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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2025-03-07
Radicado
68001233300020150034101
Número interno
61631
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS
Demandado
MUNICIPIO DE SAN GIL

Síntesis de la providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La demanda que originó el presente proceso se dirigió a obtener la declaratoria de incumplimiento del Contrato No. 07 de 2010 celebrado con dicha entidad, el cual produjo el rompimiento del equilibrio económico del contrato, y que, como consecuencia de dicha declaración, se restableciera el mismo y se condenara al municipio a pagar a favor de la parte actora la suma de $780’857.565.… La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista presenta la demanda de controversias contractuales en tiempo, lo que implica que no opera la caducidad del medio de control, siempre y cuando la acción se interrumpa con una solicitud de conciliación prejudicial antes de que expire el término originalmente establecido. En este caso, la liquidación del contrato se realizó el 22 de enero de 2013, y el término de caducidad original era de dos años, por lo que la demanda debía presentarse a más tardar el 23 de enero de 2015. Sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial presentada el 7 de enero de 2015 interrumpió el término, y la demanda fue presentada el 26 de marzo de 2015, dentro del nuevo plazo restablecido. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la interrupción del término de caducidad por la solicitud de conciliación prejudicial, lo que permite a los contratistas presentar sus demandas en tiempo y evita la pérdida del derecho a acceder a la jurisdicción.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La demanda que originó el presente proceso y se dirigió a obtener la declaratoria de incumplimiento del Contrato, fue presentada en tiempo con lo cual no operó la caducidad del medio de control?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 164

También resuelve

  • ¿El haberse presentado una deficiente sustentación del recurso de apelación impide que la Sala analice el punto central de la inconformidad manifestada por el recurrente…
  • ¿El hecho de que en el presente caso el a-quo no haya dado aplicación al criterio jurisprudencial vigente en ese momento en torno a la obligatoriedad de las salvedades en los acuerdos de voluntades…
  • ¿Procede condenar en costas a la parte demandada, Municipio de San Gil, cuyo recurso de apelación le resultó desfavorable…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Suspensión del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 22.311 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La demanda que originó el presente proceso y se dirigió a obtener la declaratoria de incumplimiento del Contrato, fue presentada en tiempo con lo cual no operó la caducidad del medio de control? Respuesta al problema jurídico: Si La demanda que originó el presente proceso se dirigió a obtener la declaratoria de incumplimiento del Contrato No. 07 de 2010 celebrado con dicha entidad, el cual produjo el rompimiento del equilibrio económico del contrato, y que, como consecuencia de dicha declaración, se restableciera el mismo y se condenara al municipio a pagar a favor de la parte actora la suma de $780’857.565. (...) La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio. Corresponde a una figura jurídica de orden público a través de la cual el legislador impone limitaciones temporales razonables al derecho subjetivo de acceso a la administración de justicia, en aras de evitar la indefinición de las situaciones jurídicas materia de controversia entre las partes y, de esta manera, brindar protección de un interés general representado en la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso, en tanto una vez surtido el término de caducidad de la acción legalmente establecido, ésta ya no se podrá incoar por el interesado y se habrá perdido la facultad de acceder a la jurisdicción. (...) Conforme a lo expuesto, procede la Sala a constatar si, en el presente caso, la demanda fue presentada en tiempo. (...) En el presente caso, el contrato objeto de la controversia fue liquidado de forma bilateral el 22 de enero de 2013 (...), por lo cual la demanda, en principio, debía ser presentada, a más tardar, el 23 de enero de 2015. No obstante, este término se interrumpió con la solicitud de conciliación prejudicial presentada por el contratista el 7 de enero de 2015, cuando faltaban 16 días para que culminara el término de 2 años, procedimiento que terminó mediante constancia de que la conciliación fue fallida, expedida por la Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos el 26 de marzo de 2015(...); por tal razón, a partir del día siguiente se reanudó el término de caducidad restante de 16 días, que culminó, en consecuencia, el 11 de abril de 2015. Toda vez que la demanda fue presentada el 26 de marzo de 2015, resulta evidente que la misma fue oportuna NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad del medio de control, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 57932 y sentencia del 9 de mayo de 2012, exp. 21.906, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de agosto de 2017, Exp. 51667, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de octubre de 2022, exp. 58063, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿El haberse presentado una deficiente sustentación del recurso de apelación impide que la Sala analice el punto central de la inconformidad manifestada por el recurrente, consistente en la no aplicación, por parte del a-quo, del criterio jurisprudencial vigente al momento de la expedición del fallo de primera instancia? Respuesta al problema jurídico: No Ante todo, la Sala reitera que el recurso de apelación, mecanismo de control de las decisiones judiciales, no se dirige, sin límite alguno, a reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad generada en el curso del proceso, como tampoco puede estar orientado a repetir lo dicho en la demanda o en el trámite acontecido en primera instancia, sino que busca garantizar el principio de la doble instancia que, como regla general, está disponible para controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias al ordenamiento jurídico. En ese sentido, resulta imprescindible que el impugnante determine mediante los cargos planteados cuáles asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico, para lo cual no basta con la simple interposición del recurso de apelación ni resulta suficiente repetir un argumento desprovisto de motivos de disenso, toda vez que los planteamientos de la alzada definen los temas objeto de análisis respecto de la decisión judicial que es rebatida y así lo ha ratificado la Subsección (...) Al emprender el estudio de la presente controversia, lo primero que advierte la Sala es que tal y como ya se registró, el a-quo explicó detalladamente las razones por las cuales consideró necesario separarse del precedente jurisprudencial planteado por el Consejo de Estado, en torno a la improcedencia de las reclamaciones judiciales por concepto de restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando se constata que, durante la ejecución del negocio jurídico, las partes suscribieron acuerdos de voluntades tales como suspensiones, prórrogas, adiciones, etc., sin que el contratista hubiera dejado en ellas alguna advertencia o salvedad en relación con esa supuesta afectación económica. (...) No obstante, revisado el recurso de alzada, se constata que el recurrente no expone argumentos tendientes a contradecir o desvirtuar las consideraciones del tribunal ni indica por qué considera que fueron equivocadas, sólo afirmó que reiteraba los argumentos que ya había expuesto en sus alegatos finales En sustento de lo cual, procedió a efectuar transcripciones de providencias de esta Corporación que se refirieron al deber del contratista de presentar a la entidad las reclamaciones que tuviere sobre el equilibrio económico del contrato y a la oportunidad para realizarlas, durante la ejecución del mismo y en la suscripción de los distintos acuerdos de voluntades por las partes del contrato. (...) Se advierte, por lo tanto, una deficiente sustentación del recurso de apelación, la cual sin embargo no impide que la Sala analice el punto central de la inconformidad manifestada por el recurrente, consistente en la no aplicación, por parte del a-quo, del criterio jurisprudencial vigente al momento de la expedición del fallo de primera instancia NOTA DE RELATORÍA: Sobre los límites del recurso de apelación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2022, rad. 54452, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de mayo de 2022, exp. 53800, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2022, exp.54666, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2022, exp.56581, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de diciembre de 2020, exp. 46542, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de mayo de 2014, exp. 31469, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de marzo de 2022, exp. 53376, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, exp. 36838, C. P. Myriam Guerrero de Escobar; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, exp. 19283, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 2023, exp. 58301, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de abril de 2023, exp. 54823, C. P. María Adriana Marín APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL / PRECEDENTE JUDICIAL / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / APARTAMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / INAPLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL / INAPLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El hecho de que en el presente caso el a-quo no haya dado aplicación al criterio jurisprudencial vigente en ese momento en torno a la obligatoriedad de las salvedades en los acuerdos de voluntades suscritos por las partes durante la ejecución del contrato, constituye un motivo para infirmar la sentencia de primera instancia? Respuesta al problema jurídico: No La Sala recuerda que, por regla general, el precedente jurisprudencial es una decisión judicial anterior, proveniente de los órganos de cierre de la jurisdicción, en este caso del Consejo de Estado, que sirve como referencia o guía para resolver casos futuros con circunstancias similares. (...) Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, recordó que, (...) lo que resulta vinculante de un antecedente jurisprudencial es la ratio decidendi de la providencia previa (...) Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, han indicado que los cambios jurisprudenciales, por regla general, tienen efectos retrospectivos y se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa, dejando a salvo aquellos eventos en los que resulta procedente la aplicación prospectiva, atendiendo a las condiciones específicas de cada caso, teniendo en cuenta la interpretación jurisprudencial del alcance de las normas que hubiere sido el imperante para el momento de los hechos. Esto, por cuanto el precedente judicial se manifiesta como una expresión del principio de seguridad jurídica, en consideración a que la previsibilidad de la interpretación y aplicación del derecho otorga certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones, y en consecuencia, se torna en pauta de conducta tanto de la administración como de sus administrados. Esto implica que las decisiones judiciales previas establecen un marco de interpretación y aplicación de la ley que debe ser seguido por los jueces en casos posteriores, para garantizar la coherencia y uniformidad en la administración de justicia. (...) El caso concreto (...) Se observa que para la época en la que fue expedida la sentencia de primera instancia -2018-, la jurisprudencia de esta Corporación venía aplicando el criterio establecido en relación con los efectos del silencio o la falta de reclamación expresa del contratista en los acuerdos de voluntades -prórrogas, suspensiones, adiciones, etc.- suscritos durante la ejecución del contrato estatal, en el sentido de que tal omisión hacía improcedente cualquier reclamación posterior fundada en un supuesto desequilibrio contractual que no se planteó en tales ocasiones. (...) No obstante, dicho criterio empezó a ser morigerado, específicamente, en esta Subsección, que si bien sigue reconociendo la obligatoriedad de las estipulaciones suscritas por los contratantes, quienes por lo tanto quedan sujetos a sus términos y no les es dable ir en contra de sus propios actos, también se cuestionó la aplicación automática de la exigencia de salvedades en los acuerdos de voluntades suscritos por las partes durante la ejecución del contrato, como requisito de admisibilidad de las reclamaciones judiciales tendientes al restablecimiento de su equilibrio económico, por cuanto consideró que resultaba necesario el análisis de cada caso en concreto, para establecer las circunstancias de la suscripción de tales acuerdos y su relación con las reclamaciones (...) La Sección Tercera de esta Corporación encontró que había dos criterios jurisprudenciales diferentes con relación a los efectos de la ausencia de salvedades cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes, por lo que se requería unificar la jurisprudencia en torno a este asunto. (...) Fue así como, con criterios de unificación, la Sala Plena de esta Sección en época reciente, clarificó que la ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios, adiciones, otrosíes, etc. de un contrato estatal -dejando a salvo el caso de la liquidación bilateral-, no impiden resolver las controversias en torno a ese negocio jurídico que sean sometidas a la decisión del juez, (...) De acuerdo con lo anterior, es claro que el criterio jurisprudencial actual no coincide con el planteado por la entidad demandada en su recurso de apelación, en tanto en la actualidad no se considera viable la exigencia de plasmar salvedades en los acuerdos de voluntad suscritos por las partes durante la ejecución del contrato, como requisito sine qua non para resolver las pretensiones esgrimidas judicialmente en torno a ese negocio jurídico, toda vez que le corresponde al juez analizar las circunstancias en torno a las cuales actuaron las partes y suscribieron tales estipulaciones y sus efectos de cara a lo reclamado judicialmente, tal y como en el presente caso lo hizo el a-quo. (...) Siendo ello así, resulta improcedente la solicitud elevada en el recurso de apelación, respecto del cual también se advierte que el precedente judicial cuya aplicación se solicitó fue identificado mediante la cita de sentencias del 20 de octubre de 2014 y el 28 de mayo de 2015, es decir que fueron expedidas con posterioridad a la suscripción de los acuerdos de voluntades por medio de los cuales el contrato se suspendió o fue prorrogado, ya que el mismo se terminó en el año 2012; es decir que tampoco por este aspecto le habría sido exigible al contratista hacer manifestación alguna a la hora de suscribir tales prórrogas o suspensiones, en el entendido de que su silencio podría interpretarse como una ausencia de inconformidad o una aceptación tácita de la inexistencia de los perjuicios por los que ahora reclama. (...) Finalmente, es necesario recordar lo establecido por el artículo 230 de la Constitución Política, norma que consagra los principios de autonomía e independencia de los funcionarios judiciales en el cumplimiento de su función de administrar justicia, al disponer que los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, y que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial, por lo que, al momento de resolver un conflicto, el juez tiene la facultad de manejar autónoma e independientemente la resolución de ese caso. Lo dicho significa que, ante el precedente, puede separarse del mismo a través de la figura del “apartamiento”, que lo obliga a hacer explícitas las razones por las cuales se aleja de aquel y se abstiene de darle aplicación al caso concreto que se encuentra decidiendo. (...) Lo expuesto permite concluir que, el antecedente jurisprudencial tiene una obligatoriedad relativa, toda vez que no impide de manera absoluta que los jueces se aparten del mismo siempre que lo hagan razonada y justificadamente (...) En consecuencia, el hecho de que en el presente caso el a-quo no haya dado aplicación al criterio jurisprudencial vigente en ese momento en torno a la obligatoriedad de las salvedades en los acuerdos de voluntades suscritos por las partes durante la ejecución del contrato, no constituye un motivo para infirmar la sentencia de primera instancia cuando, por otro lado, el recurrente tal y como ya se explicó, no expuso razón alguna tendiente a desvirtuar los argumentos que le sirvieron al juez de primera instancia para apartarse de tal precedente jurisprudencial. (...) En las anteriores condiciones, considera la Sala que lo decidido por el a-quo merece ser confirmado y así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el precedente judicial, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación jurisprudencial del 23 de mayo de 2017, exp. 110010328000201600025-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 5 de febrero de 2015, exp. 11001-03-15-000-2014-01312-01, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; y sentencia de 19 de febrero de 2015, exp. 11001-03-15-000-2013-02690-01, C. P. Alberto Yepes Barreiro. Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, sentencia T-830 del 22 de octubre de 2012. Corte Constitucional, sentencia T-714 del 17 de octubre de 2013. Corte Constitucional, C-634 de 2011, Sentencia del 24 de agosto de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC); Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P: Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898. Fallos de tutela sobre precedente: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia del 1° de octubre de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-05479-00; sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de mayo de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-02039-00. Sobre el criterio aplicado por la jurisprudencia en la época de la sentencia de primera instancia, de este caso, ver: sentencia del 25 de agosto de 2022, exp. 66.535, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2023, exp. 05000-23-31-000-2007-00755-01(51.573), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de febrero de 2017, exp. 25000-23-36-000-2013-01717-01(54614), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre el criterio de la subsección A que morigeró el anterior, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, exp. 66001-23-31-000-2011-00255-01 (64701), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; este criterio fue reiterado en sentencia del 19 de junio de 2020, exp. 25000-23-26-000-2002-01790-02(40289), C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 8 de noviembre de 2016, exp. 17001233100020080013801 (47336); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. sentencia de 6 de febrero de 2020, exp. 25000-23-26-000-2012-00225-01(63123); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A, C.P. Maria Adriana Marín: sentencia de 6 de febrero de 2020; exp. 25000-23-26-000-2002-01599-01(38603); Sentencia del 5 de febrero de 2021, expediente 46.726, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 7 de mayo de 2021, exp. 25000-23-26-000-2009-00498-01 (43055), C.P. María Adriana Marín; sentencia del 24 de septiembre de 2021, exp. 54.004, C.P José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 6 de julio de 2022, exp. 54319, C.P. María Adriana Marín; sentencia del 4 de noviembre de 2023, exp. 05001233100020120025401 (59961), C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp. 38.097, C.P. Guillermo Sánchez Luque. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de julio de 2023, exp. 39121, C.P. Guillermo Sánchez Luque. Sobre la obligatoriedad relativa del precedente jurisprudencial, ver: Corte Constitucional, sentencia C-634 de 2011; Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 10 de diciembre de 2018, exp. 11001-03-26-000-2018-00053-00(61431), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Sentencia del 9 de abril de 2021, exp. 11001-03-26-000-2020-00136-00(66341), C.P. María Adriana Marín FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 230 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PARTE DEMANDADA / MUNICIPIO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO Problema jurídico: ¿Procede condenar en costas a la parte demandada, Municipio de San Gil, cuyo recurso de apelación le resultó desfavorable, pues dicha condena no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido? Respuesta al problema jurídico: Si [S]egún lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del C.G.P., la Sala condenará en costas en esta instancia a la parte demandada, por cuanto se resolverá desfavorablemente el recurso de apelación por ella interpuesto, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo previsto en la norma, dicha condena no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido. (...) En consecuencia y con fundamento en el numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo No. 1887 expedido el 26 de junio de 2003 por el Consejo Superior de la Judicatura, se fija como agencias en derecho en esta instancia la suma equivalente al 0,5% del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia de primera instancia -$501’566.700-, esto es la suma de $2’507.833, a cargo del municipio de San Gil y a favor de las sociedades Lego Construcciones S.A.S., Pavigas Ltda. e Interpro S.A.S, integrantes del Consorcio Pavimentos Urbanos. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201500341011100103