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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer del proceso iniciado en ejercicio de la acción de repetición

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Fecha
2023-03-10
Radicado
05001233100019980076601
Número interno
48710
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
EDWIN FERNANDEZ LIVINGSTON

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer del proceso iniciado en ejercicio de la acción de repetición

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando una entidad pública es condenada al pago de perjuicios por actuación dolosa o gravemente culposa de sus servidores, la acción de repetición que promueve para obtener el reintegro de lo pagado corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la apelación contra la sentencia del tribunal. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución y el artículo 20 de la Ley 678 de 2001 definen la repetición como una acción patrimonial contra el servidor, ex servidor o particular investido de función pública que haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio. Segunda, esta clase de debates está adscrita a la jurisdicción por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y por el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Tercera, la competencia se define porque se trata de una apelación contra una sentencia de tribunal dentro de un proceso de repetición. La providencia confirma la decisión y el documento no indica si cambia precedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso iniciado en ejercicio de la acción de repetición?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 129
  • Ley 446 de 1998, art. 37
  • Ley 678 de 2001, art. 7

También resuelve

  • ¿Es procedente la acción de repetición para solicitar el reembolso de dineros pagados por una entidad pública producto de una condena judicial?
  • ¿La demanda fue presentadas dentro del término de caducidad estipulado para la acción de repetición?
  • ¿La norma aplicable en casos de la acción de repetición se determina por la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que llevaron a la condena de la entidad estatal?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONDENA JUDICIAL FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL PAGO DE CONDENA JUDICIAL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA TRÁNSITO LEGISLATIVO TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN APLICACIÓN DE LA NORMA APLICACIÓN DE LA NORMA SUSTANCIAL VIGENCIA DE LA NORMA APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN HECHO DAÑOSO MUERTE DEL AGENTE DE POLICÍA PRODUCCIÓN DEL DAÑO SERVIDOR PÚBLICO ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO AGENTE DEL ESTADO MUERTE DE AGENTE DEL ESTADO MUERTE DE AGENTE DEL ESTADO CON ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA SENTENCIA CONDENATORIA ELEMENTO OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ACUERDO DE CONCILIACIÓN APROBACIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO PAGO DE CONCILIACIÓN DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL FALTA DE PRUEBA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PENAL DEL AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CONFIGURACIÓN DEL DOLO DELITO DOLOSO DEMOSTRACIÓN DEL DOLO HOMICIDIO DOLOSO PRUEBA DEL DOLO SENTENCIA PENAL VALOR DE LA SENTENCIA PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VALORACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL SENTENCIA PENAL CONDENATORIA PROCESO PENAL MILITAR JUSTICIA PENAL MILITAR ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO

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Se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico y la sentencia recurrida será confirmada.
Titulación de la relatoría 24.681 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso iniciado en ejercicio de la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Es procedente la acción de repetición para solicitar el reembolso de dineros pagados por una entidad pública producto de una condena judicial? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con la definición del artículo 20 de la Ley 678 de 2001 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 20 CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONDENA JUDICIAL / FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA Problema jurídico: ¿La demanda fue presentadas dentro del término de caducidad estipulado para la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. (…) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. (…) [E]l derecho de accionar frente a la demanda con radicado 1998-00766 01 (48710) se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el auto del 8 de marzo de 1995, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó el acuerdo conciliatorio (…) quedó ejecutoriado el 22 de marzo de 1995 y que el 15 de abril de 1996, la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional pagó la conciliación (…) el 23 de septiembre de 1996 vencieron los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA; vi) que lo primero que ocurrió fue el pago de la condena; y v) que la demanda se presentó el 1 0 de abril de 1998 esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna. Asimismo, se estima que el derecho de accionar frente a la demanda con radicado 2002-04947 01 (49076) también se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el auto del 6 de agosto de 1999, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó el acuerdo conciliatorio (…) quedó ejecutoriado el 18 de agosto de 1999; que el 19 de febrero de 2001 vencieron los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA; iii) que el 24 de mayo de 2001, la Nación — Ministerio de Defensa - Policía Nacional pagó $4.125.267,20 correspondientes a "los intereses moratorios" de la suma de $66.909.246,32 que se canceló (…) lo primero que ocurrió fue el vencimiento de los 18 meses para pagar la condena; y v) que la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2002, esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la caducidad de la acción, cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 23 de febrero de 2006, rad. 6871-05, C. P. Tarsicio Cáceres Toro y de la Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998, C-394 de 2002, C-832 de 2001. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 TRÁNSITO LEGISLATIVO / TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA NORMA / APLICACIÓN DE LA NORMA SUSTANCIAL / VIGENCIA DE LA NORMA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / HECHO DAÑOSO / MUERTE DEL AGENTE DE POLICÍA Problema jurídico: ¿La norma aplicable en casos de la acción de repetición se determina por la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que llevaron a la condena de la entidad estatal? Respuesta al problema jurídico: Si Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que "en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, "por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición". Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de doto y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. (…) [C]omo en el sub examinen los hechos que llevaron a suscribir sendas conciliaciones a la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional ocurrieron en el año 1993, cuando falleció el agente de policía (…) el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del tránsito legislativo en la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 28448, C. P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 23 de noviembre de 2016, rad. 46108, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 47535, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 27 de noviembre de 2006, rad. 22099, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 6 de diciembre de 2006, rad. 22056, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; providencia de 12 de diciembre del 2007, rad. 27006, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; providencia de 29 de mayo del 2014, rad. 42183, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; providencia de 10 de diciembre de 2018, rad. 60423, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; y providencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, 78 PRODUCCIÓN DEL DAÑO / MUERTE DEL AGENTE DE POLICÍA / SERVIDOR PÚBLICO / ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / MUERTE DE AGENTE DEL ESTADO / MUERTE DE AGENTE DEL ESTADO CON ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / CONDENA JUDICIAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / SENTENCIA CONDENATORIA / ELEMENTO OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Se cumplen los presupuestos de carácter objetivo para la procedencia de la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto", tal y como lo prevé el inciso 2 del artículo 86 del C.C.A. En el sub examine se cumple este requisito, pues dentro del expediente 1998-00766-01 está acreditado que: i) el 17 de febrero de 1995, la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional fue convocada (…) ante la Procuraduría 31 Judicial ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para celebrar audiencia de conciliación extrajudicial, en desarrollo de la cual se acordó que la entidad pagaría perjuicios morales y materiales a los convocantes por la muerte de [JFCR] y ii) que mediante auto del auto del 8 de marzo de 1995, el Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó la referida conciliación extrajudicial. Por otro lado, en el expediente 2002-04947 01 también se cumple este requisito (…) El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que los demandados, frente a quienes se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tengan la calidad de servidores o ex servidores públicos o de particulares que ejerzan o hayan ejercido funciones públicas. En la demanda se solicitó declarar la responsabilidad de [ELF] porque, a juicio de la actora, con su actuar doloso y/o gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual tuvo que suscribir dos conciliaciones y pagar Io allí acordado. (…) [E]stá demostrado que [ELF] tenía la calidad de servidor público para el momento en que ocurrieron los hechos. (…) Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86 INCISO 2 PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / APROBACIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO / PAGO DE CONCILIACIÓN / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / FALTA DE PRUEBA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA Problema jurídico: ¿Se acreditó el pago derivado de la condena judicial contra el Estado ? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a entidad demandante acreditó el pago de la conciliación aprobada mediante auto del 8 de marzo de 1995, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por un valor equivalente a $66.064.769,23. (…) [Por otra parte el] pago de la conciliación aprobada a través de auto del auto del 6 de agosto de 1999, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no está acreditado, pues se observa que el capital de lo conciliado corresponde a la suma $66.909.246,32 sin embargo, se echa de menos la prueba que dé cuenta del pago efectivo de dicho valor, pues si bien reposan las resoluciones que ordenan la erogación a cargo de la Policía Nacional, lo cierto es que la parte demandante no acreditó haber realizado efectivamente el pago total o parcial de esa obligación. (…) [E]l pago de la conciliación aprobada a través de auto del auto del 6 de agosto de 1999, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no está acreditado, pues se observa que el capital de lo conciliado corresponde a la suma $66.909.246,32, sin embargo, se echa de menos la prueba que dé cuenta del pago efectivo de dicho valor, pues si bien reposan las resoluciones que ordenan la erogación a cargo de la Policía Nacional, lo cierto es que la parte demandante no acreditó haber realizado efectivamente el pago total o parcial de esa obligación. En otras palabras, no se allegó medio probatorio alguno que dé cuenta a la Sala que la Policía Nacional pagó total o parcialmente la suma reconocida (…) a través de Resolución No. 3853 del 8 de noviembre de 2000, modificada por la Resolución No. 458 del 15 de febrero de 2001. (…) En efecto, la Sala no puede tener por acreditado el pago de la obligación impuesta a la Policía Nacional únicamente con las Resoluciones 3853 del 8 de noviembre de 2000 y 458 del 15 de febrero de 2001, toda vez que dicho actos administrativos si bien fijan la suma de dinero que la referida entidad debe pagar, no acredita el pago en sí mismo, en otras palabras, reflejan obligaciones por cumplir más no aquellas efectivamente cumplidas. Por otro lado, aunque se allegó copia de la Resolución No. 274 del 30 de abril de 2001 mediante la cual la entidad demandada ordenó pagar unos intereses por la suma de $4.125.267,20 y se demostró que dicho valor se canceló a los beneficiarios, según consta en la copia del comprobante de egreso No. 12043, es importante destacar que ese valor no hace parte de las pretensiones de la demanda, es decir, la Policía Nacional no solicitó que le fuera reconocida la suma correspondiente a los intereses moratorios (…) [L]a Sala confirmará, en ese sentido, la sentencia de primera instancia, pues se pudo constatar que dentro del radicado 2002-04947 01 (49076) la parte demandante no acreditó el pago de $66.909.246,32, correspondiente a la conciliación judicial suscrita el 4 de agosto de 1999. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la imposibilidad de cobrar intereses o incrementos derivados de factores ajenos a la voluntad del agente, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 54518, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / MUERTE DE AGENTE DEL ESTADO CON ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PENAL DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / DELITO DOLOSO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / HOMICIDIO DOLOSO / PRUEBA DEL DOLO / SENTENCIA PENAL / VALOR DE LA SENTENCIA PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VALORACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL / SENTENCIA PENAL CONDENATORIA / PROCESO PENAL MILITAR / JUSTICIA PENAL MILITAR / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Se acreditó que la conducta del demandado fue dolosa, al actuar deliberadamente y accionar su arma de dotación oficial contra el agente, de manera consiente y voluntaria, con la intención de hacer daño a otra persona, que en este caso era su compañero? Respuesta al problema jurídico: Si Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. (…) [A] partir de lo previsto por el artículo 63 del Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia, (...) la "culpa" es la conducta reprochable de quien generó un daño antijurídico, no querido por él, pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Asimismo, reviste el carácter de "culpa grave" aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio. (...) [P]ara juzgar la responsabilidad patrimonial del agente o ex agente estatal con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil, se exige la prueba de su actuación dolosa y/o gravemente culposa. En este caso, para acreditar dicho supuesto se aportaron las sentencias proferidas por la justicia penal Militar en la que se condenó por el delito de homicidio [al agente]; sin embargo, dichas providencias deben tratarse, no como prueba documental propiamente dicha, sino como una decisión adoptada por una autoridad jurisdiccional que hace tránsito a cosa juzgada, punto en el que se precisa que la ley no sujeta el efecto de cosa juzgada penal de la sentencia a la condición prevista frente a las sentencias (…). [S]obre la necesidad de probar no solo la culpa sino la culpa grave del funcionario público demandado en ejercicio de la acción de repetición, esta Corporación en reciente pronunciamiento indicó que la sentencia condenatoria a titulo de dolo es suficiente para condenar en sede administrativa, no siendo así aquella que lo hace a título de culpa. (…) [L]a parte demandante probó el obrar doloso [del agente], toda vez que de las probanzas arrimadas a este proceso se tiene acreditado que el demandado actuó deliberadamente al accionar su arma de dotación oficial contra (...), pues no estaba siendo objeto de una agresión actual e inminente por parte de la víctima. (…) [E]l procesado no logró acreditar en el proceso que actuó amparado por una causal de justificación; por el contrario, se determinó que actuó de forma consciente y voluntaria al accionar su fusil galit, lo cual en sede de repetición claramente configura una conducta dolosa, esto es, con la intención de hacer daño a otra persona, que en este caso era su compañero (…). [E]stá acreditado que el aquí demandado actuó con dolo al propinar un disparo al agente (…) de forma consciente y voluntaria, así como que este no fue objeto de una agresión actual e inminente que validara defenderse en contra de su supuesto agresor. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la conducta del agente como presupuesto de la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284; C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 55661, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 12 de diciembre de 2019, rad. 55645, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 47535, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 4 de diciembre de 2006, rad. 16887; C. P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia de 15 de julio de 2019, rad. 59199, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿La condena por la suma a pagar por el agente repetido debe ser lo acreditado por la entidad estatal como pagado derivado de la condena judicial o acuerdo conciliatorio? Respuesta al problema jurídico: Si Para efectos de la liquidación de la condena a imponer, se tendrá en cuenta el monto que La Nación — Ministerio de Defensa Policía Nacional acreditó como efectivamente pagado dentro de este proceso. Así las cosas, se tendrá como valor pagado la suma de $66.064.769,23., que corresponde al capital pagado (…) Al respecto, consta que en la Resolución No. 4964 del 27 de marzo de 1996 (…) se especificó que el valor total del capital era de $66.064.769,23, razón por la cual será dicha suma la que se ordenará reconocer en esta providencia.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199800766011100103