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Consejo de Estado
Providencia
El juez niega el decreto de pruebas en segunda instancia cuando la parte peticionaria omite indicar de forma expresa la causal legal específica de procedencia.
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2025-09-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 68001233100020070027301
ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente decretar la prueba documental solicitada por la parte demandante, al no indicar de manera expresa en cuál de las causales previstas en el artículo 214 del CCA sustentó su petición? No
El juez de segunda instancia deniega la solicitud de pruebas formulada por los intervinientes cuando estos omiten indicar de manera expresa y precisa la causal específica prevista en el ordenamiento normativo que sustente su petición. En el caso analizado, la corporación judicial advierte que si bien las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, su decreto procede únicamente en los eventos taxativos previstos en el artículo 214 del Decreto 01 de 1984. Comoquiera que la parte demandante no precisó la causal en la que fundamentaba su solicitud probatoria, la petición formulada debe ser negada conforme a los límites legales del pronunciamiento judicial.síntesis automática
También resuelve:
¿Pueden tenerse como prueba las sentencias judiciales aportadas al proceso, aunque se trate de decisiones con efectos inter partes y no erga omnes?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2022-07-29
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000232600020030015102
ACCION DE REPETICION
¿En virtud del criterio de conexidad, la competencia para conocer de los procesos de repetición recae sobre el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado? Sí
El contratista debe acudir ante el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado para presentar un proceso de repetición, en virtud del criterio de conexidad establecido en el artículo 7 inciso 2 de la Ley 678 de 2001 y reiterado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, lo que implica que la competencia en segunda instancia recae en el superior jerárquico del juez o tribunal que conoció del proceso antecedente. Además, la figura de caducidad garantiza la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción, y la Corte Constitucional declaró exequible condicionada la disposición que establece el término de caducidad de la acción de repetición, determinando que éste comienza a correr desde la fecha en que se realiza el pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley, lo que tiene efectos erga omnes y debe ser aplicado por todos los jueces y tribunales.síntesis automática
También resuelve:
¿La figura de caducidad tiene como fin garantizar la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción?
¿El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley?
¿Las sentencias de la Corte Constitucionalidad que declaran la exequibilidad condicionada de una norma tienen efectos erga omnes?
Consejo de Estado
Providencia
La declaración de nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales.
Sentencia — Sentencia
2026-07-15
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000232600020090106902
ACCION CONTRACTUAL
¿La declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho del apelante? Sí
El demandante solicita el restablecimiento del derecho y el reintegro de dineros pagados tras obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos sancionatorios. La parte apelante fundamenta su inconformidad en que la declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales a esta. La sociedad aseguradora pretendió, además de la nulidad de la multa, el restablecimiento del derecho consistente en que se declare que no estaba obligada a pagarlas y, en caso de haber pagado le sea reintegrado el monto. En ese contexto, la sentencia que dispuso la nulidad de los actos administrativos de imposición de multas tiene efectos erga omnes en los términos del artículo 189 del CPACA, aunque se examinan las renuncias y exclusiones específicas de los consorciados para confirmar la decisión apelada.síntesis automática
También resuelve:
¿Se puede establecer que la aquí demandante asumió el valor de la multa impuesta mediante los actos administrativos anulados?
¿En forma previa al perfeccionamiento de la cesión del contrato, se suscribió el acta de acuerdo, que incluyó renuncia a reclamaciones económicas por parte del cedente?
¿El consorcio cedente renunció a cualquier reclamación económica en contra del IDU, razón que impone confirmar la sentencia apelada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja
2024-09-17
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 52001233300020190013402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente, por lo que estuvo mal denegado el recurso por parte del A quo? Sí
El recurso de apelación es presentado y sustentado oportunamente cuando se cumplen los plazos establecidos por la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, considerando la supresión de feriados y vacaciones en los términos de días. En este caso, la notificación electrónica de la sentencia fue enviada el 25 de julio de 2023, por lo que la notificación se entiende realizada dos días después, es decir, los días 26 y 27 del mismo mes. El término de diez días para presentar el recurso de apelación inició el viernes 28 de julio y finalizó el viernes 11 de agosto, por lo que la presentación del recurso el 10 de agosto fue oportuna. La Sala concede el recurso de queja cuando se interpone oportunamente y en subsidio al recurso de reposición, como lo establece el artículo 245 del CPACA, permitiendo al superior funcional evaluar adecuadamente la denegación del recurso de apelación. La notificación electrónica de la sentencia se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos, según la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿Como presupuesto de procedibilidad del recurso de queja, debe interponerse en subsidio el de reposición, para que, de negarse por el a quo este último recurso…
¿El recurso de reposición y en subsidio el de queja interpuestos contra el auto que rechazó el recurso de apelación, fueron presentados de manera oportuna?
¿La sentencia se debe entender notificada por vía electrónica, una vez transcurridos los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos al buzón electrónico suministrado por las partes?
CONCEDE
Consejo de Estado
Providencia
El juez de segunda instancia examina la decisión exclusivamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante.
Sentencia — Sentencia
2026-10-05
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 66001233300020160067204
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos y no controvierten concretamente las razones por las cuales el a quo desestimó los cargos de nulidad? No
El juez de segunda instancia limita su competencia funcional al examen de la providencia recurrida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante en el escrito de sustentación. En la sentencia proferida, el Consejo de Estado rechaza por genéricos los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión del tribunal que desestimó los cargos de nulidad de actos administrativos contractuales, destacando que el artículo 320 y el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 exigen señalamientos precisos sobre las razones de inconformidad, sin que proceda un análisis oficioso de inconformidades abstractas sobre la ruptura del equilibrio contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿La alegada ruptura de la ecuación económica del contrato constituye una causa que exonere al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales?
¿Pierde la entidad estatal contratante la competencia para declarar la caducidad del contrato cuando el contratista ha demandado previamente ante el juez del contrato el incumplimiento de la entidad…
¿Puede el juez de lo contencioso administrativo estudiar el cargo de falta de competencia de la entidad que expidió el acto administrativo demandado…
COSA JUZGADA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2026-10-05
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 76001233300620180021701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sentencia que negó la nulidad de los mismos actos administrativos contractuales en otro proceso produce efectos de cosa juzgada respecto de un cargo de nulidad que no hizo parte de la causa petendi juzgada? No
El inciso primero del artículo 189 del CPACA dispone que (se trascribe): “la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada”. De los cargos de nulidad formulados en la demanda que dio origen al proceso de la referencia, la Sala centrará su análisis en aquel según el cual los actos administrativos fueron expedidos con desconocimiento del debido proceso, debido a que, durante el procedimiento administrativo, el Distrito negó injustificadamente una prueba pericial que cumplía todos los requisitos para ser decretada y que tenía por objeto demostrar el porcentaje de ejecución del contrato de concesión y controvertir lo señalado al respecto en un informe de interventoría.
También resuelve:
¿Las aseguradoras garantes de un contrato estatal, pese a ser terceros respecto de este, están legitimadas en la causa por activa para pretender la declaratoria de nulidad absoluta de un acuerdo…
¿Están legitimadas en la causa por activa las aseguradoras que actúan como garantes del contratista para pretender que se declare el incumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de la…
¿Procede declarar la nulidad absoluta de un acuerdo modificatorio de un contrato estatal por desviación de poder y causa ilícita…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5
Sentencia — Sentencia
2022-03-31
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 11001032600020140010200
LEY 1437 REPETICION
¿El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por haber expedido un acto administrativo que fue anulado por desviación de poder? Sí
La Corporación conoce en única instancia de la acción de repetición contra los directores de entidades del orden nacional, de acuerdo con el artículo 149 numeral 13 del CPACA y el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. La presunción de dolo por desviación de poder se desvirtúa cuando el agente demuestra que el acto de insubsistencia se fundó en un análisis previo de gestión y no en una represalia. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la decisión fue producto de la revisión de la gestión de los funcionarios, en ejercicio de la facultad nominadora del director encargado. La segunda es que la orden de redactar la resolución fue anterior a la fecha en que se recibió la comunicación que se alegaba como motivo de represalia. La tercera es que el acto se expidió en ejercicio de la facultad discrecional del nominador. En consecuencia, la Sala niega las pretensiones de la demanda de repetición, porque la parte demandada desvirtuó la presunción de dolo. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición contra funcionarios públicos que hayan dado lugar a una codena contra el Estado?
¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta al Estado?
¿Conforme a la figura de subrogación, la Corporación Autónoma Regional está legitimada por activa para demandar en repetición el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial
Sentencia — Sentencia
2023-06-14
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 11001032600020140004000
LEY 1437 REPETICION
¿La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo? Sí
La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo… .
También resuelve:
¿Tiene legitimación en la causa por activa el demandante en cuanto fue la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa…
¿Debe otorgarse valor probatorio a las copias simples allegadas al proceso?
¿Las providencias judiciales sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas
Sentencia — Sentencia
2025-05-19
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 85001233300020180012502
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del plazo legal para evitar la caducidad del medio de control, lo cual garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad en las situaciones controvertidas, al tiempo que protege el interés general y racionaliza el uso del aparato judicial. La caducidad es una limitación irrenunciable y de orden público que el juez debe declarar de oficio si el plazo legal ha vencido, lo que implica la pérdida del derecho de acción. Sin embargo, la entidad estatal no puede alegar caducidad si el afectado no conoce del hecho dañoso, como en el caso de una desaparición forzada, y la demanda se presenta mientras la víctima sigue desaparecida y sin pronunciamiento de la justicia penal. Esta regla reitera la importancia de la seguridad jurídica y la protección de los derechos adquiridos, matizando la aplicación de la caducidad en casos excepcionales donde el conocimiento del hecho dañoso es imposible.síntesis automática
También resuelve:
¿Se configuró la caducidad del medio de control, en atención a la desaparición de la víctima y la fecha de presentación de la conciliación extrajudicial y de la demanda?
¿La declaración de responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política?
¿La desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad y una violación múltiple y continuada de derechos fundamentales y convencionales?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-02-04
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020070044401
ACCION CONTRACTUAL
¿Cuáles son los presupuestos del acto administrativo de imposición de multa en el contrato estatal para que no vulnere el principio de la buena fe contractual cuando existe una cesión del contrato hacia la entidad aseguradora? Sí
Estima la Sala pertinente destacar, como en otras oportunidades lo ha hecho, que el principio de buena fe, que es el cimiento en el que se funda la teoría de los actos propios, supone, en términos generales en materia contractual, que el comportamiento de las partes debe estar inspirado y tener como fin la efectiva ejecución de lo pactado y, por tanto, la preservación del contrato, lo que implica que las partes tienen el deber de respetar en su esencia lo acordado y cumplir las obligaciones derivadas de aquello.… La Sala comparte la decisión del a quo en cuanto a que, la resolución demandada no vulneró lo acordado en el marco de la cesión de dicho negocio jurídico, pues, al contrario, lo que se observa es que el Instituto actuó al amparo de una estipulación en la que Liberty ratificó su consentimiento a responder por los amparos cubiertos por la póliza de cumplimiento No. 428355…
También resuelve:
¿Cuáles son los presupuestos de aplicación de la buena fe contractual, confianza legítima y congruencia en las decisiones judiciales?
¿Cuáles son los presupuestos de responsabilidad de la entidad aseguradora del contrato estatal cuando ésta asume, mediante cesión del contrato, la ejecución del mismo contrato por ella asegurado?
¿Cuál es la finalidad de la multa en el contrato estatal?
Consejo de Estado
Providencia
El juez cuenta con elementos objetivos en el expediente para fijar la fecha de terminación del contrato y computar la caducidad.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2026-07-15
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000232600020090106902
ACCION CONTRACTUAL
¿El expediente sí contenía elementos objetivos que le permitían a la Sala fijar el momento a partir del cual debía contarse el término de caducidad? Sí
El juez contencioso administrativo debe valorar de manera integral todos los elementos objetivos obrantes en el expediente judicial para establecer con certeza el momento de terminación del contrato y fijar el cómputo de la caducidad. En esta aclaración de voto se manifiesta discrepancia frente a la postura de la Sala que declaró la imposibilidad de computar el término de caducidad por supuesta falta de certeza en la fecha final de la obra pública. Se destaca que existían providencias anteriores ejecutoriadas con fuerza de cosa juzgada y efectos erga omnes que señalaban la fecha de culminación de la etapa constructiva, y que en cualquier hipótesis temporal el margen transcurrido hasta la presentación de la demanda demostraba que la acción se ejercitó oportunamente dentro del término legal establecido.síntesis automática
También resuelve:
¿Entre el inicio del término de caducidad y la presentación de la demanda transcurrieron apenas cuatro meses?
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: es evidente la reserva de constitucionalidad del inciso final del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-03-14
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020220017300
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La regla de unificación establece que las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones con el fin de mantener el equilibrio inicial del negocio jurídico son inescindibles al ejercicio de las potestades excepcionales? Sí
Comparto la regla de unificación en tanto establece que las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales, con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial del negocio jurídico son inescindibles al ejercicio de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, pues, materialmente es imposible desligar en este tipo de supuestos la legalidad del acto con sus consecuencias económicas. Es evidente la reserva de constitucionalidad del inciso final del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral. Considero pertinente advertir que la regla de unificación fijada por la Sala Plena de la Sección Tercera ha debido incorporarse en la parte resolutiva de la sentencia y no solo en la motiva.
También resuelve:
¿Formalmente se sostiene que la decisión no versa sobre la legalidad del acto administrativo, pero materialmente se declara la invalidez de este por cuanto se modifica su contenido?
¿Los árbitros pueden conocer sobre los efectos económicos contenidos en actos administrativos expedidos en ejercicio de las potestades excepcionales?