Radicado: 11001-03-26-000-2016-00187-00 (58501)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Repetición única instancia – Ley 1437 de 2011
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00187-00 (58501)
Demandante: Universidad Popular del Cesar (UPC)
Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se niegan las pretensiones porque el pago que
se pretende repetir no proviene de un daño imputable al
demandado.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver, en única instancia, la demanda presentada por la Universidad
Popular del Cesar (UPC) contra Raúl Enrique Maya Pabón.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el numeral
13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 1, debido a que el
demandado fungió como representante legal de una entidad del orden nacional
para la época de los hechos.
Mediante auto del 7 de julio de 2021 el magistrado ponente dispuso adecuar
el trámite para proferir sentencia anticipada, de conformidad con el artículo
182A del CPACA . Por medio de auto del 8 de noviembre de 2021 se corrió
traslado para alegar de conclusión . Las partes presentaron alegatos y el
Ministerio Público rindió concepto.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 24 de
la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia establecido por el artículo 86 de esa ley.
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1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 6 de diciembre de
2016 por la UPC. Se dirigió contra Raúl Enrique Maya Pabón (en adelante, el
demandado) para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad el 24 de febrero
de 2015 y el 28 de e nero de 2016, como consecuencia de la condena impuesta
en la sentencia del 21 de agosto de 2012 proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Valledupar, y confirmada parcialmente por
el Tribunal Administrativo del Cesar el 3 de octubre de 2013.
2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- Hugo Hernando González Camelo laboraba como profesional universit ario
grado 2044, código 01, en la UPC. Al empleado se le asignaron las funciones de
jefe de la División Administrativa y Financiera entre el 3 de febrero de 2009 y el
22 de febrero de 2010 por incapacidad de la titular del cargo.
2.2.- El señor González Camelo envió una comunicación al demandado en la que
solicitó el pago del mayor valor por salarios, prestaciones sociales y aportes a la
seguridad social que le correspondían como jefe de la División Administrativa y
Financiera. El demandado se desempeñaba como rector de la UPC.
2.3.- Mediante oficio del 7 de febrero de 2011 el demandado negó el pago de la
diferencia salarial y prestacional solicitada por el señor González Camelo, porque
solo se le asignaron funciones determinadas y el cargo de jefe de la D ivisión
Administrativa y Financiera no existía en la planta de personal de la UPC.
2.4.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
González Camelo demandó el oficio que le negó el pago de la diferencia salarial
y prestacional.
2.5.- El 21 de agosto de 2012 el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Valledupar declaró la nulidad de l oficio porque el señor
González Camelo debía percibir los ingresos correspondientes al jefe de la
División Administrativa y Financiera. Esto, debido a que en la práctica
desempeñó ese cargo aunque no se usó el término <<encargo>>.
2.6.- El Tribunal Administrativo del Cesar <<confirmó parcialmente>> la sentencia
de primera instancia el 3 de octubre de 2013. Si bien el cargo de jefe de la
División Administrativa y Financiera fue eliminado de la planta de personal, dicho
cargo fue reemplazado por el de profesional especializado 2028 -19, cuya titular
dirigía esa división. El tribunal confirmó la decisión de pagar la diferencia salarial
y prestacional al señor González Camelo <<a título de indemnización y dentro de
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los precisos límites que se producen en eventos de vacancia temporal en el cargo
por causa de incapacidad de su titular>>.
2.7.- Por medio de la Resolución No. 446 del 23 de febrero de 2015 la entidad
demandante dispuso el pago de la condena, la cual fue adicionada por la
Resolución No. 3806 del 9 de diciembre de 2015.
2.8.- La condena fue pagada el 24 de febrero de 2015 y el 28 de enero de 2016
por un valor total de ciento ocho millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil
trescientos cincuenta y seis pesos ($108.449.356).
3.- La entidad demandante invocó la presunción de culpa grave establecida en el
numeral 1 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, es decir, la <<violación manifiesta
e inexcusable de las normas de derecho >>. Según la UPC, el demandado violó
las normas aplicables al negar el pago de la diferencia salarial y prestacional a la
que tenía derecho el señor Hugo Hernando González Camelo por haber
desempeñado las funciones de jefe de la División Administrativa y Financiera.
B.- Posición de la parte demandada
4.- El demandado contestó la demanda por medio de curador ad litem, quien se
opuso a las pretensiones y manifestó atenerse a lo que resultara probado2.
II. CONSIDERACIONES
C.- Asuntos procesales
5.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se
explica a continuación:
5.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del
CPACA, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice
el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que
contaba la entidad para pagar.
2 La entidad actora solicitó la notificación del demandado por emplazamiento luego de que la citación para
notificación personal fuera devuelta por dirección errada, y manifestó bajo la gravedad de juramento
desconocer otra dirección. En consecuencia, se ordenó notificarlo mediante edicto emplazatorio (fl. 195-212
c. 1). La curadora ad litem fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda el 13 de agosto
de 2019 y contestó la demanda el 11 de septiembre de 2019 (fl. 252-255 c. 1).
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5.2.- La sentencia de segunda instancia en el proceso contra la UPC se profirió
el 3 de octubre de 2013, sin que obre constancia de su notificación o ejecutoria3.
5.3.- Como el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho estuvo regido
por el CCA, la entidad contaba con el plazo de dieciocho meses previsto por el
artículo 177 de esa codificación para pagar la condena. Este plazo corrió , por lo
menos, hasta el 4 de abril de 2015.
5.4. La condena fue pagada en dos cuotas el 24 de febrero de 2015 y el 28 de
enero de 2016 4. Por lo tanto, para el cómputo del término de caducidad debe
tenerse en cuenta la fecha de vencimiento del plazo para pagar , porque ocurrió
primero que el pago5.
5.5.- El término de caducidad transcurrió entre el 5 de abril de 2015 y el 5 de abril
de 2017. En consecuencia, la demanda presentada el 6 de diciembre de 20166
se radicó oportunamente.
D.- Régimen legal y decisión
6.- A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678
de 2001, porque los hechos imputados al demandado ocurrieron después de su
entrada en vigencia. El oficio en el que se negó el pago de la diferencia salarial y
prestacional solicitada por el señor Hug o Hernando González Camelo fue
proferido el 7 de febrero de 2011.
7.- La Sala negará las pretensiones de la demanda porque: (i) lo pagado por
concepto de reajustes salariales y prestacionales indexados no constituye un
daño en los términos del artículo 90 de la C.P., y (ii) los intereses moratorios por
el pago tardío de la condena no son imputables al demandado.
8.- Está probado que la entidad ordenó el pago de ciento dieciocho millones
diecisiete mil doscientos ochenta y si ete pesos ($118.017.287), de los cuales
ochenta y cuatro millones setecientos once mil ochocientos ochenta y un pesos
($84.711.881) corresponden a la diferencia salarial, prestacional y de aportes a
seguridad social indexados, y el resto a intereses morato rios7. De las anteriores
3 La Sala revisó el sistema de consulta de procesos judiciales, en el que no se registra la fecha de notificación
de la sentencia, pero se advierte que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho regresó del
tribunal al juzgado el 18 de noviembre de 2013, por lo que para esta fecha el fallo ya estaba ejecutoriado.
4 Fl. 131 y 150 c. 1.
5 No hay duda de que la condena fue pagada por fuera del plazo del artículo 177 del CCA porque, incluso si
éste se contara desde el 18 de noviembre de 2013 (fecha para la cual la sentencia ya estaba ejecutoriada),
el término habría vencido el 19 de noviembre de 2015. El último pago se realizó el 28 de enero de 2016.
6 Fl. 1 c. 1.
7 En la Resolución No. 446 del 23 de febrero de 2015 se ordenó el pago de $85.373.166, suma que fue
adicionada por la Resolución No. 3806 del 9 de dicie
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