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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Sala se pronunciará de fondo en este asunto

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Fecha
2022-10-19
Radicado
50001233300020140024001
Número interno
63049
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICIA NACIONAL
Demandado
LUIS FERNANDO BOLIVAR HERNANDEZ, PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Sala se pronunciará de fondo en este asunto

Lo que dijo la Sala

La Sala se pronunciará de fondo en este asunto, en la medida en que concurren los presupuestos procesales, al ser la acción de repetición el medio procedente para buscar el recobro contra agentes del Estado que, como “consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa” (Art. 90 de la Constitución Política), han dado lugar a una condena contra el Estado. Además, porque la demanda fue oportuna. Como el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena contra el Estado, en este caso no había lugar a aplicar las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron en diciembre de 1993, con anterioridad a su vigencia.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001 no es aplicable al proceso en ejercicio de la acción de repetición contra un agente del Estado, ya que los hechos ocurrieron en diciembre de 1993, con anterioridad a su vigencia. Además, la acción de repetición no se puede apoyar en la sentencia del proceso de reparación directa, ya que no le es oponible al demandado y la responsabilidad del Estado se analizó "bajo la arista de la responsabilidad presunta". No se demostró que el agente cometiera una conducta dolosa o gravemente culposa que justifique la condena patrimonial.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Al presente proceso en ejercicio de la acción de repetición le es aplicable el régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Se configuró la culpa grave en la conducta del agente por lo cual debe responder patrimonialmente por la condena pagada por el Estado?
  • ¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en vigencia del Código Contencioso Administrativo?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Consejo de Estado 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los procesos de repetición promovidos por entidades públicas contra servidores por actuaciones dolosas o culposas.
Consejo de Estado 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control de repetición
Titulación de la relatoría 5.680 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Al presente proceso en ejercicio de la acción de repetición le es aplicable el régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: No La Sala se pronunciará de fondo en este asunto, en la medida en que concurren los presupuestos procesales, al ser la acción de repetición el medio procedente para buscar el recobro contra agentes del Estado que, como “consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa” (Art. 90 de la Constitución Política), han dado lugar a una condena contra el Estado. Además, porque la demanda fue oportuna. Como el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena contra el Estado, en este caso no había lugar a aplicar las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron en diciembre de 1993, con anterioridad a su vigencia. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / ACCIDENTE CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / AUSENCIA DEL DOLO / AGENTE DE POLICÍA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / MUERTE DEL AGENTE DE POLICÍA Problema jurídico: ¿Se configuró la culpa grave en la conducta del agente por lo cual debe responder patrimonialmente por la condena pagada por el Estado? Respuesta al problema jurídico: No Respecto de la sentencia del proceso de reparación directa, lo primero que debe indicarse es que, dado que no se aplican las presunciones, esta decisión no se puede apoyar en esa sentencia. Adicionalmente, la misma no puede ser la base de esta decisión porque no le es oponible al demandado dado que no fue vinculado y la responsabilidad del Estado se analizó “bajo la arista de la responsabilidad presunta”. (…) dentro de este juicio de repetición no se demostró que, en contra del demandado, hubieran sido adelantadas investigaciones de carácter disciplinario o penal por la muerte de su compañero y que, dentro de esos trámites, hubiera sido declarado responsable a título de dolo o culpa. Al respecto, la Policía informó que “no se encontró antecedente relacionado con el asunto en cuestión”. Tampoco se allegaron pruebas que permitieran establecer, de manera directa o indirecta, que tenía enemistad con el agente afectado o que, de cualquier forma, el disparo respondió, antes que, a un accidente, a una retalación premeditada. (…) Ahora bien, no podía dejarse pasar inadvertido de efectos el hecho de que, a partir de la declaración que dentro de este proceso dio uno de los testigos presenciales, las armas asignadas a los agentes de la estación presentaban, en general, defectos. No es improbable, entonces, que el arma de dotación asignada [al agente] se hubiera disparado de manera fortuita, sin una intervención provista de toda negligencia de su parte, sobre todo cuando los distintos declarantes coincidieron en que el demandado no estaba apuntando el arma cuando se produjo el disparo y que la misma no tenía puesto el proveedor. De manera que, la culpa o imprudencia en la que pudo incurrir el demandado al descargar su elemento de dotación en el comedor de la estación de policía en la que prestaba sus servicios, resultaba insuficiente para condenarlo a responder patrimonialmente en los términos del artículo 90 de la C.P., pues se requería demostrar que obró con culpa grave, esto es, que dentro del específico marco de circunstancias en las que se dieron los hechos, su comportamiento sobrepasó unos límites tolerables en lo que al manejo de su arma de dotación se refiere. En conclusión, la Sala descarta la posibilidad de un juicio de reproche contra el demandado a título de culpa grave, no solo por las condiciones de equipamiento de las que disponía la estación de policía, que impedían exigirle que hubiera actuado de forma distinta, sino porque, al parecer, su arma de dotación no se encontraba en óptimas condiciones, como era el estado en el que, en general, uno de los testigos calificó el armamento asignado a cada agente de esa estación. Si a ello se agrega que [el agente] no tenía antecedentes de manejo irregular del arma de dotación (y, en general, antecedentes disciplinarios), la valoración conjunta de esas circunstancias impedía condenarlo al reintegro del valor de la condena pagada por el Estado. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE Problema jurídico: ¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en vigencia del Código Contencioso Administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Como no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
Texto extraído del PDF oficial 33.896 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., 19 de octubre de 2022 Radicación: 50001-23-33-000-2014-00240-01 (63049) Demandante: Policía Nacional Demandado: Luis Fernando Bolívar Velásquez Referencia: Acción de Repetición Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – Culpa grave / para establecerla es necesario analizar el contexto concreto en el que se encontraba el agente del estado demandado, pues solo en esas condiciones es posible determinar las conductas que le eran exigibles . Síntesis del caso: se demandó en repetición a un agente de la policía a quien se le disparó su arma de dotación en momentos en que la descargaba, lo que ocasionó la muerte de uno de sus compañeros, hechos que determinaron la imposición de una condena contra el Estado cuyo pago se repite. Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la Sentencia de 2 de agosto de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Meta -Sala de decisión escritural 5 -, en cuya parte resolutiva lo declaró patrimonialmente responsable y lo condenó al pago de $115’467.831. La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la pa rte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada ; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación 1.1. Posición de la parte demandante 1. El 27 de julio de 20071, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda contra Luis Fernando Bolívar Velásquez. Sus pretensiones (en la forma en que quedaron 1 Folio 0 y12 del cuaderno 1. Radicación: 50001 23 33 000 2014 00240 01 (63049) Demandante: Policía Nacional Demandado: Luis Fernando Bolívar Velásquez Referencia: Acción de Repetición Decisión: Revocar y negar pretensiones _____________________________________________________________________________________________________________ 2 de 11 luego de la “adición aclaración y corrección de la demanda” 2) fueron (se trascribe): “1- Que se declare administrativamente responsable al [demandado], por la muerte de su compañero de trabajo el señor agente Jesús Henry Orjuela (QEPD), por la inaplicación de las normas mínimas de seguridad, las normas legales respecto de esta materia y los principios sobre el uso de armas de fuego, acciones que se traducen en la imprudencia y negligencia en el manejo, control y guarda de las armas de dotación oficial 2- Que como consecuencia de la anterior declaración se condene [al demandado] a pagar [a la parte actora] la suma de ($68.256.300)…” 2. Como fundamentos de hecho de esas pretensiones, (en la forma en que quedaron luego de la “adición aclaración y corrección de la demanda”), la parte actora afirmó: 3. 1) Dentro del proceso judicial 43753, en el que estaba vinculado como llamado en garantía el acá demandado, la Policía Nacional concilió con los familiares del agente Jesús Henry Olaya Orjuela, quien falleció el 3 de diciembre de 1993 “como consecuencia de la no aplicación de las normas mínimas de seguridad, y las normas legales y principios sobre el uso de armas de fuego” . Dicha conciliación fue aprobada pero el proceso continuó contra el llamado en garantía Luis Fernando Bolívar Velásquez quien , en sentencia de 16 de marzo de 1999, fue cond enado por el Tribunal Administrativo de Meta a reintegrar el 100% del valor to tal de lo cancelado por esa entidad. 4. 2) Por los mismos hechos, ocasionados por “la imprudencia [del demandado] al accionar su arma y manipular la misma” , otras víctimas promovieron una acción de reparación directa (distinguida con el número 16346)4. El Tribunal Administrativo de Meta, en sentencia de 19 de en ero de 1999, declaró responsable a l Estado por la muerte de Jesús Henry Olaya Orjuela. El Consejo de Estado, en Sen tencia de 10 de marzo de 2005, confirmó el fallo de primera instancia. Por Resolución 266 de 22 de julio de 2005 y 340 del 18 de agosto de 2005, se ordenó el pago de la condena. En esta oportunidad el señor Olaya Orjuela no fue llamado en garantía. 5. En los fundamentos de derecho de la demanda, la parte actora indicó que el demandado actuó “con culpa grave ” al “…usar su arma de dotación contra la humanidad del agente Jesús Henry Olaya Orjuela sin causal de justificación que acreditara cometer tal actuación, por lo tanto se con figura la responsabilidad a título de culpa grave o dolo” , máxime 2 Contenida a folios 332-346 del cuaderno 2, acto que fue aceptado por Auto de 30 de julio de 2015 (fl. 510 del cuaderno 3). 3 Promovido por la madre del agente fallecido (Mercedes Orjuela Viuda de Olaya ) y sus hermanos Florentino, Ricardo, Nelly Mercedes, Claudia Mónica, Frey Virgilio, Martín, Martha Alicia y Remberto Olaya Orjuela (fl. 128-131 del cuaderno 1) 4 Se trató de: Milciades Olaya Orjuela (hermano del agente fallecido), María Alicia Guzman Medina y Jesús Orjuela (abuelos). Radicación: 50001 23 33 000 2014 00240 01 (63049) Demandante: Policía Nacional Demandado: Luis Fernando Bolívar Velásquez Referencia: Acción de Repetición Decisión: Revocar y negar pretensiones _____________________________________________________________________________________________________________ 3 de 11 cuando “en ningún momento fue agredido o atacado por el agente” cuyo deceso produjo. 1.2. Posición de la parte demandada 6. El demandado propuso las excepciones de “[i]nexistencia de culpa grave” con fundamento en que estaba demostrado que “el arma de dotación entregada a todos los policiales que hacían parte de la estación, incluido el demandado, se encontraban en mal estado de conservación, y eran armas en desuso que n o debieron haber sido entregadas al personal de la policía”, y llamó la atención acerca de que, con anterioridad, ya se había presentado una falla con el arma de dotación de otro policía. Indicó, además, que, en la estación de policía , no había una zona pa ra el descargue del armamento , que nunca accionó el disparador y que su arma, para el instante de los hechos, no tenía proveedor. Precisó que, cuando se dispuso a realizar el descargue de su arma de dotación, debido a que “se trataba de un arma demasiado vieja, y en desuso, que tenía que ser sostenida con alambre dulvc para que no se desbaratara”, se produjo el disparo con los resultados conocidos . Alegó asimismo la excepción de “[a]usencia de prueba idónea para demostrar la reparación del daño antijurídico”5. 1.3. Sentencia de primera instancia 7. Encontró probados los presupuestos objetivos de la acción. En relación con la prueba del elemento subjetivo, concluyó que el demandado había recibido instrucción para el manejo del arma, y que su conducta “deb[ía] ser calificada como negligente y absolutamente imprudente, pues no de otra manera se explica que descargara su arma en medio de sus compañeros de trabajo sin tener las más mínimas precauciones a la hora de efectuar la maniobra y sin extraer el tiro qu e él mismo por voluntad propia había puesto en la recámara, hecho que adicionalmente hace más gravosa la actuación del demandado, toda vez que sin tener una orden expresa, decidió dejar un tiro en la recámara de su arma, para su seguridad, sin que al momento de realizar el descargue tuviera en cuenta este hecho”, situación esta última que, agregó, lo obligaba a “reforzar la seguridad en el manejo de [su arma]”. 8. Agregó que, el hecho de que la estación de policía no tuviera dispuesta una zona para el descargue de las armas , no exculpaba al demandado, quien , entonces, debió dirigirse “a un sitio alejado o que presentara las condiciones óptimas para descargar el arma sin poner en riesgo la vida e integridad física de sus compañeros y la propia, acción que 5 Folio 524-532 del cuaderno 3. Radicación: 50001 23 33 000 2014 00240 01 (63049) Demandante: Policía Nacional Demandado: Luis Fernando Bolívar Velásquez Referencia: Acción de Repetición Decisión: Revocar y negar pretensiones _____________________________________________________________________________________________________________ 4 de 11 no era la primera vez que realizaba, toda vez que en su versión de los hechos adu[jo] que siempre descargaba la carabina en cualquier parte”. Por último, indicó que el demandad o nunca refirió en su declaración que su arma de dotación estuviera en mal estado y que, en todo caso, había prueba de que fue dada de baja en 1998, 5 años luego de los hechos. 1.4. Recurso de apelación 9. El demandado cuestionó la sentencia de primera instancia por las siguientes razones: el descargue de las armas debía hacerse en cualquier lugar antes de entrar al alojamiento, en la medida en que, en la estación de policía, no había zona de descargue del armamento. Cuestionó el fallo por darle alcances a las declaraciones tomadas dentro de la investigación de carácter laboral adelantadas con ocasión de los hechos, pues, argumentó, la jurisprudencia del Consejo de Estado ni siquiera les reconoce alcance demostrativo a las versiones libres obtenidas dentro de actuaciones penales, en la medida en que “no tienen alcance de prueba testimonial ni pueden ser

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012333000201400240011100103