Titulación de la relatoría 14.584 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿ Cuando la entidad estatal aún tiene competencia para liquidar unilateralmente el contrato puede solicitar su liquidación judicial?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala concluye que, como al momento de la presentación de la demanda el INVIAS tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato y en consideración a que no podía despojarse de ella, dado que, como se analizó, las prerrogativas públicas en tanto obligaciones y responsabilidad de las entidades públicas son irrenunciables, no era procedente acceder a la solicitud de liquidar judicialmente el negocio jurídico, pues ello supondría desconocer, no solo el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo –en tanto en estos casos su
función se debería limitar a controlar, a petición de parte, la controversia o litigio que pudiera surgir en relación con la legalidad de los actos administrativos expedidos por ella–, sino usurpar las funciones que la ley ha asignado a la administración pública, patrocinando, en el menor de los casos, la renuncia al ejercicio de las competencias que a ella corresponden.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿En los convenios interadministrativos de tracto sucesivo, cuando las partes no logren un acuerdo sobre el cruce final de cuentas, la entidad pública que ocupe la posición de contratante debe realizar la liquidación de manera unilateral?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el marco de los contratos interadministrativos de tracto sucesivo, en caso de que las partes no logren un acuerdo sobre el cruce final de cuentas, la entidad pública que ocupe la posición de contratante está en la obligación de realizar la liquidación de manera unilateral, no solo porque no se trata de aquellas potestades a las que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 –cuya incorporación en los contratos interadministrativos no se encuentra autorizada en los términos del artículo 14 de la Ley 80 de 1993–, sino porque frente a la regla legal que manda que los contratos de tracto sucesivo deben liquidarse, no puede oponerse ninguna excepción.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de octubre de 2019, rad. 60304, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14
CUANTÍA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / OBJETO DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / ALCANCE DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / PROCEDENCIA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / REQUISITOS DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA
Problema jurídico:
¿En el grado jurisdiccional de consulta, el juez está habilitado para revisar oficiosamente todos los aspectos que puedan llegar a comprometer la legalidad de la condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
El grado jurisdiccional de consulta ha sido instituido por el legislador como un mecanismo de protección y garantía de diferentes fines e intereses de rango superior asociados a principios y derechos fundamentales de carácter constitucional. En el marco de la jurisdicción de lo contencioso administrativo tales fines gravitan, de una parte, alrededor de la protección de los intereses de sujetos procesales que han estado en una posición desventajosa desde la perspectiva de sus derechos procesales, en tanto, aun cuando estuvieron representados por un
curador ad litem, no acudieron directamente al proceso para defender sus intereses y, de otra, giran en torno a la protección del interés público y se asocia, para los propósitos de la consulta, con el cumplimiento de la ley y, de la mano con ello, con la defensa de los derechos y del patrimonio de las entidades públicas. [...] En ese sentido, el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo (en adelante, CCA) disponía que el grado jurisdiccional de consulta procedía en aquellos casos en los cuales, a través de sentencia de primera instancia, se impusiera una
condena en concreto que superara los 300 SMLM en contra de una entidad pública o en contra de quien hubiere estado representado por curador ad litem. Adicionalmente, la norma preveía que la consulta se entendía interpuesta a favor de la entidad pública condenada o del representado por curador ad litem. En virtud de tales propósitos, el mecanismo no se activa por petición que formule cualquiera de las partes del proceso para que se revise la legalidad del fallo condenatorio de primera instancia, sino que, precisamente, surge de manera oficiosa
ante la falta absoluta de reparos contra esa decisión. De manera que, a diferencia de lo que ocurre en el marco de una apelación en el que la competencia del ad quem se delimita en función de los reparos de la parte impugnante, en la consulta el juez está habilitado para revisar oficiosamente todos los aspectos que puedan llegar a comprometer la legalidad de la condena, desde los procesales hasta los de mérito,
en aras de corregir la providencia en los defectos jurídicos de los que adolezca, o de confirmarla si está libre de ellos, en tanto no está limitado por una formulación de cargos de parte.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza del grado jurisdiccional de consulta, cita: Corte Constitucional, sentencia C-153 del 5 de abril de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell. Sobre la facultad que tiene el juez del grado jurisdiccional de consulta para revisar oficiosamente todos los aspectos que puedan llegar a comprometer la legalidad de la condena, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 6 de abril de 2018, rad. 46005, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 184
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONFLICTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FINALIDAD DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE NULIDAD
Problema jurídico:
¿El objeto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es de naturaleza eminentemente contradictorio?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l objeto de esta jurisdicción [Jurisdicción Contencioso Administrativa] es de naturaleza eminentemente contradictorio, en tanto se dirige a juzgar las “controversias y litigios” que puedan surgir en torno a la actividad de las entidades públicas, los cuales se trasladan al juez como tercero neutral para que, surtido el proceso judicial respectivo en el que las partes tendrán oportunidad de esgrimir sus ataques y defensas, se pronuncie sobre aquellos y los resuelva. Cabe precisar en este punto que no todo proceso que se surte ante esta jurisdicción supone propiamente un litigio entendido como el enfrentamiento o la pugna entre diversos intereses subjetivos opuestos, aunque, también se advierte, no por ello los procesos que no participan de esta condición dejan de ser contenciosos –por oposición a los procesos de jurisdicción voluntaria–, pues, en todo caso, existen posiciones opuestas o controversiales, aunque sea a nivel meramente objetivo o legal, que se revelan en las condiciones de demandante y demandado y a través suyo siempre se busca una declaración que vincule a la parte demandada. En este sentido, la doctrina autorizada señala que en las acciones de nulidad que se surten ante esta jurisdicción hay ausencia de litigio en cuanto no se pretende la reparación de un derecho conculcado ni el reconocimiento de perjuicios sufridos, sino solamente la declaración de nulidad de un acto administrativo (proceso declarativo “puro”); mientras que cuando ese tipo de pretensiones se formulan hay un verdadero litigio con la administración (procesos de “condena o de prestación”), pero, advierte “en ambos casos el proceso es contencioso”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el objeto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de mayo de 2018, rad. 48301, C. P. María Adriana Marín.
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LÍMITES DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS
Problema jurídico:
¿El juez contencioso administrativo puede remplazar a la administración en el ejercicio de sus funciones?
Respuesta al problema jurídico: No
[A] partir del objeto de la jurisdicción contencioso administrativa, se puede derivar con toda contundencia que la labor del juez no consiste, en manera alguna, en reemplazar a la administración en el ejercicio de las funciones que por ley le han sido atribuidas, ni sustituirla a ella o a los sujetos con los que interactúa en el cumplimiento de los deberes que surjan en cabeza de cada uno de ellos a raíz de tal relacionamiento; por lo mismo, no es su función, en el marco de las “controversias” asociadas a contratos estatales, reemplazar a las partes en el cumplimiento de sus deberes negociales, ni a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones legales, mientras tal competencia subsista, como ocurriría, por ejemplo, en la liquidación.
CONTRATO ESTATAL / FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Los contratos estatales se rigen por las normas del derecho común?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala pone de relieve que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales se rigen por las
disposiciones del derecho común; por tanto, están inspirados en la autonomía de la voluntad de los sujetos contratantes que al concertarse da lugar al surgimiento de una determinada relación negocial; no obstante, según esa misma norma, el régimen jurídico que los gobierna también está integrado por disposiciones especiales de derecho público que se erigen como garantía del cumplimiento de los fines del
Estado y que, por ello, buscan la conservación y prevalencia del interés general y la satisfacción de las necesidades de la comunidad como fines innatos de la contratación estatal. En ese sentido, el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 señala que con la celebración de los contratos estatales se busca el cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de
los derechos e intereses de los administrados que colaboran en la consecución de tales propósitos. En aras de lograr tales cometidos de connotación suprema, esa misma ley asigna a las entidades estatales la función de dirección, vigilancia y control y, para ello, las dota de una serie de potestades o prerrogativas públicas – califíquense o no como excepcionales o exorbitantes– que, lejos de constituir un privilegio o una facultad discrecional, se imponen como deberes que la administración debe ejecutar en aras de cumplir el cometido que animó la celebración de un determinado contrato –asociado, como ya se dijo, a la satisfacción del interés general–; claro está, si las circunstancias definidas en la ley como presupuesto de su ejercicio así lo imponen, como manifestación palmaria del principio de legalidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿La liquidación unilateral del contrato es una prerrogativa pública que se inspira en la necesidad de proteger de manera efectiva el patrimonio público?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso de la facultad de liquidación unilateral del contrato, cabe mencionar que, si bien se ha discutido acerca de su equiparación a una verdadera potestad excepcional en tanto, propiamente, su objeto no radica en asegurar que el servicio público objeto del contrato se cumpla de manera continua e ininterrumpida o en evitar su paralización o su grave afectación, sino en establecer con carácter definitivo y vinculante para el contratista las cuentas de la relación negocial, lo cierto es que no hay discusión alguna en cuanto a que se trata de una prerrogativa pública que se inspira en la necesidad de proteger de manera efectiva el patrimonio público y, por lo mismo, el interés general. Así, las razones que subyacen a la existencia y consagración de tales potestades públicas son las mismas que explican porqué la administración no puede
abstraerse de su ejercicio, en tanto se trata de una responsabilidad a la que está sujeta en desarrollo de las funciones que le ha asignado la ley.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la irrenunciabilidad a las prerrogativas de la administración en la contratación estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de julio del 2002, rad. 21217, C. P. Alier Hernández Enríquez.
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / PÉRDIDA DE COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¡La administración pierde la competencia para efectuar la liquidación unilateral del contrato una vez notificado el auto admisorio de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]mbas partes del contrato pueden pretender judicialmente su liquidación, siempre que exista una controversia o litigio al respecto que no hubiere sido posible resolver de manera concertada entre ellas o unilateralmente por la administración por carecer de competencia para ello. En el caso del contratista, siempre que la entidad contratante hubiere incumplido su obligación legal de proceder a la liquidación de forma unilateral, aun cuando posteriormente a ello conserve competencia para hacerlo, la cual perderá una vez notificado el auto admisorio de la demanda, pues en este evento la resolución del conflicto se origina, justamente, en el incumplimiento del deber legal de la administración de liquidar unilateralmente el contrato, su resolución, por tanto, compete al juez.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la pérdida de competencia para efectuar la liquidación unilateral del contrato una vez notificado el auto admisorio de la demanda, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, rad. 15239, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
Texto extraído del PDF oficial 76.874 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 760012331000 20020129 001 (55868)
Actor: Instituto Nacional de Vías -INVIAS-
Demandada: Departamento del Valle del Cauca
Acción: Controversia Contractual
La Sala procede a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia
proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en el proceso de la referencia, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. LA SENTENCIA CONSULTADA
1. El 24 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió la
siguiente decisión1 (se transcribe literalmente, incluso, con errores):
“PRIMERO. - DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción
formulada por el Departamento del Valle del Cauca.
SEGUNDO. - LIQUIDAR El convenio Interadministrativo No. 0397 de 2 julio de
1998 y sus respectivas adiciones, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías y
el Departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
TERCERO. - Con fundamento en la anterior declaración, ORDENAR al
Departamento del Valle del Cauca al pago de una suma de dinero equivalente a
setecientos millones doscientos setenta y un mil setecientos cincuenta y cinco
pesos ($700.271.755), a favor del Instituto Nacional de Vías- INVIAS, resultante
de la liquidación practicada en esta providencia.
CUARTO.- SIN COSTAS en esta instancia.
QUINTO.- LIQUIDAR los gastos del proceso y si existieren, devolver los
remanentes a la parte demandante.
SEXTO.- ORDENAR para que la Secretaría proceda a inscribir el presente
proveído en el sistema de justicia XXI.
SÉPTIMO.- En el evento que la presente providencia no sea objeto del recurso
de apelación DÉSE trámite al grado jurisdiccional de consulta conforme a lo
estipulado por el artículo 184 del C.C.A”
2. El anterior proveído resolvió la demanda presentada el 21 de marzo de 2002
por el Instituto Nacional de Vías (en adelante INVIAS, Instituto o demandante), en
1 Folio 228 a 237 cuaderno Consejo de Estado.
Radicación: 76001233100020020129001 (55868)
Actor: Instituto Nacional de Vías -INVIAS-
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Acción: Controversia Contractual
2
contra del departamento del Valle del Cauca (en adelante el Departamento o
demandado)2, cuyas pretensiones y principales fundamentos de hecho y de derecho
son los siguientes:
Pretensiones
3. El demandante solicitó que se hagan las siguientes declaraciones y condenas
(se transcribe literalmente, incluso, con errores):
“PRIMERA: Que se liquide en sede judicial el contrato interadministrativo 397 de
1998, cuyo objeto consistía en ‘La Construcción y pavimentación
Ansermanuevo- Límites Risaralda de la carretera Toro - Ansermanuevo – La
Virginia’
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al Departamento
del Valle del Cauca, la devolución de los recursos no ejecutados, de acuerdo con
los parámetros contractuales.
TERCERA: Que se ordene al Departamento del Valle del Cauca, el reintegro al
INVIAS de los recursos no ejecutados o no invertidos, debidamente actualizados
desde la fecha en que se entregaron al Departamento del Valle del Cauca, hasta
la fecha que se haga efectivo el pago.
TERCERA: Que se condene a la parte demandada al pago de las agencias en
derecho y demás costas que se generen con ocasión de este proceso.”
Hechos
3. La parte demandante enunció, en síntesis, los siguientes hechos:
3.1. Relató que el 2 de julio de 1998 el INVIAS y el Departamento suscribieron el
contrato interadministrativo No. 0397, cuyo objeto consistió en “la Construcción y
pavimentación Ansermanuevo - Límites Risaralda de la carretera Toro -
Ansermanuevo – La Virginia”.
3.2. Señaló que el valor del contrato se pactó en $885’000.000, de los cuales , el
50% se pagaría al Departamento una vez presentara la póliza de manejo y el 50%
restante cuando el supervisor del proyecto designado por el INVIAS emitiera la
certificación en la que constara que el demandado había ejecutado la obra
correspondiente al ochenta por ciento (80%) del valor de la primera entrega, valor
que se giraría previa verificación del cumplimiento de la obligación relacionada con
la rendición de cuentas que estaba a su cargo.
3.3. Refirió que el plazo de ejecución se pactó en 12 meses que corrieron a partir
del 22 de julio de 1998, pero que, por acuerdo entre las partes contenido en
documento del 21 de julio de 1999, se amplió hasta el 21 de marzo del 2000.
3.4. Mencionó que el 26 de abril de 1999 el contrato fue modificado con el fin de
“dar alcance al objeto principal ” en el sentido de facultar al Departamento para
celebrar los contratos de elaboración de fichas prediales, interventorías, prácticas de
2 Folio 83 a 87 del cuaderno 1.
Radicación: 76001233100020020129001 (55868)
Actor: Instituto Nacional de Vías -INVIAS-
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Acción: Controversia Contractual
3
avalúos, adquisición de predios necesarios para el cumplimiento del objeto pactado;
asimismo, se lo facultó para realizar los pagos de los predios, las mejoras, los
botaderos y los gastos de escrituración y registro.
3.5. Por último, indicó que, desde la culminación del plazo del contrato, el INVIAS
requirió al Departamento con el fin de que rindiera cuentas, reintegrara los recursos
no ejecutados y se procediera a la liquidación, sin obtener respuesta positiva de su
parte. Aseguró que se llevaron a cabo reuniones en las que funcionarios del
demandado presentaron propuestas para el cruce de cuentas y para adelantar los
reintegros del caso sin que se hubiera obtenido un resultado positivo, por lo que
concluyó que la única alternativa para liquidar el negocio era la vía judicial.
4. En el acápite de fundamentos de derecho la parte demandante hizo alusión a
las siguientes normas, sin sustentar las razones por las cuales se refirió a ellas:
artículo 32 de la Ley 446 de 1998 y demás concordantes; artículos 60 y 61 y
concordantes de la Ley 80 de 1993; artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo y Código de Procedimiento Civil.
Contestación de la demanda
5. El 19 de diciembre de 2002, el Departamento contestó la demanda y se opuso
a la prosperidad de las pretensiones3. Como fundamento de su oposición expresó lo
que la Sala se permite resumir de la siguiente manera:
5.1. Señaló que es verdad que la liquidación del contrato no se pudo llevar a cabo,
pero advirtió que esto obedeció a causas extrañas no atribuibles al Departamento,
debido a las discrepancias que surgieron respecto del pago de 5 predios por valor
de $214’242.000, cuyas escrituras fueron corridas después del 21 de marzo de 2000
–fecha de terminación del plazo del contrato –. Indicó que esto se puede refrendar
con el acta de recibo provisional del 2 de julio de 1998.
5.2. Dijo que rindió cuentas el 26 de septiembre de 2001 por la suma de
$215’142.000 y que, por tanto, quedó un saldo pendiente de ejecutar de
$669’858.000 frente al cual afirmó que el 7 de mayo de 2002 se adelantó un proceso
de conciliación prejudicial por el valor de $195’439.000 correspondiente al valor de 4
predios afectados por la construcción de la Troncal del Pacifico , tramo
Ansermanuevo – La Virginia, y que faltaban por adquirir 6 predios que tendrían u n
valor aproximado de $252’329.969, información que se había puesto en
conocimiento del INVIAS a través de oficio 1072 del 29 de abril de 2002. Agregó que
para la fecha de contestación de la demanda se estaba en proceso de conciliación
de 4 predios más por valor de $196’872.76.
5.3. Determinó como saldo no ejecutado la suma de $472´985.240.00 resultante
de descontar del valor del contrato –$885´000.000– el valor de los avalúos realizados
por $900.000, el de los 5 predios adquiridos con escrituras suscritas en mayo y
agosto de 2000, por $214´242.000 y la suma de la adquisición de los 4 predios más
por valor de $196´872.760.
3 Folios 112 a 116 cuaderno 1.
Radicación: 76001233100020020129001 (55868)
Actor: Instituto Nacional de Vías -INVIAS-
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Acción: Controversia Contractual
4
5.4. Finalmente, propuso como excepciones las que llamó (i) “INNOMINADA” para
que se establezca que el Departamento no tiene la obligación de indemnizar los
perjuicios reclamados por la demandante, según los actos o hechos que se prueben
dentro del proceso y la de (ii) “CADUCIDAD DE LA ACCIÓN” , con fundamento en
que el contrato culminó el 21 de marzo de 2000, por lo que, según dijo, a la fecha de
presentación de la demanda –21 de marzo de 2002 – la acción ya se encontraba
caducada.
Los fundamentos de la sentencia de primera instancia.
6. Como sustento de su decisión el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
expresó las siguientes razones:
6.1. Declaró no probada la excepción de caducidad de la acción. Señaló que el
contrato se terminó el 21 de marzo de 2000, por lo cual, el plazo para realizar la
liquidación bilateral –4 meses– corrió hasta el 21 de julio siguiente, y el de 2 meses
para que se h iciera la liquidación unilateral finalizó el 21 de septiembre del mismo
año; por tanto, señaló que la demanda podía presentarse hasta el 22 de septiembre
de 2002. Como se instauró el 21 de marzo de ese año, concluyó que fue oportuna.
6.2. En lo que concierne a la liquidación, dijo que las partes contratantes
c
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.