CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 54001-23-31-000-2010-00231-02(65272)
Actor: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Demandado: GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN –
contrato de transacción / FALLO INHIBITORIO.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2019, por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, en la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante transacción de 23 de febrero de 2005, el municipio de San José de Cúcuta
y el apoderado de varios pensionados del ente territorial se acordó el “pago diferido
de procesos en vía de ejecución y pago anticipado de derechos litigados en
procesos ordinarios laborales”. Por esta razón, se inició un proceso de repetición en
contra de quien fungió como alcalde y que, además, suscribió el mencionado
acuerdo, respecto del cual, se aseguró, era ilegal.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante demanda presentada el 13 de julio de 2010 (fls. 10-37 c. 2), el municipio
de San José de Cúcuta, por conducto de apoderado judicial (fol. 1 c. 2), en ejercicio
de la acción de repetición, solicitó que se declarara patrimonialmente responsable
al señor Gustavo Villasmil Quintero por la condena que fue erogada por la entidad
accionante con ocasión de la transacción suscrita el 23 de febrero de 2005.
Radicación: 540012331000201000231 02 (65272)
Actor: Municipio de San José de Cúcuta
Demandado: Gustavo Villasmil Quintero
Referencia: Acción de Repetición
2
En concreto, la entidad demandante solicitó que se efectuaran las siguientes
declaraciones y condenas:
1. Que se declare que el señor Gustavo Villasmil Quintero, en su condición de
Alcalde encargado para la época de los hechos, al tenor de lo normado en el
numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, es responsable por su proceder
antijurídico y de culpa grave frente a los hechos que dieron lugar a la firma del
acta de conciliación el 23 de febrero de 2005, en virtud de la cual el municipio
debió pagar al señor Álvaro Iván Araque Chiquillo, apoderado de los pensionados
Ley 6ª de 1992, la suma de ocho mil doscientos ochenta y seis mil millones (sic),
cuatrocientos sesenta y cuatro mil, ciento ochenta y nueve pesos con cuarenta
centavos ($8.246’464.189,40 oo).
2. Que, como consecuencia de la anterior declaración se condene al señor
Gustavo Villasmil Quintero, en su condición de Alcalde encargado para la época
de los hechos, al pago total del valor que el municipio de San José de Cúcuta
pagó con ocasión del acta de conciliación del 23 de febrero de 2005, la cual fue
declarada nula, por el Tribunal de Distrito Judicial, Sala Laboral o del monto de
lo que corresponde según lo estime la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pago que se debe realizar a favor del municipio de San José de
Cúcuta.
3. Que en sentencia que ponga fin al presente proceso sea aquella que reúna los
requisitos exigidos por los artículos 68 del Código Contencioso Administrativo y
artículo 488 del Código de Procedimiento Civil que en ella conste una obligación
clara, expresa y exigible a objeto que preste mérito ejecutivo.
4. Que el monto de la condena que sea proferida contra el señor Gustavo
Villasmil Quintero, en su condición de Alcalde encargado para la época de los
hechos, sea actualizada hasta el monto del pago efectivo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
5. Que se condene en costas al demandado.
Como fundamentos fácticos de la demanda se narró lo siguiente:
Varios pensionados del municipio de San José de Cúcuta iniciaron procesos
ordinarios laborales con el fin de que se les reconociera el reajuste de las mesadas
pensionales “del orden nacional” ordenada por la Ley 6ª de 1992, dado que su
derecho se había causado antes del 1° de enero de 1989, de conformidad con el
Decreto 2108 de 1992.
Mediante sentencia C-531 de 1995, la Corte Constitucional declaró inexequible el
aparte que reguló el reajuste prestacional y, en consecuencia, el Consejo de Estado
anuló el artículo 1°1 del Decreto 2108 de 1992. Por estos fallos judiciales, se afirmó,
no era viable suscribir acuerdo alguno con los demandantes de los procesos
ordinarios laborales.
1 “Las pensiones de jubilación del sector público del orden nacional reconocidas con anterioridad al
1º de enero de 1989 que presenten diferencias con los aumentos de salarios serán reajustadas a
partir del 1º de enero de 1993, 1994 y 1995”.
Radicación: 540012331000201000231 02 (65272)
Actor: Municipio de San José de Cúcuta
Demandado: Gustavo Villasmil Quintero
Referencia: Acción de Repetición
3
No obstante, el 23 de febrero de 2005, el municipio de San José de Cúcuta, a través
de su alcalde encargado, señor Gustavo Villasmil Quintero pactó y suscribió un
acuerdo conciliatorio con el abogado Álvaro Iván Araque Chiquillo por la suma
equivalente a $7.985’856.757,84, como pago anticipado de los derechos
reclamados en esos procesos.
Ante el impago de las cuotas pactadas, el abogado Álvaro Iván Araque Chiquillo
inició un proceso ejecutivo en contra del municipio de Cúcuta, para que las sumas
debidas fueran canceladas. Para tal fin, allegó al proceso como título ejecutivo el
acta de conciliación suscrita con el ente territorial. El 18 de julio de 2005, el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta libró mandamiento de pago.
El 11 de noviembre de 2008, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta
declaró la nulidad de todo lo actuado, negó el mandamiento de pago, devolvió los
títulos judiciales y, además, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la
Nación, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la
Nación y al Consejo Superior de la Judicatura. Esta decisión, se sustentó en que: i)
las normas que le daban soporte a las pretensiones laborales de los pensionados
del municipio no les eran aplicables y, además, ii) habían sido declaradas
inexequibles por la Corte Constitucional. De ahí que el título no prestara mérito
ejecutivo.
Por lo anterior, para el Municipio de San José de Cúcuta, el acta de transacción
estaba viciada de nulidad absoluta por ausencia de capacidad legal del exalcalde y,
además, por su objeto ilícito. Así, se atribuyó al señor Gustavo Villasmil Quintero la
responsabilidad por ese daño a título de culpa grave, toda vez que en su calidad de
alcalde encargado suscribió un acuerdo conciliatorio abiertament e ilegal. En
concreto, el ente territorial se amparó en las presunciones de los numerales 1 y 32
del artículo 6° de la Ley 678 de 2001. El sustento de la imputación fue el siguiente:
[E]l señor Gustavo Villasmil Quintero, alcalde encargado para la época de los
hechos, de acuerdo a la Ley 678, agosto 3 de 2001 (sic), que reglamenta la
determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado incurrió
según el artículo sexto (6°), en falta gravemente culposa, teniendo en cuenta que
como reza el texto de la norma, la conducta del agente del Estado es gravemente
culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa de la
Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el
ejercicio de las funciones, en consecuencia, se presuma que la conducta del
señor Villasmil Quintero es gravemente culposa por cuanto el acta de conciliación
que se suscribió el 23 de febrero de 2005, es un documento amorfo, que no reúne
los requisitos que señala la ley para que se pueda h ablar de conciliación,
documento que debió someterse a control de legalidad, además, que en el
2 “1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho (…) 3. Omisión de las formas
sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error
inexcusable.”.
Radicación: 540012331000201000231 02 (65272)
Actor: Municipio de San José de Cúcuta
Demandado: Gustavo Villasmil Quintero
Referencia: Acción de Repetición
4
momento de suscribir el acta no se conocía la identificación plena de las partes
que supuestamente intervenían en la conciliación, de otra parte, las personas
que suscribieron el acta no estaban habilitadas para ello y más grave aún, fue el
hecho que el acta de conciliación se suscribió por cerca de 8000 millones de
pesos sin que existieran elementos de juicio que permitieran determinar esas
suma, incurriéndose así, en violación manifiesta e inexcusable de las normas de
derecho y omisión de las formas sustanciales.
2. Trámite en primera instancia
La demanda fue admitida mediante providencia de 12 de febrero de 2014, la cual
se notificó en debida forma al demandado y al Ministerio Público (fls. 227-237, 244,
267 c. 2).
El señor Gustavo Villasmil Quintero solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda. Manifestó que no actuó de manera gravemente culposa, porque su
proceder fue ajustado a la ley, dado que era procedente el reajuste pensional en los
términos de la Ley 6ª de 1992, al punto de que un asesor externo “de las mejores
condiciones académicas” rindió informe favorable en ese mismo sentido. Además,
en el proceso de responsabilidad fiscal fue absuelto, dado que su conducta “no
logra[ba] encuadrarse ni a título de dolo ni como culpa grave”.
Agregó que no hubo “daño antijurídico” por cuanto el pago que se efectuó de la
conciliación estuvo amparada en obligaciones judiciales y, por tanto, no se derivó
del arbitrio del alcalde encargado. Con todo, a su juicio, no existía una sentencia
condenatoria que diera origen a la repetición, pu
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.