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PROCESO CONTRACTUAL

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Colombia Compra Eficiente Concepto

Todos los actos administrativos o documentos que se produzcan con ocasión del proceso contractual deben publicarse dentro de los tres días siguientes a su expedición, con independencia que sean expedidos unilateralmente por la entidad contratante o que sean documentos suscritos por las partes.

C-744 de 2021 2022-02-07
¿La Entidad Pública, dentro de la Audiencia de Apertura de Sobre Económico y Adjudicación, puede expedir y publicar Adenda, para efectos de modificar, corregir o aclarar en el cronograma del proceso, la fecha definitiva para la expedición o publicación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso contractual?
En el caso de las licitaciones públicas para seleccionar contratistas de obra pública, en la audiencia efectiva de adjudicación, por disposición del inciso final del parágrafo 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1882 de 2018, se deben llevar a cabo tres actuaciones adicionales a la adjudicación del contrato: primero, la entidad debe permitir a los proponentes que realicen observaciones en relación con el informe final de evaluación. Segundo, se abre el sobre número dos (2), que contienen la oferta económica y se evalúan las propuestas mediante el método establecido en el pliego de condiciones. Y, tercero, a los proponentes habilitados se les corre traslado de la evaluación de las ofertas económicas, solo para la revisión «del aspecto económico», luego de lo cual la entidad debe proceder a establecer el orden de elegibilidad y, finalmente, a adjudicar el contrato estatal.
También resuelve: Principio de publicidad: noción Secop: publicación de documentos, deber de publicación Documentos del proceso: proceso de contratación –publicación, plazo de publicación
Tribunal Administrativo de Boyacá Providencia

Se tiene que primer lugar que, señala que, las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, para declarar el incumplimiento, cuantificación de los perjuicios, imposición de multas, sanciones y hacer efectiva la cláusula penal deberán adelantar un procedimiento previo consistente en citar a audiencia para debatir los hechos que generan el presunto incumplimiento.

Sentencia — Sentencia de segunda instancia 2026-05-26 JUZGADO ADMINISTRATIVO ANGÉLICA ALEXANDRA SANDOVAL ÁVILA Rad. 15001333301420200010202 ACCION CONTRACTUAL
50. De acuerdo a los reparos de la alzada, deberá la Sala determinar si, el Acta No. 029 del 19 de abril de 2012, no cumple con el procedimiento previo para declarar el incumplimiento, imponer multas o sanciones previsto en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, por lo cual se vulneró el derecho al debido proceso, principio de congruencia y derecho de defensa de la sociedad demandante; o si, por el contrario, con la audiencia celebrada el 19 de abril de 2012 se cumplió el procedimiento administrativo previo que dio lugar a las Resoluciones No. 01.001.560.125 del 02 de agosto de 2012, “por medio de la cual se decreta el siniestro de un contrato de obra por incumplimiento y calidad de las obras”, Resolución No. 01.001.780.147 del 3 de octubre de 2012, que resolvió el recurso de reposición impetrado contra la decisión anterior y la Resolución No. 100035-83 del 30 de mayo de 2013, “por medio de la cual se cuantifican perjuicios, se impone cláusula penal y se ordena la liquidación del contrato No. 067 de 2011 declarado ya el siniestro por incumplimiento del contratista” . Sí
El contratista no puede alegar que la entidad estatal vulneró su derecho al debido proceso, principio de congruencia y derecho de defensa en una audiencia celebrada para debatir un presunto incumplimiento contractual, siempre y cuando dicha audiencia cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que exige la citación previa con detalles de los hechos que motivan la actuación, la presentación de pruebas y la oportunidad para que el contratista y el garante presenten sus descargos y controvertan las pruebas presentadas por la entidad. La Sala confirmó que la audiencia celebrada el 19 de abril de 2012 cumplió con estos requisitos, lo que dio lugar a la expedición de las resoluciones que declararon el siniestro del contrato, cuantificaron los perjuicios y ordenaron la liquidación del contrato, sin violar los derechos del contratista. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con el procedimiento previo para declarar el incumplimiento y aplicar sanciones en contratos estatales, garantizando así el debido proceso y la congruencia en la actuación administrativa.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-07-13 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020130198901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es la incidencia en el proceso judicial del comportamiento de las partes en el procedimiento contractual? No
El contratista no puede reclamar en el proceso judicial por daños causados durante la ejecución del contrato si su propia conducta vulneró el principio de buena fe objetiva, ya que este comportamiento determina la prosperidad de las pretensiones en el escenario judicial. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que el silencio de la contratista al suscribir contratos adicionales sin salvedades constituye una violación al principio de buena fe, lo que impide que posteriormente reclame por la alteración del equilibrio económico contractual. Además, la Sala establece que no existe incumplimiento contractual cuando las partes mancomunadamente deciden prorrogar el plazo del contrato sin generar costos adicionales, y que la diferencia entre el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio económico radica en que este último puede ser causado por actos del Estado o factores externos imprevisibles, mientras que el incumplimiento implica una falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de una de las partes. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la importancia del principio de buena fe en la contratación estatal y la necesidad de distinguir entre incumplimiento y alteración del equilibrio económico contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Está probado en el proceso el incumplimiento contractual alegado? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio económico del contrato para el estudio de la responsabilidad? ¿Cuál es el concepto y presupuestos de la mayor permanencia en obra?
Consejo de Estado Providencia

Las que, como parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso constituyen la “garantía de referencia con que cuentan las personas para determinar en qué momentos la conducta de los jueces o de la administración, se sale ilegítimamente de los cauces de la legalidad”.

Sentencia — Sentencia 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233300520140034601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011 constituyó un acto definitivo en el procedimiento administrativo sancionatorio? Sí
La Sala revocará la sentencia impugnada, pues advierte que el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado bajo la Resolución 475 del 7 de mayo de 2010, fue decidido a través de la Resolución 1658 de diciembre de 2011 la que, como se pasa a demostrar, sí constituyó una decisión de fondo. A tal conclusión se arriba, al considerar: (i) Que el procedimiento administrativo concluye cuando se resuelven los recursos interpuestos. (ii) Que verificada la secuencia razonada y coherente de análisis del procedimiento administrativo adelantado, la Resolución 1658 de diciembre de 2011 resolvió el recurso de reposición contra la decisión de declarar la caducidad del contrato de concesión, la que, por su alcance y contenido exhibe que se trató de una decisión definitiva de tal actuación.
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La posibilidad de presentar recursos o de atacar judicialmente los actos no subsana la transgresión del debido proceso

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 73001233100020110035601 ACCION CONTRACTUAL
¿Se presenta violación al debido proceso en la expedición del acto administrativo que declaró el siniestro en la relación contractual y por ello es procedente la nulidad de dichos actos? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad del acto administrativo que declara el siniestro en la relación contractual si este se expide sin garantizar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción, como ocurrió en este caso donde la entidad estatal no realizó un procedimiento previo ni notificó a la garante del contrato para que presentara descargos, lo que constituye una violación al debido proceso contractual. Aunque la entidad cuantificó el perjuicio en términos del artículo 1077 del Código de Comercio, la falta de garantía del debido proceso es suficiente para anular el acto administrativo, lo que releva a la Sala de analizar otros cargos de la demanda. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los procedimientos legales antes de declarar un siniestro y hacer efectivas las garantías del contrato, y subraya que la posibilidad de recurrir judicialmente no subsana la falta de garantía del debido proceso en la expedición del acto administrativo.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 13001233100020090054801 ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad, en la medida en que no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión en un contrato de concesión de servicios públicos, en la medida en que estos no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización, y no cumplieron con el procedimiento previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y la cláusula 31 del contrato, que exige que las partes intenten acordar previamente los cambios contractuales antes de que la entidad pueda expedir el acto administrativo de modificación unilateral. Esto implica que la entidad debe demostrar que hubo una convocatoria previa al contratista para discutir las modificaciones propuestas y que no se logró un acuerdo, lo cual no se evidenció en este caso.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad…
Consejo de Estado Providencia

La prueba testimonial solicitada carece de conducencia para esclarecer los puntos controvertidos

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-05-07 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020230042701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La prueba testimonial solicitada carece de conducencia para esclarecer los puntos controvertidos? Sí
La prueba testimonial carece de conducencia cuando no existe relación alguna entre la finalidad de la prueba solicitada y los supuestos de hecho de las excepciones o de los argumentos que descorren el traslado de estas, y por ello no procede su decreto. En la impugnación de una decisión probatoria no es oportuno reformular ni modificar la petición inicial, porque el recurso no constituye una nueva oportunidad probatoria. El recurso de apelación contra el auto que niega pruebas en la audiencia inicial es procedente conforme al artículo 243 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y es oportuno cuando se interpone en la audiencia una vez surtida la notificación en estrados. La competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio conforme al artículo 328 del Código General del Proceso. En el caso concreto, el despacho no advirtió relación entre la prueba testimonial pedida y las excepciones propuestas, y confirmó la decisión impugnada. Como consecuencia práctica, la parte debe sustentar la pertinencia de la prueba desde su solicitud inicial y no con explicaciones posteriores en el recurso.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación contra el auto proferido en la audiencia inicial fue presentado oportunamente? ¿Si bien las partes se encuentran habilitadas para solicitar pruebas, también lo es que deben indicar con precisión qué elementos facticos pretenden probar? ¿La solicitud de decreto y práctica de pruebas se realizó al descorrer el traslado de las excepciones, dentro de una de las oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas en primera…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes?

Sentencia — Sentencia 2024-08-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 85001233300020200003901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes? Sí
Los contratos celebrados por una empresa social del Estado son negocios jurídicos sometidos al derecho privado, en los que pueden pactarse discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. Esta regla se apoya en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, que dan a la empresa el carácter de entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Por ello, la presencia de facultades exorbitantes no cambia la naturaleza privada del negocio, sino que habilita a la entidad a ejercer ciertas potestades unilaterales. En el caso concreto el contrato de prestación de servicios se rige por normas civiles y comerciales y contiene facultades de declaración de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilaterales, que fueron pactadas por la empresa. La sala confirmó la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la empresa social del Estado puede pactar cláusulas exorbitantes en contratos regidos por el derecho privado.síntesis automática
También resuelve: ¿El Hospital de Yopal desconoció las reglas procedimentales previstas en la ley para la declaratoria de caducidad contractual e imposición de multas afectando el debido proceso y la defensa del… ¿El Hospital de Yopal incurrió en desviación de poder porque persiguió un interés distinto al público al expedir las Resoluciones 263 y 380 de 2019? ¿Los motivos de las resoluciones demandadas, fueron falsos o alejados de la realidad contractual, teniendo en cuenta el incumplimiento mutuo justificante de la exceptio non adimpleti contractus?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado para conocer, de los recursos de apelación interpuestos contra autos dictados

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-05-05 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 50001233300020230036001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación interpuestos contra autos dictados por los Tribunales Administrativos en procesos relativos a la responsabilidad contractual de las entidades públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra autos dictados por los Tribunales Administrativos en procesos relacionados con la responsabilidad contractual de entidades públicas, conforme al artículo 104 numeral 2 y el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Además, el recurso de apelación fue presentado dentro del término legal, aplicándose el CPACA y el Código General del Proceso (CGP) vigentes al momento de la radicación de la demanda. Sin embargo, la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional no cumple con la carga argumentativa exigida por el artículo 231 inciso 2 del CPACA, por lo que no procede su decreto. En contraste, la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro es procedente cuando se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual, siempre que el bien pertenezca al demandado, según lo dispuesto en el artículo 590 del CGP.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación fue presentado dentro del término legal? ¿La solicitud de medida cautelar de suspensión provisional cumple con la carga argumentativa exigida para su procedencia? ¿La inscripción de la demanda respecto a bienes sujetos a registro es procedente como medida cautelar en casos donde se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 52001233100020110032402 ACCION CONTRACTUAL
¿En asuntos que son iniciados por las aseguradoras garantes del cumplimiento de los contratos estatales y donde se demandan los actos administrativos contractuales declarativos del siniestro, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales debe computarse a partir de la ejecutoria del acto, por ello en este caso la demanda se interpuso en tiempo? Sí
De acuerdo con el encabezado del artículo 136, numeral 10, del CCA, el término para demandar en ejercicio de la acción de controversias contractuales “será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. En asuntos que son iniciados por las aseguradoras garantes del cumplimiento de los contratos estatales y fueron demandan los actos administrativos contractuales declarativos del siniestro, la jurisprudencia ha sentado que el término mencionado debe computarse a partir de la ejecutoria del acto. Tomando en cuenta que la Resolución 3511 de 2010 quedó ejecutoriada el trece (13) de septiembre de ese año, al haber sido presentada el dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011), la acción fue formulada oportunamente.
También resuelve: ¿Al declarar el siniestro de manejo del anticipo, en ejercicio de la prerrogativa que le asiste, el INVÍAS violó el debido proceso porque… ¿Al anular parcialmente el acto que declaró la efectividad de la garantía única de cumplimiento, el Tribunal profirió un fallo incongruente, porque, en este proceso…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-08-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 13001233100020070043801 ACCION CONTRACTUAL
¿Para la época en que fue proferido el acto que declaró la caducidad del contrato, era obligatorio o existía un procedimiento previo que la entidad demandada tuviera que realizar para garantizar los derechos al debido proceso, audiencia y defensa del contratista? Sí
El contratista tiene derecho al debido proceso administrativo en el momento de la declaratoria de caducidad del contrato, lo que implica que la entidad estatal debe garantizarle la posibilidad de ser oído y ejercer su defensa, independientemente de la ausencia de un procedimiento específico en la época en que fue proferido el acto. Esto se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política y en la jurisprudencia que lo desarrolla, así como en el Decreto 01 de 1984, que establece la obligación de la administración de comunicar al contratista las actuaciones que puedan afectar sus intereses y darle la oportunidad de expresar sus opiniones. La Sala reitera que la omisión de estos procedimientos vicia de nulidad el acto administrativo que declara la caducidad del contrato, lo que puede conllevar una indemnización por pérdida de oportunidad si el contratista demuestra que estaba en una posición jurídicamente relevante para celebrar contratos con el Estado y que esa posibilidad fue truncada por la declaratoria de caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Para la procedencia de la indemnización de perjuicios por la pérdida oportunidad derivada del acto que declara la caducidad de un contrato estatal… ¿Es procedente reconocer a favor del contratista indemnización de perjuicios a título de pérdida de oportunidad, cuando no se acreditó que, en los años de la inhabilidad… ¿Es procedente reconocer indemnización de perjuicios por el 15% del valor de las cuotas partes que le hubieran correspondido al demandante “sí el contrato se hubiera desarrollado en feliz término”?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Las resoluciones Nos. 926 del 31 de agosto y 106 del 18 de noviembre son nulas

Sentencia — Sentencia 2022-02-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233100020110036201 ACCION CONTRACTUAL
¿Las resoluciones Nos. 926 del 31 de agosto y 106 del 18 de noviembre, ambas de 2010, son nulas porque se fundaron indebidamente en la Ley 1150 de 2007, artículo 17 y por no garantizar el derecho al debido proceso en la relación contractual? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de las resoluciones administrativas que declaran el incumplimiento del contrato y hacen efectiva la cláusula penal, basándose en que estas se fundaron indebidamente en la Ley 1150 de 2007, artículo 17, y no garantizaron el debido proceso, ya que dicha norma resulta aplicable a los actos administrativos proferidos en su vigencia y el procedimiento administrativo respetó las garantías constitucionales. La Sala reitera que la imposición de multas o la ejecución de la cláusula penal por incumplimiento contractual puede basarse en la Ley 1150 de 2007, siempre que se cumplan los supuestos de hecho establecidos en el artículo 17 y se respete el debido proceso, lo que implica que las partes deben asegurar el cumplimiento de las garantías constitucionales en el procedimiento administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presenta nulidad procesal insaneable al no haberse vinculado al proceso judicial al consorcio contratista?
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-06-16 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 13001233300020150082801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en desarrollo de contratos sometidos al régimen de derecho privado, tienen naturaleza de actos administrativos? No
El contratista no puede ejercer unilateralmente la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado basándose en disposiciones de la Ley 1474 de 2011, si las partes no incorporaron expresamente dicha ley en el acuerdo de voluntades. En este caso, la entidad estatal pretendió aplicar la Ley 1474 de 2011 para declarar el incumplimiento del contratista, sin que las partes hubieran acordado su inclusión en el contrato. La Sala estableció que la atribución de potestades unilaterales en contratos de derecho privado requiere un pacto claro y expreso, y no basta con la vigencia formal de una disposición legal que forme parte del EGCAP. La regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, matizando que la incorporación de normas del EGCAP debe ser explícita y no puede ser asumida por la mera vigencia de la ley. Esto implica que las partes deben ser cuidadosas al definir las facultades y procedimientos que regirán el contrato, evitando asumir que las disposiciones del EGCAP se aplican automáticamente.síntesis automática
También resuelve: ¿La facultad de la contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado podía ejercerse con fundamento en las… ¿La Empresa conculcó el debido proceso del Consorcio por variar los señalamientos de incumplimiento contractual al agregar, con posterioridad a la citación… ¿Le era exigible al actor formular la respectiva censura por incongruencia en el recurso de reposición que interpuso en contra de la Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020140058501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de controversias contractuales? Sí
Cuando se apela una sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo en un proceso de controversias contractuales relativo a actos contractuales de un órgano de control, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación si la cuantía de las pretensiones supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la demanda. La regla se sostiene en dos razones: la controversia contractual de una entidad pública corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y la vocación de doble instancia depende del valor de la pretensión estimada en la demanda frente al tope legal. En el caso, la cifra estimada de las pretensiones excedía el tope legal para la fecha de la demanda, por lo que el proceso es de doble instancia y la sala asumió la competencia. El documento también aborda la regla sobre la cuantificación de perjuicios en la citación a audiencia de un procedimiento de declaración de incumplimiento, que no vicia el acto si el interesado no demostró la incidencia de la omisión; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia se determina por la cuantía estimada en la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿La Contraloría vulneró el debido proceso de Colvatel, por omitir la cuantificación de los perjuicios en la citación a la audiencia que da inicio al procedimiento administrativo de declaración de… ¿Se desconocieron las garantías procedimentales de Colvatel por no incluir, dentro del análisis fáctico y probatorio contenido en las resoluciones impugnadas… ¿La Contraloría, al negar las pruebas que Colvatel solicitó en la audiencia, violó sus derechos y garantías?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación.

Sentencia — Sentencia 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 76001233300020140106601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública? Sí
El contratista puede solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal cuando la entidad demandada ejerza la terminación unilateral sin justificar adecuadamente su decisión ni garantizar el derecho de defensa del contratista, ya que aunque la terminación unilateral por decisión autónoma no está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), la entidad debe actuar de manera transparente y justa. La Sala reitera que el ejercicio de la terminación unilateral debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa, y que la falta de claridad en la terminación unilateral puede generar un escenario injusto para el contratista, lo que implica que la entidad debe exponer las razones que sustentan su decisión para permitir una discusión efectiva ante el juez del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse el incumplimiento del contrato estatal por el ejercicio abusivo de la facultad de terminación unilateral por parte la Empresa Social del Estado demandada… ¿Debe reconocerse el pago de la cláusula penal pecuniaria a favor del contratista, pero de forma proporcional en virtud del cumplimiento parcial de las prestaciones por parte de la administración? ¿Deben reconocerse perjuicios adicionales al pago de la clausula penal pecuniaria, esto es, por encima de su valor, dado el incumplimiento parcial del contrato por la administración?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Se debe definir el régimen jurídico que disciplinó ese contrato

Sentencia — Sentencia 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300020140070701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato para la introducción y comercialización de licores, celebrado entre el departamento de Valle del Cauca y la sociedad demandante, estaba regido por la Ley 80 de 1993 y debió haber estado precedido de un procedimiento licitatorio para la selección del contratista? Sí
Cuando el departamento celebra contratos para la introducción y comercialización de licores en desarrollo del monopolio de arbitrio rentístico, esos contratos están regidos por la Ley 80 de 1993 y la selección del contratista debe hacerse por un procedimiento competitivo, como la licitación pública. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 63 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986 permiten celebrar esos negocios dentro de las normas de contratación vigentes. Segunda, el Consejo de Estado ha concluido que, desde la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el departamento debe ceñirse a esa ley, al no existir un régimen especial para la selección de los contratistas. Tercera, a falta de una regla específica, la modalidad de selección de contratistas particulares por parte del departamento era la licitación. En consecuencia, la providencia revoca la decisión que había considerado el contrato regido por el derecho privado. El documento reitera esa línea sobre el régimen de estos contratos.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos administrativos demandados mediante los cuales se declaró la terminación unilateral del contrato, al haberse celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional por la pretermisión… ¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato para la introducción y ¿En vigencia del C.P.A.C.A. y del Código General del Proceso, resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte a quien se le resuelve parcialmente favorable el recurso de…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Las garantías del debido proceso resultan aplicables a los procedimientos sancionatorios en la contratación estatal

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000232600020110122201 ACCION CONTRACTUAL
¿Las garantías del debido proceso resultan aplicables a los procedimientos sancionatorios en la contratación estatal? Sí
El contratista debe recibir las garantías del debido proceso en los procedimientos sancionatorios de la contratación estatal, incluyendo el derecho a ser escuchado previamente, a solicitar la práctica de pruebas y a controvertir las que se practiquen, lo que implica que la administración está obligada a respetar estos derechos al declarar el incumplimiento del contrato y aplicar sanciones. La Sala reitera que la omisión de la vinculación de una de las aseguradoras en un contrato de coaseguro al procedimiento administrativo de declaratoria del siniestro viola el debido proceso, ya que las obligaciones asumidas por las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una, sin existir solidaridad legal ni contractual entre ellas. Además, el acto administrativo que hace efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza está viciado de nulidad, ya que la obligación de la aseguradora de asumir la indemnización de un riesgo deriva del contrato de seguro correspondiente y solo puede exigirse durante la vigencia de la póliza. Estas reglas implican que la administración debe garantizar un procedimiento justo y equitativo en todos los casos relacionados con la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se vulneró el derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo contractual de declaratoria del siniestro, al omitir la vinculación de una de las aseguradoras que hicieron parte del… ¿Se encuentra viciado de nulidad el acto administrativo que hizo efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza? ¿Los retrasos del cronograma de ejecución del contrato estatal son imputables al contratista por incumplimiento del plazo pactado…
Consejo de Estado Providencia

No se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020060207701 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve: ¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro? ¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar? ¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
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Consejo de Estado Providencia

Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos

Sentencia — Sentencia 2026-03-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 44001234000020130013401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada, tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos que se desarrollan en el tráfico negocial de los particulares? Sí
El contratista puede ejercer facultades unilaterales en contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, siempre y cuando estas estén pactadas de manera clara y expresa en el acuerdo de voluntades, en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos. La entidad estatal no puede suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato sin un acuerdo mutuo o en ausencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, y estas facultades no tienen efectos una vez vencido el plazo contractual según lo pactado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos estatales, matizando que aunque las manifestaciones de voluntad de la entidad estatal tienen efectos homólogos a los actos jurídicos privados, deben respetar los principios de la función administrativa y las inhabilidades e incompatibilidades del EGCAP.síntesis automática
También resuelve: ¿El negocio jurídico se consideraría vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva? ¿En los contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, pueden pactarse y ejercerse facultades unilaterales en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos? ¿El régimen jurídico de los acuerdos de voluntades suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de esta última, eran de derecho privado?
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