Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Caducidad de la acción: Sentencia

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2024-06-17
Radicado
41001233100020120015501
Número interno
65750
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S.A. LICORSA
Demandado
DEPARTAMENTO DEL HUILA

Síntesis de la providencia

Caducidad de la acción: Sentencia

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Reiteradamente, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que la caducidad corresponde a una figura jurídica a través de la cual el legislador define bajo parámetros razonables el límite temporal en que toda persona puede acceder a la jurisdicción en ejercicio de su derecho de acción, y evita, a su vez, que situaciones jurídicas en controversia permanezcan indefinidas en el tiempo, tiñendo de incertidumbre y pugnacidad las relaciones del conglomerado social.… Por su naturaleza y efectos definitorios, dos matices se revelan fundamentales en el análisis de la caducidad: es un fenómeno objetivo pues está ligado al paso del tiempo y no al querer de las partes; y, es de orden público, de modo que su declaratoria, aun de oficio, corresponde a una obligación-deber del juez.… Significa lo anterior, que ante el supuesto de hecho definido por la ley como punto de partida del término de caducidad…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La caducidad es un fenómeno objetivo, ligado al paso del tiempo y no a la voluntad de las partes, y es de orden público, por lo que su declaratoria corresponde al juez aun de oficio. El término de caducidad corre de forma imparable desde el hecho que la ley define como punto de partida, y no se suspende ni se interrumpe sino en los eventos y con los efectos que la propia ley establece. Tres razones sostienen la regla: la caducidad fija un límite temporal razonable para acceder a la jurisdicción, evita que las situaciones jurídicas en controversia permanezcan indefinidas en el tiempo, y su carácter de orden público impide que las partes alteren el término fijado en la ley. En consecuencia, el juez debe verificar al momento de dictar sentencia si cuenta con habilitación temporal para el examen pretendido, con base en el artículo 164 del CCA, aplicable al asunto, y en la jurisprudencia vigente cuando comenzó a correr el término. El documento reitera la jurisprudencia de la corporación sobre esta materia; la consecuencia práctica es que el juez debe examinar la oportunidad de la demanda aun cuando las partes no la hayan alegado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos, y que debe ser declarado de oficio por el juez ante su observancia en el proceso?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 164
  • Decreto 1400 de 1970, art. 364

También resuelve

  • ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales presentada para demandar la nulidad del acto de liquidación unilateral de un contrato de concesión…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DERECHO DE ACCIÓN EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEBERES DEL JUEZ FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PODER OFICIOSO DEL JUEZ DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN OBLIGATORIEDAD DEL TÉRMINO PROCESAL OBLIGATORIEDAD DE LA LEY PROCESAL REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CADUCIDAD DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PROCEDENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN FALLO INHIBITORIO POR CADUCIDAD DE LA ACCIÓN SENTENCIA INHIBITORIA

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un auto proferido en primera instancia
Consejo de Estado 2022-10-21 Sección Tercera (Subsección A)
La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche invocados por el apelante
Consejo de Estado 2022-03-18 Sección Tercera (Subsección A)
Caducidad de la acción: Sentencia
Consejo de Estado 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C)
Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales
Consejo de Estado 2021-12-10 Sección Tercera (Subsección C)
La caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal
Consejo de Estado 2023-02-28 Sección Tercera (Subsección C)
Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia.
Titulación de la relatoría 15.148 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEBERES DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / OBLIGATORIEDAD DEL TÉRMINO PROCESAL / OBLIGATORIEDAD DE LA LEY PROCESAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos, y que debe ser declarado de oficio por el juez ante su observancia en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Reiteradamente, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que la caducidad corresponde a una figura jurídica a través de la cual el legislador define bajo parámetros razonables el límite temporal en que toda persona puede acceder a la jurisdicción en ejercicio de su derecho de acción, y evita, a su vez, que situaciones jurídicas en controversia permanezcan indefinidas en el tiempo, tiñendo de incertidumbre y pugnacidad las relaciones del conglomerado social. (...) Por su naturaleza y efectos definitorios, dos matices se revelan fundamentales en el análisis de la caducidad: es un fenómeno objetivo pues está ligado al paso del tiempo y no al querer de las partes; y, es de orden público, de modo que su declaratoria, aun de oficio, corresponde a una obligación-deber del juez. (...) Significa lo anterior, que ante el supuesto de hecho definido por la ley como punto de partida del término de caducidad, éste avanza con la precisión y exactitud de la medida de tiempo que lo define, y de forma imparable como regla de principio de cara al referente cronológico al que quedó sujeto. Por ello, la marcha que emprende el término de caducidad no se suspende ni se interrumpe sino en los limitados eventos y con los efectos que establece la ley; en cualquier caso, sin abandonar su carácter esencialmente objetivo, pues no se concibe la posibilidad de que tal figura quede en manos de una de las partes y pueda variar el término prefijado en la ley -por ser de orden público, valga insistir-. (...) Este rol determinante, llevado al campo de los presupuestos procesales, impone al juez que al momento de dictar sentencia verifique los términos de caducidad, con el fin de determinar si cuenta o no con habilitación temporal para realizar el examen judicial pretendido, como dispone el art. 164 del CCA –estatuto aplicable a este asunto, en conjunto con la jurisprudencia regente para aquel momento, por tratarse del referente normativo y del criterio auxiliar de la actividad judicial a los que debe acudir esta Sala en función verificar las reglas vigentes al momento en que inició a correr el citado término–. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la noción y características del fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, consultar providencias de 9 de mayo de 2012, Exp. 21906, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 19 de julio de 2017, Exp. 57932, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre la inadmisibilidad de que el término de caducidad pueda, de alguna manera, quedar al arbitrio de una de las partes, consultar providencia de 30 de enero de 2013, Exp. 66001-23-31-000-2000- 00317-01(23136), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 364 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PROCEDENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / FALLO INHIBITORIO POR CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SENTENCIA INHIBITORIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales presentada para demandar la nulidad del acto de liquidación unilateral de un contrato de concesión, cuando se observa que dicho acto se profirió por fuera del término de dos meses establecido en la norma para tal efecto? Respuesta al problema jurídico: Si [P]rocede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia que declaró configurada la caducidad de la acción contractual instaurada. La controversia gira alrededor de la pretensión de nulidad del acto de liquidación unilateral de un contrato de concesión y, en el recurso bajo el que la actora controvierte el cómputo de la caducidad. (...) Dos tesis se confrontan en la apelación. Para el Tribunal, el término de caducidad inició a correr al vencimiento de los dos meses para la realización de la liquidación unilateral por parte de la Administración, sin que la posterior expedición de tal acto unilateral pudiera alterar su cómputo. La apelante señala que la oportunidad para demandar se debe contabilizar con la expedición del acto de liquidación unilateral. (...) El Decreto 01 de 1984 en su texto original, estableció en el inciso séptimo del artículo 136 que las acciones “…relativas a contratos caducarán a los dos (2) años de expedidos los actos u ocurridos los hechos que den lugar a ella”, de modo que el término correría de forma individual para cada evento que ocurriese en el marco del contrato. La jurisprudencia así lo explicó, indicando que el término de caducidad de la acción contractual iniciaba a partir de la expedición de un acto administrativo contractual (...) o de la ocurrencia del hecho causal específico del litigio (...). De forma posterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado estimó que resultaba necesario adoptar un criterio que permitiera establecer el cómputo de la caducidad bajo una concepción integral de la relación contractual, concluyendo que para ello resultaba más adecuado tomar como referente la fecha de terminación del contrato si éste no requería de liquidación, o de la suscripción de la liquidación, en caso contrario. (...) Explicó que los hechos que dieran origen a las controversias contractuales no podían ser valorados separadamente y había que distinguir entre aquellos contratos que requerían ser liquidados, y los que no, explicitando que en los primeros la caducidad de la acción iniciaba su cómputo desde la suscripción del acta bilateral, la ejecutoria del acto administrativo de liquidación unilateral o, de ser el caso, desde el vencimiento del plazo para efectuarla (...). Luego, el art. 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del CCA, positivizó el criterio antes expuesto, y en relación con el conteo de la caducidad de la acción contractual dispuso que el término sería de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, y estableció reglas especiales según si los contratos requerían o no de liquidación, para el inicio de dicho cómputo (...). Atendiendo la norma transcrita, para aquellos negocios jurídicos que debían ser liquidados la caducidad de la acción contractual iniciaba a correr transcurridos dos (2) años desde: (i) la liquidación bilateral o unilateral en el término establecido convencional o legalmente; o (ii) vencido el término para que la entidad realizara la liquidación unilateral, es decir, a partir del incumplimiento de dicha obligación. Ello imponía distinguir entre el término con el que la entidad contaba para liquidar el contrato, asociado a su competencia temporal, y el fenómeno procesal de la caducidad para demandar en oportunidad. (...) Con posterioridad, (...) la Ley 80 de 1993 acogió como fórmula para suplir la voluntad de las partes en la materia, el término de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral y, dado que el artículo 61 ídem al establecer la competencia de la Administración para liquidar unilateralmente los contratos no definió un término específico, se acogió el período sucesivo de dos (2) meses para esta fase unilateral, de cara a la integración normativa efectuada con la Ley 446 de 1998. (...) Conforme a lo anterior, esta Corporación puntualizó que si el plazo legalmente previsto para efectuar la liquidación concluye sin que ésta se hubiere realizado, irremediablemente el término de caducidad ya habría empezado a correr y, por ende, ninguna incidencia podía tener en el término de caducidad una liquidación posterior. Sostener lo contrario sería tanto como admitir que el término de caducidad quedara al arbitrio de alguna de las partes. (...) Y expuso que de no ser así se llegaría a la “extraña e ilegal” situación de existir un término de caducidad superior al previsto en la ley en virtud de la decisión de alguna de las partes –según el marco legal entonces vigente–. (...) En el contrato de concesión 001 de 1997 se pactó un plazo de ejecución de 10 años, contados desde el 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2007 luego de lo cual, se sumaban cuatro (4) meses para intentar concertar una liquidación bilateral, que transcurrieron entre el 1 de enero de 2008 al 1 de mayo siguiente. Este plazo se prorrogó de común acuerdo en diversas oportunidades, hasta su última fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2009. (...) Vencido este plazo, el Departamento del Huila tenía dos (2) meses para liquidar unilateralmente el contrato de concesión, los cuales se cumplieron el 1 de diciembre de 2009, sin que ello se hubiera efectuado; de manera que los dos (2) años de caducidad de la acción de controversias contractuales iniciaron a correr el 2 de diciembre de 2009 y fenecerían, en principio, el 2 de diciembre de 2011. (...) Fue hasta el 28 de diciembre de 2009 que el Departamento del Huila profirió la Resolución 723, por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato, acto administrativo que fue notificado el 22 de enero de 2010. Inicialmente Licorsa presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 30 de diciembre de 2009, antes de que le fuera notificada la Resolución 723, de modo que la Sala coincide con el Tribunal en que esa solicitud no sea tenida en cuenta para el cómputo del término de caducidad, pues el objeto de este proceso resultó diverso con ocasión de la expedición de tales actos –seguidamente la Sala hará mención sobre la solicitud de conciliación que atañe al objeto de la presente causa–. De suerte que el término de caducidad aún avanzaba, sin suspensiones, desde el 2 de diciembre de 2009. (...) El 4 de mayo de 2010, Licorsa presentó solicitud de conciliación extrajudicial en la que incluyó las referidas resoluciones, actuación que la Sala tendrá en cuenta para el cómputo del término de caducidad. (...) En este punto, valga mencionar que la Sección Tercera ha precisado que la solicitud de conciliación extrajudicial debe ser congruente con el objeto de la demanda, sin que deba ser gramaticalmente literal el contenido de ambos documentos, pues uno se soporta en una oferta para transar las diferencias y otro se basa en la pretensión que se pide declarar en una sentencia. Comoquiera que la solicitud de conciliación presentada el 4 de mayo de 2010 guarda correspondencia con las pretensiones de la demanda, al versar sobre las resoluciones por las cuales el Departamento del Huila liquidó unilateralmente el contrato de concesión, este trámite de conciliación es el llamado a agotar el requisito de procedibilidad, y es el que se adecua al precepto contenido en el art. 21 de la Ley 640 de 2001 que autoriza por una sola vez la suspensión del término de caducidad con la presentación de la solicitud de conciliación. (...) La radicación de esta solicitud suspendió el término de caducidad, a partir de ese día, habiendo transcurrido para ese momento 5 meses y 2 días de los dos años previstos en la ley, así que restaba 1 año, 6 meses y 28 días para presentar la respectiva demanda. (...) La demanda fue presentada el 30 de marzo de 2012, es decir fuera del término para ello, siendo obligatorio declarar en el presente asunto la ocurrencia del fenómeno de la caducidad. (...) Conforme a la normatividad aplicable al sub-lite, el hecho de que la Administración hubiese expedido los referidos actos administrativos después de vencido el plazo legal para liquidar unilateralmente el contrato no tenía la virtualidad de modificar o ampliar el término de caducidad, pues el legislador no lo estableció así, ni la expedición de tal acto es causal de interrupción o suspensión de este término que, como se precisó, es de orden público e inmodificable. (...) Por lo anterior, se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Arauca, en el sentido de declarar la caducidad de la acción de controversias contractuales instaurada por Licorsa. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, consultar providencias de 3 de marzo de 1989, Exp. 5453; de 22 de junio de 1995, Exp. 9965, C.P. Daniel Suarez Hernández; de 1 de agosto de 2000, Exp. 11816, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; de 30 de enero de 2013, Exp. 66001-23-31-000-2000-00317-01(23136), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 24 de julio de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2002-02245-01(28768); de 12 de junio de 2014, Exp. 25000-23-26-000-2003-00753-01(29469), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 15 de octubre de 2015, Exp. 25000-23-26-000-2010-00409-01(48656), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa;. Sobre el plazo para liquidar el contrato estatal, consultar providencias de 29 de enero de 1988, Exp. 3615, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 16 de noviembre de 1989, Exp. 3265 y 3461; de 30 de enero de 2013, Exp. 66001-23-31-000-2000-00317-01(23136), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=410012331000201200155011100103