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¿Corresponde: i) declarar el incumplimiento del contrato No. 20090127, suscrito el primero (1°) de septiembre de 2009, entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ciudadano Armando Pineda Pineda, y como consecuencia de ello: ii) ordenar al contratista la devolución o restitución de los fondos desembolsados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la ejecución del contrato No. 20090127 de 2009; (ii) hacer efectiva la cláusula penal estipulada en la cláusula décima primera del contrato No. 20090127 de 2009 a favor de la entidad demandante, [...] y (iv) liquidar judicialmente el contrato No. 20090127 de 2009, conforme lo solicita la parte actora? Sí
El contratista debe devolver los fondos desembolsados y hacer efectiva la cláusula penal cuando incumple gravemente sus obligaciones contractuales, especialmente si no cumple con actividades esenciales como el establecimiento y mantenimiento de una plantación forestal, tal como ocurrió en este caso donde la especie calophyllum mariae no se adaptó y la plantación se perdió en su totalidad. La entidad estatal puede declarar el incumplimiento y liquidar judicialmente el contrato si el contratista no atiende las advertencias y requerimientos para cumplir con sus obligaciones, incluyendo la póliza de cumplimiento. Esta decisión reitera la obligación de las partes de cumplir con las obligaciones indivisibles del contrato y las consecuencias del incumplimiento grave, lo que implica la pérdida del incentivo forestal y la devolución de los valores recibidos.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2024-06-17Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020180027901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se omitió pronunciamiento sobre las sumas que el Distrito Capital debe devolver a la aseguradora? No
El artículo 287 permite adicionar, de oficio o a petición de parte, las sentencias en las cuales se ha omitido resolver algún aspecto de la litis; sin embargo, en este caso particular no se dejó de resolver el aspecto de la controversia indicado por la parte demandante en la solicitud de adición, por lo cual esta será negada de conformidad con lo siguiente… las pretensiones 4 y 5 de la demanda fueron resueltas en la forma solicitada, de manera expresa e inequívoca, en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia cuya adición se pretende se evidencia que no es cierto que en la sentencia de 12 de abril de 2024 se hubiera omitido un pronunciamiento expreso en relación con las súplicas de condena 4 y 5 de la demanda; además, la Sala también precisó la razón por la cual no se indicó una suma líquida de dinero, consistente en la ausencia de certeza en relación con el valor a devolver…
También resuelve:¿La ausencia de mención de una suma de dinero específica impide el cobro de la obligación impuesta en el fallo de segunda instancia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias2024-06-28Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020140022401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las providencias judiciales en las que se hubiese incurrido en error aritmético, por omisión, cambio de palabras o de alteración de éstas, son corregibles por el juez que las dictó de oficio o a petición de parte? Sí
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 286 [CGP], las providencias judiciales en las que se hubiese incurrido en un error puramente aritmético, por omisión, cambio de palabras o de alteración de éstas, son corregibles por el juez que las dictó de oficio o a petición de parte, en cualquier tiempo, siempre que la falencia se encuentre en la parte resolutiva o influya en esta. La Sala encuentra que no se cometieron errores en los literales a y c del ordinal segundo de la resolutiva primera de la sentencia, pues [se expuso] con claridad que la Unión Temporal tenía derecho a percibir $8.667’304.573, por haber ejecutado el 55% del contrato; no obstante, recibió $12.474’593.560 por concepto de anticipos y pagos parciales; por eso era procedente que devolviera la suma que recibió y no ejecutó, es decir, $3.807’288.987.
También resuelve:¿La obligación a cargo de La Previsora S. A. surge como consecuencia de la ocurrencia del siniestro por la cobertura del pago amparado por la póliza de seguro?
¿La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos? Sí
La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos. En el caso de los convenios interadministrativos, su razón de ser se dirige a la promoción de objetivos mancomunados entre sus contrayentes, en el marco de las funciones que la ley asigna a cada una de ellas. Esta alianza genera una dinámica que potencializa el quehacer administrativo, siendo que todas ellas enlazan sus esfuerzos en una expresión única y objetiva del interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El Municipio de Chigorodó incumplió las obligaciones asumidas en el Convenio Interadministrativo No. 282 de 2016?¿Puede el municipio exonerarse de responsabilidad alegando que el incumplimiento fue exclusivamente del contratista de la obra?¿Debe el Municipio de Chigorodó reintegrar a Prosperidad Social los recursos desembolsados para la ejecución del proyecto y sus rendimientos financieros?
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que decidió liquidar el convenio de colaboración entre Ecopetrol y el Municipio de Mani, con la orden de reintegrar los remanentes no ejecutados al Sistema General de Regalías porque, en criterio del recurrente, no sobró ningún recurso económico? No
Los recursos de regalías no ejecutados en un convenio de colaboración deben reintegrarse a la cuenta única del Sistema General de Regalías, según el artículo 95 de la Ley 1530 de 2012, aplicable por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y que los rendimientos financieros que el ente territorial deba devolver al aportante no se descuentan de esa deuda, porque provienen de una fuente distinta. Una razón es que los egresos justificados fueron de 2.948.981.934 pesos frente a un presupuesto de 2.970.230.253 pesos, de modo que quedó un saldo que el municipio no demostró haber invertido. Otra razón es que el desembolso de los rendimientos financieros no provino de los fondos del convenio, sino de la cuenta donde se depositó el aporte, por lo que no puede compensarse con las regalías pendientes. En el caso, el apelante no pudo respaldar su afirmación de que invirtió todo el dinero del convenio, y la Sala confirmó la liquidación del tribunal. Su consecuencia práctica es que el ente territorial debe documentar el destino de cada peso del convenio y no puede compensar rendimientos con regalías no invertidas.síntesis automática
También resuelve:¿Debe condenarse en costas procesales de segunda instancia a la parte demandada, recurrente en este caso, cuyo recurso de apelación le fue desfavorable?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020190086001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala confirma la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede modificar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, ya que esta norma procesal es de orden público y obligatorio cumplimiento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad al considerar que la demanda presentada por el contratista fue extemporánea, pues venció el plazo para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo el 31 de mayo de 2017, y la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2019, fuera del término legal. La Sala confirma esta decisión, rechazando la demanda y no pronunciándose sobre la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, lo que implica que el contratista no podrá ejercer las pretensiones planteadas en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El término para la liquidación bilateral venció el 31 de mayo de 2017, siendo esta la fecha a tener en cuenta para realizar el cómputo de la caducidad?¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal por haber operado la caducidad del medio de control y la prescripción derivada del contrato de seguro?
¿La obligación de devolución pactada en el acuerdo de pago suscrito entre la CNTV y Galaxy, condicionada a una eventual decisión judicial o administrativa favorable a Galaxy y/o Sky, resulta exigible ante el acaecimiento de dicha condición suspensiva? Sí
El contratista puede establecer una obligación condicional en un acuerdo de pago con la entidad estatal, siempre y cuando dicha condición no contravenga la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración. En este caso, la Sala determinó que la cláusula novena del acuerdo de pago, que establece la devolución de sumas de dinero en caso de una decisión judicial o administrativa favorable al contratista, es válida y eficaz, pues no transgrede los límites de la autonomía privada de la entidad estatal y cumple con los requisitos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta decisión reitera la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, siempre y cuando se respeten los principios y finalidades del ordenamiento jurídico aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿La cláusula novena del acuerdo de pago celebrado entre la CNTV y DirecTV resulta válida y eficaz en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?¿Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responsable del cumplimiento de la obligación condicional pactada en la cláusula novena del acuerdo de pago suscrito…¿Se entiende cumplida la condición suspensiva establecida en la cláusula novena del acuerdo de pago del 14 de diciembre de 2005…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-23Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020240034501LEY 1437 REPETICION
¿Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia? Sí
El contratista debe cumplir las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero en un plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, conforme al inciso 4 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Si la entidad pública no cumple dentro de este plazo, la acción de repetición del contratista puede caducar, afectando su derecho a la reparación directa. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, según el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Además, el plazo de dos años para ejercer el medio de control de repetición es invariable y de orden público, no pudiendo ser modificado por la entidad pública, lo que garantiza la seguridad jurídica y el interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿El fenómeno de la caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces a presentar una demanda?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que el contrato estatal no fue liquidado inicia desde el día siguiente a la fecha en la que debió ser este liquidado? Sí
El contratista puede iniciar una acción de controversias contractuales cuando el contrato estatal no ha sido liquidado, y el término de caducidad de dos años para presentar la demanda comienza a computarse desde el día siguiente a la fecha en que debió ser liquidado el contrato, lo que implica que si el contrato no fue liquidado en la fecha prevista, el plazo para la acción de controversias inicia desde esa fecha. Además, ante la acreditación del incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal, procede la exigencia de la cláusula penal pactada en el mismo, salvo que se demuestre que el incumplimiento es imputable a factores externos no controlables por la entidad. En casos de incumplimiento parcial, la entidad debe reintegrar solo lo no ejecutado, mientras que los recursos efectivamente invertidos no son objeto de devolución, a menos que se pruebe que la entidad no cumplió con sus obligaciones contractuales de manera diligente. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, proporcionando mayor claridad sobre el cómputo del término de caducidad y los efectos del incumplimiento en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la acreditación del incumplimiento del contrato por parte de la entidad procede la exigencia de la cláusula penal pactada en el mismo?¿Procede la devolución del dinero de lo que se ejecutó en el contrato ante el incumplimiento por parte de la entidad en la ejecución de este?
¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de obra pública por parte del Distrito Capital de Bogotá – Fondo Ciudad Bolívar, al no reintegrar en forma oportuna el valor de los descuentos denominados retegarantía, por no haber liquidado el contrato dentro de los términos legales para tal efecto? No
El Consorcio Parques CB5 pretende que se declare que el Distrito Capital de Bogotá – Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar incumplió el contrato número COP-277-2018 suscrito entre ellos porque la entidad contratante no lo liquidó y, en consecuencia, no reintegró en forma oportuna al contratista las retenciones del 10% sobre el valor de cada acta parcial pagada (denominado por las partes retegarantía), lo cual estaba sujeto a la liquidación del contrato, la cual reclama sea dispuesta judicialmente.
También resuelve:¿Debe condenarse en costas procesales en ambas instancias a la parte vencida en el proceso?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de la cuantía del asunto conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala confirma el incumplimiento del contrato por parte de la Unión Temporal, basándose en pruebas adicionales al informe de auditoría, y estima procedente la condena por la cláusula penal pactada, que tiene una función meramente compensatoria y no sancionatoria, por lo que no se aplica el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Se corrige el monto de la cláusula penal a un 10% del valor del contrato, y se revoca la condena a la devolución del pago de servicios adicionales por falta de pruebas suficientes presentadas por la entidad. La Sala no condena en costas al considerar que el recurso prosperó parcialmente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contrato respecto de la oferta de vehículos de reposición realizada por la Unión Temporal?¿Es procedente la condena por la cláusula penal ante la acreditación del incumplimiento de algunas obligaciones contractuales a cargo de la contratista?¿ Procede la modificación del monto de la cláusula penal porque el tribunal condenó por un mayor valor al pactado en el contrato?
¿La demanda respecto a las pretensiones acumuladas de controversias contractuales y reparación directa fue presentada dentro del término de caducidad respecto a estos medios de control? Sí
El contratista presenta una demanda acumulando pretensiones de controversias contractuales y reparación directa dentro del término de caducidad establecido por la ley. En este caso, el contrato de promesa de compraventa se regía por el derecho privado y no contemplaba liquidación, por lo que el término de caducidad para controversias contractuales se contabiliza desde la terminación del contrato, que ocurrió el 22 de agosto de 2018, con la devolución del dinero a Llano Verde. La demanda fue presentada el 16 de noviembre de 2018, dentro del plazo legal. Para la reparación directa, el término de caducidad comenzó el 11 de julio de 2018, cuando Emsirva comunicó la imposibilidad de suscribir la escritura de venta, y la demanda se presentó oportunamente el 16 de noviembre de 2018. La acumulación de pretensiones es procedente conforme al artículo 165 del CPACA. La cláusula décima del contrato excluye el reconocimiento de intereses y perjuicios adicionales en caso de terminación por imposibilidad de tradición, lo que implica que no procede la indemnización de perjuicios reclamada por los demandantes.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes del contrato acordaron que en caso de terminación por imposibilidad de realizar la tradición del bien, se devolvería el dinero pagado sin reconocimiento de intereses…¿Procede negar las pretensiones de reparación directa formuladas en la demanda porque los perjuicios reclamados por los demandantes se derivan del incumplimiento del contrato…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo? Sí
Cuando las partes de un convenio interadministrativo acuerdan liquidarlo de común acuerdo y no pactan la posibilidad de una liquidación unilateral, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral. Esta regla aplica el numeral iv) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que contempla esa subregla para los negocios que requieren liquidación. Su fundamento es que la liquidación unilateral solo opera si se pactó expresamente, de modo que, en silencio del convenio, el plazo de caducidad se ancla a la liquidación bilateral. En el caso concreto el convenio se firmó con un plazo de ejecución y una cláusula que remitía a la Ley 80 de 1993 para liquidar dentro de cuatro meses, y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al vencimiento de ese plazo. Por ello la sala modificó la decisión de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula desde el plazo de liquidación bilateral y no desde la terminación del convenio.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Montería incumplió el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 celebrado con Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (luego Ministerio de Vivienda…¿Es procedente acceder a la pretensión de restitución del valor de la tubería no instalada?¿Resulta improcedente la condena en costas por prosperidad parcial del recurso de apelación?
¿La parte demandante demostró que Corpometa incumplió sus obligaciones contractuales consistentes en la implementación de un agrocentro, implementación de una plataforma tecnologíca para comercio electrónico y la capacitación a pequeños empresarios en herramientas TIC? Sí
El contratista debe reintegrar a la entidad estatal lo desembolsado y no ejecutado, así como el valor de la cláusula penal pactada en el contrato, cuando incumple sus obligaciones de resultado, como la implementación de un agrocentro, una plataforma tecnológica para comercio electrónico y la capacitación de pequeños empresarios en herramientas TIC, ya que la carga de acreditar el cumplimiento de estas obligaciones recae sobre el contratista. La entidad estatal demostró que el contratista no cumplió con estas obligaciones mediante un informe de interventoría que Corpometa no desvirtuó ni contradijo, lo que lleva a la confirmación de la sentencia que condena al contratista a reintegrar el valor no ejecutado del contrato y a pagar la cláusula penal. Además, la aseguradora del contratista debe efectuar el pago de la garantía de cumplimiento del valor total de la condena, siempre y cuando no se haya configurado la prescripción de la acción de cobro, lo que en este caso no ocurrió ya que la entidad estatal presentó la demanda dentro del término legal de dos años desde que tuvo conocimiento del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Demostrado el incumplimiento del convenio de cooperación, debe la parte demandada, CORPOMETA, pagar lo pactado en la cláusula penal y reintegrar a la parte demandante el valor recibido y no…¿La aseguradora debe efectuar el pago de la garantía de cumplimiento del valor total de la condena que debe asumir Corpometa por el incumplimiento del convenio?¿Procede condenar en costas a las recurrentes debido a que el recurso de apelación no les fue favorable?
¿La prescripción de los derechos derivados del contrato de seguro dispone una consecuencia extintiva derivada de la inactividad del interesado en hacer efectivos sus derechos, mediante un término ordinario y otro extraordinario, cuya aplicación dependerá del tipo de sujeto que la alega, que para el caso del beneficiario, cuando se trata de una entidad estatal, será la ordinaria? Sí
Según lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinaria o extraordinariamente para lo cual, en el primer caso, el término de prescripción será de dos (2) años contados desde el momento en que el interesado haya tenido o debió tener conocimiento del hecho que origina la acción, y en el segundo, tal término será de cinco (5) años, que correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.… Ahora bien, en cuanto a la posición sobre la aplicación de la prescripción ordinaria y extraordinaria en cada caso esta Sección Tercera ha tenido varias posiciones en las subsecciones A y B; sin embargo, en el presente asunto realmente el tema radica en el momento en que sucedió el siniestro y/o cuando el beneficiario o víctima conoció de ello.… Contrario al entendimiento del tribunal de primera instancia…
También resuelve:¿Debe decretarse la nulidad de los actos administrativos demandados, mediante los cuales se hizo efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza de seguros suscrita respecto de un contrato de obra…¿Dada la nulidad de los actos mediante los cuales se hizo efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza de seguros del contrato estatal…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
¿La entidad pública demandada estaba habilitada para liquidar de manera unilateral el contrato, al haber operado la terminación del contrato conforme a la cláusula sexta del mismo? Sí
La entidad estatal está habilitada para liquidar unilateralmente el contrato cuando no existe acuerdo entre las partes sobre la liquidación y la terminación ha operado por una causal pactada en el contrato, conforme al artículo 61 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la falta del mínimo de usuarios y la correspondiente acta de compromiso eran causas suficientes para la terminación según la cláusula sexta, de modo que la resolución no fue un motivo falso que viciara el acto. Otra razón es que aunque la entidad invitó en varias oportunidades a liquidar bilateralmente, el contratista se opuso y pidió la conformación de un comité de conciliación para controvertir la terminación, mientras la entidad rechazó esa solicitud, de manera que no existió acuerdo sobre la liquidación. En el caso, el contratista sostenía que la liquidación era improcedente y debía continuarse con la construcción, por lo que la entidad podía liquidar por resolución. La Sala revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de nulidad. Su consecuencia práctica es que la falta de acuerdo sobre la liquidación habilita a la entidad para liquidar unilateralmente.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de adecuación de tierras son un instrumento estatal que suscribe el Instituto Nacional de Tierras y asociaciones de usuarios con entidades públicas o privadas, previamente autorizadas…¿Las partes pactaron que si la ejecución del proyecto de adecuación de tierras San Juan del Cesar, no lograba pasar a la tercera etapa de construcción…¿La terminación automática del contrato era procedente al no cumplirse las condiciones previstas para el inicio de la etapa tres de construcción…
¿La devolución de un tributo con su respectivo reajuste monetario implica una pérdida patrimonial para la entidad pública? No
En el medio de control de repetición, la devolución de un tributo con su reajuste monetario, ordenada por sentencia judicial, no constituye una obligación reparatoria ni una pérdida patrimonial de la entidad pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la acción de repetición exige una condena que tenga naturaleza reparatoria del daño causado a un particular, y la devolución de un tributo pagado indebidamente no reúne ese carácter. Segunda, el reajuste monetario que se reconoce con la devolución no implica un daño patrimonial para la entidad, pues corresponde al valor del tributo ya pagado. En el caso, la Sala concluye que no se acredita el primer presupuesto de la repetición, y la providencia niega las pretensiones. La providencia subraya que el valor devuelto no representa un daño indemnizable para la entidad. En la práctica, la entidad que pretenda repetir contra un funcionario por la devolución de tributos debe demostrar que la condena tuvo carácter reparatorio y produjo una pérdida patrimonial efectiva.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión judicial que ordenó la devolución de una suma dinero por el pago de un tributo es producto de un daño antijurídico?¿La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición?¿La CDMB está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que devolvió una suma de dinero derivada de una sentencia judicial?
¿Los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en desarrollo de contratos sometidos al régimen de derecho privado, tienen naturaleza de actos administrativos? No
El contratista no puede ejercer unilateralmente la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado basándose en disposiciones de la Ley 1474 de 2011, si las partes no incorporaron expresamente dicha ley en el acuerdo de voluntades. En este caso, la entidad estatal pretendió aplicar la Ley 1474 de 2011 para declarar el incumplimiento del contratista, sin que las partes hubieran acordado su inclusión en el contrato. La Sala estableció que la atribución de potestades unilaterales en contratos de derecho privado requiere un pacto claro y expreso, y no basta con la vigencia formal de una disposición legal que forme parte del EGCAP. La regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, matizando que la incorporación de normas del EGCAP debe ser explícita y no puede ser asumida por la mera vigencia de la ley. Esto implica que las partes deben ser cuidadosas al definir las facultades y procedimientos que regirán el contrato, evitando asumir que las disposiciones del EGCAP se aplican automáticamente.síntesis automática
También resuelve:¿La facultad de la contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado podía ejercerse con fundamento en las…¿La Empresa conculcó el debido proceso del Consorcio por variar los señalamientos de incumplimiento contractual al agregar, con posterioridad a la citación…¿Le era exigible al actor formular la respectiva censura por incongruencia en el recurso de reposición que interpuso en contra de la Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013?
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante?¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos?¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
¿La aseguradora se encuentra legitimada en la causa por activa para exigir la reivindicación judicial de derechos del contratista? No
El contratista no está legitimado en la causa por activa para exigir la reivindicación judicial de derechos del contratista, ya que la aseguradora no es parte del contrato estatal y su interés se limita a los aspectos que impactan directamente su patrimonio. Aunque la compañía aseguradora puede discutir la legalidad de los actos administrativos que afectan la garantía del contrato, no puede reclamar las prestaciones propias del contratista ni cuestionar la liquidación unilateral del contrato que no vincula formal ni materialmente a la aseguradora. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, limitando la legitimación en la causa por activa de la aseguradora a los aspectos que directamente la afectan, lo que implica que la aseguradora no puede demandar por los derechos del contratista ni por actos que no la vinculan directamente.síntesis automática
También resuelve:¿Son válidos los actos administrativos que ordenaron hacer efectivo el amparo de cumplimiento para pagar la cláusula penal, cuando dicho amparo ya había sido afectado por su valor total…¿Es nulo el acto administrativo que declara el siniestro y ordena hacer efectiva la garantía de anticipo por apropiación indebida de recursos…¿Tiene derecho la aseguradora al reintegro de las sumas pagadas con cargo a las garantías del contrato, junto con su actualización e intereses…