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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2024-04-19
Radicado
05001233100020080065601
Número interno
64193
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONCORPE S.A. Y GISAICO S.A., SOCIEDAD COBACO S.A., DICONCI S.A. Y OTROS
Demandado
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Síntesis de la providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Como lo tuvo acreditado el Tribunal y las partes no lo desconocen, el contrato de obra pública 2000-CO-200286 sufrió modificaciones a menos de dos meses de iniciada la obra, a través del oficio del 24 de enero de 2001. Por su conducto, la entidad contratante cambió aspectos técnicos del proyecto, en el sentido de reducir el ancho de la sección trasversal de la banca de “la vía Pajarito – San Pedro de los Milagros… pasando ésta de 11.0 a 9.0 metros, con calzada de circulación de 7.30 metros y berma – cuneta”, y alteró el cronograma de obras al “aplazar la construcción de las obras del Anillo Vial Occidental, para el segundo año de ejecución del contrato”.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La renuncia del contratista a reclamar sobrecostos por mayor permanencia en obra no se presume de la celebración de contratos adicionales, prórrogas o suspensiones, sino que debe manifestarse de forma clara y expresa, de modo que, en ausencia de esa renuncia, la reclamación se analiza en el periodo no cubierto por ella. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, los acuerdos modificatorios que solo regulan el plazo no indican las causas que los motivaron ni regulan sus efectos económicos, por lo que no contienen por sí mismos una renuncia a reclamar diferencias económicas que surjan antes, con ocasión o después de ellos. Segundo, cuando el contratista manifiesta en un acuerdo específico que acepta no reclamar la mayor permanencia que se cause con la prórroga, esa declaración expresa limita la reclamación al periodo que queda por fuera de ella, excluido el tiempo cubierto por la renuncia y la suspensión correspondiente. La providencia revoca la decisión de primera instancia y limita el análisis de los sobrecostos a los periodos no cubiertos por renuncia expresa; en la práctica, la entidad que quiera que el contratista renuncie a la mayor permanencia debe incluir una cláusula expresa en el adicional o la prórroga correspondiente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La parte actora tiene derecho al pago de los sobrecostos por mayor permanencia, producto de la modificación de las condiciones iniciales del negocio jurídico habiendo ausencia de voluntad por parte del contratista de renunciar a reclamaciones por mayor permanencia en obra en los contratos adicionales?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿La parte actora acreditó los sobrecostos generados por menores rendimientos por modificaciones al sistema constructivo?
  • ¿El asfalto que el contratista asegura haber usado en la carpeta de rodadura y en la base asfáltica estaba incluido en los precios unitarios por lo tanto ya fue pagado en los desembolsos realizados…
  • ¿La parte actora tiene derecho al pago los intereses moratorios por la cancelación extemporánea de las cuentas de cobro presentadas por el consorcio, es decir…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS POR SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA RENDIMIENTO FINANCIERO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA DICTAMEN VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN FALTA DE COHERENCIA DEL ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO FALTA DE RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO CUENTA DE COBRO CUENTA DE COBRO POR CONTRATO ESTATAL PLAZO PARA PRESENTAR LA CUENTA DE COBRO POR CONTRATO ESTATAL PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO POR CONTRATO ESTATAL PAGO DEL CONTRATO PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RIESGO PREVISIBLE ATENCIÓN DE DESASTRE PREVISIBLE DETERMINACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DESASTRE PREVISIBLE INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO HECHO DEL CONTRATISTA SILENCIO ADMINISTRATIVO RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CARGA DE LA PRUEBA COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN DE LAS PÉRDIDAS PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL DICTAMEN PERICIAL REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL CONFIGURACIÓN DEL ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN POR ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL LICITACIÓN REQUISITOS DE LA LICITACIÓN SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN TÉRMINO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CARGA PROCESAL CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

Guías del tema

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Liquidación del contrato Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Suspensión del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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Acción de controversias contractuales: Sentencia
Titulación de la relatoría 35.228 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS POR SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La parte actora tiene derecho al pago de los sobrecostos por mayor permanencia, producto de la modificación de las condiciones iniciales del negocio jurídico habiendo ausencia de voluntad por parte del contratista de renunciar a reclamaciones por mayor permanencia en obra en los contratos adicionales? Respuesta al problema jurídico: No Como lo tuvo acreditado el Tribunal y las partes no lo desconocen, el contrato de obra pública 2000-CO-200286 sufrió modificaciones a menos de dos meses de iniciada la obra, a través del oficio del 24 de enero de 2001. Por su conducto, la entidad contratante cambió aspectos técnicos del proyecto, en el sentido de reducir el ancho de la sección trasversal de la banca de “la vía Pajarito – San Pedro de los Milagros (…) pasando ésta de 11.0 a 9.0 metros, con calzada de circulación de 7.30 metros y berma – cuneta”, y alteró el cronograma de obras al “aplazar la construcción de las obras del Anillo Vial Occidental, para el segundo año de ejecución del contrato”. Estas condiciones, sumadas a la demora en el licenciamiento ambiental y en la adquisición de predios, llevaron a que el plazo de 24 meses inicialmente pactado resultara insuficiente y fuera necesaria su ampliación; no obstante, el contratista y la entidad contratante decidieron suscribir [...] adiciones y prórrogas contractuales. (...) En estos negocios jurídicos, las partes no señalaron las condiciones de ejecución del contrato de obra, no indicaron las causas que las motivaron y tampoco regularon aspecto alguno sobre los efectos económicos de esos acuerdos. Si bien estipularon que las condiciones pactadas originalmente no relacionadas con el plazo mantenían su fuerza y vigencia, lo cierto es que no convinieron que el contratista renunciara a reclamar por diferencias económicas que surgieran antes, con ocasión, o después de esos acuerdos, salvo en la adición No. 5 del 16 de octubre de 2003 y la suspensión No. 1 del 14 de noviembre de 2013, en los que el contratista manifestó de forma clara que aceptaba “no reclamar por la mayor permanencia que se cause con la presente prórroga”. (...) ante la ausencia de voluntad de la demandante de renunciar por mayor permanencia en los contratos adicionales Nos. 3 del 23 de julio de 2002 y 4 del 25 de abril de 2003, es procedente surtir el análisis de sus pretensiones relacionadas con ese concepto entre el 18 de diciembre de 2002 y el 18 de octubre de 2003, excluyendo eso sí el período comprendido entre el 19 de octubre y el 17 de diciembre de 2003, teniendo en cuenta la renuncia expresa del contratista en el contrato adicional No 5 del 18 de octubre de 2003 y la suspensión del 14 de noviembre de 2003. CONTRATO DE OBRA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RENDIMIENTO FINANCIERO / RENDIMIENTOS FINANCIEROS / INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DICTAMEN / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE COHERENCIA DEL ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿La parte actora acreditó los sobrecostos generados por menores rendimientos por modificaciones al sistema constructivo? Respuesta al problema jurídico: No En este caso, el contratista tuvo que permanecer más tiempo del inicialmente previsto en el contrato de obra pública 2000-CO-200286, pues pese a que la cláusula segunda previó un plazo de 24 meses para la “ampliación, rectificación y pavimentación de la vía Pajarito – San Pedro de los Milagros y Anillo Vial Occidental La Unión – Ovejas – La Cuchilla – Pantanillo – El Tambo”, la obra finalmente tomó 35 meses y 28 días, teniendo en cuenta que inició el 19 de diciembre de 200018 y terminó el 17 de diciembre de 2003. La parte demandante aseguró que la mayor permanencia en obra causó sobrecostos administrativos y de personal del orden de $1.208’119.926, como lo acreditaban el dictamen contable y la peritación de ingeniería civil. Según el Tribunal estos dictámenes no eran valorables, al estimar procedente la tacha de falsedad formulada por la entidad demandada. Contra esta decisión el demandante fundó su oposición en apelación, al considerar que eran pruebas técnicas válidas, por la calidad de expertos en contabilidad e ingeniería civil de quienes los rindieron y por la explicación de los métodos utilizados y resultados obtenidos. (...) Según el dictamen pericial contable, sí existió mayor permanencia y tuvo una cuantía de $2.894’535.930. De acuerdo con el experto, dicho resultado se obtenía teniendo en cuenta: (i) los ingresos operacionales y no operacionales, gastos operaciones de administración, y gastos no operacionales, costos operacionales, utilidad operacional, utilidad neta, pérdida real reflejada en los estados financieros, la pérdida real actualizada a la fecha del dictamen, y la actualización conforme con el ICCP inicial y final, para los años 2001 a 2004, y (ii) las utilidades dejadas de percibir por el contratista mes a mes, actualizadas conforme con un IPC inicial y uno final. (...) La Sala considera que el dictamen pericial no llena con suficiencia las exigencias que una prueba técnica requiere para ser tenida en cuenta (...) La solidez técnica de un informe pericial contable se evidencia a partir del uso de principios contables aceptados, la utilización de metodologías y técnicas de análisis adecuadas para las cuestiones contables específicas del caso, la referencia a las normativas contables y regulaciones legales pertinentes que se aplican al estudio, el análisis coherente y consistente en todo el informe, asegurando que los métodos utilizados son aplicados de manera uniforme y que los resultados son precisos y confiables. El dictamen bajo análisis no cumple con ninguno de estos requisitos, puesto que no efectúa una exposición de la metodología contable implementada, tampoco define con claridad y certeza el origen de los datos que tiene en cuenta y por ende, no brinda unas conclusiones objetivas y verificables, sino unas apreciaciones propias del criterio subjetivo y no verificable del autor. En este orden de ideas, la Sala concluye que el dictamen contable no responde a las exigencias mínimas para que sea tenido como una prueba técnica conclusiva de perjuicios; por lo tanto, ante este cúmulo de falencias, es forzoso concluir su insuficiencia para acreditar los sobrecostos por mayor permanencia que aduce el apelante, los cuales, se reitera, ni siquiera se identificaron. La misma conclusión se impone frente al dictamen rendido por el ingeniero civil, a quien también se le ordenó pronunciarse sobre este aspecto. Según el perito, el contratista incurrió en sobrecostos por mayor permanencia que alcanzaron el equivalente a $4.494’409.707, a partir de una fórmula matemática que ha venido aplicando y que tiene en cuenta como variables, el valor inicial y final del contrato, el AIU y los plazos inicial y final del negocio jurídico (...) Ambos dictámenes están fundados en la misma información y se encaminaron a determinar el mismo aspecto, esto es, los sobrecostos por mayor permanencia del contratista, pero ninguno de los dos informes muestra coincidencias en sus fuentes ni en sus conclusiones, lo cual confirma la falta solidez de cada uno de ellos y su insuficiencia para justificar el reclamo de perjuicios, pues para ello, es necesario, además, que se demuestre que (i) la mayor permanencia que se aduce se produjo por un incumplimiento de la contratante, o por la ocurrencia de un riesgo imprevisible o no asignado al contratista, (ii) la demostración de que los perjuicios corresponden a sobrecostos y no a gastos propios del contrato, y (iii) tratándose de una circunstancia de imprevisión, la afectación económica que se aduce fue lo suficientemente grave y onerosa el conjunto de obligaciones del contrato y no sólo una de ellas. (...) Vista la argumentación de la parte actora para sustentar el cargo, la Sala encuentra que resulta insuficiente para desvirtuar e invalidar lo concluido por el a quo, pues lo replicado no se relaciona con lo pretendido, ya que la diferencia entre las cantidades de obra estimadas y las realmente ejecutadas, y el hecho de que las prórrogas se hubiesen motivado por el aumento de las cantidades de obra en la ruta crítica del programa de trabajo, de manera alguna acreditan por sí mismo la existencia de menores rendimientos en la ejecución de los ítems contractuales, o que ellos tuvieran origen en una modificación del sistema constructivo, y menos aún, que esto último derivara de la reducción en el ancho de banca de 11 a 9 metros, que fue precisamente la prueba extrañada por el Tribunal que motivó su negativa a reconocer lo pretendido por el demandante. Al lado de lo anterior, en el recurso de apelación no se identificaron y menos aún se expusieron las razones por las que lo decidido por el Tribunal no es acertado; en esa medida, la Sala reitera que no se satisface la carga argumentativa para soportar el recurso de apelación en la llana solicitud de que se revoque y en la mera reiteración de lo que se solicita, de manera que insistir en que la reducción de la calzada afectó los rendimientos, o afirmar que en efecto varió el proceso constructivo sin ningún tipo de disertación que las desarrolle y la soporte, impide en esta instancia acoger una decisión distinta a la adoptada en el fallo recurrido. (...) Así, ante la inexistencia de cargos de verdadero disenso sobre este punto, la sentencia de instancia mantiene su intangibilidad, sin lugar a estudio alguno, por falta de disertación del apelante. CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El asfalto que el contratista asegura haber usado en la carpeta de rodadura y en la base asfáltica estaba incluido en los precios unitarios por lo tanto ya fue pagado en los desembolsos realizados por la entidad demandada? Respuesta al problema jurídico: Si En el pliego de condiciones integrante del contrato de obra 2000-CO-200286, cuyo pago se pactó en función al sistema de precios unitarios con fórmula de reajuste, se previeron los ítems de “concreto asfáltico y la base asfáltica”, y se señaló sin más, que debían cumplir lo definido en “la especificación general No 450 ‘Mezcla Densa en Caliente, (Concreto Asfáltico)”, en la “especificación general No 340 ‘Base Estabilizada Con emulsión Asfáltica”, y que su pago se haría por aparte al transporte. Las especificaciones citadas en el pliego de condiciones remiten a las condiciones generales del manual de construcción vial de INVÍAS de 1996. Este manual indica las condiciones técnicas 450 y 430 relacionadas, las condiciones técnicas de los ítems “concreto asfáltico” y “la base asfáltica” para el cual, tiene como material integrante el “Material bituminoso” o asfalto, y en cuanto a su pago a precio unitario, estas condiciones expresan que se surte por metro cúbico, en la cuantía que determine el respectivo contrato y que son aplicables las especificaciones generales 400, en las que se dispone que el suministro y transporte de asfalto se contemplan por separado. 39. De acuerdo con el concepto del 10 de noviembre de 2004 de la interventoría “es muy claro que de los documentos de la propuesta económica, especialmente, el análisis de precios unitarios que el valor de las actividades de mezclas asfálticas incluye el contenido de asfalto de las mismas” (...) En esta oportunidad, el contratista presentó los análisis de precios unitarios – APU de los ítems 58 - concreto asfáltico y 60 - mezcla asfáltica, tal como lo refirió la interventoría en el oficio transcrito, pero dichos documentos – esenciales para el punto de controversia – no fueron aportados al plenario, por lo que queda desprovista la Sala de elementos suficientes para tener por acreditado que no estaban incluidos en la oferta que el demandante presentó ante la contratante y con la cual resultó favorecido en adjudicación. La Sala no pasa por alto que el dictamen pericial rendido por el ingeniero civil Pascual Henao Ospina tuvo por objeto, entre otras cuestiones, expresar su concepto respecto de la inclusión o no del asfalto, frente a lo cual el perito contestó negativamente, teniendo en cuenta las “consultadas normas INVÍAS 1996”; sin embargo, revisada la experticia, se observa que el perito en ningún momento revisó y mucho menos relacionó o aportó los APU de los citados ítems 58 y 60, por manera que su apreciación carece de objetividad técnica que la respalde, ante la falta de un análisis mínimo de los precios ofrecidos por el contratista y su conformación, y, como consecuencia, es insuficiente para desvirtuar el concepto del 10 de noviembre de 2004 de la interventoría que sí revisó los citados APU y con base en ellos conceptuó que el precio por el asfalto reclamado, ya estaba incluido en los precios unitarios ofertados por el contratista. La conclusión de la interventoría se ajusta perfectamente al objeto del contrato explicitado en la “ampliación, rectificación y pavimentación de la vía pajarito – San Pedro de los Milagros y Anillo Vial Occidental La Unión – Ovejas – La CUCHILLA – Pantanillo – EL Tambo”, actividad que sin duda comprendía el uso de una mezcla asfáltica como material inherente a la misma obra, así como al nombre descriptivo de los ítems ofertados (concreto asfáltico y base asfáltica), por lo que si al momento de participar en el proceso licitatorio que se expresaba bajo la modalidad de precios unitarios, el contratista consideraba que el asfalto no estaba incluido en ninguno de los propuestos por la entidad en el pliego de condiciones, debió haberse pronunciado para que se incluyera o se aclarara sobre su comprensión bajo alguno de los previstos, lo cual no hizo, pues en las observaciones que se hicieron a los pliegos no hay ninguna en ese sentido, como sí se efectuaron adendas por otros conceptos. La Sala concluye que la consideración del Tribunal según la cual el asfalto que el contratista asegura haber usado en la carpeta de rodadura y en la base asfáltica estaba incluido en los precios unitarios de los ítems 58 - concreto asfáltico y 60 - mezcla asfáltica y, además, ya fue pagado por la entidad contratante con los desembolsos que hizo contra presentación de las actas de obra # 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 y 36 del contratista27, es suficiente para desechar el cargo del apelante. DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / FALTA DE RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / CUENTA DE COBRO / CUENTA DE COBRO POR CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA PRESENTAR LA CUENTA DE COBRO POR CONTRATO ESTATAL / PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO / PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO POR CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La parte actora tiene derecho al pago los intereses moratorios por la cancelación extemporánea de las cuentas de cobro presentadas por el consorcio, es decir, hay derecho al pago de los intereses moratorios por pago extemporáneo de las actas de obra? Respuesta al problema jurídico: No Bajo la cláusula cuarta del contrato obra 2000-CO-200286, las partes definieron el pago en los siguientes términos: El DEPARTAMENTO entregará al CONTRATISTA un anticipo correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor básico del presente contrato. El saldo restante se pagará mediante actas parciales mensuales de obra ejecutada, autorizada y aprobada por la interventoría. El anticipo, se amortizará en igual porcentaje al otorgado en cada una de las actas parciales mensuales de pago, hasta su cancelación total en el acta de pago final. PARÁGRAFO: En el evento de agotarse los recursos disponibles en determinada vigencia, cualquiera que sea la causa, EL CONTRATISTA se obliga a continuar con la ejecución de las obras hasta la amortización total del anticipo, para lo cual se rediseñará la fórmula de reajuste. Las cuentas de cobro serán canceladas dentro de los treinta días (30) calendarios siguientes a la presentación de la cuenta respectiva totalmente diligenciada en la taquilla asignada para tal fin por la Secretaría de Hacienda del departamento”. Con el fin de probar los intereses moratorios, la demandante adjuntó un documento contentivo de un cuadro en el que se discriminan diferentes conceptos, como el número de acta de obra, fecha de presentación, cuenta de cobro, fecha de pago, entre otros, así también se allegaron copias auténticas de diferentes facturas de venta y actas de obra. Consideró el Tribunal que estos documentos no probaban los citados intereses, pues el contentivo del cuadro no indicaba su fecha de elaboración ni su autor, y las facturas, aunque algunas tenían firmas de recibido, no tenían un nombre legible que permitiera establecer que el signatario era funcionario de la entidad contratante. El apelante cuestionó la decisión y calificó de errado al Tribunal, porque en su sentir dejó de valorar el CD 2, carpeta 63, en el que obra la certificación de la mora, por parte de la entidad, pese a que existe en ella un error involuntario respecto de las actas 2 a 13, que se solventaban con la información del acta 36 y las múltiples actas de obra y facturas allegadas en físico al expediente; sin embargo, la Sala encuentra improcedente este cargo (...) Ahora bien, el dictamen pericial contable se pronunció sobre los intereses moratorios; sin embargo, dicho estudio no es posible tenerlo en cuenta, en la medida en que no expuso siquiera la relación de actas de obras vs pagos ejecutados por la entidad contratante, se limitó a decir que el cuadro que acompaña la demanda “se encuentra bien discriminado y valorado de acuerdo con estudio realizado, por ende, solo se procede a actualizar dicho valor”, olvidando exponer datos esenciales como los que se echan de menos en los cuadros señalados por la apelante, pues finalmente no expone la fecha efectiva de presentación para pago con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el contrato, ni la fecha efectiva de pago de la contratante, por manera que no son documentos que prueben la supuesta mora en la que incurrió ésta y fuerza el rechazo del cargo del apelante. PAGO DEL CONTRATO / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RIESGO PREVISIBLE / ATENCIÓN DE DESASTRE PREVISIBLE / DETERMINACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES / DESASTRE PREVISIBLE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿En el pago del contrato estatal pactado por el sistema de precios unitarios es posible un reconocimiento económico adicional, como obra extra? Respuesta al problema jurídico: No En la demanda se expuso que los derrumbes que se presentaron entre las abscisas K5+610 y K5+780 hicieron que la actividad prevista en el ítem “explanación en material común” fuera excesivamente difícil y requiriera maquinaria especial y, por lo mismo, merecía un reconocimiento económico adicional, como obra extra, en los términos en que se solicitó bajo el oficio C-134 del 10 de septiembre de 2002. En la sentencia recurrida, el Tribunal resolvió que el contrato se pactó en unidades de obra ejecutadas, pagadas por el sistema de precios unitarios, de ahí que la mayor dificultad en la ejecución de las actividades no era una condición que interviniera para efecto del pago, además, teniendo en cuenta el concepto de la entidad del 19 de noviembre de 2002, a pesar de que la zona de parapente aparejó un grado de dificultad adicional en la actividad de explanación, por derrumbes, ello es de común ocurrencia en su ejecución, además que era un riesgo previsible para el contratista dada la topografía del terreno que debía intervenir. (...) La Sala observa que la parte actora sólo insiste en la supuesta dificultad en la ejecución de la actividad de explanación en el área de parapente, pero no esgrime ninguna razón que evidencie que esa condición sí tuvo injerencia en el sistema de precios unitarios del contrato de obra analizado, y que no fue una situación previsible para el contratista por la que tiene derecho a reclamar, como si la segunda instancia hubiere sido diseñada por el legislador para decidir un mismo asunto dos veces por dos jueces, sin relación alguna entre ellos, reduciendo la garantía indicada a un mero ejercicio de verificación de las providencias, para definir que la llamada a ser tenida en cuenta es la segunda instancia, lo que sin duda no corresponde a la arquitectura de tal garantía. Así, como no es posible extractar del escrito del recurso de apelación una razón o motivo de inconformidad con la sentencia recurrida y dado que la Sala no está llamada a suplir esta carga, que corresponde de manera exclusiva al recurrente, debido a la repetición de lo planteado en la primera instancia, forzoso resulta concluir que los fundamentos de la sentencia impugnada frente a este punto quedaron incólumes, libres de cualquier censura o confrontación y, por tanto, la sentencia deberá ser confirmada en ese aspecto. AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / HECHO DEL CONTRATISTA / SILENCIO ADMINISTRATIVO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La ausencia de salvedad o lo que es lo mismo, el silencio del contratista, no puede ser interpretado como una declaración dispositiva, por lo que no se pueden inferir consecuencias jurídicas si no han sido previamente estipuladas o no hay un contenido legal que lo sostenga? Respuesta al problema jurídico: No Esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de precisar que la ausencia de salvedad o lo que es lo mismo, el silencio del contratista, no puede ser interpretado como una declaración dispositiva. Los contratantes y la ley son las únicas facultadas para dotar de efectos a las manifestaciones o conductas de las partes, por lo que no se pueden inferir consecuencias jurídicas si no han sido previamente estipuladas o no hay un contenido legal que lo sostenga. Las reglas que gobiernan la hermenéutica de los contratos previstas en el Código Civil y Código de Comercio –aplicables a los contratos estatales por mandato de la Ley 80 de 1993–, fundan su teleología en auscultar la común intención de las partes a partir del contenido claro y manifiesto del acuerdo como primer escenario de exposición volitivo de los intervinientes del negocio jurídico y, en este sentido, las estipulaciones consignadas en los contratos adicionales que reafirman la vigencia de las cláusulas del contrato original que resultan no modificadas no pueden disciplinar aspectos que no son de su contenido y que las partes no han estipulado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 27 de julio de 2023. Exp. 39.121. MP. Guillermo Sánchez Luque y Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 4 de noviembre de 2022. Exp. 57185. MP. José Roberto Sáchica Méndez. MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CARGA DE LA PRUEBA / COMPENSACIÓN / COMPENSACIÓN DE LAS PÉRDIDAS / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Para que el contratista tenga derecho a recibir indemnización por mayor permanencia en obra –en el caso de incumplimiento– o compensación –en el caso de condiciones de imprevisión–, es necesario que acredite que se trató de un daño real, cierto, personal y directo? Respuesta al problema jurídico: No La mayor permanencia en obra se refiere a aquellos mayores costos administrativos, de personal, equipos, que no estuvieron previstos en el contrato y que el contratista tuvo que asumir en razón al mayor tiempo que requirió la ejecución de un contrato como consecuencia del incumplimiento de la contratante o de condiciones de constitutivas de imprevisión. Para que el contratista tenga derecho a recibir indemnización –en el caso de incumplimiento– o compensación –en el caso de condiciones de imprevisión–, por el mayor tiempo que permaneció en obra, es necesario que acredite que se trató de un daño real, cierto, personal y directo, y en este sentido, debe acreditar (i) la mayor permanencia, (ii) la efectiva causación de los sobrecostos aducidos, evidenciando que no fueron hipotéticos ni eventuales, (iii) que fue su patrimonio el que los soportó, evidenciando su cuantía y, además, la relación causal con la fuente que le dio origen, esto es, que (iv) surgieron con ocasión del incumplimiento de la contratante o de circunstancias de imprevisión, y que no provienen de su conducta culposa o de las obligaciones que como parte del contrato estaba llamado a asumir. DICTAMEN / ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El dictamen pericial, como prueba técnica, debe partir por la definición clara y precisa de su objeto, transitar por la demostración rigurosa de que sus cálculos se fundan en información cierta y corroborable, y acreditar el rigor de un método científicamente valido que lleve a los mismos resultados si el ejercicio se repitiera? Respuesta al problema jurídico: Si Para que un dictamen pericial tenga la vocación de ser valorado como prueba judicial debe demostrar que sus conclusiones provienen del estudio técnico o científico basado en el análisis objetivo de fuentes mediante un método o secuencia lógica que le otorgan la connotación de una verdadera declaración de ciencia. Como prueba técnica debe partir por la definición clara y precisa de su objeto, transitar por la demostración rigurosa de que sus cálculos se fundan en información cierta y corroborable, y acreditar el rigor de un método científicamente valido que lleve a los mismos resultados si el ejercicio se repitiera. DICTAMEN / ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL / ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONFIGURACIÓN DEL ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Para que se configure el error o error grave en el dictamen pericial es necesario que se presente una inexactitud de identidad entre la realidad el objeto sobre el que se rinde el dictamen y la representación mental que de él haga el perito? Respuesta al problema jurídico: Si [N]o deja de lado la Sala que los dictámenes analizados se fundaron en la información contable del contratista (estados financieros, estados de resultados, etc.), las actas de ejecución contractual (actas de avance y recibo de obra), los documentos financieros (facturas) y en los negocios jurídicos adicionales (suspensiones y adiciones) que se gestaron con ocasión del contrato de obra pública 2000-CO-200286, por lo que no son susceptibles de ser calificados como gravemente errados, ya que para ello es necesario que se presente una inexactitud de identidad entre la realidad el objeto sobre el que se rinde el dictamen y la representación mental que de él haga el perito, lo que no se observa en este caso, pues los dictámenes no estudiaron materias, objetos o situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debía versar la pericia; situación distinta es que sus conclusiones son equivocadas, lo cual no constituye un error de las características anotadas. Por tanto, al margen de su insuficiencia probatoria justificativa del reclamo indemnizatorio de la demandante, como no se observa la existencia de una equivocación respecto del objeto mismo de la peritación o una falla de tal gravedad que tenga la entidad de conducir ineludiblemente a conclusiones equivocadas, sino que lo advertido es una insuficiencia respecto de las conclusiones de los dictámenes allegados, la Sala revocara el ordinal primero de la sentencia de primera instancia, por la cual se declaró próspera la objeción por error grave en su contra. CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / LICITACIÓN / REQUISITOS DE LA LICITACIÓN Problema jurídico: ¿La acreditación de los análisis de precios unitarios -APU- presentados a la hora de licitar resultan esenciales para acreditar que los materiales, los equipos o la mano de obra utilizados en la ejecución de la obra, estaban o no previstos en el negocio jurídico y, por ende, si puede exigir o no su correspondiente pago; no basta allegar términos de referencia de la entidad contratante, pues por su misma naturaleza, resultan insuficientes para determinar la cuestión del asunto? Respuesta al problema jurídico: Si De cara a esta controversia, la Sala reflexiona sobre la importancia de los análisis de precios unitarios, conocido por sus siglas como APU. El análisis de precios unitarios – APU, es una metodología utilizada en la gestión de proyectos de obras civiles, por la cual se determinan las unidades de trabajo más pequeñas de un proyecto, así como su precio –unitario–, teniendo en cuenta los costos directos correspondientes a los materiales, equipos o herramientas, mano de obra, transporte y –dependiendo el caso– los costos indirectos, del orden de administración, imprevistos y utilidad, que se requieren para su ejecución. Tratándose de obras de construcción o mantenimiento vial públicas, existen análisis de precios unitarios de referencia fijados por el INVÍAS, sin embargo, en la medida en que depende de los costos que el contratista determine en función de distintas variables económicas (por ejemplo, la economía que supone que los equipos o maquinaria sean propios y no alquilados, o por la cercanía o no de puestos de suministro al área de influencia de la obra, la disposición de personal propio o no para la mano de obra, etc.), los APU que presenta de cara a una licitación pública pueden coincidir o no con los de referencia del INVÍAS, máxime si se tiene en cuenta la relevancia del factor económico de las propuestas de cara a su selección y adjudicación. En este orden de ideas, la acreditación de los APU presentados a la hora de licitar resultan esenciales para acreditar que los materiales, los equipos o la mano de obra utilizados en la ejecución de la obra, estaban o no previstos en el negocio jurídico y, por ende, si puede exigir o no su correspondiente pago; no basta allegar términos de referencia del INVÍAS, pues por su misma naturaleza, resultan insuficientes para determinar la cuestión del asunto. ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / TÉRMINO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARGA PROCESAL / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La argumentación del recurso de apelación es una carga del recurrente que no se satisface con la simple manifestación de disenso frente a la providencia recurrida, tampoco con la solicitud de que se revoque para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la parte inconforme, o mucho menos, con la mera reiteración o remisión de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o en la contestación? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Subsección ya ha tenido la oportunidad de referirse a la falta de argumentación del recurso de apelación, exponiendo que se trata de una carga prevista en los artículos 212 del C.C.A. y 350 del C.P.C. que corresponde cumplir a la parte recurrente y que no se satisface con la simple manifestación de disenso frente a la providencia recurrida, tampoco con la solicitud de que se revoque para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la parte inconforme, o mucho menos, con la mera reiteración o remisión de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o en la contestación. Es necesario que se ataquen o cuestionen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque exista de por medio un juicio, una razón o una ponderación que conduzca a considerar que lo definido en primera instancia no corresponde, en derecho, a la decisión acertada, lo cual delimita el marco al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de septiembre de 2021. Exp. 52155. M.P José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 212, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 350 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: No Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CCA., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000200800656011100103