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Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer2025-07-14Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 15001233300020170104501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede la autoridad judicial decretar pruebas de oficio mediante auto de mejor proveer una vez agotada la etapa de alegatos, sin que ello implique vulneración de los derechos de las partes? Sí
El juez está facultado en cualquiera de las instancias para decretar de oficio las pruebas necesarias para el esclarecimiento de la verdad mediante el auto de mejor proveer aun cuando se haya agotado la etapa de alegaciones de conclusión sin vulnerar los derechos procesales de las partes. En la providencia se decreta como prueba de segunda instancia los documentos allegados por Seguros Confianza el 17 de marzo de 2025 para establecer la suma de $621.290.070 por concepto de saldo pendiente de amortización del anticipo y rendimientos financieros causados conforme al artículo 213 del CPACA, garantizando así que la decisión se ajuste a la verdad material sin suplir las cargas probatorias de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez decretar en segunda instancia una prueba documental relacionada con un hecho sobreviniente, cuando dicha prueba es relevante para resolver aspectos sustanciales del litigio vinculados…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-03-26Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020170213202LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia para resolver un desistimiento de las pretensiones de la demanda corresponde al juez de primera instancia? Sí
El juez de primera instancia es el competente para resolver sobre el desistimiento de las pretensiones formuladas en la demanda dentro de los procesos de doble instancia. En este auto interlocutorio que resuelve una apelación incidental relacionada con un acuerdo conciliatorio fallido, la Sala señala que carece de competencia funcional para pronunciarse sobre solicitudes de desistimiento que corresponden al a quo, confirmando la providencia recurrida por cuanto el acuerdo no cumplió los requisitos legales sustanciales exigidos, sin que proceda analizar en esta oportunidad los riesgos de condena en costas invocados por los recurrentes.síntesis automática
También resuelve:¿Está facultado el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de una entidad pública para proponer el desistimiento de las pretensiones como fórmula conciliatoria dentro de un proceso judicial?¿Está facultado el juez para pronunciarse, en una etapa procesal previa al fallo, sobre la existencia de salvedades en una liquidación bilateral del contrato estatal?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-05-15Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 18001234000020160018701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la solicitud de requerir a la parte demadada para que allegue la totalidad del expediente administrativo del Convenio No. 009 de 2013 cuando se observa que ya se encuentra incorporado? No
El despacho negará las solicitudes probatorias formuladas por la parte actora en la alzada porque: i) la petición de requerir a la parte demandada para que allegue en su totalidad el expediente administrativo del Convenio No. 009 de 2013 es inútil;… Advierte el despacho que en el expediente ya se encuentra incorporado el expediente administrativo del Convenio No. 009 de 2013.… En efecto, en la audiencia inicial celebrada el 23 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Caquetá decretó de oficio la incorporación de la documentación relacionada con el Convenio No. 009 de 2013 en las etapas precontractual, contractual y postcontractual.… En cumplimiento a lo dispuesto en la audiencia inicial…
También resuelve:¿Procede el decreto del traslado de expedientes por procesos de responsabilidad fiscal de la Contraloría cuando no se especificó la finalidad de la prueba ni la fecha de dichos procesos?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2022-12-07Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020220021000CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Contraloría General de Boyacá es la autoridad competente para continuar con el proceso de responsabilidad fiscal 146-2021 iniciado con ocasión de las presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de suministro C5M1342017 del 7 de diciembre de 2017, suscrito entre EMPODUITAMA S.A. E.S.P. y BTP Medidores y Accesorios S.A., el cual fue financiado con recursos del orden nacional, transferidos al municipio de Duitama por el Sistema General de Participaciones? Sí
La Contraloría General de la República tiene un poder prevalente respecto de la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades territoriales de conformidad con las disposiciones legales.… En el caso en estudio, la Contraloría de Boyacá recalca que los recursos empleados para la ejecución del contrato C5M11342017 cuyo objeto es el suministro e instalación del sistema macro de medición de plantas de totalización en Surba, Milagros Boyacogua, estuvo financiado con recurso propios.
Sentencia — Sentencia2024-06-20Sección PrimeraHERNANDO SANCHEZ SANCHEZRad. 25000234100020180043401LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Analizar si se configuró la prescripción de las pólizas de seguro de manejo núm. 21- 42-101000813 y 21-42-10- 10001067 en el proceso de responsabilidad fiscal conforme al artículo 120 de la Ley 1474 y, en consecuencia, si se debe revocar la sentencia proferida en primera instancia. No
El contratista no configura la prescripción de las pólizas de seguro de manejo en el proceso de responsabilidad fiscal conforme al artículo 120 de la Ley 1474, ya que el término de prescripción de cinco años se contabiliza desde el auto de apertura del proceso en el que se vincula al contratista, no desde otro auto de apertura distinto y relacionado. En este caso, el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal núm. 0038/2012, en el que se vinculó al contratista, fue expedido el 11 de octubre de 2012, por lo que el término prescriptivo finalizó el 11 de octubre de 2017, fecha en la cual la entidad aún tenía tiempo para proferir una decisión en firme que declarara la responsabilidad fiscal. La Sala confirma la sentencia de primera instancia y reitera su jurisprudencia sobre el cómputo del término de prescripción en procesos de responsabilidad fiscal.síntesis automática
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas?¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras?¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
¿La vigencia de los parágrafos transitorios contenidos en los artículos 4, 5, y 6 del Decreto 399 de 2021, es hasta 1 de septiembre de 2024?
De acuerdo con la interpretación general de las normas que conforman el sistema de compras públicas, los parágrafos adicionados por los Decretos 399 de 2021, 579 de 2021 y 1041 de 2022 tienen naturaleza transitoria. Conforme a la definición del Diccionario de la RAE, por dicha expresión se entiende todos aquello que es “Pasajero, temporal” o “Caduco, perecedero, fugaz”. Es decir, el marco normativo descrito en los párrafos precedentes carece de vocación de permanencia, pues se trata de disposiciones efímeras, pasajeras, momentáneas, breves, temporales, provisionales y temporarias. Por ello, con la expiración de su vigencia y a falta de un reglamento que prorrogue las medidas adoptadas, la capacidad financiera y organizacional debe acreditarse a la Cámara de Comercio en las condiciones descritas en los numerales 1.3 y 2.3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.
También resuelve:Requisitos habilitantes: noción, autonomía, noción / requisitos habilitantes, autonomía / capacidad financiera y organizacionalCapacidad financiera y organizacional: definiciónDecreto 1041 de 2022: finalidad, reactivación económica, información, capacidad financiera
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2023-06-29Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020170147301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de las pruebas solicitadas por la parte demandante en segunda instancia, debe ser negado al encontrarse que estuvieron bajo su custodia en primera instancia y no fueron aportadas en la oportunidad procesal pertinente? Sí
La parte actora solicita el decreto de las actas de entrega final por frentes y balances de los frentes de obra, en los términos señalados en el numeral 2 del artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, dado que, a su juicio, si bien se allegaron como anexos de la demanda y se decretaron como prueba en primera instancia, no es menos cierto que no se practicaron, toda vez que no reposan dentro del expediente.… Lo pretendido por el demandante no versa sobre pruebas decretadas y que no se practicaron, sino que trata de documentos que, pese a encontrarse bajo su custodia, no fueron aportados en las oportunidades procesales pertinentes.
También resuelve:¿El decreto de pruebas en segunda instancia procede en eventos excepcionales regulados por la ley?¿El informe técnico solicitado por el demandante no puede ser decretado como prueba, dado que con dicho documento se pretende acreditar la ejecución de obras con antelación a la presentación de la…
¿La inhabilidad para participar en procesos de selección de contratistas y contratar con el Estado cesa cuando se acredite y se declare haber recibido el pago del daño fiscal o cuando es eliminado el reporte en el Boletín de Responsables Fiscales y en el SIRI?
¿la inhabilidad para participar en procesos de selección de contratistas y contratar con el Estado cesa cuando se acredite y se declare haber recibido el pago del daño fiscal o cuando es eliminado el reporte en el Boletín de Responsables Fiscales y en el SIRI? (SIC).
También resuelve:Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractual, taxatividadContratación estatal: capacidad, validez contratos, régimen de contratación, inscripciónResponsabilidad fiscal: boletín de responsables fiscales, alcance, inhabilidad, cesación
¿Se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener por no elegible a la unión temporal accionante? No
El contratista no puede impugnar la decisión de la administración de declararlo no elegible en un proceso de selección pública, cuando la omisión en la información financiera presentada es insubsanable y desatendía un requisito esencial para la evaluación de las ofertas, lo cual garantiza la escogencia de la oferta más favorable a la entidad. La Sala confirma que la entidad no infringió el ordenamiento ni los derechos del contratista al rechazar su oferta, al no cumplir con los requisitos financieros establecidos en la convocatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los requisitos esenciales en la presentación de ofertas y la obligación del proponente de asegurar la veracidad y completitud de la información financiera proporcionada, lo que implica que cualquier omisión o error insubsanable puede resultar en la exclusión del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve:¿Esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas…¿Le asistió razón al Tribunal al establecer la caducidad respecto de las pretensiones de indemnización de los integrantes de la unión temporal demandante por no haber sido seleccionados?¿Lo resuelto en el Acuerdo respecto de la elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de…
Si en el pliego de condiciones de un Proceso de Contratación establece específicamente que la razón de cobertura de intereses que los proponentes acrediten debe ser MAYOR IGUAL A 1, ¿un oferente puede ser habilitado o cumplir si este indicador tiene "indefinido". pues en el RUP en el ITEM GASTOS DE INTERESESTIENE VALOR CERO (0)
Si en el pliego de condiciones de un Proceso de Contratación establece específicamente que la razón de cobertura de intereses que los proponentes acrediten debe ser MAYOR IGUAL A 1, ¿un oferente puede ser habilitado o cumplir si este indicador tiene "indefinido". pues en el RUP en el ITEM GASTOS DE INTERESESTIENE VALOR CERO (0).
También resuelve:Capacidad financiera, capacidad organizacional: conceptos, requisitos habilitantesRequisitos habilitantes: autonomía de la voluntad, noción / requisitos habilitantes, autonomía de la voluntad / capacidad financiera, definición / capacidad financiera –uso de indicadoresCapacidad financiera: definición, uso de indicadores, medio de prueba
Con respecto a la terminación de la emergencia sanitaria el pasado 30 de junio de 2022, tenemos una duda en cuanto a la aplicación del decreto 579 del 2021 después del 30 de junio 2022 en los procesos licitatorios en cuanto a la evaluación financiera basado en el mejor año fiscal del proponente en donde podía aportar desde la vigencia 2018, 2019 y 2021 la entidad contratante pudiendo escoger el mejor año fiscal.
Con respecto a la terminación de la emergencia sanitaria el pasado 30 de junio de 2022, tenemos una duda en cuanto a la aplicación del decreto 579 del 2021 después del 30 de junio 2022 en los procesos licitatorios en cuanto a la evaluación financiera basado en el mejor año fiscal del proponente en donde podía aportar desde la vigencia 2018, 2019 y 2021 la entidad contratante pudiendo escoger el mejor año fiscal.
También resuelve:Decreto 399 de 2021: finalidad, reactivación económica, información, capacidad financieraMejor año fiscal: Decreto 399, capacidad financiera, capacidad organizacional, interpretación
¿Es valido (sic) que el requisito se calcule con diferentes vigencias de cada uno de los integrantes o todos los integrantes tienen que aportar la información financiera de una misma anualidad, o sea, todos con 2020 o 2019 o 2018?
Por las razones expuestas en el presente oficio, teniendo en cuenta que el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 del 2015 no realiza distinciones entre el proponente individual y plural, cuando la norma se refiere a que « las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente», es necesario extender los efectos de esta última expresión a los miembros del consorcio o la unión temporal que cuenten con la información vigente y en firme en el RUP. Esto en la medida que, si bien los proponentes plurales carecen de personería, el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 del 2015 puede aplicarse a cada uno de los integrantes que deba inscribirse en el registro conforme al artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.
También resuelve:Decreto 399 de 2021: finalidad, reactivación económica, información, capacidad financieraMejor año fiscal: Decreto 399, capacidad financiera, capacidad organizacional, interpretaciónCapacidad financiera y organizacional: evaluación, proponente plural, mejor año fiscal
¿Cómo aplicar el Decreto 579 de 2021 en cuanto a la posibilidad de que los proponentes plurales elijan el mejor corte financiero?
De conformidad con las anteriores consideraciones, es posible concluir, en primer lugar, que la noción de «mejor año fiscal» es, objetivamente, aquel en el que, vistos en su conjunto los indicadores de capacidad financiera y organizacional, el proponente podría cumplir estos requisitos habilitantes en el proceso de selección. Tales requisitos deben establecerse por la entidad estatal en el pliego de condiciones o documento equivalente y han de ser el resultado de un adecuado análisis en la fase de planeación, que permita establecer índices de capacidad financiera y organizacional razonables.
También resuelve:Capacidad financiera, capacidad organizacional: conceptos, requisitos habilitantesDecreto 579 de 2021: finalidad, reactivación económicaDecretos 399 y 579 de 2021: información, capacidad financiera, capacidad organizacional, rup
¿Cómo se evalúa actualmente la información financiera contenida en el RUP en los documentos tipo de infraestructura social?
Por no existir una norma que amplíe a la vigencia 2024 y siguientes las medidas adoptadas en los Decretos 399 y 579 de 2021 y 1041 de 2022, aquellas personas que partir del 1° de enero de 2024 realicen la inscripción o renovación del Registro Único de Proponentes solo podrán reportar ante las Cámaras de Comercio la información contable y los estados financieros del último año fiscal.
También resuelve:Capacidad financiera y organizacional: rup, verificaciónMejor año fiscal: interpretación, vigencia, capacidad financiera y organizacional, documentos tipo de infraestructura social
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES,EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL,DECRETO 399 DE 2021,DECRETO 579 DE 2021,MEJOR AÑO FISCAL – Mes: Junio – Año: 2022…
De conformidad con el Decreto 579 de 2021 se establecieron condiciones adicionales para garantizar la pluralidad de oferentes de los proponentes que estan inscritos en el RUP, al permitirles presentar los estados financieros de los ultimos 3 años, de los cuales la Entidad Publica deberá tomar el mejor de estos.
De conformidad con el Decreto 579 de 2021 se establecieron condiciones adicionales para garantizar la pluralidad de oferentes de los proponentes que estan inscritos en el RUP, al permitirles presentar los estados financieros de los ultimos 3 años, de los cuales la Entidad Publica deberá tomar el mejor de estos. Conforme a lo anterior se solicita concepto, con el fin de determinar si esta condición aplica para los proponentes que de acuerdo al inciso 2 del articulo 6 de la ley 1150 de 2007, que no tienen la obligación de presentar RUP, respecto de los procesos de PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD a quienes únicamente se les requiere presentar estados financieros a corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior…
También resuelve:Decreto 399 de 2021: información, capacidad financiera, capacidad organizacional, indicadoresMejor año fiscal: decretos 399 y 579 de 2021, capacidad financiera, capacidad organizacional, interpretaciónEvaluación de la capacidad financiera y organizacional: contratos para la prestación de servicios de salud, no obligatoriedad rup, discrecionalidad, decretos 399 y 579 de 2021
¿El proponente en su propuesta deberá indicar cuál de los tres cortes de ejercicio certificados en el RUP presentado en su propuesta será tenido en cuenta para la evaluación de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional?
De conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 6 del Decreto 399 de 2021 y sustituido por el artículo 3 del Decreto 579 de 2021, las entidades estatales deben evaluar los indicadores de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta el «mejor año fiscal» que se refleje en el registro de los proponentes, independientemente de que el oferente lo haya indicado o no. En ese sentido, es la entidad estatal al hacer la evaluación quien debe determinar cual de los tres cortes es el que corresponde al «mejor año fiscal»,que será aquel que, objetivamente, vistos en su conjunto los indicadores de capacidad financiera y organizacional, permitiria al proponente cumplir con dichos requisitos habilitantes en el proceso de selección.
También resuelve:Decreto 399 de 2021: información, capacidad financiera, capacidad organizacional, indicadoresMejor año fiscal: Decreto 399, capacidad financiera, capacidad organizacional, interpretación
En atención a la aplicación de los Decretos 399 de 2021 y 579 de 2021, frente a la información de los RUP que aportan los oferentes plurales, la entidad encargada de adelantar el proceso de verificación de la información financiera deberá establecer para su análisis solo una vigencia para los participantes que conforman el consorcio, ejemplo…
En atención a la aplicación de los Decretos 399 de 2021 y 579 de 2021, frente a la información de los RUP que aportan los oferentes plurales, la entidad encargada de adelantar el proceso de verificación de la información financiera deberá establecer para su análisis solo una vigencia para los participantes que conforman el consorcio, ejemplo: se decide por parte de la entidad solo analizar la vigencia 2020 del RUP para todos los participantes del oferente plural O puede optar por tomar diferentes vigencias para cada uno de los consorciados. ejemplo para el análisis del CONSORCIO X se puede tomar para el Participante 1 el año 2020 y para el Participante 2 el año 2019?.
También resuelve:Decreto 399 de 2021: finalidad, reactivación económica, información, capacidad financieraMejor año fiscal: Decreto 399, capacidad financiera, capacidad organizacional, interpretaciónCapacidad financiera y organizacional: evaluación, proponente plural, mejor año fiscal
¿La ponderación de sus indicadores financieros debe hacerse comparándolos en la misma vigencia cumpliendo con el principio de uniformidad y el valor del dinero en el tiempo, o se debe comparar con el resultado más favorable para cada de sus asociados, uno independiente si la vigencia de cada uno es diferente?
Si bien es cierto, el proponente puede acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional en cualquiera de las ultimas 3 vigencias, solicitamos que se aclare si la entidad debe realizar un análisis para establecer indicadores para cada vigencia, tomando bases de datos que correspondan a cada una, o por el contrario, resulta más apropiado fijar indicadores que correspondan a lo más reciente y que refleje la realidad de mercado, permitiendo que el oferente cumpla con cualquiera de las 3 vigencias.
También resuelve:Capacidad financiera y capacidad organizacional: conceptos, requisitos habilitantes, requisitos habilitantes / decreto 399 de 2021, finalidadDecreto 399 de 2021: finalidad, reactivación económicaDecretos 399 y 579 de 2021: información, capacidad financiera, capacidad organizacional, rup