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¿Se probó que el contrato de prestación de servicios suscrito entre la Cámara de Representantes y el señor Gustavo José Cabas Borrero se incumplió porque el agente estatal demandado, en su condición de director administrativo de la entidad, obró con culpa grave? No
En la acción de repetición, corresponde a la entidad demandante probar que el agente incurrió en dolo o culpa grave, y que el mero incumplimiento de un contrato no demuestra por sí solo esa conducta. Esta carga probatoria se explica por dos razones. Una razón es que en el caso el contrato de prestación de servicios se declaró incumplido porque no se suscribió el acta de iniciación de labores, pero esa acta no se firmó porque el servicio no era necesario, y la verificación de esa necesidad era un deber del agente; la entidad no demostró que el agente hubiera suscrito el contrato sin estudiar su necesidad. Otra razón es que el acta del comité de conciliación solo acredita la decisión de iniciar la repetición y no prueba la culpa grave o el dolo. Además, la sentencia del proceso contractual no sirve como prueba del elemento subjetivo frente a quien no fue parte, y sus pruebas no se trasladaron en su totalidad. La providencia confirma la negación de las pretensiones; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la prueba del elemento subjetivo debe producirse en la acción de repetición misma.síntesis automática
También resuelve:¿El acta del comité de conciliación de la entidad demandante sirve para probar la culpa grave del agente o exagente del estado demandado en acción de repatición?¿La sentencia proferida en el proceso contencioso que condenó a la entidad actora, se puede utilizar como prueba del elemento subjetivo en la acción de repetición?¿Al proceso se le deben aplicar las disposiciones sustanciales del CCA porque los hechos imputados al demandado ocurrieron el 2 de marzo de 2000 –día en el que celebró el contrato de prestación de…
¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron? Sí
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, en garantía del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 constitucional, es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. En concreto, el reconocimiento de la mora se causó desde el 06 de abril de 1999 hasta el 18 de julio de 2001, precisando que la Ley 678 de 2001 entró en vigencia el 04 de agosto de 2001.
También resuelve:¿Los demandados incurrieron en culpa grave al incumplir de forma inexcusable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para la acción de repetición? Sí
La demanda se presentó oportunamente, ya que el Auto que aprobó la conciliación es de 27 de noviembre de 2002 y quedó ejecutoriada el 6 de diciembre del mismo año, el primer pago se hizo el 27 de mayo de 2003 y el segundo pago el 3 de junio de 2004. El término de caducidad de la acción vencía el 4 de junio de 2006 y la demanda se interpuso el 19 de julio de 2005.
También resuelve:¿Procede la valoración de la prueba trasladada del proceso penal?¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron?¿Se acreditó que la causa de la muerte del paciente fue tanto la actuación de la demandada como las fallas del hospital demandante, presentándose una concurrencia de causas del daño?
¿Tiene legitimación en la causa la entidad que pagó la condena por los perjuicios causados a un terero para ejercer la acción de repetición contra el servidor o exservidor público cuya conducta los ocasionó, lo que es un evento de subrogación legal? Sí
La entidad que paga una condena por los perjuicios causados a un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público está legitimada en la causa por activa para repetir contra él, y ese servidor está legitimado por pasiva cuando su conducta dio origen al pago. La regla se apoya en el artículo 90 de la Constitución, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, y en que el pago constituye una subrogación legal, de modo que la entidad repite por ministerio de la ley lo que pagó. Esta legitimación alcanza también los intereses por mora pagados en la ejecución de la sentencia cuando el servidor los causó con su conducta. En el asunto, la entidad que pagó la condena y los intereses por mora demandó al servidor responsable, y la Sala, aunque reconoció esa legitimación, negó las pretensiones. En la práctica, la legitimación en la causa no garantiza el éxito de la repetición, que depende además de probar la conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen vigente aplicable a la acción de repetición es la Ley 678 de 2001, puesto que los intereses por mora pagados por la CDMB se causaron en los años 2014 y 2015?¿El pago de intereses por mora de una condena judicial se originó en una obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante?¿Debe condenarse en costas y agencias en derecho a la parte vencida, en este caso la entidad demandante?
¿El juicio que sobre el carácter excusable del error de Derecho cometido por la ex funcionaria demandada hizo el juez de primera instancia de la repetición, era improcedente dado que el hecho del cual se desprendía la presunción de dolo o culpa grave? No
El juez de primera instancia tiene competencia para determinar si el error de derecho cometido por la exfuncionaria demandada es excusable, conforme a la Ley 678 de 2001, ya que la presunción de culpa grave se infiere a partir de una violación manifiesta e inexcusable de normas jurídicas, cuya carga probatoria incumplida por la demandante impide la aplicación de dicha presunción. La Sala confirma que no se puede derivar directamente la existencia de culpa grave o dolo de la anulación judicial de un acto administrativo, especialmente si la funcionaria no estaba en carrera administrativa, lo que permite razonablemente considerar la validez de la declaración de insubsistencia discrecional según las normas vigentes en el momento del acto. Además, la nulidad del acto de declaración de insubsistencia se basa en la omisión de demostrar una causal de despedida, no en un juicio subjetivo, y el municipio demandante no proporcionó un fundamento jurídico preciso a sus pretensiones, incumpliendo la carga procesal de especificar la presunción de culpa grave o dolo, lo que implica la inaplicación de estas presunciones y un análisis general del elemento subjetivo de la responsabilidad por repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La culpa o dolo de la funcionaria demandada se configuró, debido a que el acto administrativo con el que declaró la insubsistencia de una servidora pública fue anulado judicialmente…¿La nulidad del acto de declaración de insubsistencia se dictó en consideración a la omisión de la demostración de una causal de despedida?¿El municipio demandante proporcionó un verdadero fundamento jurídico a sus pretensiones?
¿Es procedente declarar la resposnabilidad patrimonial del demandado a título de dolo con ocasión de una conciliación extrajudicial lograda entre la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Diana Carolina Rivera Durán en la cual el ente estatal se obligó a pagar indemnización por concepto de perjuicios morales debido a la desaparición forzada o muerte presunta de un ciudadano? No
La responsabilidad patrimonial del agente a título de dolo en la acción de repetición no se deriva de la conciliación extrajudicial ni del auto aprobatorio, sino que exige probar que el agente participó en la desaparición forzada y actuó con conciencia y voluntad de producir el daño. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la demanda debe precisar la conducta concreta y los elementos de convicción que demuestran el dolo, y en el caso no se especificó. Segunda, el auto aprobatorio de la conciliación solo alude a una probabilidad de condena y a casos anteriores, sin evidenciar la participación del agente. Tercera, la decisión disciplinaria que sancionó al agente se fundó en amenazas y hostigamientos, no en su intervención en los hechos, y las pruebas de ese trámite no fueron trasladadas. La providencia revoca la condena y niega las pretensiones. La consecuencia práctica es que, en repetición por desaparición forzada, la participación dolosa del agente debe acreditarse en el proceso, y el pago de la conciliación no la sustituye.síntesis automática
También resuelve:¿Los procesos de repetición tienen prelación de fallo por la naturaleza del asunto?¿Cuando el exservidor público fallece, los herederos determinados y los indeterminados están legitimados en la causa por pasiva?¿La acreditación del elemento subjetivo de la acción de repetición exige demostrar la existencia de dolo o culpa grave?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al pago efectuado por la entidad, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses para cumplir la condena, y que el Consejo de Estado conoce de la apelación en esos procesos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de los procesos de repetición según el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, y la apelación se rige por el artículo 150 del CPACA. Segunda, la condena se impuso bajo la vigencia de la Ley 678 de 2001 y del Código Contencioso Administrativo, de modo que aplica el plazo de dos años del numeral 9 del artículo 136 del CCA. Tercera, el pago total se efectuó en la fecha acreditada, y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes. La providencia confirma la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que, cuando la demanda de repetición se radica dentro de los dos años posteriores al pago total, la caducidad no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿El término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago efectuado por la entidad?¿La normativa aplicable al presente caso es la Ley 678 de 2001, toda vez que el hecho que dio lugar a la condena por incumplimiento de obligaciones laborales se estructuró a partir del 13 de…¿Para configurar la responsabilidad patrimonial del agente del Estado debe acreditarse que la actuación de éste en la causación del daño del cual derivó la condena judicial contra la Nación…
¿El término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena efectuado por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo previsto en la ley? Sí
En el medio de control de repetición, el término de caducidad es de dos años contados desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 fija el término de presentación de la demanda de repetición, y debe articularse con el plazo de pago de la condena. Segunda, el vencimiento del plazo de pago opera como fecha límite cuando el pago se realiza después, de modo que el término no puede prolongarse por el pago tardío. En el caso, la providencia modifica la sentencia de primera instancia en lo relativo al cómputo del término de caducidad, que debe contarse conforme a esas reglas. En la práctica, la entidad debe calcular el término desde el pago o desde el vencimiento de los dieciocho meses, según cuál ocurra primero.síntesis automática
También resuelve:¿Los preceptos de la Ley 678 de 2001 son aplicables al proceso, toda vez que los hechos imputados a los demandados ocurrieron después de su entrada en vigencia?¿Procede la acción de repetición contra los herederos del agente estatal?¿Se acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa?
¿Es posible aplicar el término previsto en el artículo del 177 del CCA para el pago de las condenas ordinarias laborales? Sí
La entidad pública interpone la acción de repetición con el fin de obtener el reembolso de condenas judiciales derivadas de procesos ordinarios laborales, debiendo computarse el término de caducidad de dos años previsto en el literal l del numeral 2 del artículo 164 del CPACA a partir del pago efectivo de la condena o del vencimiento del plazo de pago consagrado en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984. La acción de repetición regulada en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001 procede exclusivamente contra agentes o exagentes del Estado y contra particulares que hayan fungido como contratistas, interventores, consultores o asesores de entidades estatales, por lo que las compañías aseguradoras que expiden pólizas de cumplimiento no adquieren la calidad de agentes ni de contratistas del Estado por el solo hecho de garantizar obligaciones derivadas de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación constituye una oportunidad procesal para reformar las pretensiones de la demanda?¿Son aplicables las disposiciones sustanciales contenidas en la Ley 678 de 2001 teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en vigencia de dicha ley?¿Hay lugar a denegar las pretensiones de la demanda frente a la Compañía de Seguros Cóndor S.A. porque no se demostró su calidad de agente estatal?
¿Se configuró el dolo del señor Salvador Arana Sus, demandado en el presente proceso, por haber sido declarada la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, debido a que dicho acto administrativo fue expedido con desviación de poder? Sí
El Tribunal Administrativo de Sucre, por sentencia del 16 de agosto de 2007, declaró la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, por medio de la cual se omitió incorporar al señor Miguel Adolfo Drago Benito-Revollo al cargo de profesional universitario, código 340, grado 04, que desempeñaba en la Gobernación de Sucre; y condenó a dicha entidad territorial a pagarle los salarios y las prestaciones sociales que el señor Drago Benito-Revollo dejó de percibir desde que fue desvinculado de su cargo hasta que fue reintegrado al mismo.
También resuelve:¿Las presunciones legales de dolo y culpa grave previstas en los artículos 5 y 6 la Ley 678 de 2001 no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la…¿En virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente…¿Es procedente actualizar la condena impuesta en primera instancia en razón a que no fue objeto del recurso de apelación?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La entidad estatal y el juez competente exigen para la prosperidad de la pretensión de reembolso en la acción de repetición regulada en la Constitución Política en su artículo 90, el CCA en su artículo 86 y la Ley 678 de 2001 la concurrencia ineludible de presupuestos sustanciales como la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio, el pago efectivo de la obligación dineraria, la calidad de agente estatal o particular que ejerce funciones públicas y la calificación de la conducta a título de dolo o culpa grave, integrando como sujetos pasivos legitimados a las personas jurídicas y contratistas que cumplen funciones públicas en las etapas de celebración, ejecución y liquidación contractual dentro de la actuación procesal.síntesis automática
También resuelve:¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?¿La ausencia de uno de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición impide la declaración de responsabilidad particular del agente demandado?¿Las personas jurídicas son sujetos pasivos de la pretensión de reembolso?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de una sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
El grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por un tribunal administrativo en un proceso de repetición corresponde al superior, en los términos del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998. La regla se sostiene en que los debates de repetición, cuyo objeto es el reembolso de los dineros pagados por una condena, están adscritos a la jurisdicción contenciosa, conforme al artículo 129 del mismo código, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y al artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Estas normas permiten que la providencia de primera instancia sea revisada en consulta aun sin recurso de las partes. En el asunto, la sentencia del tribunal administrativo sometida a consulta fue modificada por la Sala, que asumió la competencia para el grado jurisdiccional. En la práctica, la sentencia de repetición proferida por el tribunal sin recurso de las partes debe ser revisada en consulta por el superior.síntesis automática
También resuelve:¿La acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar patrimonialmente responsable a servidor público del pago realizado en cumplimiento de una condena judicial?¿La acción de repetición fue interpuesta dentro de los dos años siguientes a la fecha del pago total de la condena?¿El régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001?
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer procesos de repetición incoadas por una entidad pública? Sí
El contratista es competente para interponer un proceso de repetición ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando resulta condenado al pago de perjuicios causados por una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores públicos, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Esta competencia se fundamenta en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 y la Ley 678 de 2001, y se extiende a la apelación contra sentencias de primera instancia. Además, la acción de repetición debe presentarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena, según establece el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La regla reitera la competencia del Consejo de Estado para conocer estos casos y subraya la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la procedencia de la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición fue presentada dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena?¿El régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001?¿Se acreditó el primer presupuesto de prosperidad de la acción de repetición consistente en la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial…
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Huila, al tratarse del medio de control de repetición y por superar la cuantía exigida? Sí
La competencia para conocer en segunda instancia de la apelación contra la sentencia de repetición cuando la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes corresponde al Consejo de Estado, y la verificación de la caducidad es un presupuesto procesal que el juez debe realizar aunque no se haya alegado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 142 del CPACA y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben la repetición a la jurisdicción contencioso administrativa, y el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 del CPACA fijan la competencia de segunda instancia. Segunda, los plazos de caducidad son perentorios, preclusivos e irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento extingue el derecho de accionar. Tercera, la caducidad debe contarse desde el día siguiente al pago total o al vencimiento del plazo para pagar, lo que en el caso permitió concluir que la demanda fue oportuna. La providencia confirma la sentencia. La consecuencia práctica es que el juez de segunda instancia verifica la oportunidad de la repetición aun cuando las partes no hayan discutido la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿En este caso se ejerció el derecho de accionar en tiempo, esto es, la entidad presentó la demanda de repetición dentro del plazo de caducidad…¿El régimen vigente aplicable al medio de control de repetición, en este caso, es el previsto en la Ley 678 de 2001?¿Se cumplen los 3 primeros requisitos de prosperidad de la repetición formulada, de existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial…
¿El régimen jurídico aplicable a la presente acción de repetición es el anterior a la Ley 678 de 2001, ya que los hechos son anteriores a su vigencia y en virtud del principio de irretroactividad? Sí
En la acción de repetición, el régimen jurídico aplicable es el vigente al momento de los hechos que originaron la condena, de modo que cuando estos son anteriores a la Ley 678 de 2001 no se aplica esa ley. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la Ley 678 de 2001 rige los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad. Segunda, la excepción de efectos retroactivos no altera esa regla general, por lo que la valoración de la conducta del agente se hace conforme a la normativa anterior. En el caso, los hechos son anteriores a la vigencia de la ley, y por ello la providencia confirma que la acción debe analizarse con el régimen previo. En la práctica, la entidad debe identificar la fecha de los hechos que causaron la condena antes de invocar las presunciones de dolo o culpa grave, porque esa fecha determina la norma aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿La certificación emitida por la tesorera general de la entidad accionante constituye una prueba suficiente del pago de la condena consistente en intereses moratorios y costas procesales liquidadas…¿La demandada incurrió en una conducta gravemente culposa en ejercicio del cargo de asesora general de la dirección general del INPEC…¿Procede condenar en costas cuando no esta demostrado que la demandada vencedora hubiera incurrido en gastos durante la segunda instancia, dado que su defensa estuvo a cargo de curador ad-Iitem…
¿Es posible repetir en contra los herederos indeterminados de un exagente del Estado fallecido, como una obligación transmisible mortis causa, pese a que las pretensiones de la demanda no se dirijan expresamente contra dichos herederos, sino contra él directamente? Sí
El Estado promueve la acción de repetición contra los herederos indeterminados del exagente estatal fallecido como una obligación transmisible mortis causa fundamentada expresamente en el artículo 2343 del Código Civil y el artículo 90 de la Constitución Política, resultando procesalmente válida su vinculación al proceso contencioso administrativo pese a que las pretensiones de la demanda inicial se hubieran dirigido directamente contra el causante, siempre y cuando se acrediten debidamente los presupuestos sustanciales de la condena judicial previa por daño antijurídico, el pago efectivo y la conducta dolosa o gravemente culposa imputada al agente estatal demandado dentro del trámite procesal respectivo establecido por las normas legales vigentes de carácter obligatorio, imperativo, fundamental, general y especial, garantizando plenamente los derechos procesales constitucionales de defensa.síntesis automática
También resuelve:¿Los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, son la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima del daño y…¿Los documentos aportados al proceso son suficientes para acreditar el pago efectivo de la condena a favor de la víctima del daño que se demanda en repetición?¿Dado que para la fecha de la ocurrencia de los hechos aún no estaba vigente la Ley 678 de 2001, las conductas deben analizarse al tenor del artículo 63 del Código Civil, pero…
¿La parte demandada desvirtuó las presunciones de dolo y culpa grave ? Sí
En este proceso, el demandado desvirtuó la presunción de dolo y culpa grave (arts. 5.4 y 6.1 Ley 678 de 2001). Sólo se probó que un juzgado impuso medida de aseguramiento contra el demandado, pero no se acreditó que fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por el daño que sirvió de fundamento para la condena a la entidad demandante. No se acreditaron… las circunstancias de modo en que ocurrió el disparo, ni que el daño fue consecuencia de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal estimó que la conducta de la víctima incidió en la ocurrencia del accidente y no fue posible establecer cómo ocurrió el disparo, conforme a las pruebas técnicas de este proceso.
También resuelve:¿Se valora si la desatención del deber funcional del servidor público fue de tal magnitud que lo obliga a restituir al Estado la condena en su contra?¿El demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la presunción legal?¿El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad?
¿El derecho de accionar en repetición se ejerció en tiempo? Sí
Los plazos para ejercer los medios de control judiciales son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, de modo que su vencimiento, sin que el interesado haya presentado la solicitud judicial, extingue el derecho de accionar. La regla se apoya en que esos plazos buscan proteger el interés general mediante la seguridad jurídica, evitar situaciones indefinidas en el tiempo y racionalizar el uso del aparato judicial. Además, la consolidación de las situaciones pendientes es consecuencia directa del vencimiento, de modo que el juez debe verificar el cumplimiento del plazo antes de decidir el fondo. En el asunto, la Sala examinó si el derecho de accionar en repetición se ejerció dentro del término legal, como presupuesto previo a cualquier decisión de fondo, y confirmó la decisión sobre la oportunidad con que se presentó la acción. En la práctica, el vencimiento del término de repetición extingue la posibilidad de demandar aunque la condena y el pago existan.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen aplicable a la acción de repetición por hechos ocurridos en el año 2000 es el previsto en el artículo 90 de la Constitución y los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo?¿En ausencia de acreditación de uno de los requisitos para la procedencia de la acción de repetición, el análisis subsiguiente carece de utilidad…¿Cumplió la entidad demandante con probar todos los requisitos de la acción de repetición, esto es, condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público y la culpa grave o dolo del agente…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición incoadas por una entidad pública? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1°) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3°) de la Ley 678 de 2001.
También resuelve:¿El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad…¿El municipio de Bello se encuentra legitimado en la causa por activa en la presente acción de repetición, al ser el órgano que realizó el pago de la condena?¿Los demandados se encuentran legitimados en la causa por pasiva en la presente acción de repetición, al ser las personas que ejercieron sucesivamente el cargo de tesorero en el municipio de Bello…
¿La parte actora cumplió con la carga de probar la conducta dolosa y/o gravemente culposa del demandado en repetición? No
En la acción de repetición, la parte actora debe probar el dolo o la culpa grave del demandado, porque la carga de demostrar el supuesto de hecho de la norma corresponde a quien pretende el efecto jurídico que ella consagra. La regla se apoya en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que atribuye a las partes la prueba de los supuestos de hecho que invocan, de modo que el elemento subjetivo que se alega requiere prueba concreta. Por ello, la omisión de esa prueba impide establecer uno de los elementos estructurales de la acción de repetición, sin que el juez pueda suplirla con inferencias. En el asunto, la demandante no probó la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado, y la Sala confirmó la sentencia del tribunal que negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que repite debe aportar la prueba del elemento subjetivo y no puede sustituirla con afirmaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Existe prueba que indique que la actuación del demandado fue dolosa y/o gravemente culposa?¿La copia de la conciliación extrajudicial y el auto que la aprobó por sí solos acreditan que la conducta del entonces contralor fue dolosa o gravemente culposa?¿La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o exagente del Estado fue dolosa o gravemente culposa?