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FALTA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

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Consejo de Estado Providencia

Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020180099801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal? ¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior? ¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Procede actualizar la suma por concepto de la cláusula penal que se reconoció en primera instancia

Sentencia — Sentencia 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233300020180036501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede actualizar la suma por concepto de la cláusula penal que se reconoció en primera instancia por el incumplimiento del convenio y que no fue cuestionado por MADR? Sí
Cuando el contratista ejecuta solo una parte de las actividades pactadas, la cláusula penal se reduce de manera proporcional al cumplimiento parcial, aunque la entidad no haya cuestionado esa reducción en la apelación. Esta regla se apoya en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, que permiten ajustar la pena a la obligación efectivamente incumplida. Por ello, el monto de la pena se calcula sobre el porcentaje no ejecutado del convenio y no sobre su valor total. En el caso concreto el tribunal estableció que se ejecutó el noventa por ciento de las actividades del plan operativo, y la penalidad proporcional fue fijada en una suma que luego se actualizó desde la fecha de terminación del convenio hasta la fecha de la sentencia. La sala modificó la condena en ese sentido. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la cláusula penal se liquida proporcionalmente al incumplimiento parcial y se actualiza desde la terminación del convenio.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente realizar el reintegro por parte de Asogras y a favor del Tesoro Nacional de los recursos que le fueron desembolsados y no ejecutó en el desarrollo del convenio? ¿Procede el reconocimiento del interés moratorio causado sobre los dineros a ser reintegrados por Asogras? ¿Es procedente practicar la liquidación judicial del convenio de asociación y adicionar la sentencia en este sentido?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Sala revocará la sentencia de primera instancia y, negará la pretensión única formulada en la demanda

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190075801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo? ¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio? ¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente

Sentencia — Sentencia 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 66001233300020170001001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del… ¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades? ¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Debe recordarse que “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 08001233100020110050601 ACCION CONTRACTUAL
¿Se cumplieron los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente al fallo de primera instancia en la que se condenó a la entidad territorial por incumplimiento del contrato interadministrativo? Sí
El contratista cumple con los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente a una condena por incumplimiento de contrato interadministrativo, siempre que el proceso tenga vocación de doble instancia, la cuantía de la condena supere los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el fallo no haya sido apelado. En este caso, la demanda se presentó en 2011, por lo que se rige por el Código Contencioso Administrativo de 1984, y la Sala es competente para conocer del asunto debido a la procedencia del grado jurisdiccional de consulta. La entidad territorial fue condenada por incumplimiento del convenio interadministrativo, y dado que el fallo no fue apelado y cumplía con los requisitos de cuantía y doble instancia, la Sala confirmó la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, lo que implica que el proceso puede continuar en esta instancia sin necesidad de un recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional está legitimada en la causa por activa y el Municipio por pasiva… ¿El convenio interadministrativo celebrado entre las partes tuvo por objeto la ejecución de obras viales con recursos aportados por Acción Social… ¿Para el cómputo del término de caducidad de la acción contractual es necesario determinar en qué momento se realizó la liquidación unilateral del convenio interadministrativo y si previamente…
Consejo de Estado Providencia

Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación

Sentencia — Sentencia 2025-10-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 52001233300020180000801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estos están sujetos al cumplimiento de condiciones suspensivas no acreditadas dentro del plazo de ejecución contractual? Sí
El contratista no puede exigir válidamente el cumplimiento de desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estas obligaciones están sujetas a condiciones suspensivas no cumplidas dentro del plazo de ejecución contractual, según establece la Sala. La entidad estatal puede negarse a realizar estos desembolsos si las condiciones suspensivas no se han acreditado, ya que la exigibilidad de dichas obligaciones depende de la ocurrencia de dichos eventos futuros. La Sala reitera que la realización de los desembolsos debe cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el convenio, y que la falta de cumplimiento de estas condiciones dentro del plazo contractual impide que la obligación se haga exigible. Esto implica que la entidad estatal no incumple el convenio al no efectuar los desembolsos cuando las condiciones no se han cumplido, y que la Sala revoca la decisión de declarar probada la excepción de contrato no cumplido en favor del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incumplió el convenio de asociación al no efectuar el segundo y tercer desembolsos pactados… ¿Vulnera el principio de congruencia y el debido proceso que el juez declare probada una excepción no propuesta expresamente por la parte demandada, si está debidamente acreditada en el expediente? ¿Puede declararse la responsabilidad contractual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) por el supuesto incumplimiento de su obligación de liquidar bilateralmente un convenio…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: no se aportó al proceso el clausulado de la póliza que permitiera determinar cuáles fueron los amparos otorgados

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020180099801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se aportó al proceso el clausulado de la póliza que permitiera determinar cuáles fueron los amparos otorgados por la aseguradora? No
Aclaro que la imposibilidad de determinar si el no reintegro de los recursos entregados a [la asociación indígena] estaba cubierto por la garantía del convenio derivó del hecho consistente en que no se aportó al proceso el clausulado de la póliza que permitiera determinar en forma inequívoca cuáles fueron los amparos otorgados por [la aseguradora] en este específico asunto, por lo cual acompañé la decisión de hacer efectivo el amparo de cumplimiento únicamente hasta el monto del valor de la cláusula penal reducida en proporción al porcentaje de cumplimiento, aspecto que la aseguradora no discutió.
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: Salvamento voto

Salvamento voto — Salvamento de voto 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020180099801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El reparo presentado por la aseguradora demandada respecto del estado real de cumplimiento del convenio fue resuelto adecuadamente? No
No comparto la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia que declaró el incumplimiento del convenio por parte de la Asociación de Autoridades Indígenas… , pues considero que el reparo presentado por [la aseguradora demandada] respecto del estado real de cumplimiento no fue resuelto adecuadamente. No es cierto que la aseguradora afirmara o confesara que el convenio se cumplió únicamente en un 75% ni que no se cuestionara en la apelación el porcentaje real de cumplimiento del convenio. La apelante solicitó que en segunda instancia se revisara “la ejecución real del convenio” a partir del análisis de “todos los elementos probatorios del expediente” y afirmó que estaba probado que las actividades del convenio se habían cumplido mínimo en un 75%.
También resuelve: ¿No es cierto que el reintegro de los recursos no ejecutados por la asociación no constituya un perjuicio derivado del incumplimiento?
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: los principios de la contratación pública fueron directamente violentados

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-12-16 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000232600020100060702 ACCION CONTRACTUAL
¿Los principios de la contratación pública fueron directamente violentados, dado que la intención que movió el compromiso de los recursos públicos no fue la de favorecer el interés general? Sí
Considero necesario aclarar el voto respecto de la sentencia dictada, en cuanto atañe a las restituciones mutuas y al pago de lo no debido. La entidad estatal fue víctima [de] conductas punibles, manifestadas en un comportamiento [dirigido] a defraudar los principios de la contratación estatal y los recursos públicos comprometidos en el negocio, lo cual debería conllevar a la orden de reintegro de los dineros entregados al contratista. Para la interpretación de la realidad contractual [era pertinente remitirse] a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual “las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa”.
También resuelve: ¿El contratista, valiéndose de una ilicitud, obtuvo provecho económico por razón de la recepción de recursos públicos que no fueron invertidos o ejecutados en la prestación correspondiente?
SIN DECISION