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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se impone concluir que no se configuró irregularidad procesal alguna con entidad suficiente para invalidar lo actuado

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Fecha
2026-08-24
Radicado
68001233300020160081302
Número interno
74466
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
Controversias contractuales
Actor
CONSORCIO CEI – ACI, ACI PROYECTOS S.A.S., PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA SAS
Demandado
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se impone concluir que no se configuró irregularidad procesal alguna con entidad suficiente para invalidar lo actuado

Regla de decisión

La omisión de la audiencia inicial queda saneada si la parte interesada no la impugna oportunamente y actúa en el proceso sin formular reparos.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La omisión en la realización de la audiencia inicial no constituye una nulidad procesal invalidante si la parte afectada no impugna oportunamente dicha decisión y participa en las etapas siguientes sin formular objeciones. El Código General del Proceso dispone que las irregularidades procesales distintas de las causales taxativas de nulidad se consideran saneadas cuando no se cuestionan mediante los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico. En el caso concreto, aunque el despacho de primera instancia prescindió de la referida diligencia, la parte interesada convalidó la actuación al intervenir en el plenario sin alegar la supuesta deficiencia en tiempo oportuno. En consecuencia, se desestimó el vicio procesal alegado y se procedió a resolver de fondo la controversia contractual planteada.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La omisión de la audiencia inicial constituye una irregularidad procesal que invalida lo actuado, cuando la parte interesada no impugnó oportunamente la decisión de prescindir de dicha audiencia y participó en las actuaciones procesales posteriores sin formular reparo alguno?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 207
  • Ley 1564 de 2012, arts. 133, 134 y 136

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

Respecto de la pretermisión de la audiencia inicial, luego de revisada la actuación procesal de primera instancia la Sala advierte lo siguiente:… . La Sala no advierte irregularidad procesal alguna que impida el pronunciamiento de fondo en segunda instancia, en primera medida porque la supuesta deficiencia señalada por la parte actora no encuadra en ninguna de las causales expresamente dispuestas en el artículo 133 del CGP, cuyo parágrafo también dispone que las demás irregularidades “se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

AUDIENCIA INICIAL AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRÁMITE DE LA AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRESCINDENCIA DE LA AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO IRREGULARIDAD PROCESAL IRREGULARIDAD PROCESAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE IRREGULARIDAD PROCESAL CONVALIDACIÓN DE LA IRREGULARIDAD PROCESAL NULIDAD PROCESAL OPORTUNIDAD DE LA NULIDAD PROCESAL IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL CONTROL DE LEGALIDAD PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA FIJACIÓN DEL LITIGIO ALCANCE DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO PROBLEMA JURÍDICO SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA REFORMA DE LA DEMANDA OBJETO DEL LITIGIO DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL DERECHO DE DEFENSA PRETENSIONES DE LA DEMANDA RECURSO DE APELACIÓN PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN REQUISITOS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO RECLAMACIÓN ECONÓMICA REINTEGRO DE SALDOS A FAVOR SANCIÓN CONTRACTUAL LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS DINERO MULTA INTERESES PAGO DE INTERESES CESACIÓN DE LA CAUSACIÓN DE LOS INTERESES IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS TRANSACCIÓN EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN COSA JUZGADA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO MORA EN EL PAGO EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN COSTOS FINANCIEROS PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO REEMBOLSO DEL GASTO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO PROCESO CONTRACTUAL ALCANCE DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL

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Consejo de Estado 2023-06-14 Sección Tercera (Subsección C)
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Titulación de la relatoría 27.067 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

AUDIENCIA INICIAL / AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / TRÁMITE DE LA AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESCINDENCIA DE LA AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IRREGULARIDAD PROCESAL / IRREGULARIDAD PROCESAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE IRREGULARIDAD PROCESAL / CONVALIDACIÓN DE LA IRREGULARIDAD PROCESAL / NULIDAD PROCESAL / OPORTUNIDAD DE LA NULIDAD PROCESAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL / CONTROL DE LEGALIDAD Problema jurídico: ¿La omisión de la audiencia inicial constituye una irregularidad procesal que invalida lo actuado, cuando la parte interesada no impugnó oportunamente la decisión de prescindir de dicha audiencia y participó en las actuaciones procesales posteriores sin formular reparo alguno? Respuesta al problema jurídico: No Respecto de la pretermisión de la audiencia inicial, luego de revisada la actuación procesal de primera instancia la Sala advierte lo siguiente: (…). [L]a Sala no advierte irregularidad procesal alguna que impida el pronunciamiento de fondo en segunda instancia, en primera medida porque la supuesta deficiencia señalada por la parte actora no encuadra en ninguna de las causales expresamente dispuestas en el artículo 133 del CGP, cuyo parágrafo también dispone que las demás irregularidades “se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”. Esa disposición normativa se armoniza con el inciso primero del artículo 134 del CGP sobre la oportunidad para alegar nulidades que pueden ser propuestas “antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a ella, si ocurrieren en ella” y con el numeral 1 del artículo 136 del mismo compendio normativo que prevé que la “nulidad se considerará saneada (…) cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla”; tampoco debe olvidarse el contenido del artículo 207 del CPACA que indica que una vez agotada cada etapa del proceso el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades “los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas subsiguientes”. En ese orden de ideas, se impone concluir que no se configuró irregularidad procesal alguna con entidad suficiente para invalidar lo actuado, aun si se admitiera que la decisión de prescindir de la audiencia inicial pudiera constituir una anomalía procesal, lo cierto es que el consorcio CEI–ACI, quien ahora la invoca una vez le fueron negadas las pretensiones de la demanda en primera instancia, no la alegó oportunamente ni interpuso recurso alguno contra el auto del 6 de junio de 2025 mediante el cual el tribunal expresamente dispuso continuar el trámite sin celebrar dicha audiencia; por el contrario, guardó silencio frente a esa determinación, participó en las actuaciones subsiguientes y presentó alegatos de conclusión sobre el fondo de la controversia, conducta que descarta cualquier eventual irregularidad de conformidad con los artículos 134 y 136 del CGP y 207 del CPACA, que impiden plantear en etapas posteriores vicios procesales que pudieron ser oportunamente controvertidos y respecto de los cuales la parte interesada no ejerció los mecanismos de defensa previstos por el ordenamiento a pesar de contar con la posibilidad de hacerlo. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 207, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 134, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 136, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 1 PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FIJACIÓN DEL LITIGIO / ALCANCE DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO / PROBLEMA JURÍDICO / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / REFORMA DE LA DEMANDA / OBJETO DEL LITIGIO / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / DERECHO DE DEFENSA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se vulnera el principio de congruencia procesal cuando la sentencia de primera instancia reorganiza y sintetiza los problemas jurídicos establecidos en la fijación del litigio, sin modificar sustancialmente su contenido ni alterar el objeto de la controversia? Respuesta al problema jurídico: No De otra parte, acerca de que en la sentencia de primera instancia se desarrollaron problemas jurídicos diferentes a los referidos en el auto del del 6 de junio de 2025 que fijó el litigio, se advierte que luego de hacer un ejercicio comparativo de lo expresado en tales decisiones no se advierte la incongruencia señalada por la parte actora. Si bien los interrogantes formulados en el auto del 6 de junio de 2025 no fueron literalmente reproducidos en la providencia que puso fin a la primera instancia, lo cierto es que esta última se limitó a reorganizar y sintetizar los temas objeto de debate sin alterar su contenido esencial. En efecto, tanto en la fijación del litigio como en la sentencia la controversia giró alrededor de la procedencia de los reconocimientos económicos reclamados por el consorcio CEI–ACI, la legalidad del apremio impuesto por Ecopetrol SA y las excepciones propuestas por la parte demandada, incluida la relacionada con los efectos de la transacción, de manera que los problemas jurídicos finalmente resueltos guardan plena correspondencia con las pretensiones, los hechos de la demanda, la contestación y las excepciones planteadas, razón por la cual no se advierte modificación sustancial del objeto del litigio ni afectación alguna de los derechos de contradicción y defensa del consorcio demandante. RECURSO DE APELACIÓN / PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / RECLAMACIÓN ECONÓMICA / REINTEGRO DE SALDOS A FAVOR / SANCIÓN CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Procede ordenar el reintegro de las sumas descontadas por concepto de una cláusula penal de apremio cuando la entidad contratante omitió agotar el procedimiento contractualmente pactado para su imposición y privó al contratista de la oportunidad de ejercer su derecho de defensa? Respuesta al problema jurídico: Si Prospera parcialmente el recurso de apelación dado que si bien no se acreditó el incumplimiento contractual atribuido a Ecopetrol SA respecto de las reclamaciones económicas relacionadas con la denominada “Operación Líder”, los costos financieros, el reajuste de las comisiones topográficas, los gastos reembolsables asociados a MC Global Services y los gastos de viaje, motivo por el cual las pretensiones correspondientes no están llamadas a prosperar; empero, respecto de la cláusula penal de apremio impuesta al consorcio CEI–ACI se encuentra demostrado que Ecopetrol SA no observó las etapas expresamente pactadas para su imposición por cuanto no brindó al contratista la oportunidad previa de ejercer las explicaciones y defensas previstas contractualmente antes de adoptar la decisión sancionatoria, razón por cual se condenará el reintegro de las sumas descontadas con ocasión de la aplicación de la referida cláusula penal. LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / DINERO / MULTA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INTERESES / PAGO DE INTERESES / CESACIÓN DE LA CAUSACIÓN DE LOS INTERESES / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO Problema jurídico: ¿Procede negar el reconocimiento de intereses sobre las sumas que deben reintegrarse al contratista cuando la obligación de restitución únicamente se hace exigible a partir de la sentencia que ordena su pago? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo anteriormente expuesto es claro que las únicas pretensiones de la demanda llamadas a prosperar son las séptima y octava, en la última de las cuales se solicita el reintegro de la suma de $304.896.106 equivalente al monto de la multa. (...) En esos términos Ecopetrol SA ESP deberá reintegrar a las sociedades Parsons Brinckerhoff Colombia SAS y ACI Proyectos SAS, integrantes del consorcio ACI – CEI la suma de seiscientos trece millones seiscientos setenta y un mil ciento dos pesos ($613.671.102), sin que haya lugar al pago de los intereses a los que se hace referencia en la pretensión décima de la demanda por cuanto el pago de esa suma solamente se hace exigible a partir de la presente decisión. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Hay lugar a condenar en costas en segunda instancia a la parte apelante cuando su recurso de apelación prosperó parcialmente? Respuesta al problema jurídico: No Según lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo en los procesos en que se ventile un interés público se condenará en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. En esta línea, el numeral 1del artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto (…).”. En atención a la precitada regla del artículo 365 del Código General del Proceso, habida cuenta que el recurso de apelación fue parcialmente favorable al consorcio CEI – ACI, no hay condena en costas para dicho apelante en esta instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1 TRANSACCIÓN / EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / COSA JUZGADA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO Problema jurídico: ¿Puede el contratista reabrir mediante una salvedad posterior en el acta de liquidación bilateral una controversia económica comprendida en una transacción previamente aceptada, de la cual se benefició y en la que renunció expresamente a formular reclamaciones adicionales sobre ese concepto? Respuesta al problema jurídico: No Adicionalmente, la Sala precisa que de las correspondientes actas de reconocimiento económico que se suscribieron durante la ejecución del contrato y a las cuales se aludirá más adelante sí tienen un alcance transaccional, no solamente porque en estas se hace dicha manifestación expresa con efectos de cosa juzgada sino igualmente por su contenido material; en efecto, dichas actas fueron suscritas para solucionar controversias surgidas entre las partes del contrato, respecto de las cuales el contratista formuló ciertas reclamaciones económicas y Ecopetrol SA efectuó reconocimientos por valores inferiores o diferentes a los originalmente pretendidos, mientras el contratista aceptó tales condiciones y, en algunos casos, renunció expresamente a nuevas reclamaciones; tales circunstancias permiten concluir que existieron concesiones recíprocas suficientes para predicar la existencia de verdaderas transacciones en los términos del artículo 2469 del Código Civil, excepto sobre los aspectos puntuales que fueron objeto de salvedades por el consorcio demandante y que permiten su discusión mediante la presente controversia. (...) Sobre este punto de la controversia, la Sala coincide con las consideraciones del tribunal en cuanto a que no hay lugar a acceder a la primera pretensión de la demanda, para lo cual es preciso reiterar que no le asistió razón a Ecopetrol SA en la contestación cuando sostuvo que la controversia quedó definitivamente zanjada mediante los acuerdos transaccionales celebrados por las partes; en efecto, si bien el Acta de Reconocimiento Económico no. 1 y su modificación del 24 de agosto de 2011 incorporaron cláusulas con efectos de transacción, también es cierto que en esta última las partes dejaron expresa constancia de que el consorcio CEI-ACI no renunciaba a reclamar la suma de $106.188.568, circunstancia por la cual ese aspecto en particular permaneció excluido de los efectos de cosa juzgada propios del acuerdo transaccional y bien podía ser sometido al conocimiento de la jurisdicción. (...) En ese orden de ideas, la propia solicitud de reconocimiento económico no. 2 elevada por el contratista estuvo edificada sobre la afectación económica que, en su criterio, se había presentado durante la ejecución del contrato y la necesidad de obtener el correspondiente reconocimiento económico por diversos conceptos, entre ellos aquellos asociados a los costos financieros asumidos durante la ejecución contractual, aspecto que fue expresamente discutido y resuelto por las partes mediante la suscripción del Acta de Reconocimiento Económico no. 2 del 23 de agosto de 2011. En efecto, en dicho instrumento las partes acordaron un reconocimiento económico por valor de $2.822.025.985 y le otorgaron expresamente efectos de transacción, sobre lo cual hicieron constar que con ese acuerdo se restablecía el equilibrio económico y financiero del contrato respecto de los conceptos allí discutidos. Adicionalmente, se pactó expresamente que el contratista renunciaba a formular reclamaciones adicionales por concepto de costos financieros, intereses o cualquier otro concepto derivado de las situaciones que dieron origen a la negociación; por consiguiente, todos los costos financieros causados hasta la fecha de celebración de dicho acuerdo quedaron comprendidos dentro de la transacción celebrada por las partes y, por ende, fueron sustraídos en un inicio de un nuevo debate judicial. En esos términos, si el contratista estimaba que determinados intereses o perjuicios permanecían insolutos, debió excluirlos expresamente del acuerdo del Acta de Reconocimiento Económico no. 2 del 23 de agosto de 2011 o formular la correspondiente salvedad, lo cual no hizo. Ahora bien, a pesar de que en dicha Acta de Reconocimiento Económico no. 2 el consorcio CEI – ACI manifestó una aceptación libre y expresa para dar fin a la controversia por gastos financieros, se observa que posteriormente procedió a desconocer sus efectos porque dejó inserta la correspondiente salvedad en el Acta de Liquidación Bilateral del 29 de mayo de 2014 citada al inicio del estudio de los cargos de apelación, comportamiento que desde la perspectiva la buena fe objetiva y de la regla que proscribe el desconocimiento a los propios actos, “venire contra factum proprium non valet”, no resulta admisible que una parte, después de aceptar un acuerdo con vocación definitiva y beneficiarse de él, pretenda posteriormente reabrir una controversia que razonablemente podía considerarse superada. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2469, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2483 MORA EN EL PAGO / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COSTOS FINANCIEROS / PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO Problema jurídico: ¿Procede reconocer al contratista los costos financieros reclamados por la supuesta mora de la entidad contratante cuando no acredita el cumplimiento de los requisitos documentales y administrativos pactados para el pago ni la fecha a partir de la cual las obligaciones se hicieron exigibles? Respuesta al problema jurídico: No Sin perjuicio de lo anterior, en lo concerniente a que el desembolso derivado del Acta de Reconocimiento Económico no. 2 se hubiera materializado de manera tardía el 28 de noviembre de 2011 tampoco conduce a la prosperidad de la pretensión; sobre el particular, la Sala observa que el acuerdo suscrito por las partes no fijó un término específico para efectuar el pago y sí sujetó su ejecución al cumplimiento de determinados requisitos documentales y administrativos, entre ellos la presentación de la correspondiente factura; en esas condiciones, no obra prueba que permita establecer con certeza la fecha a partir de la cual la obligación se hizo exigible ni las razones concretas por las cuales el desembolso se habría producido casi tres meses después de la suscripción del acuerdo, circunstancia que impide concluir la existencia de una mora atribuible a Ecopetrol SA. En ese orden de ideas, aún en la perspectiva propuesta en la apelación, la pretensión no está llamada a prosperar puesto que, además de encontrarse comprendidos dentro de una transacción los costos financieros e intereses causados hasta agosto de 2011, tampoco se acreditó la existencia de un incumplimiento posterior de Ecopetrol SA que justificara el reconocimiento de los $108.991.793 solicitados por la parte demandante. Finalmente, aun si en gracia de discusión se entendiera que la demanda sí planteó un reproche por incumplimiento contractual derivado del hecho de que algunos desembolsos habrían cursado más allá de los tiempos inicialmente previstos, lo cierto es que, tampoco existirían razones para acceder a la pretensión reclamada; en efecto, al proceso únicamente fue aportado el clausulado general del contrato no. 5206000 del cual se desprende que los pagos debían realizarse mediante desembolsos mensuales vencidos, previa presentación de las correspondientes actas de avance, planillas de pago, recibos, certificaciones y demás documentos exigidos, junto con la aprobación del interventor (...). No obstante, la parte demandante no acreditó cuáles de tales requisitos se encontraban cumplidos para cada uno de los desembolsos cuya tardanza reprocha, ni demostró la fecha exacta a partir de la cual las respectivas obligaciones se tornaron exigibles para la entidad contratante, razón por la cual se impone, necesariamente, confirmar la negativa de la primera instancia frente a la segunda pretensión principal de la demanda. REEMBOLSO DEL GASTO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Bastan las autorizaciones impartidas mediante correos electrónicos para obligar a la entidad contratante a reembolsar gastos por actividades ejecutadas fuera del ámbito territorial pactado, cuando no se acredita que quien las emitió tuviera competencia para ampliar ese ámbito ni que se hubieran satisfecho las exigencias contractuales para su reconocimiento? Respuesta al problema jurídico: No En ese sentido, los argumentos del apelante no cuentan con la entidad suficiente para desvirtuar la conclusión alcanzada por el tribunal, aunque es cierto que en el expediente obran mensajes de correos electrónicos que evidencian que la gestora técnica del contrato autorizó inicialmente la contratación de MC Global Services y, aparentemente, de manera posterior avaló la ampliación de su valor, el verdadero punto de discusión no radica en la existencia material de esas autorizaciones sino en determinar si estas tenían aptitud para comprometer válidamente a Ecopetrol SA respecto de actividades ejecutadas por fuera del ámbito territorial expresamente delimitado en el contrato n.º 5206000. En efecto, está acreditado que el objeto contractual se circunscribía a la consultoría e interventoría de proyectos para la Gerencia Regional Magdalena Medio, mientras que una parte de los estudios cuyo reconocimiento económico se reclama correspondió a actividades desarrolladas en las gerencias regionales del Catatumbo, Sur y Centro; de esta manera, aunque la actuación de la gestora pudo eventualmente generar en el contratista la expectativa de que tales actividades serían reconocidas económicamente, es cierto que no se acreditó que [persona que impartió la autorización] estuviera facultada para extender por sí sola el ámbito territorial del contrato o para comprometer recursos destinados a actividades que excedían el objeto inicialmente pactado; de hecho, en los correos electrónicos solo se menciona su nombre pero no se especifica si en realidad era la gestora o administradora designada por Ecopetrol SA. Esta conclusión adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que las pruebas del proceso muestran, como lo refirió en su momento el tribunal, que cuando Ecopetrol SA estimó necesario ampliar el alcance geográfico de la ejecución contractual acudió a mecanismos formales de modificación del contrato, tal como ocurrió con el contrato adicional no. 9 del 31 de mayo de 2012 mediante el cual se incorporaron actividades relacionadas con la Gerencia Regional Sur (...); esta circunstancia evidencia que la ampliación del ámbito de ejecución del negocio jurídico no dependía exclusivamente de instrucciones operativas o autorizaciones impartidas durante la ejecución sino también de la correspondiente modificación contractual adoptada por quienes ostentaban competencia para ello. Adicionalmente, la Sala observa que las pruebas aportadas tampoco permiten establecer con certeza que las autorizaciones invocadas por la parte demandante hubieran satisfecho los procedimientos contractualmente previstos para la aprobación y reconocimiento de gastos reembolsables; aunque fue allegado al expediente un clausulado general del contrato y obran comunicaciones electrónicas intercambiadas entre funcionarios de Ecopetrol SA y representantes del consorcio CEI-ACI, no reposa en el proceso el clausulado completo del contrato y los anexos técnicos que permitan verificar cuál era el trámite específico exigido para aprobar esta clase de erogaciones y, particularmente, si bastaba para ello una autorización impartida mediante correos electrónicos por parte de la gestora técnica del contrato o se requería de una análisis adicional más detallado; en consecuencia, aun aceptando la existencia de tales comunicaciones, no es posible concluir que ellas satisfacían todas las exigencias contractuales requeridas para generar una obligación de pago a cargo de la entidad. En esas condiciones, la parte demandante no acreditó que el desconocimiento de la suma reclamada obedeciera a un incumplimiento contractual imputable a Ecopetrol SA, pues, no demostró la existencia de una autorización expedida por funcionario competente para ampliar el alcance territorial del contrato, por consiguiente, la negativa de la cuarta pretensión debe ser confirmada. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / PROCESO CONTRACTUAL / DERECHO DE DEFENSA / ALCANCE DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Puede la entidad contratante hacer efectiva una cláusula penal de apremio en un contrato regido por derecho privado sin agotar el procedimiento pactado que garantiza al contratista una oportunidad previa de contradicción, aun si se admite el incumplimiento atribuido y el contratista controvierte posteriormente la penalidad? Respuesta al problema jurídico: No En esa perspectiva, la Sala considera que, independientemente de la discusión propuesta por las partes y por el tribunal en torno a la naturaleza jurídica de la cláusula penal de apremio —esto es, si en este caso concreto esta cumplía una función primordialmente conminatoria, moratoria o indemnizatoria—, lo cierto es que, la controversia puede resolverse a partir de un aspecto previo y suficiente para definir el litigio, consistente en verificar si Ecopetrol SA observó o no las etapas expresamente pactadas por las partes para hacer efectiva dicha estipulación contractual. En efecto, tratándose de un contrato regido por el derecho privado la procedencia de la cláusula penal no depende únicamente de la acreditación del incumplimiento que se atribuye al contratista sino también de las condiciones convencionales establecidas para su imposición; por ello, aun admitiendo que el consorcio CEI-ACI hubiera incurrido en el retardo que le fue endilgado respecto de la entrega de la liquidación del contrato no. 5205636, corresponde establecer si Ecopetrol SA agotó previamente las etapas que las partes acordaron como presupuesto para la aplicación de la penalidad. Pues bien, de acuerdo con la cláusula transcrita la compensación derivada de la cláusula penal de apremio no podía efectuarse de manera automática; por el contrario, las partes estipularon un trámite específico compuesto al menos por tres etapas claramente diferenciadas: (i) la notificación escrita al contratista del hecho constitutivo del incumplimiento realizada por el interventor; (ii) la concesión de un término de tres (3) días hábiles para que el consorcio exponga las razones por las cuales considera que no era responsable del hecho imputado y, (iii) el análisis de dichas explicaciones por parte del administrador del contrato quien, solamente en caso de encontrarlas insuficientes podía notificar su decisión de proceder a la compensación de la cláusula penal de apremio. Sin embargo, la Sala observa que los elementos materiales de prueba no permiten concluir que esas fases hubieran sido efectivamente cumplidas en los términos convenidos. (...) Por el contrario, lo que se advierte es que la primera comunicación relacionada directamente con la penalidad fue el oficio del 20 de marzo de 2013 mediante el cual Ecopetrol SA informó que había tomado la determinación de aplicar la cláusula penal de apremio y que el valor correspondiente sería descontado de la factura siguiente, esto es, una decisión que ya daba por definida la procedencia de la sanción. En esos términos, no es posible entender ni asumir que los escritos radicados posteriormente por el contratista -el 1 de abril y el 3 de julio de 2013- hayan constituido el ejercicio de la oportunidad de contradicción prevista contractualmente, puesto que fueron presentados cuando la decisión de imponer la penalidad ya había sido adoptada y comunicada; dichas actuaciones reflejan, más bien, intentos de controvertir una determinación previamente adoptada por Ecopetrol SA, circunstancia que no satisface las etapas expresamente pactadas por las partes. En consecuencia, la Sala concluye que, aun si se admitiera la existencia del incumplimiento imputado al consorcio CEI-ACI, Ecopetrol SA no acreditó haber agotado íntegramente el trámite convencional establecido para la imposición de la cláusula penal de apremio; por tanto, la compensación efectuada con fundamento en dicha estipulación contractual no puede considerarse ajustada a las condiciones previstas por las propias partes para su aplicación, razón por la cual este cargo de apelación está llamado a prosperar y se ordenará la devolución de lo descontado al demandante por causa de dicha sanción. NOTA DE RELATORÍA: obre la naturaleza de las multas impuestas en contratos regidos por el derecho privado y la ausencia, por regla general, de carácter de acto administrativo y de presunción de legalidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2024, exp. 76001-23-31-000-2006-03320-03 (53.962).

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201600813021100103