en la ley se deben dirimir con base en los principios generales que la fundamentan, como el origen internacional y la buena fe, lo que implica que las partes y los tribunales deben actuar de manera honesta y justa en el marco de la ley. La Ley 1563 de 2012, que regula el arbitraje internacional en Colombia, no incluye la posibilidad de que la entidad estatal demandada solicite la suspensión del laudo arbitral internacional, diferenciándolo del arbitraje nacional. Por lo tanto, la Sala determina que no le asiste competencia legal para suspender un laudo arbitral internacional en el marco del recurso de anulación, lo que reitera la importancia de respetar la regulación específica del arbitraje internacional y los principios que lo rigen.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la suspensión del Laudo arbitral Internacional?, por la interposición y trámite del recurso de anulación?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-08-30Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020230010300CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
Debe entenderse que la finalidad del artículo 3 de la Ley 2161 de 2021, al incrementar en 2 puntos porcentuales la contribución que pasó del 50% al 52% es compensar la posible afectación a los recursos de la salud por el descuento del 10% concedido a los propietarios de los vehículos que registran un buen comportamiento vial por no reportar siniestros que afecten la póliza del SOAT y haber renovado la misma de manera oportuna, según el artículo 2 ibidem? No
Ni del texto de la norma ni de la aplicación de los métodos de interpretación histórico y teleológico, debe entenderse que la finalidad del artículo 3 de la Ley 2161 de 2021 es la de compensar la posible afectación a los recursos de la salud por el descuento del 10% concedido a los propietarios de los vehículos que registran un buen comportamiento vial por no reportar siniestros que afecten la póliza del SOAT y haber renovado la misma de manera oportuna.
Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de apelación2024-10-23Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020170240403LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado conocerá en segunda instancia de las apelaciones contra autos susceptibles de este medio de impugnación? Sí
De acuerdo con el artículo 150 y 243-7 del CPACA, el Consejo de Estado conocerá en segunda instancia de las apelaciones contra autos susceptibles de este medio de impugnación. El despacho es competente para conocer y resolver este asunto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 ibídem. Los recursos de apelación interpuestos y sustentados el 13 y 15 de marzo de 2024, son oportunos, toda vez que la providencia impugnada se notificó por estado el 12 de marzo de 2024 y, por ende, el término previsto [en] el artículo 244 del CPACA, transcurrió entre el 13 y 15 del mismo mes y año.
También resuelve:¿El auto que niega la solicitud de contradicción al contra dictamen consistente en la comparecencia del perito a audiencia para interrogarlo, no se encuentra consagrado en el artículo 243 del CPACA?¿Negar la solicitud de comparecencia del perito para ser interrogado, no se asimila a negar la práctica de la prueba, en tanto…¿El despacho rechazará por improcedentes los recursos de apelación interpuestos por las sociedades demandadas?
¿Es procedente la declaración de nulidad absoluta parcial de contrato de concesión minera porque en el momento en que se suscribió no existían normas que prohibieran la minería en el área otorgada en concesión, ni tampoco limitantes que comprometieran la capacidad jurídica de la sociedad demandante? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la nulidad absoluta parcial de un contrato de concesión minera no procede cuando, al momento de su celebración, no existían normas que prohibieran la actividad minera en el área otorgada ni limitaciones que comprometieran la capacidad jurídica de la sociedad contratante. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la validez del contrato se examina con el régimen jurídico vigente al momento de su suscripción, y no con normas posteriores que restrinjan la actividad. Segunda, la falta de incapacidad o de prohibición en esa fecha impide declarar la nulidad de la totalidad del contrato y, como consecuencia, la extinción de las obligaciones pactadas. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no accede a la nulidad total pedida en la apelación. En la práctica, quien pretenda anular un contrato minero debe demostrar la existencia de una causal de nulidad vigente al momento de la celebración, y no basta invocar restricciones sobrevinientes.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia cuando en el proceso se ventiló un interés público?
Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión2021-12-10Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 66001233300020170034101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaratoria de nulidad de un contrato afecta la existencia de la cláusula compromisoria? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden acordar una cláusula compromisoria en un contrato que les permita someter a arbitraje controversias surgidas o que puedan surgir entre ellos, independientemente de la existencia, validez o nulidad del contrato principal. Esta autonomía de la cláusula compromisoria, establecida en el artículo 5 de la Ley 1563 de 2012, implica que la cláusula sigue siendo válida incluso si se declara la nulidad del contrato, ya que se trata de dos negocios jurídicos distintos. Esta regla reitera la autonomía del pacto arbitral y permite que las controversias sean resueltas por la justicia arbitral, independientemente del destino del contrato principal, facilitando así la resolución de conflictos en el ámbito contractual.síntesis automática
¿Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público? Sí
En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”, de igual manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 permitió que la Altas Cortes y los Tribunales elaboraran un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia.
También resuelve:¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, pese a que con éste se persiga un interés público?¿Resulta procedente condenar en costas a la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, pero únicamente respecto de los demandados que acreditaron la causación de agencias en derecho al…
Sentencia — Sentencia2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020240004500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La ausencia de motivación afectó la totalidad de las resoluciones adoptadas en el laudo? Sí
El contratista puede anular un laudo arbitral cuando la decisión carece de fundamentación jurídica y los árbitros resuelven la controversia invocando principios generales del derecho sin relacionarlos con el caso concreto ni con la normativa contractual. En este caso, los árbitros declararon que el contrato era exigible y que el municipio había violado principios de buena fe y confianza legítima, pero no explicaron cómo estas violaciones afectaban la vigencia del contrato ni cómo se relacionaban con las disposiciones legales aplicables. Además, los árbitros no revocaron una medida cautelar que suspendía el procedimiento administrativo, a pesar de que la convocante había solicitado su suspensión. La Sala anuló el laudo por falta de motivación, ordenando que los árbitros reembolsen la segunda mitad de los honorarios recibidos, en conformidad con el artículo 48 del Estatuto Arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo carece de fundamentación jurídica, razón por la cual se declarará la nulidad de la decisión arbitral?¿El laudo permite ver que carece de motivación jurídica y por ende incurre en la causal de fallo en conciencia?¿Los árbitros invadieron la órbita de la Administración Pública, se pronunciaron y adoptaron disposiciones sobre un procedimiento administrativo en curso?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de los procesos de repetición adelantados contra representantes legales de entidades del orden nacional, como es el caso del rector de la Universidad Popular del Cesar? Sí
Los procesos de repetición que el Estado promueve contra representantes legales de órganos y entidades del orden nacional se conocen en única instancia por la corporación que señala el numeral 13 del artículo 149 del CPACA. La regla se apoya en la enumeración expresa de los funcionarios cuya responsabilidad se somete a esa competencia, lo que delimita el factor de conocimiento por la calidad del demandado. Por ello, la competencia no depende de la naturaleza del asunto sino de la clase de cargo que ocupaba el servidor al momento de los hechos. En el asunto, la demanda de repetición se dirigió contra el rector de una universidad, quien por la época de los hechos ejercía esa función, y la subsección asumió la competencia para conocer del proceso. La Sala negó las pretensiones de la demanda en ese contexto. En la práctica, el factor de competencia de la repetición debe verificarse según el cargo del demandado al momento de los hechos antes de determinar el juez que la tramita.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó oportunamente la demanda de repetición frente a las 23 pretensiones instauradas contra el rector de la la Universidad Popular del Cesar?¿Las hipótesis sobre la conducta del agente del Estado contenidas en los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, constituyen presunciones legales que admiten prueba en contrario?¿Debe condenarse patrimonialmente al rector de la Universidad Popular del Cesar por declarar insubsistentes, mediante actos administrativos no motivados…
¿La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo? Sí
La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo… .
También resuelve:¿Tiene legitimación en la causa por activa el demandante en cuanto fue la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa…¿Debe otorgarse valor probatorio a las copias simples allegadas al proceso?¿Las providencias judiciales sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, sobre asuntos derivados de contratos de concesión mineros? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los asuntos derivados de contratos de concesión minera cuando el acto proferido en su ejecución emana de una agencia estatal de naturaleza especial, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se apoya en que esa agencia tiene carácter público y en que el artículo 293 de la Ley 685 de 2001 asigna el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos a la jurisdicción. Con base en ello, el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia la apelación contra la sentencia del tribunal, conforme al artículo 150 del CPACA. En el caso, la resolución de la agencia minera se dictó en la ejecución de un contrato de concesión, y la sentencia de primera instancia se confirma. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, las resoluciones de la agencia minera dictadas en la ejecución de un contrato de concesión son controlables ante la jurisdicción contencioso administrativa, y su apelación corresponde a esta Corporación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la anulación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la notificación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión…¿La Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Minería, adolece de una falta de competencia temporal, por el hecho de que, en su criterio…
¿El derecho vigente al momento de la expedición del acto administrativo es el parámetro con el que se debe evaluar la legalidad, por ello el precedente señalado por el juez a quo, referente a que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como parámetro de concreción del contenido y alcance del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 era el vigente al momento en que la administración resolvió declarar la caducidad del contrato? Sí
El contratista puede cuestionar la legalidad de un acto administrativo que declare la caducidad de un contrato estatal si este se expidió bajo una interpretación del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 que ya había sido superada por la jurisprudencia vigente al momento de su expedición. La Sala establece que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se extiende durante toda la vigencia del contrato, incluida la etapa de liquidación, y no se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como sostuvo un precedente judicial citado por la administración. Este precedente no constituye un parámetro adecuado para evaluar la legalidad del acto administrativo en cuestión, ya que su ratio decidendi no abordó el límite temporal de la competencia para declarar la caducidad. La regla reitera la jurisprudencia pacífica de la Sala, garantizando el derecho de igualdad y los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima.síntesis automática
También resuelve:¿En garantía del derecho de igualdad ante la ley, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima…¿El límite temporal para hacer uso de la facultad de declarar la caducidad del contrato, viene dado por los supuestos materiales que la ley ha dispuesto para su ejercicio, en tanto…
¿El medio de control de repetición se constituye como mecanismo legal para que la entidad condenada por razón de una conducta realizada por un funcionario o ex funcionario suyo, pueda solicitar el reintegro de lo que pagó? Sí
La acción de repetición tiene por propósito que la entidad condenada obtenga el reintegro de lo pagado por un daño antijurídico causado por conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público, o de un particular investido de función pública, y que se fundamenta en el mandato del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución. Una razón es que el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, creó la figura para que la entidad pudiera pedir al agente el reintegro de lo pagado como consecuencia de una sentencia o conciliación. Otra razón es que la Ley 678 de 2001 desarrolló esa figura y la definió como acción de carácter patrimonial, cuyo elemento central es la vinculación subjetiva del agente con el daño a título de dolo o culpa grave. En el caso, la Sala modificó la sentencia de primera instancia, reconociendo la repetición como el mecanismo idóneo para que la entidad condenada recupere el pago. Su consecuencia práctica es que el mecanismo de repetición solo busca recuperar lo pagado cuando el agente actuó con dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿Las normas sustanciales aplicables para valorar la conducta de los agentes del Estado demandados en repetición, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público…¿Resulta procedente la adecuación del medio de control de repetición al de controversias contractuales de regreso, por las indemnizaciones que haya pagado la entidad demandante como consecuencia de…¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, al tratarse de una acción de regreso en la que el INVIAS pretende el reembolso de las indemnizaciones que ha debido pagar…
Sentencia — Sentencia2022-05-31Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020210025000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en virtud de controversias contractuales en las que una entidad pública es parte? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por entidades públicas o por quienes desempeñen funciones administrativas, conforme al artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 y el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza jurídica de la entidad pública y en la autonomía presupuestal que le confiere la ley. El recurso de anulación es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, limitándose el juez a cuestionar la decisión arbitral únicamente por errores in procedendo, sin poder intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo. Para el estudio de fondo del recurso, es necesario que se invoquen y sustenten en debida forma las causales taxativamente previstas en la ley, lo que implica que el juez no puede ampliar su discrecionalidad más allá de estas causales.síntesis automática
También resuelve:¿La naturaleza excepcional, restrictiva y extraordinaria del recurso de anulación contra laudo arbitral delimita al juez de lo contencioso administrativo a cuestionar la decisión arbitral únicamente…¿Para el estudio de fondo del recurso de anulación contra laudo arbitral es necesario que se invoquen y sustenten en debida forma las causales que taxativamente están previstas en la ley?¿Cuáles son los efectos procesales de la prosperidad de la causal octava de anulación del laudo arbitral?
Aclaración voto — Aclaración de voto2022-03-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020210012300RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL
¿Las reglas jurisprudenciales tienen fuerza vinculante para los jueces, incluyendo los árbitros? Sí
Conforme con las disposiciones legales del CPACA, el Consejo de Estado tiene competencia de adoptar providencias de unificación, las cuales tienen por objeto interpretar las disposiciones legales lo que implica también establecer la regla que permita resolver el caso concreto cuando existan lagunas normativas.… Y la aplicación de estas reglas jurisprudenciales no solo puede exigirse mediante el recurso de apelación sino mediante el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia el cual procede “cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.
También resuelve:¿Los árbitros están obligados a aplicar las disposiciones legales y a respetar la fuerza vinculante de las reglas jurisprudenciales?¿El tribunal de arbitramento podía apartarse de la regla jurisprudencial sentada por el Consejo de Estado respecto de la caducidad de las pretensiones en la reforma de la demanda?
¿Ante la existencia de criterios disímiles entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la obligatoriedad o no de motivar el acto administrativo que retira del servicio a un empleado en provisionalidad, qué criterio debe tenerse en cuenta para el estudio de la culpa grave en el medio de repetición? Sí
Con el respeto que profeso por las decisiones que adopta la Sala, me permito manifestar las razones que me llevan a aclarar el voto, pues si bien acompaño el sentido de la sentencia del 18 de febrero de la presente anualidad, no comparto la valoración de la conducta del demandado que se realizó en la providencia, en relación con la excusabilidad de las normas de derecho que debía observar el demandado, con base en que no existía un criterio pacífico entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la motivación del acto administrativo que declaraba insubsistente un nombramiento de un empleado que ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad.… Me aparto de lo expuesto, toda vez que consideró que no fue acertada la lectura del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 que se efectuó, puesto que en esa disposición se hace referencia expresa “al empleo” que se ocupa para efectos de motivar el acto…
¿La condena en costas en vigencia del CPACA requiere de una valoración subjetiva de la conducta de las partes, por lo que, en el caso concreto, no había lugar a su imposición, por cuanto la demanda no careció manifiestamente de fundamento legal, así como tampoco se advirtió una conducta temeraria o de mala fe por parte del apelante? Sí
La posición mayoritaria de la Subsección, a la luz de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 188 del CPACA, aplicó un criterio objetivo, con el fin de condenar en costas en esta instancia. Sin embargo, el inciso segundo del artículo antedicho, introducido por la Ley 2080 de 2021, alude a la manifiesta carencia de fundamento como requisito para condenar en costas, y ello se refuerza por la expresión “en todo caso”, que debe ser entendida como una exigencia para que se valore siempre si la demanda carecía manifiestamente de fundamento y, solo cuando la respuesta sea afirmativa, procederá la condena en costas. Para armonizar la interpretación de ambos incisos (considerando el envío normativo que el primero efectúa al CGP), es necesario auscultar la exposición de motivos del proyecto que dio lugar a la citada Ley 2080 de 2021… .
¿Exige el principio de legalidad que el reconocimiento y alcance de las competencias o prerrogativas públicas se circunscriba a lo expresamente otorgado por el ordenamiento jurídico, con delimitación frente a facultades adicionales como la imposición de la cláusula penal? Sí
El principio de legalidad exige que el reconocimiento y el alcance de las competencias y prerrogativas de las autoridades públicas se circunscriban estrictamente a lo expresamente otorgado por el ordenamiento jurídico superior, sin que sea admisible la existencia de facultades o competencias implícitas. Con sustento en los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, cuando una norma otorga una prerrogativa específica como la declaratoria de siniestro, el juez está obligado a darle el alcance literal asignado sin ampliarla para comprender en ella la imposición autónoma de la cláusula penal.síntesis automática
También resuelve:¿Exige la habilitación normativa expresa la imposición de la cláusula penal por parte de empresas de servicios públicos, pese a la competencia para declarar la caducidad y la aplicación del artículo…¿Exige la distinción conceptual entre siniestro, daño y perjuicio diferenciar la declaratoria del siniestro de la imposición de la cláusula penal o de la tasación de perjuicios?¿Exige la interpretación restrictiva de las prerrogativas en el régimen de servicios públicos que la declaratoria del siniestro se limite a su alcance propio y no incorpore la imposición de la…
¿El precedente jurisprudencial se refiere, en general, a toda decisión judicial que sea relevante para tomar otra decisión, la cual puede ser de dos tipos: un precedente legislativo, que genera una regla general y abstracta; y un precedente de aplicación del caso, que resuelve un caso en la forma como ha sido decidido los casos anteriores? Sí
La noción de precedente puede aplicarse, en general, a toda decisión judicial que sea relevante para tomar otra decisión y se refiere también a dos tipos de precedente: (i) un precedente denominado legislativo, en el cual la Corte enuncia una regla general y abstracta con base en la cual se decide el caso concreto y deben decidirse los casos futuros que tengan supuestos fácticos similares mediante una aplicación deductiva; este modelo se acerca a la noción de jurisprudencia de los sistemas de derecho escrito; y (ii) un precedente de aplicación del caso, en el cual la Corte simplemente resuelve un caso en la forma como ha sido decidido los casos anteriores teniendo en cuenta similitudes y diferencias mediante la aplicación de un método principalmente inductivo, que se acerca más a la noción de precedente del derecho anglosajón… .
También resuelve:¿El Consejo de Estado tiene la facultad para adoptar reglas generales en las que interpreten las disposiciones legales o llenen lagunas normativas…¿La adopción de reglas de unificación jurisprudencial debe ser precisa y debe ser enunciada de manera expresa, indicando cómo deben interpretarse las disposiciones legales pertinentes…¿La regla de unificación que debió adoptarse en la sentencia no debió referirse a la calificación de los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios…