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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: los procesos de repetición pueden fallarse sin sujeción al turno

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-05-20
Radicado
54001233100020100023102
Número interno
65272
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
Demandado
GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: los procesos de repetición pueden fallarse sin sujeción al turno

Relevancia Matiza la jurisprudencia.

Regla de decisión

Los procesos de repetición pueden fallarse sin sujeción al turno.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

el contratista puede interponer una acción de repetición contra un servidor público cuando el daño que dio origen a la condena contra la entidad estatal tuvo su origen en la suscripción de un contrato de transacción, pero no cuando el cuestionamiento se dirige a la legalidad del contrato en sí mismo y no a las conductas del funcionario que causaron el daño. La Sala establece que la acción de repetición no es procedente cuando el núcleo del litigio se centra en la validez del contrato de transacción, ya que esto implicaría un enjuiciamiento indebido del negocio jurídico y una violación del principio de congruencia. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, limitando la aplicación de la acción de repetición a casos en los que el daño se origina en la actuación del servidor público y no en la legalidad del contrato celebrado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Los procesos de repetición pueden fallarse sin sujeción al turno?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

La Sala decide el presente caso en virtud del acta 15 de 6 de mayo de 2005, en la que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los procesos de repetición podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Consejo de Estado 2021-12-07 Sección Tercera (Subsección A)
Los procesos de repetición podrán fallarse por las Subsecciones
Consejo de Estado 2025-07-17 Sección Tercera (Subsección B)
Puede la subsección B emitir fallo anticipado en un asunto de repetición contra un exfuncionario público
Consejo de Estado 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección B)
Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público.
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No es procedente declarar la resposnabilidad patrimonial del demandado a título de dolo con ocasión
Consejo de Estado 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B)
Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado alterar el turno estricto de decisión
Consejo de Estado 2022-02-04 Sección Tercera (Subsección A)
Procede la prelación de fallo en procesos de repetición.
Titulación de la relatoría 8.931 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRELACIÓN DE FALLO / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO / ALTERACIÓN DEL TURNO PARA FALLO DE PROVIDENCIA / INGRESO DEL EXPEDIENTE AL DESPACHO JUDICIAL Problema jurídico: ¿Los procesos de repetición pueden fallarse sin sujeción al turno? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala decide el presente caso en virtud del acta 15 de 6 de mayo de 2005, en la que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los procesos de repetición podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado. CONTRATO DE TRANSACCIÓN / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / CONCEPTO DE CONTRATO DE TRANSACCIÓN / ACTO JURÍDICO / ENTIDAD TERRITORIAL / MUNICIPIO / ACUERDO DE PAGO / INEXISTENCIA DE LA CONCILIACIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CONCILIACIÓN / FUNCIÓN DEL CONCILIADOR / NATURALEZA DEL CONCILIADOR / APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL / AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Cuáles son los requisitos para que un acuerdo entre las partes tenga la naturaleza de conciliación? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el material probatorio antes narrado, la Sala concluye que, en efecto, el acuerdo de pago parcialmente cumplido en que se soporta la presente acción, no puede ser considerado como contentivo de una conciliación propiamente dicha, puesto que la ley ha dispuesto que este tipo de arreglos se realicen frente a un tercero conciliador. Este, para el caso de las entidades públicas, debe ser un agente del Ministerio Público adscrito a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, exigencia a la cual se agrega que el acuerdo al que se llegue debe someterse a consideración de la autoridad contenciosa del lugar donde se realiza, a quien le corresponderá decidir sobre su aprobación o improbación6. En el caso concreto, para la Sala es claro que no puede hablarse de la existencia de una conciliación entre el Municipio (…) con los pensionados a los que atrás se hizo referencia y, por el contrario, puede entenderse que el acto jurídico suscrito por la administración tiene las características de un contrato de transacción, definido por el artículo 2469 del Código Civil en los siguientes términos: “La transacción es un contrato en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa”. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2469 ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / ALCALDE / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / VALIDEZ DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / CONCEPTO DE CONTRATO DE TRANSACCIÓN / DERECHOS PENSIONALES / ACTOS DEL ALCALDE / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE TRANSACCIÓN / DIFERENCIA ENTRE TRANSACCIÓN Y CONCILIACIÓN / EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / TRANSACCIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA / LEGALIDAD DEL CONTRATO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿El daño que dió lugar a la condena contra el municipio, tuvo su origen en un contrato de transacción? Respuesta al problema jurídico: Si El municipio de San José de Cúcuta interpuso demanda de repetición en contra del señor (…), para que se declare su responsabilidad patrimonial porque suscribió el contrato de transacción (…) lo cual, a su juicio, constituía una conducta gravemente culposa, dado que ese negocio jurídico estaba viciado de nulidad absoluta por ausencia de capacidad legal y, además, por su objeto ilícito. Para la Sala resulta primordial dejar claro que, una vez analizada la causa petendi, el supuesto daño que alega la parte actora tiene génesis en la actuación que desplegó el exalcalde al suscribir el negocio jurídico y no en las conductas que dieron origen a ese contrato -procesos laborales-. Así, el ente territorial cuestionó el detrimento patrimonial que se derivó del contrato de transacción por el hecho de que no existía una justificación legal para su celebración, habida cuenta de que los pensionados del municipio no tenían derecho al reajuste pensional en los términos de la Ley 6ª de 1992. Así, es evidente que el cuestionamiento que eleva el ente territorial se relaciona únicamente con la actuación del ex alcalde al suscribir el acuerdo transaccional, por manera que el análisis subjetivo que pretendió se fundó en la ilegalidad del negocio jurídico y no en las conductas desplegadas en los procesos primigenios. Por esta razón, expresó que ese acuerdo no debió celebrarse por falta de competencia y objeto ilícito. Por lo anterior, es claro que la causa petendi se enfocó en plantear una crítica a la suscripción del contrato de transacción, mediante el cual se causó un detrimento patrimonial al municipio, de ahí que lo que se persigue en realidad, no es la conducta del demandado en relación con la causación de un daño que generó el reconocimiento indemnizatorio, sino en el hecho en sí del reconocimiento indemnizatorio que se hizo a través del negocio jurídico y que, según el dicho de la demandante, estaba viciado de nulidad absoluta. En efecto, la argumentación de la demandante estuvo dirigida a cuestionar la causa que llevó a la suscripción del contrato de transacción por estimarla injustificada y/o ilegal; no obstante, no se persigue al agente estatal que hubiere estado involucrado en la causación del daño que llevó al reconocimiento indemnizatorio, sino a quien, según su dicho, suscribió el contrato de transacción sin haber sido probada la responsabilidad de la entidad territorial por los hechos objeto de las acciones laborales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la improcedencia de la acción de repetición cuando el hecho se origina en la ilegalidad del contrato de transacción y no en el actuar del funcionario o exfuncionario que ocasionó el daño, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2011, rad. 28281, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 7 de diciembre de 2021, rad. 58871, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 6 DE 1992 FALLO INHIBITORIO POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / VALIDEZ DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / LEGALIDAD DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FUENTE DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / VALIDEZ DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO Problema jurídico: ¿Es procedente la acción de repetición en eventos en los cuales se cuestiona la legalidad de un contrato? Respuesta al problema jurídico: No En este caso se torna improcedente la acción de repetición, porque para determinar si había lugar o no a decretar una responsabilidad patrimonial del exalcalde resultaba necesario el enjuiciamiento del negocio jurídico y, por tanto, lo aquí pretendido se relaciona con el cuestionamiento del contrato. Por esta razón, para la Sala, aunque la parte demandante definió que la acción procedente era la de repetición, al estudiarse la demanda y el material probatorio obrante en el plenario, se concluye que se cuestionó la legalidad de la transacción (…) y, por tanto, se trata de una controversia contractual. En ese orden de ideas, se reitera que debió cuestionarse el contrato, porque en aquel se encontraba el origen del posible daño alegado por la parte actora y mientras no hubiere sido judicialmente anulado era ley para las partes y, por tanto, conserva su validez jurídica. Así, en este caso es evidente que no es posible discutir vía acción de repetición un detrimento patrimonial sin el correspondiente juicio de legalidad del negocio jurídico. (…) Concluye la Sala que, con base en los supuestos fácticos propuestos y las pretensiones planteadas, en el presente caso resulta improcedente emitir un pronunciamiento de fondo, ya que está demostrada la indebida escogencia de la acción, la cual constituye presupuesto necesario de la sentencia de mérito. (…) Por lo anterior, este cuerpo colegiado considera que, por virtud del principio de congruencia en consonancia con el debido proceso, no puede emitir pronunciamiento alguno en relación con el negocio jurídico, ni mucho menos puede modificar la causa petendi expresada en el escrito de la demanda. Así las cosas, es preciso advertir que la situación analizada en el presente asunto convergerá en un fallo inhibitorio y, por dicha circunstancia, la Sala está impedida para abordar el fondo de la litis. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la escogencia de la acción en lo contencioso administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2010, rad. 17811, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 4 de julio de 2002, rad. 20746, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
Texto extraído del PDF oficial 40.460 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 54001-23-31-000-2010-00231-02(65272) Actor: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Demandado: GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN – contrato de transacción / FALLO INHIBITORIO. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2019, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO Mediante transacción de 23 de febrero de 2005, el municipio de San José de Cúcuta y el apoderado de varios pensionados del ente territorial se acordó el “pago diferido de procesos en vía de ejecución y pago anticipado de derechos litigados en procesos ordinarios laborales”. Por esta razón, se inició un proceso de repetición en contra de quien fungió como alcalde y que, además, suscribió el mencionado acuerdo, respecto del cual, se aseguró, era ilegal. II. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante demanda presentada el 13 de julio de 2010 (fls. 10-37 c. 2), el municipio de San José de Cúcuta, por conducto de apoderado judicial (fol. 1 c. 2), en ejercicio de la acción de repetición, solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor Gustavo Villasmil Quintero por la condena que fue erogada por la entidad accionante con ocasión de la transacción suscrita el 23 de febrero de 2005. Radicación: 540012331000201000231 02 (65272) Actor: Municipio de San José de Cúcuta Demandado: Gustavo Villasmil Quintero Referencia: Acción de Repetición 2 En concreto, la entidad demandante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas: 1. Que se declare que el señor Gustavo Villasmil Quintero, en su condición de Alcalde encargado para la época de los hechos, al tenor de lo normado en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, es responsable por su proceder antijurídico y de culpa grave frente a los hechos que dieron lugar a la firma del acta de conciliación el 23 de febrero de 2005, en virtud de la cual el municipio debió pagar al señor Álvaro Iván Araque Chiquillo, apoderado de los pensionados Ley 6ª de 1992, la suma de ocho mil doscientos ochenta y seis mil millones (sic), cuatrocientos sesenta y cuatro mil, ciento ochenta y nueve pesos con cuarenta centavos ($8.246’464.189,40 oo). 2. Que, como consecuencia de la anterior declaración se condene al señor Gustavo Villasmil Quintero, en su condición de Alcalde encargado para la época de los hechos, al pago total del valor que el municipio de San José de Cúcuta pagó con ocasión del acta de conciliación del 23 de febrero de 2005, la cual fue declarada nula, por el Tribunal de Distrito Judicial, Sala Laboral o del monto de lo que corresponde según lo estime la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pago que se debe realizar a favor del municipio de San José de Cúcuta. 3. Que en sentencia que ponga fin al presente proceso sea aquella que reúna los requisitos exigidos por los artículos 68 del Código Contencioso Administrativo y artículo 488 del Código de Procedimiento Civil que en ella conste una obligación clara, expresa y exigible a objeto que preste mérito ejecutivo. 4. Que el monto de la condena que sea proferida contra el señor Gustavo Villasmil Quintero, en su condición de Alcalde encargado para la época de los hechos, sea actualizada hasta el monto del pago efectivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. 5. Que se condene en costas al demandado. Como fundamentos fácticos de la demanda se narró lo siguiente: Varios pensionados del municipio de San José de Cúcuta iniciaron procesos ordinarios laborales con el fin de que se les reconociera el reajuste de las mesadas pensionales “del orden nacional” ordenada por la Ley 6ª de 1992, dado que su derecho se había causado antes del 1° de enero de 1989, de conformidad con el Decreto 2108 de 1992. Mediante sentencia C-531 de 1995, la Corte Constitucional declaró inexequible el aparte que reguló el reajuste prestacional y, en consecuencia, el Consejo de Estado anuló el artículo 1°1 del Decreto 2108 de 1992. Por estos fallos judiciales, se afirmó, no era viable suscribir acuerdo alguno con los demandantes de los procesos ordinarios laborales. 1 “Las pensiones de jubilación del sector público del orden nacional reconocidas con anterioridad al 1º de enero de 1989 que presenten diferencias con los aumentos de salarios serán reajustadas a partir del 1º de enero de 1993, 1994 y 1995”. Radicación: 540012331000201000231 02 (65272) Actor: Municipio de San José de Cúcuta Demandado: Gustavo Villasmil Quintero Referencia: Acción de Repetición 3 No obstante, el 23 de febrero de 2005, el municipio de San José de Cúcuta, a través de su alcalde encargado, señor Gustavo Villasmil Quintero pactó y suscribió un acuerdo conciliatorio con el abogado Álvaro Iván Araque Chiquillo por la suma equivalente a $7.985’856.757,84, como pago anticipado de los derechos reclamados en esos procesos. Ante el impago de las cuotas pactadas, el abogado Álvaro Iván Araque Chiquillo inició un proceso ejecutivo en contra del municipio de Cúcuta, para que las sumas debidas fueran canceladas. Para tal fin, allegó al proceso como título ejecutivo el acta de conciliación suscrita con el ente territorial. El 18 de julio de 2005, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta libró mandamiento de pago. El 11 de noviembre de 2008, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta declaró la nulidad de todo lo actuado, negó el mandamiento de pago, devolvió los títulos judiciales y, además, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura. Esta decisión, se sustentó en que: i) las normas que le daban soporte a las pretensiones laborales de los pensionados del municipio no les eran aplicables y, además, ii) habían sido declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. De ahí que el título no prestara mérito ejecutivo. Por lo anterior, para el Municipio de San José de Cúcuta, el acta de transacción estaba viciada de nulidad absoluta por ausencia de capacidad legal del exalcalde y, además, por su objeto ilícito. Así, se atribuyó al señor Gustavo Villasmil Quintero la responsabilidad por ese daño a título de culpa grave, toda vez que en su calidad de alcalde encargado suscribió un acuerdo conciliatorio abiertament e ilegal. En concreto, el ente territorial se amparó en las presunciones de los numerales 1 y 32 del artículo 6° de la Ley 678 de 2001. El sustento de la imputación fue el siguiente: [E]l señor Gustavo Villasmil Quintero, alcalde encargado para la época de los hechos, de acuerdo a la Ley 678, agosto 3 de 2001 (sic), que reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado incurrió según el artículo sexto (6°), en falta gravemente culposa, teniendo en cuenta que como reza el texto de la norma, la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa de la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, en consecuencia, se presuma que la conducta del señor Villasmil Quintero es gravemente culposa por cuanto el acta de conciliación que se suscribió el 23 de febrero de 2005, es un documento amorfo, que no reúne los requisitos que señala la ley para que se pueda h ablar de conciliación, documento que debió someterse a control de legalidad, además, que en el 2 “1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho (…) 3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.”. Radicación: 540012331000201000231 02 (65272) Actor: Municipio de San José de Cúcuta Demandado: Gustavo Villasmil Quintero Referencia: Acción de Repetición 4 momento de suscribir el acta no se conocía la identificación plena de las partes que supuestamente intervenían en la conciliación, de otra parte, las personas que suscribieron el acta no estaban habilitadas para ello y más grave aún, fue el hecho que el acta de conciliación se suscribió por cerca de 8000 millones de pesos sin que existieran elementos de juicio que permitieran determinar esas suma, incurriéndose así, en violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho y omisión de las formas sustanciales. 2. Trámite en primera instancia La demanda fue admitida mediante providencia de 12 de febrero de 2014, la cual se notificó en debida forma al demandado y al Ministerio Público (fls. 227-237, 244, 267 c. 2). El señor Gustavo Villasmil Quintero solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda. Manifestó que no actuó de manera gravemente culposa, porque su proceder fue ajustado a la ley, dado que era procedente el reajuste pensional en los términos de la Ley 6ª de 1992, al punto de que un asesor externo “de las mejores condiciones académicas” rindió informe favorable en ese mismo sentido. Además, en el proceso de responsabilidad fiscal fue absuelto, dado que su conducta “no logra[ba] encuadrarse ni a título de dolo ni como culpa grave”. Agregó que no hubo “daño antijurídico” por cuanto el pago que se efectuó de la conciliación estuvo amparada en obligaciones judiciales y, por tanto, no se derivó del arbitrio del alcalde encargado. Con todo, a su juicio, no existía una sentencia condenatoria que diera origen a la repetición, pu

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012331000201000231021100103