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PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO

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Consejo de Estado Providencia

Lo reclamado por el Contratista no sea consecuente con lo estipulado por las partes en el Contrato

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 63001233300020200041601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Probó la parte demandante que el dempartamento del Quindío incumplió el contrato de suministro de alimentación escolar al no pagar por las raciones que no fueron servidas y consumidas? No
La entidad contratante solo está obligada a pagar las raciones que el contratista efectivamente sirvió y que fueron certificadas por los rectores y verificadas por el interventor, de modo que las raciones programadas según los cupos asignados que no fueron servidas ni consumidas no generan obligación de pago. Una razón es que el departamento pagó las raciones de almuerzos y refrigerios que solicitó y que fueron certificadas por los rectores como consumidas, y la comparación entre los registros de asistencia, los certificados y los informes de interventoría no mostró diferencias entre lo consumido y lo certificado. Otra razón es que lo probado es que los cupos asignados superaron las raciones servidas, por causas como la inasistencia a clases y la no prestación del servicio educativo, de modo que las raciones no servidas no se deben pagar. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, porque el incumplimiento no quedó demostrado. Su consecuencia práctica es que el contratista de suministro de alimentos debe probar la certificación de cada ración servida, pues la asignación de cupos no genera derecho de pago.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta posible determinar si el descuento realizado por concepto del incumplimiento en el gramaje de los refrigerios fue desproporcionado? ¿Debe condenarse en costas a la parte demandante cuyo recurso le fue resuelto de manera desfavorable?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿El contrato de prestación de servicios de transporte suscrito entre la unión temporal demandante y el IGAC, no tenía un tope máximo de recursos disponibles, por lo que, dado que los servicios que se reclaman con la demanda contaban con el respectivo soporte presupuestal y no le fueron reconocidos a la contratista, procede la declaratoria de incumplimiento del contrato?

Sentencia — Sentencia 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020150270402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de prestación de servicios de transporte suscrito entre la unión temporal demandante y el IGAC, no tenía un tope máximo de recursos disponibles, por lo que, dado que los servicios que se reclaman con la demanda contaban con el respectivo soporte presupuestal y no le fueron reconocidos a la contratista, procede la declaratoria de incumplimiento del contrato? Sí
En los contratos de prestación de servicios con entidades estatales, los servicios efectivamente prestados que cuentan con soporte presupuestal deben reconocerse y pagarse, aunque el contrato no haya fijado un tope máximo de recursos disponibles. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la existencia del soporte presupuestal para los servicios prestados impide que la entidad alegue la falta de recursos para no pagarlos. Segunda, la ausencia de un tope en el contrato no excusa el pago de los servicios que la entidad recibió y que cuentan con respaldo presupuestal. En el caso, la unión temporal prestó servicios en un periodo determinado que no le fueron reconocidos, y la providencia modifica la sentencia de primera instancia para ordenar el pago de los servicios con soporte presupuestal. Así, la falta de tope no altera la obligación de pagar. En la práctica, el contratista debe documentar el soporte presupuestal de los servicios prestados, porque esa prueba sustenta el reconocimiento de su pago.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la actualización del monto de la condena impuesta en primera instancia, por cuenta del incumplimiento del contrato de prestación de servicios de transporte por parte del Instituto Geográfico… ¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

¿El Municipio de Honda manifestó su consentimiento para celebrar contrato de obra con el consorcio demandante?

Sentencia — Sentencia 2022-03-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233300020140050601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Municipio de Honda manifestó su consentimiento para celebrar contrato de obra con el consorcio demandante? Sí
Un municipio que suscribe un contrato de obra con un consorcio en nombre propio, en virtud de un convenio con una entidad nacional que solo se compromete a girar los recursos, no actúa como delegatario de esa entidad, y los derechos y obligaciones del contrato recaen en el municipio y en el consorcio. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el convenio no delegó en el municipio la función de celebrar contratos en nombre de la entidad nacional, pues la obligación de girar recursos no comporta delegación alguna. La segunda es que el texto del contrato muestra que el alcalde lo celebró en representación del municipio. La tercera es que las disponibilidades y registros presupuestales que exige la ley son obligaciones de la entidad estatal antes de ejecutar el contrato y no parámetros de validez del negocio, y que en el caso concreto el municipio no incumplió esos deberes respecto del objeto original del contrato. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El municipio demandado incumplió constituir las disponibilidades y reservas presupuestales para atender el pago de las obras adicionales? ¿Se acreditó el incumplimiento del municipio en el pago de las actas parciales de obra ? ¿Las causas que determinaron la necesidad de suscribir el acta de suspensión no. 2 del 18 de mayo de 2012 son atribuibles al Municipio?
Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la sentencia apelada que denegó las súplicas de las demandas

Sentencia — Sentencia 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020190071601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El porcentaje de cumplimiento del contrato de obra coincide con el porcentaje de costos variables reconocidos al consorcio interventor? Sí
El contratista no puede reclamar el reconocimiento de costos variables adicionales al porcentaje de cumplimiento del contrato de obra, ya que estos costos dependen directamente del avance de la obra verificado por la interventoría. La Sala establece que el consorcio interventor reconoció un 25,51% de avance en el contrato de obra, por lo que ese mismo porcentaje es el que corresponde a los costos variables, coincidiendo con el informe final y la acta de liquidación del contrato. La regla reitera que el pago de costos variables en contratos de interventoría está vinculado al avance efectivo de la obra, y no puede ser reclamado por el contratista si no se demuestra un incumplimiento por parte de la entidad estatal en la verificación del avance de obra.síntesis automática
También resuelve: ¿El reconocimiento de los costos variables dependía de la verificación del avance de obra de un tercero, circunstancia conocida por el consorcio interventor desde el inicio del proceso de selección… ¿La parte actora no logró acreditar que el Distrito Capital de Bogotá con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría hubiera incurrido en una errónea lectura del porcentaje ejecutado por… ¿Dado que la propia interventoría determinó en el informe final del contrato de obra que el contratista solo había logrado el cumplimiento de un 25,51%…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 08001233300020130004402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Obra prueba en el expediente que le permita concluir a la Sala que el Departamento estaba obligado a pagar una actividad de obra según una especificación técnica distinta a la que estableció en la etapa precontractual? No
El contratista no puede modificar la especificación técnica del contrato de obra pública establecida en la etapa precontractual sin prueba documental que lo permita, ya que la entidad estatal dejó claro durante el proceso de selección que la especificación aplicable era la del Departamento, no la del INVIAS. La Sala establece que el Interventor puede corregir o modificar las actas parciales en actas posteriores según lo pactado en el contrato, y que no existe incumplimiento del contrato por parte del Departamento al no pagar según una especificación técnica distinta a la pactada. Esta decisión revoca la sentencia de primera instancia y reitera que la obligación del contratante frente al pliego de condiciones debe respetarse, matizando la interpretación de la buena fe contractual en este contexto.síntesis automática
También resuelve: ¿De conformidad con las cláusulas del contrato de obra, el Interventor podía hacer correcciones o modificaciones de las actas parciales en actas posteriores? ¿La especificación del INVIAS no era aplicable al ítem de “Terraplenes” pues la entidad durante el proceso de selección dejó claro que la especificación aplicable era la del Departamento? ¿La Sala revocará el fallo de primera instancia y negará las pretensiones porque el Tribunal desconoció la forma de pago establecida en el contrato de obra?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020120058901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Con ocasión de la ejecución del contrato, se acreditó que EPM incurrió en el incumplimiento de sus obligaciones por el hecho de no haber reconocido y pagado la totalidad de las obras y servicios efectivamente ejecutados, lo cual condujo a unos mayores costos y debió asumir la contratista? No
Los reconocimientos por mayor obra aparentemente ejecutada por la contratista se basan en los anexos documentales aportados por la parte actora, que corresponden a cuadros elaborados por ella misma que condensan los valores definidos en el acápite correspondiente a la cuantía de la demanda y que en modo alguno cuentan con verificación de ejecución real, aceptación de tales cantidades y valores por parte de la interventoría y verificación de ausencia de pago, documentos estos que a pesar de no ser objetados o controvertidos por la entidad demandada, no proporcionan elementos de juicio para apreciar lo realmente ejecutado.… En ese sentido, extraña la Sala en la verificación de tales items, cantidades y valores, el procedimiento de reconocimiento por parte de la entidad y su correspondiente pago o denegación de pago…
También resuelve: ¿Es procedente revocar la decisión objeto de apelación que declaró la nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato, así como también el reconocimiento y pago de unas obras… ¿El numeral 4.5.6 del pliego de condiciones es nulo por objeto ilícito, por cuanto expresamente señaló que no se pagarían las visitas perdidas por ningún concepto? ¿El régimen contractual aplicable a la empresa de servicios públicos domiciliarios es el de derecho privado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Sala revocará la decisión de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233100020110182401 ACCION CONTRACTUAL
¿La EPM podía hacer efectivas las deducciones por incumplimiento (multas), que fueron pactadas por las partes en el contrato, ya que la naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios es privada, es decir, no constituyen actos administrativos? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de las comunicaciones de la entidad estatal que hacen efectivas las deducciones por incumplimiento pactadas en el contrato, ya que estos actos no constituyen actos administrativos sino decisiones regidas por el derecho privado, conforme a la naturaleza del contrato celebrado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios. En este caso, la entidad demandada, EPM, efectuó descuentos por incumplimiento al contratista, lo cual fue pactado en el contrato y no constituye un acto administrativo, sino un acto privado regido por el derecho contractual. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que los actos contractuales de las entidades que se rigen por el derecho privado no son susceptibles de control judicial por la vía de la nulidad, sino que deben ser estudiados en el marco del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la naturaleza privada de los actos contractuales de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, lo que implica que las controversias deben ser resueltas a través del medio de control de controversias contractuales y no por la vía de la nulidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Las “deducciones por incumplimiento” ¿Debe negarse la pretensión sobre el incumplimiento del pago de facturas, ya que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación…
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000232600020100076401 ACCION CONTRACTUAL
¿El acto de declaratoria de incumplimiento y efectividad de la póliza de cumplimiento se fundamentó en una estipulación contractual que en realidad contenía una cláusula penal? Sí
El contratista puede impugnar la declaratoria de incumplimiento y la efectividad de la póliza de cumplimiento si la entidad estatal fundamentó su decisión en una cláusula contractual que, a pesar de denominarse de "multas", en realidad establecía una sanción por incumplimiento contractual, conforme a la interpretación del contenido del pacto y no a su denominación. La entidad no puede exonerarse del pago de los perjuicios causados por la mora en el pago de las facturas, incluso si estas fueron presentadas tardíamente o fuera del plazo del contrato, ya que el contrato no establece reglas que permitan tal exoneración ni que el pago tardío no genere intereses de mora. Esta decisión reitera la importancia de interpretar las cláusulas contractuales según su contenido y no según su denominación, y subraya que la mora del contratante no exonera al contratista de sus obligaciones de pago dentro del plazo estipulado, con las consecuencias legales correspondientes.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado y, condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios causados por la mora en el pago de las… ¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado y, condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios causados por la falta de pago de los… ¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado, por el no pago de las facturas presentadas con posterioridad a la firmeza de la liquidación…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se puede imponer al contratista la obligación de presentar una reclamación durante la ejecución del contrato como requisito previo para presentar demandas judiciales.

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020150206501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La ausencia de salvedades en las prórrogas y modificaciones del contrato impide que el contratista efectúe reclamaciones a través del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista puede efectuar reclamaciones a través del medio de control de controversias contractuales incluso cuando las prórrogas y modificaciones del contrato no contienen salvedades, ya que la ley no establece que la ausencia de estas impida el ejercicio de dichos medios. El juez debe determinar la intención de las partes en cada caso, y no asumir que el silencio en los acuerdos modificatorios implica una renuncia automática a la posibilidad de formular reclamaciones. Además, para que una modificación contractual genere un acuerdo o renuncia sobre el asunto objeto del proceso judicial, es necesario que este sea expresamente abordado en el acuerdo y que las partes adopten acuerdos para su solución, lo que no ocurrió en este caso. La Sala matiza la jurisprudencia anterior, permitiendo que el contratista presente reclamaciones sin necesidad de que las partes hayan dejado salvedades en los acuerdos modificatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consorcio demandante probó los perjuicios por la mayor permanencia en obra imputables a la entidad demandada, derivados del incumplimiento contractual de la Agencia por entregar diseños… ¿Hay lugar a reconocer al contratista el AIU sobre la adquisición de ascensores nuevos, considerando que no se pactó en el contrato de obra pública un valor adicional por ese concepto? ¿Hay lugar a reconocer al contratista el pago de transporte de ascensores nuevos, considerando que no se pactó en el contrato de obra pública un valor por ese concepto?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-08-09 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000233600020170197902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Aunque se estableció en el pliego de condiciones y en el contrato de interventoría que la normativa que regía el negocio jurídico era la contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus reformas, al contrato le aplicaba la Ley 142 de 1994 y el derecho privado por tratarse de un negocio jurídico celebrado por una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, por lo que, en consecuencia, en el sub lite no se puede emplear la teoría del desequilibrio económico del contrato? Sí
En el contrato de interventoría que regía servicios públicos, la normativa aplicable es la Ley 142 de 1994 y el derecho privado, aunque en el pliego y en el contrato se haya pactado el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, somete los contratos de las empresas de servicios públicos al derecho privado, salvo las excepciones que la propia norma establece. Segunda, la cláusula de sujeción al estatuto general de contratación no altera el régimen legal que la ley impone a este tipo de contratos. En el caso, la providencia confirma que el contrato se rige por el régimen de servicios públicos y el derecho privado. En la práctica, la entidad que contrate un servicio público debe verificar el régimen legal aplicable antes de invocar el estatuto general de contratación para resolver las controversias.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó el incumplimiento del contrato de interventoría por parte de la sociedad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.… ¿Se acreditaron sobrecostos no cubiertos por la extensión del contrato de interventoría, que deban ser reconocidos a favor del contratista? ¿En vigencia del CPACA y del Código General del Proceso, hay lugar a condenar en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170147901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ante la falta de acreditación de la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de los computadores objeto del contrato de suministro, era improcedente aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado en favor de la Unión Temporal demandante? Sí
El contratista no puede aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en favor de la Unión Temporal demandante cuando no acredita la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses por los computadores objeto del contrato de suministro, ya que la cláusula de reajuste establece que solo se aplica si la variación de la TRM supera el 8,81%, lo cual requiere pruebas precisas sobre la fecha de los pagos. La entidad estatal actuó de buena fe al negarse a aplicar la fórmula por falta de evidencia, garantizando al contratista la posibilidad de allegar la información faltante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en contratos estatales que implican pagos en moneda extranjera, y subraya que la falta de acreditación de la fecha de los pagos impide la aplicación de la fórmula de reajuste, lo que puede afectar significativamente los reclamos por sobrecostos.síntesis automática
También resuelve: ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto por tratarse de una controversia contractual en la que es parte una persona jurídica sin ánimo de lucro de… ¿Computadores para Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con capital estatal, que cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales? ¿Al tratarse de una asociación constituida por entidades del orden nacional, su régimen de contratación será aquel que rige a dichas entidades públicas que conformaron a la persona jurídica sin ánimo…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En manera alguna la norma establece una inhabilidad para contratar con el Estado

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020050466402 ACCION CONTRACTUAL
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve: ¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario? ¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales? ¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233300020170020701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve: ¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago? ¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el… ¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La omisión de la audiencia inicial queda saneada si la parte interesada no la impugna oportunamente y actúa en el proceso sin formular reparos.

Sentencia — Sentencia 2026-08-24 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 68001233300020160081302 Controversias contractuales
¿La omisión de la audiencia inicial constituye una irregularidad procesal que invalida lo actuado, cuando la parte interesada no impugnó oportunamente la decisión de prescindir de dicha audiencia y participó en las actuaciones procesales posteriores sin formular reparo alguno? No
La omisión en la realización de la audiencia inicial no constituye una nulidad procesal invalidante si la parte afectada no impugna oportunamente dicha decisión y participa en las etapas siguientes sin formular objeciones. El Código General del Proceso dispone que las irregularidades procesales distintas de las causales taxativas de nulidad se consideran saneadas cuando no se cuestionan mediante los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico. En el caso concreto, aunque el despacho de primera instancia prescindió de la referida diligencia, la parte interesada convalidó la actuación al intervenir en el plenario sin alegar la supuesta deficiencia en tiempo oportuno. En consecuencia, se desestimó el vicio procesal alegado y se procedió a resolver de fondo la controversia contractual planteada.síntesis automática
También resuelve: ¿Se vulnera el principio de congruencia procesal cuando la sentencia de primera instancia reorganiza y sintetiza los problemas jurídicos establecidos en la fijación del litigio… ¿Procede ordenar el reintegro de las sumas descontadas por concepto de una cláusula penal de apremio cuando la entidad contratante omitió agotar el procedimiento contractualmente pactado para su… ¿Procede negar el reconocimiento de intereses sobre las sumas que deben reintegrarse al contratista cuando la obligación de restitución únicamente se hace exigible a partir de la sentencia que ordena…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No es procedente reconocer la reclamación del demandante por los sobrecostos originados por mayor permanencia en la obra

Sentencia — Sentencia 2022-08-31 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100019910645501 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente reconocer la reclamación del demandante por los sobrecostos originados por mayor permanencia en la obra, a pesar de que las partes en el marco de la autonomía de la voluntad, pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo? No
El contratista no puede reclamar por sobrecostos originados por una mayor permanencia en la obra, cuando las partes en el marco de la autonomía de la voluntad pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni por la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia, y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo. La intención de las partes, claramente exteriorizada en el contrato, prevalece y no es posible interpretar el contrato de manera que vaya en contra de lo acordado por los contratantes. Esta regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la necesidad de respetar la intención de las partes, lo que implica que los contratistas deben cumplir con los acuerdos pactados y renunciar a cualquier reclamación en los términos acordados.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó que la demandada incumplió el pago de las actas de reajuste reclamadas, según lo pactado por las partes en el contrato de obra pública… ¿El desplazamiento patrimonial alegado por el demandante, que tiene origen en el contrato de obra pública, perseguido a través de la acción de controversias contractuales… ¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de los contratos administrativos?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-10-10 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 13001233100019971238901 ACCION CONTRACTUAL
¿Cómo se determina la normatividad procesal aplicable al proceso? Sí
El contratista debe determinar la normatividad procesal aplicable al proceso de controversias contractuales según la fecha en que se interpuso la demanda, en este caso, la Sala estima que la demanda interpuesta el 24 de julio de 1997 debe regirse por el Código Contencioso Administrativo de 1984, dado que la Ley 1437 de 2011 entró en vigencia posteriormente. Además, la entidad estatal es competente para conocer del recurso de apelación cuando el monto de las pretensiones indemnizatorias supera la cuantía establecida en el Código Contencioso Administrativo. En cuanto al cómputo del término de caducidad, la Sala establece que este debe iniciarse desde la fecha en que debió efectuarse la liquidación del contrato, que en este caso se prolongó hasta el 11 de mayo de 1995, y que la liquidación debió realizarse dentro de los plazos establecidos por la jurisprudencia, reiterando la importancia de cumplir con los plazos legales para la liquidación del contrato y el cómputo del término de caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales? ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se demanda, ya finalizado el término de ejecución del contrato… ¿En los contratos que se rigen por el Decreto ley 222 de 1986, La existencia de los contratos no sujetos a la formalidad de escritura pública…
Consejo de Estado Providencia

La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio

Sentencia Unificación — Sentencia 2024-05-09 Sección Tercera (Subsección A) Rad. 76001233100020060332003 ACCION CONTRACTUAL
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Sí
Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas… ¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios… ¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El contenido de los referidos documentos es prueba suficiente del cumplimiento de las obligaciones del contratista

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 54001233300020170024801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿A partir del contenido del acta de recibo de productos No. 6 del 21 de julio de 2014 suscrita en el marco del contrato de consultoría, es posible deducir la existencia de una obligación insoluta a favor del contratista y a cargo del Departamento de Norte de Santander? Sí
En lo que concierne al primer punto identificado en el objeto de la apelación, la Sala encuentra que en el expediente obran dos actas del 21 de julio de 2014. La primera, denominada “Acta de Terminación” suscrita por el secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento, la interventoría –Consorcio Gerencia Norte–, la supervisora designada por la entidad… y la representante del contratista, en la que se da cuenta de la terminación del negocio jurídico, con la constancia de que, en virtud de lo plasmado en las actas de terminación de productos No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, “el Consultor atendió las observaciones remitidas por el profesional revisor del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, viabilizó los proyectos asignados y cumplió con los alcances técnicos y administrativos previstos en el contrato”.
También resuelve: ¿Lo pagado al contratista por el Departamento de Norte de Santander por lo adeudado en el acta de recibo de productos No. 6 del 21 de julio de 2014… ¿El valor a pagar por todos los diseños a cargo del contratista en el contrato de consultoría, debía calcularse con base en el 8% del valor definitivo de las obras que determinara la ventanilla única… ¿Existe un saldo pendiente de pago a favor del contratista y a cargo del Departamento de Norte de Santander, por concepto de remuneración del contrato de consultoría…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La legitimación que ostentan las partes para formular o contradecir las pretensiones de una demanda, surge en virtud de una relación jurídica sustancial derivada de la participación en una circunstancia fáctica o en una situación jurídica que puede ser de índole contractual, legal o reglamentaria.

Sentencia — Sentencia 2022-11-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233300020130003401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia… ¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal? ¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
SIN DECISION