Titulación de la relatoría 43.673 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Resultan aplicables a la presente controversia contractual las reglas del Código Contencioso Administrativo, toda vez que la demanda se presentó en vigencia de dicha norma?
Respuesta al problema jurídico: Si
Normatividad aplicable La Sala estima necesario precisar que al presente asunto le resultan aplicables las reglas del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984-, toda vez que la demanda fue presentada el 16 de febrero de 2012, vale decir, en vigencia de dicha norma y antes de que entrara a regir la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prescribe en el artículo 308 la regla de transición para procesos iniciados con anterioridad, conforme a la cual los mismos se seguirán rigiendo por el Código Contencioso Administrativo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308
UNIÓN TEMPORAL / CAPACIDAD PARA SER PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / REPRESENTACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL / CAPACIDAD PARA SER PARTE / CAPACIDAD / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
Problema jurídico:
¿Goza de capacidad para obrar en este proceso contractual la unión temporal, ya que el representante de la misma y los representantes de las sociedades que la conforman otorgaron poder al apoderado judicial para la presentación de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
Cabe precisar que el representante de la unión temporal -obrando en dicha calidady los representantes legales de las sociedades que la conforman, le otorgaron poder al apoderado judicial para interponer la presente demanda (...). Por consiguiente, en los términos de la jurisprudencia contenida en la Sentencia de Unificación del 25 de septiembre de 2013, se entiende que la unión temporal goza de capacidad para obrar en este proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la capacidad para ser parte del proceso de la unión temporal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 25 de septiembre de 2013, C.P.:
Mauricio Fajardo Gómez, exp. 25000-23-26-000-1997-03930-01(19933).
DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la demanda en la acción de controversias contractuales que, reclama el equilibrio económico de un contrato de obra que debía ser liquidado para su finalización?
Respuesta al problema jurídico: Si
Oportunidad de la demanda La demanda que dio origen al presente proceso fue presentada el 16 de febrero de 2012, fecha para la cual la norma que consagró el término de caducidad era el artículo 136 del C.C.A., subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que establece diferentes puntos de partida para efectos de la contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales. La regla general, consagrada en el numeral 10, es que, en las acciones relativas a contratos, el término de caducidad será de 2 años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. No obstante, dependiendo de si el contrato es susceptible o no de liquidación, la norma contempla otros hitos para la contabilización del término (...) En el sub-lite, el negocio jurídico objeto de la controversia, es un contrato de obra pública, razón por la cual, según lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, debía ser liquidado a su finalización. El contrato de obra (...) fue liquidado bilateralmente el 23 de noviembre de 2009, según se comprueba con el acta de liquidación (...). Así las cosas, el plazo para demandar a través de la acción de reparación directa vencía el 23 de noviembre de 2011; sin embargo, ese mismo día se formuló solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría No. 32 para Asuntos Administrativos de Antioquia, la cual se declaró fallida el 16 de febrero de 2012 (...) y, como quiera que la demanda se presentó en esa fecha (...), se impone concluir que se formuló en tiempo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La parte demandante expuso algún argumento tendiente a desvirtuar o rebatir las consideraciones del a-quo referentes a que los conceptos relativos al mayor valor del material granular y del sobreacarreo con ocasión del cambio de fuente de materiales no fueron incluidos como factores de desequilibrio al momento de suscribir las salvedades en el acta de liquidación bilateral?
Respuesta al problema jurídico: No
Lo primero que se debe precisar es que frente al mayor valor del material granular y el transporte de este insumo con ocasión del cambio de fuentes de materiales, el a quo consideró que estos conceptos no fueron incluidos como factores de desequilibrio al momento de suscribir las salvedades en el acta de liquidación bilateral, sin que la expresión “y otros imprevistos que sucedieron durante la ejecución del contrato”, legitimara a la demandante a que presentara reclamaciones diversas a las expresamente consignadas a título de salvedades, toda vez que esa estipulación genérica, abstracta y carente de toda especificidad, carecía de valor jurídico, en atención a que no concretaba los conceptos, fundamentos y la cuantía de los mismos. En el recurso de apelación, la parte demandante no hizo manifestación alguna en torno al argumento del a-quo conforme al cual en el presente caso el contratista no dejó salvedades en el acta de liquidación bilateral sobre el mayor costo del material granular y el mayor valor del acarreo, ni tampoco argumentó que la expresión referente a la ocurrencia de otros imprevistos que sucedieron durante la ejecución del contrato comprendiera estos conceptos. El recurso de apelación se dirigió a argumentar que, contrario a lo afirmado por el a-quo, no era exigible que las salvedades, reclamaciones o solicitudes de restablecimiento se incluyeran en las modificaciones, otrosíes, adiciones o prórrogas efectuadas durante la ejecución del contrato. Lo anterior impide entrar a analizar estas pretensiones porque la parte demandante no expuso argumento alguno tendiente a desvirtuar o rebatir las consideraciones del a-quo referentes a que los conceptos relativos al mayor valor del material granular y del sobreacarreo con ocasión del cambio de fuente de materiales no fueron incluidos como factores de desequilibrio al momento de suscribir las salvedades en el acta de liquidación bilateral, lo cual además hizo fundamentado en jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En efecto, nada expuso la parte demandante en aras de demostrar por qué, en este caso concreto, el criterio expuesto en la sentencia de primera instancia no resultaba procedente, cuáles eran las razones por las que no le era exigible que, al suscribir el acta de liquidación bilateral tuviera que expresar en forma concreta sus requerimientos o reclamaciones económicas por unos supuestos sobrecostos derivados del mayor valor del material granular y del sobreacarreo con ocasión del cambio de fuente de materiales. La liquidación de mutuo acuerdo (arts. 32 y 40 Ley 80 de 1993), constituye un negocio jurídico. Un acuerdo negocial entre personas capaces de disponer, regido por las reglas sobre el consentimiento libre de vicios –error, fuerza y dolo– (arts. 1502, 1508 a 1516 CC). Si no se dejan salvedades –concretas y específicas–, las reclamaciones respecto de las prestaciones pendientes de ejecutar no podrán ser reconocidas por el juez del contrato, dado que ello desconocería el contenido del negocio jurídico (arts. 1602 y 1603 CC). En estas condiciones, el ad-quem carece de puntos de referencia para efectuar su tarea de contrastar la sentencia de primera instancia con los motivos de inconformidad de la parte apelante, toda vez que, en este punto específico, no fueron expuestos en su recurso que, por lo tanto, carece de sustentación en dicho aspecto. Por lo tanto, resulta necesario reiterar que la competencia del ad-quem se encuentra restringida a los precisos términos del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal, pues la finalidad de dicho mecanismo de impugnación es la de permitir que la parte inconforme con lo decidido por el a-quo exprese de manera concreta los motivos de disenso frente a los razonamientos que llevaron a decidir en la forma en que lo hizo el juzgador de primera instancia. En consecuencia, serán esos motivos expuestos por el apelante los que deba confrontar el juez del recurso con la providencia impugnada, para establecer la procedencia o improcedencia de la revocatoria o modificación del fallo cuestionado, en la forma pedida en el recurso de apelación, sin que le sea dado al juez de la segunda instancia suponer o presumir cuáles pudieron ser esas razones de inconformidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el negocio jurídico de liquidación del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de agosto de 1984, exp. No. 3215, C.P. José Alejandro Bonivento Fernández.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1502, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1508, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1509, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1510, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1511, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1512, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1513, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1514, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1515, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40
ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Puede analizarse un argumento de la apelación cuyas consideracioens fácticas y jurídicas son divergentes con el fundamento de las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
Ahora bien, cabe precisar que el argumento referente a que se encontraba probado el incumplimiento al deber de planeación frente al contrato objeto de controversia y a todos los que hacían parte del Plan 2500, porque el INVÍAS no realizó estudios previos idóneos y completos para cada una de las vías a intervenir y no se determinaron los verdaderos costos de los bienes, obras o servicios para la ejecución del contrato, los cuales era evidente que pudieran aumentarse o modificarse y consecuentemente afectar el equilibrio económico del contrato, no fue planteado en la demanda y, por tanto, el a quo no realizó al respecto ningún pronunciamiento. En efecto, los argumentos de la demanda se centraron en la configuración del desequilibrio económico como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevisibles e irresistibles durante la ejecución del contrato. Los fundamentos utilizados por el a quo en la sentencia de primera instancia se enfocaron en establecer que durante las modificaciones y adiciones del contrato la parte demandante no efectuó reclamaciones, salvedades o manifestaciones de inconformidad en lo atinente a los perjuicios reclamados por mayor permanencia en la obra y el incremento en el asfalto sólido, así como tampoco realizó salvedades expresas en el acta de liquidación bilateral sobre mayores costos del material granular y el mayor valor del acarreo, con ocasión del cambio de materiales, es decir que no se pronunció sobre el incumplimiento del deber de planeación en la etapa precontractual del contrato No. 1556 de 2005 y de todos los que hacían parte del Plan 2500; por tanto se trata de un aspecto que no fue discutido a lo largo del presente proceso. En estas condiciones, este argumento no puede tenerse en cuenta para proferir una decisión de mérito en la segunda instancia, por cuanto existe una divergencia entre el fundamento de las pretensiones expresado en la demanda y las consideraciones fácticas y jurídicas enunciadas en el recurso de apelación. Así las cosas, adoptar una decisión de fondo teniendo en cuenta el reparo específico a que se viene aludiendo, configuraría una modificación del juez a la causa petendi expresada en las consideraciones fácticas y jurídicas de la demanda, con lo cual se vulneraría el derecho de defensa de la entidad accionada y conllevaría una sentencia violatoria del principio de congruencia consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (...)En ese contexto, dado que a la parte actora, o al juez, no les es dable variar el fundamento de la pretensión formulada en la demanda mediante la introducción de nuevas consideraciones que impliquen una variación de las bases argumentativas de las pretensiones, la Sala concluye que el reparo formulado en el recurso de apelación relacionado con la inobservancia del deber de planeación en la etapa precontractual no se abre paso, en atención a que se trata de un argumento constitutivo de una variación en la causa petendi. (...) Teniendo presente las anteriores consideraciones, la Sala no se pronunciará sobre la configuración de un incumplimiento contractual, sino que de conformidad con los argumentos expuestos por el a quo y los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la causa petendi y su imposibilidad de modificación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de septiembre de 2018, exp. 42769, C.P. María Adriana Marin. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de octubre de 2016, exp. 34357, C.P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 305
LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA / RECLAMO / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Puede el juez conocer el fondo de las pretensiones desequilibrio económico del contrato ante la ausencia de salvedades en el acta de liquidación del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[La Sala] deberá establecer si era exigible, para la verificación del desequilibrio económico del contrato, que la Unión Temporal ICAT 2 efectuara durante las modificaciones y adiciones al contrato, salvedades, reclamaciones o manifestaciones de inconformidad en relación con la mayor permanencia en la obra y los mayores costos por el incremento del precio del asfalto sólido 80/100. Al respecto, como reiteradamente lo ha manifestado la Sala, la falta de salvedades por parte del contratista en las prórrogas y suspensiones, por sí sola, no se traduce automáticamente en la imposibilidad de reclamar ante la entidad por los sobrecostos que tales eventos le hubieren podido ocasionar, sino que resulta necesario estudiar cada caso para establecer cuáles fueron las circunstancias que rodearon la suscripción de esos acuerdos de voluntades y en las que se dieron esas afectaciones del plazo contractual, cuál fue la conducta de las partes, qué relación hubo entre esas estipulaciones y las referidas circunstancias y qué conducta cabía esperar del contratista al momento de suscribirlas, para establecer si le son oponibles o no, como impedimento para proceder a los reconocimientos económicos reclamados. Con criterios de unificación, esta Sección clarificó que la ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios, otrosíes o contratos posteriores no impedía conocer de fondo sobre las pretensiones. (...) De conformidad con el anterior criterio jurisprudencial, considera la Sala que le asiste razón a la parte demandante porque la Ley 80 de 1993 no estableció como presupuesto procesal o como requisito de oportunidad para el examen de la prosperidad de las pretensiones que se tuvieran que dejar salvedades en los pactos adicionales durante la ejecución del contrato. El silencio de las partes en los acuerdos modificatorios, contratos adicionales u otrosíes, no constituye una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones. Por el contrario, la prosperidad de la acción contractual se encuentra circunscrita a la posibilidad de controvertir exclusivamente aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el accionante hubiere manifestado expresamente su disconformidad en el acto de la liquidación bilateral del contrato, quedando excluido aquello respecto de lo cual se hubiere guardado silencio. Así las cosas, como las reclamaciones de la demanda que corresponden con las salvedades consignadas en el acta bilateral de liquidación son el valor generado en razón de los sobrecostos por la mayor permanencia en la obra y los mayores costos por el aumento del material asfalto sólido 80/100, la Sala se pronunciará únicamente frente a estas pretensiones; (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falta de salvedades en el acta de liquidación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de febrero de 2021. Exp. 46726. C.P José Roberto Sáchica Méndez. Fundamento jurídico 3.3.3]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2021, exp. 54004, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. Posición reiterada, entre otras, en sentencia de la misma Subsección, del 6 de julio de 2022, exp.54319, C.P. María Adriana Marín. Sobre la posibilidad de conocer de fondo las pretensiones ante la ausencia de salvedades, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 27 de julio de 2023, exp. 39121,. C.P. Guillermo Sánchez Luque.
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La ruptura del equilibrio contractual se configura cuando concurren ciertos presupuestos posteriores a la celebración del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El equilibrio económico del contrato (...) Es de precisar que no cualquier situación fractura la ecuación contractual, en tanto ello exige la concurrencia de ciertos presupuestos, los cuales se explicarán a continuación. El primero de ellos consiste en la ocurrencia, con posterioridad a la celebración del contrato, de un hecho anormal, extraordinario y excepcional, o a la expedición, por parte de la entidad contratante -en ejercicio de sus funciones administrativas-, de una medida de carácter general que afecte a su propio contratista, o de un acto contractual en ejercicio del ius variandi. Por ello, la entidad estatal no tiene la obligación de reconocer las pérdidas causadas por áleas normales u ordinarias, pues todo negocio contempla riesgos inherentes a la actividad contractual, que el contratista, en razón de su profesión, oficio y actividad habitual, está en el deber de conocer y de prever. Se aclara que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que no es suficiente con que dichas situaciones se presenten, puesto que estas deben, además, hacer significativamente más gravosa la ejecución del contrato. (...) Asimismo, el hecho en cuestión debe rebasar lo que normalmente las partes hubiesen podido prever al momento de suscribir el contrato, y de efectuar la correspondiente estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. Bajo esta lógica, solo dará lugar al rompimiento del sinalagma contractual aquellos riesgos que no fueron valorados en la etapa precontractual, o que desbordaron aquellos que lo fueron. Ahora bien, el hecho anormal debe ser inimputable a la parte que lo alega. Como la obligación de restablecer la ecuación contractual se fundamenta en hechos ajenos a las partes, o en expresiones de poder de la Administración, no es procedente cuando el desequilibrio es causado por actuaciones del contratista. Lo anterior, con fundamento en el principio bajo el aforismo latino nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nadie puede alegar a su favor su propia culpa). Finalmente, el álea debe ser sobreviniente, imprevisto o imprevisible -no necesariamente en sus causas sino en sus efectos-, es decir, se debe presentar con posterioridad a la celebración del contrato, debe tratarse de un hecho que no fue previsto por el afectado a la hora de proponer o de contratar y que, además, no era razonablemente previsible.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el equilibrio económico del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2020, exp. 46057, C.P: María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 13 de febrero de 2013, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, exp. 76001-23-31-000-1999-02622-01(24996).
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5
MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / RECHAZO DE COSTOS POR FALTA DE PRUEBA / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Acreditó la parte demandante el concepto y la cuantía de cada uno de los rubros extraordinarios supuestamente cubiertos por el contratista con ocasión de su mayor permanencia y con ello la ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
Sobrecostos por mayor permanencia en la obra La mayor permanencia en obra corresponde a los costos que se ocasionan por la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato que deben ser reconocidos por la entidad, porque tienen su origen en circunstancias no imputables al contratista. En efecto, la ampliación del plazo puede aumentar los valores de la estructura de costos –administrativos, de personal y equipos– prevista inicialmente. Por ello, el contratista puede reclamar los perjuicios derivados de la disponibilidad de equipo, los costos de personal y los costos administrativos – y en general los que se produzcan– por la mayor permanencia en obra, siempre que estén debidamente demostrados y no sean causados por hechos que le sean imputables. En todo caso, deberán acreditarse los sobrecostos reales en que incurrió, porque no es dable suponerlos. Cabe precisar que no hay lugar a reconocer como sobrecostos por mayor permanencia en obra los ítems de obra adicional o mayores cantidades de obra contratada, porque su fundamento jurídico es diverso y tienen su propia estructura de económica de remuneración que impide considerarlos como tales. En efecto, los primeros requieren concertar el análisis de precios unitarios -APU- y llevarlos a un contrato adicional donde se prevé el AIU respectivo; y los segundos cuentan con una regla de costos desde el inicio del contrato que autoriza las mayores cantidades. En la demanda se adujo que las constantes e imprevistas lluvias, la inclusión de la pavimentación de un sector en el Tramo Yarumal-Angostura y el tiempo que la Interventoría utilizó para aprobar las especificaciones particulares de las bases granulares y para autorizar el uso de la mezcla compuesta de la cantera de Girardota, afectaron los rendimientos del proceso constructivo e implicaron mayor tiempo de ejecución de la obra, circunstancias que obligaron a la unión temporal a solicitar varias prórrogas del contrato. (...) Pese a lo expresado, la parte actora no demostró la causación de los sobrecostos de tipo administrativo que adujo en la demanda, puesto que no los discriminó, ni los describió, ni acreditó la cuantía de cada uno de los conceptos que supuestamente debió cubrir como consecuencia de la prolongación del contrato. La parte actora pretendió demostrar la mayor permanencia en la obra allegando con la demanda las cuatro adiciones al contrato No. 1556 de 2005 y las solicitudes de ampliación del plazo que elevó con fundamento en el incremento de las lluvias y la inclusión de la pavimentación de un sector en el tramo (...); sin embargo, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha insistido en que los costos alegados por concepto de mayor estancia en la obra no pueden inferirse por el solo hecho de haberse prolongado el término de ejecución del contrato ni establecerse por simple conjetura sobre la base del mero paso del tiempo, sino que debe acreditarse el concepto y la cuantía de cada uno de los rubros extraordinarios supuestamente cubiertos por el contratista con ocasión de su mayor permanencia, v. gr., la inversión en personal y en maquinaria y el monto de los gastos, al tiempo que debe probarse su relación causal con la prolongación de las obras, todo lo cual se echa de menos en el presente caso. (...) Aunque el dictamen pericial rendido en el proceso refirió que se presentó una mayor permanencia en la obra por un término que excedió al inicialmente pactado, lo cierto es que los cálculos efectuados sólo se soportaron en el valor inicial y final del negocio jurídico y el porcentaje que del mismo se estimó para la administración, imprevistos y utilidades, pero no en la prueba de los gastos que la Unión Temporal ICAT 2 efectivamente realizó para sostener su mayor permanencia en la obra en detrimento del equilibrio económico contractual. En este dictamen pericial no se relacionaron ni probaron los conceptos y la cuantía de cada uno de los rubros extraordinarios supuestamente cubiertos por el contratista con ocasión de su mayor estancia en la obra. (...) Para acreditar esos perjuicios resulta indispensable probar los sobrecostos reales en los que incurrió la parte demandante, toda vez que no es dable suponerlos como lo hizo el perito mediante el cálculo del costo día de ejecución del contrato, con fundamento en el valor del mismo, deducido del porcentaje correspondiente al A, del A.I.U. de la propuesta, toda vez que frente a contratos celebrados y ejecutados, estos factores pierden utilidad porque ya existe una realidad contractual que se impone y debe analizarse18, de ahí que resultaba necesario determinar, enunciar, describir y/o individualizar los sobrecostos causados durante la ejecución del contrato y por tanto dicho dictamen no tiene vocación para probar la existencia material de los mismos. Esta falla probatoria impide tener por demostrada la ruptura del equilibrio contractual, pues no es posible calcular si la prolongación del término del contrato ocasionó las alegadas erogaciones anormales que sobrepasaron los márgenes aceptados en la propuesta y en el contrato mismo, en consideración a que la Unión Temporal ICAT 2 no probó los sobrecostos reclamados, esto es, que sufrió efectivamente los perjuicios a que alude en los hechos y pretensiones de su demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los costos por mayor permanencia en la obra, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de agosto de 2011, exp. 18080. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de noviembre de 2008, exp. 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, exp. 10779, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Sobre la necesidad de probar los costos por la mayor permanencia en la obra, ver: Ver, entre otras, las sentencias dictadas por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A el 8 de marzo de 2017, exp. N° 25000-23-36-000-2013-00249-01(50890), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, y la sentencia de la Subsección B, proferida el 30 de noviembre de 2016, exp. N° 25000-23-26-000-1993-08717-01(29368), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / AGUA LLUVIA / IDEAM / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / HECHO IMPREVISIBLE / HECHO IMPREVISIBLE DE LA NATURALEZA / INEXISTENCIA DEL HECHO IMPREVISIBLE
Problema jurídico:
¿Acreditó la Unión Temporal contratista demandante que, las lluvias que se presentaron durante la ejecución del contrato y la topografía montañosa de la zona generaran un desequilibrio económico?
Respuesta al problema jurídico: No
Ahora bien, en la demanda se señaló que, durante la ejecución del contrato, las imprevistas lluvias generaron una mayor permanencia en la obra; sin embargo, conviene precisar que la primera prórroga obedeció a la necesidad de terminar las inversiones inicialmente contratadas y evitar la paralización o la afectación grave del servicio público y asegurar su adecuada prestación, toda vez que en la fecha en la que fenecía el plazo inicialmente pactado solo se tenía el 45.65% del avance físico programado y, por tanto, no era posible la construcción del 54,33% de obra faltante por ejecutar, luego no se trató de una situación no imputable al contratista, sino que por el contrario, fue causada por sus actuaciones, debido al retraso en la construcción de las obras programadas, por lo que, incluso, se le había declarado el incumplimiento parcial del contrato mediante Resolución No. 01420 de 10 de abril de 2007. Las tres siguientes prórrogas del contrato se hicieron por solicitud del contratista a raíz de los altos índices de lluvias según los pronósticos del IDEAM y la topografía montañosa de la zona. (...) Sin embargo, en el proceso obra la certificación expedida el 4 de octubre de 2013 por la Subdirección de Meteorología del IDEAM, en la que se evidencia el comportamiento mensual de precipitación y su respectivo índice durante los años comprendidos entre 2005 y 2008, de acuerdo con la información disponible en la base de datos de las estaciones meteorológicas San Andrés de Cuerquia y Yarumal, lugares donde se desarrollaron las obras. (...) Como se puede apreciar, no se presentaron altos índices de lluvias durante todos los meses en los que se ejecutó el contrato y, por el contrario, prevalecieron las lluvias ligeramente por debajo de lo normal (mes seco) y las lluvias normales para el mes; solo en el mes de mayo de 2007 y febrero de 2008 se alcanzó un índice por encima de lo normal (mes extremadamente lluvioso). En estas condiciones, no resulta acertado afirmar, como lo hizo la Unión Temporal ICAT 2 que “el IDEAM ha pronosticado que el invierno en el país continuará con igual o mayor intensidad hasta finales del mes de diciembre de 2007 o incluso principios de enero del 2008”, cuando esta entidad certificó en esos meses lluvias moderadamente por debajo de lo normal (mes muy seco) y lluvias ligeramente por debajo de lo normal (mes seco un mes muy seco). (...) Lo anterior demuestra que el régimen lluvioso no constituía un factor irresistible ni que impidiera la ejecución del contrato (...) Tampoco era una circunstancia imprevisible, como se evidencia en la primera modificación que hicieron las partes al contrato, antes de que se impartiera la orden de iniciación de la etapa de construcción, en la que se advirtió que debían adelantarse los trabajos de construcción en la época de verano. (...) Así las cosas, según la certificación expedida por el IDEAM, las lluvias presentadas no fueron permanentes ni excedieron las estadísticas pluviométricas de la zona, como lo afirmó en la demanda la Unión Temporal ICAT 2. En esa medida, las lluvias que se presentaron durante algunos meses y la topografía montañosa de la zona no podía constituirse en un hecho imprevisible, toda vez que se trata de un factor que el constructor, habiendo acreditado experiencia en el sector materia de la contratación debía tener presente, más aún (...) que desde el principio el contratista conoció la ubicación de la obra y sus condiciones topográficas y meteorológicas. Bajo este orden de consideraciones, no se acreditó que las lluvias que se presentaron durante la ejecución del contrato y la topografía montañosa de la zona generaran un desequilibrio económico, porque además de que no constituían circunstancias imprevistas, la mayor permanencia en la obra guarda más identidad (...) con los atrasos de la Unión Temporal ICAT 2 en la ejecución de las obras programadas.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5
MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL / RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO EXTRAJUDICIAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / UNIÓN TEMPORAL
Problema jurídico:
¿Acreditó la Unión Temporal contratista demandante que, la inclusión de la pavimentación de un sector en el Tramo Yarumal-Angostura, fue un factor que generó una mayor permanencia en la obra?
Respuesta al problema jurídico: No
La inclusión de la pavimentación de un sector en el Tramo Yarumal-Angostura, tampoco puede constituirse como un factor que generó una mayor permanencia en la obra, porque las partes acordaron en la adición No. 4 que la ampliación del plazo se concedía por solicitud del contratista para poder terminar el contrato y además la unión temporal se comprometió a no presentar reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de los trabajos, porque la reprogramación se efectuaba con los recursos existentes del contrato. Cabe destacar que en relación con esta ampliación del plazo ni siquiera habría lugar a estimar si se presentaron sobrecostos o causas generadoras de ruptura del equilibrio económico del contrato, toda vez que se consignó por la Unión Temporal ICAT 2 una renuncia expresa a reclamar por mayor permanencia en obra, de modo que prevalece la fuerza vinculante de esa renuncia expresa y la obligación del contratista de ceñirse a los actos propios.
SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / RECHAZO DE COSTOS POR FALTA DE PRUEBA / ASFALTO / INCREMENTO DEL PRECIO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO / AJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / VARIACIÓN DEL PRECIO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Acreditó la contratista demandante que, sufrió mayores costos por el incremento del material asfalto sólido y por ello ruptura del equilibrio del contrato, porque probó la compra del material, sus cantidades y los tiempos en los que lo hizo?
Respuesta al problema jurídico: No
Mayores costos por el incremento del material asfalto sólido En la demanda se señaló que el material asfalto sólido 80/100 mostró un incremento porcentual exorbitante desde la fecha de la presentación de la oferta hasta la terminación de las obras y, en contraposición, el índice de ajuste siempre fue inferior, lo que causó un desequilibrio económico del contrato. (...) Para demostrar los sobrecostos derivados del aumento del asfalto sólido 80/100, la parte actora allegó con la demanda los documentos expedidos por ECOPETROL denominados “Productos Petroquímicos”, en los que registró los precios vigentes para diferentes materiales, entre ellos, el asfalto, desde el 1 de enero de 2005 y hasta el 1 de julio de 2008. (...) Cabe señalar que se trata de los precios reportados en la página oficial de Ecopetrol pero no de los productos adquiridos por la Unión Temporal ICAT 2 en esta empresa; por tanto, estos documentos no demuestran si el contratista, efectivamente, compró este material, ni tampoco las cantidades y los tiempos en los que lo hizo. Si bien en el plenario está demostrado que el precio del asfalto aumentó desde la suscripción del contrato, encontrando su máximo incremento durante su ejecución, esta situación, por sí sola, no acredita que la parte demandante se hubiese visto afectada, pues para evidenciar el impacto que el aumento de los precios generó en la economía del contrato, era indispensable corroborar, en primer lugar, el valor real de la adquisición de ese producto. En otras palabras, no bastaba con comprobar, a través de los listados de precios oficiales, el valor del asfalto para una determinada fecha, sino que se debía justificar cuánto se pagó por él. (...) Lo primero que se debe destacar es que el dictamen pericial se efectuó sobre un producto con características diferentes al utilizado en la obra, toda vez que en la demanda se reclama un sobrecosto por el incremento del producto asfalto sólido 80/100, en tanto que la experticia se calculó sobre el aumento del valor del producto asfalto sólido 85/100. En el dictamen pericial se concluyó que el precio del producto asfalto 85/100 se incrementó en Ecopetrol por encima de la fórmula de ajuste de precios del contrato establecida con base en el índice de costos de la construcción pesada -ICCP-; sin embargo, tampoco se estableció el valor, la cantidad y la fecha en la que fue adquirido este insumo por la Unión Temporal ICAT 2, aunado a que no se relacionaron los soportes que demuestren la compra efectiva del producto. (...) Como se puede apreciar, en el dictamen no se pudo verificar que la adquisición de los materiales de construcción se hubiera realizado por la Unión Temporal ICAT 2, además, en el ítem “cargos a inventarios por conceptos manejados” se relacionaron varios productos, entre los que se destacan cementos y concretos asfálticos; sin embargo, no se puede establecer si se trata específicamente del producto asfalto sólido 80/100, la cantidad, la fecha y el valor en el que fue adquirido, así como tampoco se identificaron las facturas mediante las cuales este insumo fue aparentemente comprado. (...) Así las cosas, ni la unión temporal demandante ni los peritos en sus correspondientes dictámenes identificaron o relacionaron los proveedores y las facturas de compra que permitan establecer cuándo, qué cantidad y a qué precio se compró el producto asfalto sólido 80/100; por consiguiente, no era suficiente con indicar cual había sido la evolución del precio del asfalto, sino que debían probarse las condiciones en las que se adquirió dicho insumo. Incluso, era posible que la parte demandante hubiera comprado todo el asfalto desde el inicio del contrato, pero pretendiera en esta instancia judicial acceder al pago de un incremento. (...) Como no existe constancia real de la totalidad del asfalto sólido 80/100 supuestamente adquirido por el contratista para la ejecución de la obra, no puede tenerse por cierta la invocada fractura del sinalagma contractual, por cuanto se desconoce por completo cuándo fue comprado y a cuánto ascendió su valor. En complemento con el argumento anterior, tampoco está demostrado que ese incremento en los precios fuera razonablemente imprevisible, ya que el contratista, como experto en el área de la construcción vial, debía contemplar la posibilidad de que los precios se incrementaran. Por ello, cuando se celebró el contrato, la unión temporal debió tener presente que la fluctuación de los precios de los insumos podía ser ascendente, y las variables que podían incidir en dicha situación. Partiendo de esto, para acceder a la pretensión de restablecimiento, no era suficiente con demostrar que el precio oficial del asfalto fue uno al momento de la celebración del contrato y que este era diferente al de la ejecución, en tanto se debía corroborar que tal acontecimiento rebosó el álea normal del mercado y del contrato. Como no hay pruebas que demuestren que el incremento suscitado sobrepasó el riesgo asumido por el contratista, no es posible determinar la existencia de la ruptura de la economía del contrato. (...) De acuerdo con las pruebas, la entidad demandada realizó el correspondiente ajuste de precios; por tanto, a la unión temporal demandante le correspondía probar que la liquidación contenida en las actas de actualización de precios no correspondía a los valores que realmente se debían con ocasión de ese reajuste. No obra ninguna prueba que permita establecer que existió un error técnico en las actas de reajuste de precios, derivado, por ejemplo, de una aplicación indebida de la fórmula de reajuste pactada o de yerros en los valores que la soportaron. Tampoco se probó una variación negativa de los costos distinta a la contenida en las actas de ajustes y de existir, si la misma tuvo impacto en los componentes del precio unitario, que permita una liquidación diferente a la calculada en aplicación de la fórmula prevista en el contrato. Bajo estos términos, y dado que la parte actora no logró acreditar los perjuicios invocados en la demanda, no hay lugar a ordenar el restablecimiento del equilibrio económico y, por tanto, la sentencia de primera instancia será confirmada, pero por las razones expuestas en la presente providencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falta de pruebas de que el aumento del precio del material sobrepase el riesgo del contratista, ver: En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 22 de octubre de 2021, exp. 55541, C.P. María Adriana Marín.