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Consejo de Estado Providencia

Acción de repetición: Sentencia

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Fecha
2022-05-04
Radicado
11001032600020160018700
Número interno
58501
Ponente
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR UPC
Demandado
RAUL ENRIQUE MAYA PABON

Síntesis de la providencia

Acción de repetición: Sentencia

Regla de decisión

En desarrollo de esta norma, la Ley 678 de 2001 dispone que la entidad estatal deberá repetir cuando la conducta del agente haya dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio, quien debe ser condenado de acuerdo con su participación en la producción del daño.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede ejercer la acción de repetición para recuperar el valor de la reparación patrimonial que la entidad estatal tuvo que asumir por la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes, ya que estas sumas no constituyen un daño en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, sino que corresponden a la remuneración por los servicios prestados y no implican una alteración de las condiciones preexistentes. Además, la indexación o actualización monetaria de las sumas pagadas no se considera un daño, sino un reconocimiento basado en la equidad para mantener la capacidad adquisitiva del dinero en el tiempo. La pretensión de repetición debe fijarse según el valor total y neto de la condena impuesta al Estado, sin incluir los intereses causados después de la ejecutoria de la sentencia. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, estableciendo criterios precisos para determinar la procedencia de la acción de repetición en casos de responsabilidad patrimonial del Estado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Procede la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal pretende recuperar el valor de la reparación patrimonial que tuvo que asumir por la conducta dolosa o gravemente culposa cometida por uno de sus agentes?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

En los términos del artículo 90 de la C.P., la acción de repetición es procedente para recuperar el valor de la reparación patrimonial que haya asumido el Estado por cuenta del daño causado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. En desarrollo de esta norma, la Ley 678 de 2001 dispone que la entidad estatal deberá repetir cuando la conducta del agente haya dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio, quien debe ser condenado de acuerdo con su participación en la producción del daño.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 6.266 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / ENTIDAD ESTATAL / PRODUCCIÓN DEL DAÑO / SENTENCIA CONDENATORIA Problema jurídico: ¿Procede la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal pretende recuperar el valor de la reparación patrimonial que tuvo que asumir por la conducta dolosa o gravemente culposa cometida por uno de sus agentes? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos del artículo 90 de la C.P., la acción de repetición es procedente para recuperar el valor de la reparación patrimonial que haya asumido el Estado por cuenta del daño causado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. En desarrollo de esta norma, la Ley 678 de 2001 dispone que la entidad estatal deberá repetir cuando la conducta del agente haya dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio, quien debe ser condenado de acuerdo con su participación en la producción del daño. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 DIFERENCIA DEL SALARIO / PRESTACIONES SOCIALES / SEGURIDAD SOCIAL / DAÑO / REMUNERACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO / REMUNERACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO / ENTIDAD PÚBLICA / PAGO DE LA CONDENA / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPUTACIÓN / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD / FUNCIONARIO PÚBLICO / EMPLEADO PÚBLICO / INTERÉS MORATORIO / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE DAÑO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / DOBLE ASIGNACIÓN DEL TESORO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Las sumas de dinero que se paguen por concepto de diferencia salarial, prestacional y de aportes a seguridad social corresponden a la remuneración por los servicios que prestó a la entidad el funcionario público, por lo cual, no constituyen un daño, como en el caso concreto? Respuesta al problema jurídico: Si Las sumas pagadas a (…) por concepto de la diferencia salarial, prestacional y de aportes a seguridad social no constituyen un daño en los términos del artículo 90 de la C.P., porque corresponden a la remuneración por los servicios que efectivamente el funcionario prestó a la entidad. El pago no implicó una alteración de las condiciones preexistentes debido a que cuando el señor (…) desempeñó las funciones de profesional especializado 2028-19 encargado de la División Administrativa y Financiera, la entidad debía pagarle la contraprestación correspondiente. (…) [Así mismo] Sobre la condena contra la (...) en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (…) La entidad no le imputó al demandado el daño por haberle asignado al señor (…) las funciones de jefe de la División Administrativa y Financiera, sino exclusivamente por la falta de pago. De hecho, esa asignación tuvo lugar antes de que el accionado fuera nombrado rector (…) No se demostró que hubiera existido una doble erogación, debido a que, según lo decidido por los jueces de nulidad y restablecimiento del derecho, el valor a reconocer a favor del funcionario solo comprendía aquellas sumas que no hubieran sido percibidas por la titular del cargo. (…) En las sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no se ordenó el reconocimiento de intereses moratorios previos a la sentencia, que hubieren sido causados por la falta de pago de la diferencia salarial y prestacional, ni se condenó en costas a la UPC. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INDEXACIÓN / CONCEPTO DE INDEXACIÓN / INDEXACIÓN DE LA CONDENA / RECONOCIMIENTO DE LA INDEXACIÓN / DAÑO / INEXISTENCIA DE DAÑO / CORRECCIÓN MONETARIA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / PERJUICIOS / PRINCIPIO DE EQUIDAD Problema jurídico: ¿La indexación o actualización monetaria que se realiza a las sumas pagadas no constituye un daño, al contrario, es un reconocimiento que se funda en la equidad, con el objetivo de evitar que el acreedor sufra perdidas por el paso del tiempo? Respuesta al problema jurídico: Si La indexación de las sumas pagadas no es un daño porque, como una modalidad de la corrección monetaria, su objetivo es mantener la capacidad adquisitiva del dinero en el tiempo. La actualización, entonces, garantiza que el valor de las sumas pagadas sea el mismo que tenían esas sumas en el momento en que se causaron. En este sentido, la jurisprudencia ha dejado de referirse a la actualización como un perjuicio para, en cambio, exponer que se trata de un reconocimiento fundado en la equidad con el que se evita que el acreedor sufra una pérdida por el solo paso del tiempo NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2006, exp. 41298310300219980030801. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo. ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / INTERÉS MORATORIO / SENTENCIA CONDENATORIA / ENTIDAD PÚBLICA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO Problema jurídico: ¿La pretensión de repetición debe fijarse según el valor total y neto de la condena que se impuso al Estado, sin tomar en cuenta los intereses que se lleguen a causar? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l pago de intereses moratorios sobre la condena es un perjuicio que no fue causado por el demandado. (…) [E]n las sentencias condenatorias no se condenó a la entidad a pagar intereses causados antes del fallo; solo se dispuso el pago de los intereses previstos por el artículo 177 del CCA, que se generan después de la ejecutoria de la sentencia. La causa de este pago es el tiempo que le tomó a la entidad satisfacer la condena impuesta en la sentencia del (...) mas no el oficio proferido por el demandado que fue declarado nulo. Es por esto que el parágrafo del artículo 11 de la Ley 678 de 2001 dispone que la pretensión de repetición debe fijarse según el valor total y neto de la condena impuesta al Estado, sin tomar en cuenta el valor de los intereses que se llegaren a causar. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
Texto extraído del PDF oficial 17.341 caracteres
Radicado: 11001-03-26-000-2016-00187-00 (58501) Demandante: Universidad Popular del Cesar 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022) Referencia: Repetición única instancia – Ley 1437 de 2011 Radicación: 11001-03-26-000-2016-00187-00 (58501) Demandante: Universidad Popular del Cesar (UPC) Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la Ley 678 de 2001. Se niegan las pretensiones porque el pago que se pretende repetir no proviene de un daño imputable al demandado. SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver, en única instancia, la demanda presentada por la Universidad Popular del Cesar (UPC) contra Raúl Enrique Maya Pabón. La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 1, debido a que el demandado fungió como representante legal de una entidad del orden nacional para la época de los hechos. Mediante auto del 7 de julio de 2021 el magistrado ponente dispuso adecuar el trámite para proferir sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 182A del CPACA . Por medio de auto del 8 de noviembre de 2021 se corrió traslado para alegar de conclusión . Las partes presentaron alegatos y el Ministerio Público rindió concepto. I. ANTECEDENTES A.- Posición de la parte demandante 1 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia establecido por el artículo 86 de esa ley. Radicado: 11001-03-26-000-2016-00187-00 (58501) Demandante: Universidad Popular del Cesar 2 1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 6 de diciembre de 2016 por la UPC. Se dirigió contra Raúl Enrique Maya Pabón (en adelante, el demandado) para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad el 24 de febrero de 2015 y el 28 de e nero de 2016, como consecuencia de la condena impuesta en la sentencia del 21 de agosto de 2012 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Valledupar, y confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo del Cesar el 3 de octubre de 2013. 2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas por la parte actora, se extrae que: 2.1.- Hugo Hernando González Camelo laboraba como profesional universit ario grado 2044, código 01, en la UPC. Al empleado se le asignaron las funciones de jefe de la División Administrativa y Financiera entre el 3 de febrero de 2009 y el 22 de febrero de 2010 por incapacidad de la titular del cargo. 2.2.- El señor González Camelo envió una comunicación al demandado en la que solicitó el pago del mayor valor por salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social que le correspondían como jefe de la División Administrativa y Financiera. El demandado se desempeñaba como rector de la UPC. 2.3.- Mediante oficio del 7 de febrero de 2011 el demandado negó el pago de la diferencia salarial y prestacional solicitada por el señor González Camelo, porque solo se le asignaron funciones determinadas y el cargo de jefe de la D ivisión Administrativa y Financiera no existía en la planta de personal de la UPC. 2.4.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor González Camelo demandó el oficio que le negó el pago de la diferencia salarial y prestacional. 2.5.- El 21 de agosto de 2012 el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Valledupar declaró la nulidad de l oficio porque el señor González Camelo debía percibir los ingresos correspondientes al jefe de la División Administrativa y Financiera. Esto, debido a que en la práctica desempeñó ese cargo aunque no se usó el término <<encargo>>. 2.6.- El Tribunal Administrativo del Cesar <<confirmó parcialmente>> la sentencia de primera instancia el 3 de octubre de 2013. Si bien el cargo de jefe de la División Administrativa y Financiera fue eliminado de la planta de personal, dicho cargo fue reemplazado por el de profesional especializado 2028 -19, cuya titular dirigía esa división. El tribunal confirmó la decisión de pagar la diferencia salarial y prestacional al señor González Camelo <<a título de indemnización y dentro de Radicado: 11001-03-26-000-2016-00187-00 (58501) Demandante: Universidad Popular del Cesar 3 los precisos límites que se producen en eventos de vacancia temporal en el cargo por causa de incapacidad de su titular>>. 2.7.- Por medio de la Resolución No. 446 del 23 de febrero de 2015 la entidad demandante dispuso el pago de la condena, la cual fue adicionada por la Resolución No. 3806 del 9 de diciembre de 2015. 2.8.- La condena fue pagada el 24 de febrero de 2015 y el 28 de enero de 2016 por un valor total de ciento ocho millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y seis pesos ($108.449.356). 3.- La entidad demandante invocó la presunción de culpa grave establecida en el numeral 1 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, es decir, la <<violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho >>. Según la UPC, el demandado violó las normas aplicables al negar el pago de la diferencia salarial y prestacional a la que tenía derecho el señor Hugo Hernando González Camelo por haber desempeñado las funciones de jefe de la División Administrativa y Financiera. B.- Posición de la parte demandada 4.- El demandado contestó la demanda por medio de curador ad litem, quien se opuso a las pretensiones y manifestó atenerse a lo que resultara probado2. II. CONSIDERACIONES C.- Asuntos procesales 5.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se explica a continuación: 5.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del CPACA, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que contaba la entidad para pagar. 2 La entidad actora solicitó la notificación del demandado por emplazamiento luego de que la citación para notificación personal fuera devuelta por dirección errada, y manifestó bajo la gravedad de juramento desconocer otra dirección. En consecuencia, se ordenó notificarlo mediante edicto emplazatorio (fl. 195-212 c. 1). La curadora ad litem fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda el 13 de agosto de 2019 y contestó la demanda el 11 de septiembre de 2019 (fl. 252-255 c. 1). Radicado: 11001-03-26-000-2016-00187-00 (58501) Demandante: Universidad Popular del Cesar 4 5.2.- La sentencia de segunda instancia en el proceso contra la UPC se profirió el 3 de octubre de 2013, sin que obre constancia de su notificación o ejecutoria3. 5.3.- Como el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho estuvo regido por el CCA, la entidad contaba con el plazo de dieciocho meses previsto por el artículo 177 de esa codificación para pagar la condena. Este plazo corrió , por lo menos, hasta el 4 de abril de 2015. 5.4. La condena fue pagada en dos cuotas el 24 de febrero de 2015 y el 28 de enero de 2016 4. Por lo tanto, para el cómputo del término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha de vencimiento del plazo para pagar , porque ocurrió primero que el pago5. 5.5.- El término de caducidad transcurrió entre el 5 de abril de 2015 y el 5 de abril de 2017. En consecuencia, la demanda presentada el 6 de diciembre de 20166 se radicó oportunamente. D.- Régimen legal y decisión 6.- A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos imputados al demandado ocurrieron después de su entrada en vigencia. El oficio en el que se negó el pago de la diferencia salarial y prestacional solicitada por el señor Hug o Hernando González Camelo fue proferido el 7 de febrero de 2011. 7.- La Sala negará las pretensiones de la demanda porque: (i) lo pagado por concepto de reajustes salariales y prestacionales indexados no constituye un daño en los términos del artículo 90 de la C.P., y (ii) los intereses moratorios por el pago tardío de la condena no son imputables al demandado. 8.- Está probado que la entidad ordenó el pago de ciento dieciocho millones diecisiete mil doscientos ochenta y si ete pesos ($118.017.287), de los cuales ochenta y cuatro millones setecientos once mil ochocientos ochenta y un pesos ($84.711.881) corresponden a la diferencia salarial, prestacional y de aportes a seguridad social indexados, y el resto a intereses morato rios7. De las anteriores 3 La Sala revisó el sistema de consulta de procesos judiciales, en el que no se registra la fecha de notificación de la sentencia, pero se advierte que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho regresó del tribunal al juzgado el 18 de noviembre de 2013, por lo que para esta fecha el fallo ya estaba ejecutoriado. 4 Fl. 131 y 150 c. 1. 5 No hay duda de que la condena fue pagada por fuera del plazo del artículo 177 del CCA porque, incluso si éste se contara desde el 18 de noviembre de 2013 (fecha para la cual la sentencia ya estaba ejecutoriada), el término habría vencido el 19 de noviembre de 2015. El último pago se realizó el 28 de enero de 2016. 6 Fl. 1 c. 1. 7 En la Resolución No. 446 del 23 de febrero de 2015 se ordenó el pago de $85.373.166, suma que fue adicionada por la Resolución No. 3806 del 9 de dicie

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201600187001100103