Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: la acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución Política y la ley le otorgan
Lo que dijo la Sala
La Sala considera necesario realizar unas precisiones conceptuales atinentes a la condena contra el Estado como fundamento de la acción de repetición, en los términos del artículo 90 anotado.… De la lectura del precepto constitucional señalado, se infiere que mientras el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado se centra en el daño antijurídico que le sea imputable, la base de la responsabilidad personal de los agentes de la administración se funda en la culpabilidad del funcionario, la cual ocurre únicamente en aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente sean consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente, que corresponden a dos errores de conducta que le imprimen a la acción de repetición particulares connotaciones probatorias.… Debe destacarse, además…
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Síntesis síntesis automática
La acción de repetición es el medio judicial que la Constitución Política y la ley otorgan a la Administración Pública para obtener de sus servidores o ex servidores, que hubieran actuado con dolo o culpa grave, el reintegro del monto de la indemnización que la primera ha debido reconocer, con el fin de resarcir el daño que con la condena se irroga al patrimonio público; no se trata de trasladar la responsabilidad del Estado al agente que obró, sino de reclamar por el daño que esta causó, representado en la condena que ha sido proferida en contra de aquél. Esta acción se define como personal y declarativa, cuya finalidad es la declaración o reconocimiento de un derecho sustancial que esté en discusión, y se dirige específicamente contra el servidor o exservidor que con su conducta dio origen a la condena, por lo que con la muerte del presunto responsable, tal acción se extingue y desaparece la posibilidad que tiene el Estado de repetir contra aquél.
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Problema jurídico
¿La acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución Política y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus servidores o ex servidores, que hubieran actuado con dolo o culpa grave, el reintegro del monto de la indemnización que la primera ha debido reconocer, como manera de resarcir el daño que con la condena se irroga al patrimonio público; no se trata pues, de trasladar la responsabilidad del Estado al agente que obró, sino de reclamar por el daño que esta causó, representado en la condena que ha sido proferida en contra de aquél?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿La acción de repetición es de naturaleza declarativa, cuya finalidad no es otra que la declaración o reconocimiento de un derecho sustancial que esté en discusión y, es personal…
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Titulación de la relatoría 12.193 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO
Problema jurídico:
¿La acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución Política y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus servidores o ex servidores, que hubieran actuado con dolo o culpa grave, el reintegro del monto de la indemnización que la primera ha debido reconocer, como manera de resarcir el daño que con la condena se irroga al patrimonio público; no se trata pues, de trasladar la responsabilidad del Estado al agente que obró, sino de reclamar por el daño que esta causó, representado en la condena que ha sido proferida en contra de aquél?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala considera necesario realizar unas precisiones conceptuales atinentes a la condena contra el Estado como fundamento de la acción de repetición, en los términos del artículo 90 anotado. (...) De la lectura del precepto constitucional señalado, se infiere que mientras el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado se centra en el daño antijurídico que le sea imputable, la base de la responsabilidad personal de los agentes de la administración se funda en la culpabilidad del funcionario, la cual ocurre únicamente en aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente sean consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente, que corresponden a dos errores de conducta que le imprimen a la acción de repetición particulares connotaciones probatorias. (...) Debe destacarse, además, que es la conducta del servidor público o del particular que cumple funciones públicas la que se ubica en el centro de la responsabilidad que por falla en el servicio se reclamó en el proceso de reparación directa, aspecto que si bien no se analiza en tal juicio, sí viene a constituir el objeto nuclear del análisis en el proceso de repetición o de llamamiento en garantía; de ahí que la antijuridicidad estipulada en el inciso segundo del artículo 90 constitucional es subjetiva. (...) Con estas particularidades, la acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución Política y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus servidores o ex servidores, que hubieran actuado con dolo o culpa grave, el reintegro del monto de la indemnización que la primera ha debido reconocer, como manera de resarcir el daño que con la condena se irroga al patrimonio público; no se trata pues, de trasladar la responsabilidad del Estado al agente que obró, sino de reclamar por el daño que esta causó, representado en la condena que ha sido proferida en contra de aquél. (...) Se resalta, además, que la acción de repetición no fue concebida para imponer o trasladar cargas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, comoquiera que con la pretensión de regreso (repetición) no se busca que la responsabilidad inherente a la actividad del Estado recaiga en sus funcionarios o contratistas de manera indiscriminada, ya que ello sólo es posible, siempre que se acredite que su intervención en la ocurrencia de daños antijurídicos sea premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. (...) Para la prosperidad de la acción de repetición, esta Corporación ha considerado que la misma depende de la acreditación de los siguientes presupuestos: a) la existencia de una obligación a cargo del Estado producto de una condena judicial, una conciliación o cualquier otra forma de terminación de un conflicto; b) el pago efectivo de la obligación; c) la condición de agente o exagente del Estado o particular que desempeña función pública, de quien es demandado; y, d) una conducta dolosa o gravemente culposa de los agentes o exagentes estatales, relacionadas directamente con la obligación de pago del Estado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, ver: Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente N°. 56. abril 22 de 1991. Pág. 14. Constituyente: Juan Carlos Esguerra Portocarrero.
18 Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente N°. 77. mayo 20 de 1991. Pág. 10. Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente N°. 142. diciembre 21 de 1991. Pág. 26. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 13 de agosto de 2008, Exp. 16.516, M.P. Enrique Gil Botero y la proferida por esta Subsección el 6 de junio de 2012, Exp. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991 DE 1991 - ARTÍCULO 90
ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La acción de repetición es de naturaleza declarativa, cuya finalidad no es otra que la declaración o reconocimiento de un derecho sustancial que esté en discusión y, es personal, lo cual indica que es individual y dirigida específicamente contra el servidor o exservidor que con su conducta dio origen a la condena: por lo que, previo a ella, ningún derecho u obligación existe entre las partes, de manera que con la muerte del presunto responsable, tal acción se extingue y desaparece la posibilidad que tiene el Estado de repetir contra aquél?
Respuesta al problema jurídico: Si
[V]ale recordar que el concepto de partes en los procesos judiciales se refiere a las personas que en él intervienen para reclamar determinada pretensión o para resistirse a la formulada por otro sujeto; por su parte, la capacidad para ser parte está ligada a la capacidad jurídica, es decir, la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, supeditada a la necesaria existencia, que permite intervenir en el juicio como convocante o convocado. (...) Esta Corporación ha señalado que la legitimación de hecho en la causa surge a partir del momento en que se traba la litis y se define a partir de quienes componen los extremos del litigio, lo cual no merece mayor análisis, pues surge del despliegue de un acto procesal: la interposición de la demanda y la notificación de la misma. (...) Siendo entonces la capacidad para ser parte un presupuesto procesal, estarán llamados los enjuiciadores desde la presentación misma del libelo inicial a verificar su concurrencia, constatando que con ésta se allegue la evidencia de su existencia y representación legal de las partes y de la calidad en que intervendrán, tratándose de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad o albacea, así como también podrá hacerlo en el curso del proceso hasta antes de dirimir la instancia, a fin de evitar fallos inhibitorios. (...) Por otro lado, se tiene la legitimación en la causa, que hace referencia a la necesidad de que entre la persona que convoca o es convocada al pleito y el derecho invocado exista un vínculo que legitime esa intervención, de suerte que el veredicto que se adopte les resulte vinculante, cuya ausencia impide aproximarse al fondo de la contienda, trayendo consigo la desestimación de lo pedido. (...) En beneficio de aclarar lo anterior, es preciso acotar que el final de las personas naturales es la muerte, sea real o presunta, momento desde el cual se abre su sucesión en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, los cuales pasan a sus herederos in totum o en la cuota que les corresponda –salvedad de aquellos intuitus personae o personalísimos – sea bajo los parámetros definidos en la ley (ab intestato) o en el testamento (testato). (...) De manera que, cuando una persona fallece serán sus herederos los legitimados por activa o por pasiva para actuar en favor de la herencia o responder por sus cargas y, en ese orden, “el presupuesto capacidad para ser parte demandante o demandada sólo se da cuando se aduce la prueba de la calidad de heredero de quien a este título demanda o es demandado” siempre y cuando el asunto que se ventila no sea de naturaleza personal. (...). Ahora bien, recuerda la Sala que la acción de repetición es una acción civil, de carácter patrimonial, a través de la cual se promueve un juicio de responsabilidad frente a quien, por sus acciones u omisiones, incurrió en una conducta dolosa o gravemente culposa por la que el Estado debió asumir el pago de una condena, en tanto que, con dicha conducta se causó un daño antijurídico a un tercero. Así, con dicha acción se pretende que el juez, previo derecho de audiencia y defensa del sujeto al que se le endilga tal responsabilidad, dicte sentencia en la que declare o niegue la responsabilidad del demandado, con la posibilidad, en el primer caso, de condenarlo al pago del monto que previamente debió asumir el Estado. (...) Con tales rasgos, la acción de repetición es de naturaleza declarativa, cuya finalidad no es otra que la declaración o reconocimiento de un derecho sustancial que esté en discusión y, es personal, lo cual indica que es individual y dirigida específicamente contra el servidor o exservidor que con su conducta dio origen a la condena: por lo que, previo a ella, ningún derecho u obligación existe entre las partes, de manera que con la muerte del presunto responsable, tal acción se extingue y desaparece la posibilidad que tiene el Estado de repetir contra aquél. (...) Consecuente con lo anterior y así se reconoce con precisión y claridad, la capacidad para ser parte de un proceso tiene como supuesto la existencia de la persona, de manera tal que con la muerte cesa la capacidad para promover un proceso o afrontar una reclamación judicial con la que se aspire a una declaración de esa misma naturaleza. (...) Así, bueno es precisarlo, en el asunto objeto de estudio no existían obligaciones insolutas, ya que el señor (...) falleció antes de ser notificado de la demanda, de manera que, al tratarse de un litigio de naturaleza personal, no resulta posible transmitírselo a sus herederos. (...) Se acredita entonces que el demandado murió sin que le hubieren notificado el auto de admisión, ni siquiera por conducto de su curador ad-litem, de manera que como nunca se le vinculó al proceso, su muerte no dio lugar a la sucesión procesal que opera cuando fallece el litigante, ya que, bueno es decirlo, nunca ostentó tal calidad. (...). Sobre la determinación que se anuncia y se apresta a tomar la Sala, cabe destacar que la legitimación en la causa es una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable, bien a las pretensiones del demandante, o bien frente a las excepciones propuestas por el demandado. En este sentido, esta Sección ha precisado que la falta de legitimación no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción (...) En consecuencia, por evidenciarse la falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que la muerte del presunto responsable se dio con anterioridad al inicio del proceso, se revocará la sentencia consultada y se negarán las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las noticias en prensa y el hecho notorio, ver: Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de octubre de 2015, Exp. 34.677 y Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de noviembre de 1995, Exp. 8045, C.P. Diego Younes Moreno. Sobre la falta de legitimación en la causa ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de julio de 2011. Exp. 19.622. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de octubre de 2021. Exp. 52.449. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 1° de marzo de 2006. Exp. 13764. C.P. Alier E. Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 44
Texto extraído del PDF oficial 32.838 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022).
Radicación: 540012331000200300291 01 (59395)
Actor: Contraloría General del Departamento de Norte de Santander
Demandado: Alfredo Enrique Flórez Ramírez
Referencia: Acción de Repetición – Grado Jurisdiccional de Consulta.
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos para su procedencia bajo el
régimen del Código Contencioso Administrativo / GRADO JURISDICCIONAL DE
CONSULTA – Porque el demandado fue representado por curador ad litem / FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - la muerte del presunto
responsable imposibilita seguir adelante con la acción de repetición – reiteración
jurisprudencial.
Corresponde a la Sala resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la
sentencia proferida por el Tribunal Admin istrativo de Norte de Santander, a través
de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, en la que la Contraloría
General del Departamento de Norte de Santander pretende se condene a Alfredo
Enrique Flórez Ramírez, a reintegrar el valor que esa entidad de control debió pagar
por virtud de una sentencia judicial en la que se resolvió la nulidad de un acto
administrativo que declaró la insubsistencia de una funcionaria y ordenó un pago a
título de restablecimiento del derecho.
SENTENCIA CONSULTADA
1. Corresponde a la sentencia antes indicada a través de la cual se decidió la
demanda presentada el 25 de febrero de 2003 1 por la Contraloría General del
Departamento de Norte de Santander, en contra del señor Alfredo Enrique Flórez
Ramírez, en su condición de Contralor General del Departamento, con el fin de que
se le declare patrimonialmente responsable por la condena que le fue impuesta a
la entidad accionante, cuyas (i) pretensiones, (ii) hechos y (iii) fundamentos de
derecho, fueron los siguientes:
1 Folios 4-12 del cuaderno 1.
Radicación: 540012331000200300291 01 (59395)
Actor: Contraloría General del Departamento
Demandado: Alfredo Enrique Flórez Ramírez
Referencia: Acción de repetición
2
Pretensiones
2. Se solicitó condenar al demandado a pagar la suma de noventa y cuatro millones
setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte.
($94.754.492), monto que la entidad tuvo que pagar por la condena que le fue
impuesta en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho;
adicionalmente reclamó la condena en costas a cargo de la demandada.
Hechos
3. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que mediante
Resolución 192 del 18 de febrero de 1998, expedida por el entonces contralor del
Departamento de Norte de Santander, Alfredo Enrique Flórez Ramírez, se declaró
insubsistente el nombr amiento de la señora Claudia García, en el cargo de
profesional universitario en derecho de la oficina de juicios fiscales, categoría 8, de
la Contraloría General del Departamento.
4. La persona mencionada promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del citado acto administrativo, con
fundamento en que el despido era injusto dado que se encontraba embarazada. A
título de restablecimiento del derecho, pidió el pago de todos los salarios dejados
de perc ibir desde la declaratoria de insubsistencia hasta el día en que fuera
reintegrada.
5. En fallo del 2 de noviembre de 2001, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander declaró la nulidad de la referida resolución, ordenó el reintegro de la
trabajadora al igual que el pago de los salarios y prestaciones sociales debidas.
6. Contra la deci sión anterior, la Contraloría demandada interpuso recurso de
apelación, el cual fue declarado desierto por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 20 de agosto de 2002.
7. Ante la firmeza de la anterior decisión, el ente demandado pagó la suma de
noventa y cuatro millones setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa
y dos pesos m/cte ($94’754.492) a favor de la demandante en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Fundamento de derecho
8. En relación con los presupuestos subjetivos de la acción de repetición, la
demandante indicó que el entonces Contralor Departamental incurrió en culpa
grave, toda vez que con el acto administrativo se transgredió inexcusablemente la
protección a la maternidad y, por esa razón , dio origen a la condena contra esa
entidad.
Radicación: 540012331000200300291 01 (59395)
Actor: Contraloría General del Departamento
Demandado: Alfredo Enrique Flórez Ramírez
Referencia: Acción de repetición
3
La defensa
9. El 20 de marzo de 2003, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió
la demanda y ordenó notificar a las partes; sin embargo, en 20042 cuando se realizó
la diligencia de notificación personal no fue posible realizarla en razón a que el señor
Alfredo Flórez había fallecido para ese momento.
10. Como consecuencia de lo anterior, el 16 de diciembre de 2004, el Tribunal
ordenó emplazar a los herederos del excontralor demandado3.
11. Ante la falta de comparecencia de los demandados, el 16 de junio de 2014, el
mencionado tribunal les designó un curador ad litem4, el cual se posesionó el 5 de
marzo de 2015 5 y fue notificado personalmente del auto admisorio de la demanda
el mismo día6.
12. El curador ad litem contestó la demanda y se limitó a indicar que se atenía a
lo que resultara probado dentro del proceso7.
Los alegatos de conclusión
13. Las partes guardaron silencio.
14. En su concepto, el Ministerio Público manifestó que debía accederse a las
pretensiones de la demanda, por considerar que el accionado desvinculó a la
señora García Reyes, quien estaba en embarazo, sin haberse cumplido los
requisitos legales que se exigen para ello8.
La decisión
Mediante sentencia de 16 de diciembre de 2016 9, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que procedió
a condenar patrimonialmente a los herederos indeterminados del causante en las
cuotas partes que les correspondan o correspondieron dentro del patrimonio
transmitido a éstos por causa de muerte, y les ordenó reintegrar a la demandante
la suma de ciento setenta y ocho millones ciento cincuenta mil setecientos ochenta
y dos pesos con ocho centavos ($178.150.782,08) m/cte, suma ésta que deberá
ser indexada desde el veinticinco (25) de octubre de 2006, fecha en la cual la
Entidad demandante realizó el pago, hasta la fecha en que se haga efectivo el
mismo.
2 El acta de notificación personal no indica ni el día ni el mes de la notificación, pero sí el año. Folio 72 del
cuaderno 1.
3 Folios 74-75 del cuaderno 1.
4 Folio 119 del cuaderno 1. El 9 de junio de 2017 se le notificó del auto admisorio de la demanda.
5 Folio 126 del cuaderno 1.
6 Folio 127 del cuaderno 1.
7 Folio 129 del cuaderno 1.
8 Folios 100-105 del cuaderno 1.
9 Folios 133-149 del cuaderno principal.
Radicación: 540012331000200300291 01 (59395)
Actor: Contraloría General del Departamento
Demandado: Alfredo Enrique Flórez Ramírez
Referencia: Acción de repetición
4
15. En su decisión el Tribunal consideró procedente que se convoque al proceso a
los herederos del demandado fallecido, puesto que la repetición es una acción
autónoma de carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria.
16. Adicionalmente, encontró probados lo s elementos de la repetición, incluida la
calificación de la conducta del exfuncionario. Al respecto, dijo que aquél actuó de
manera gravemente culposa al declarar insubsistente el nombramiento de una
funcionaria de la entidad demandante, quien gozaba de especial protección por su
estado de embarazo, hecho que generó una condena contra el Estado.
TRÁMITE DE LA CONSULTA
17. A través de auto del 16 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander remitió el expediente a esta Corporación para que se surtiera el grado
jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 184 del Código Contencioso
Administrativo, dado que ninguna de las partes apeló la decisión proferida en
primera instancia y los demandados se encontraban represen tados por curador ad
litem.
18. Mediante proveído del 18 de julio de 2017, el Magistrado Ponente de la época
resolvió tramitar el grado jurisdiccional de consulta y dio traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto10.
19. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio11.
CONSIDERACIONES
La acción de repetición y sus presupuestos12
20. La acción de repetición es un mecanismo civil de carácter patrimonial, prevista
en el artículo 90 de la Constitución Política13, así como en los artículos 77 14 y 7815
del Código Contencioso Administrativo16 (aplicable al caso concreto) y, hoy en día,
en la Ley 678 de 2001. Esta acción debe ser ejercida por el Estado cuando su
10 Folio 156 del cuaderno del Consejo de Estado.
11 Folio 158 del cuaderno del Consejo de Estado.
12 En similares términos consultar la sentencia proferida por esta misma Subsección el 11 de octubre de 2021,
expediente 57325.
13 “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la
acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra
éste”.
14 “Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o
descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones pública
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.