Titulación de la relatoría 8.985 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
AUTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DEL TRÁMITE DE LA SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / AUTO QUE DISPONE TRÁMITE DE SENTENCIA ANTICIPADA / TRÁMITE DE LA SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRUEBA DOCUMENTAL / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / AUDIENCIA INICIAL / PRESCINDENCIA DE LA AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Debe adecuarse el proceso de repetición al trámite de sentencia anticipada, en cuanto se configuró el supuesto que consagra el literal b del artículo 182A del CPACA, toda vez que se allegaron pruebas documentales, por lo cual, se hace innecesario realizar la audiencia inicial en lo contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Adecuación del proceso al trámite de sentencia anticipada. El Despacho dará aplicación a las modificaciones procesales a que hubiere lugar introducidas por la Ley 2080 de 2021 puesto que estas reformas prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación. El proceso ingresó al Despacho para convocar a los sujetos procesales a la audiencia inicial que establece el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), sin embargo, encuentra que se configura el supuesto que da lugar a dictar sentencia anticipada del numeral (sic) [literal] b del artículo 182A del CPACA toda vez que se allegaron pruebas documentales, no es necesario practicar pruebas y no existen situaciones que acarreen posibles nulidades o excepciones que deban ser resueltas. Por consiguiente, no se realizará la audiencia inicial y se adoptarán las medidas que dispone la (…) norma (...).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 182A LITERAL B, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 218, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 219, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 220, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 221, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 222, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 2080 DE 2011 - ARTÍCULO 86
PRÁCTICA DE PRUEBA / DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBA / PRUEBA INÚTIL / DEMANDA / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / CARGAS PROCESALES / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / PRESUPUESTO PROCESAL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NECESIDAD DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE NECESIDAD DE LA PRUEBA / INCONDUCENCIA DE LA PRUEBA / IMPERTINENCIA DE LA PRUEBA / INTERROGATORIO DE PARTE / INCONDUCENCIA DEL INTERROGATORIO DE PARTE / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / DECRETO DE PRUEBA / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / REMISIÓN DE LA NORMA / LEY / FUENTES DEL DERECHO / JURISPRUDENCIA / CRITERIO AUXILIAR DE LA JUSTICIA / SENTENCIA JUDICIAL / CURADOR AD LITEM / DECRETO / DOCUMENTO / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / ACCESO AL EXPEDIENTE / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA
Problema jurídico:
¿Deben desestimarse o desecharse los medios de prueba que ofrecen información relevante para el asunto en litigio, es decir, pruebas lícitas, pertinentes, conducentes y útiles?
Respuesta al problema jurídico: No
De las pruebas solicitadas en la demanda y las contestaciones de la demanda. La exigencia de probar en el proceso judicial los dichos de las partes en contienda constituye un presupuesto necesario para que el juez pueda dar aplicación a las normas jurídicas de orden sustancial que prescriben consecuencias jurídicas a determinadas conductas. Para lograr tal propósito, el ordenamiento jurídico dispone la regla de la necesidad de la prueba, que consiste en que toda decisión judicial se debe fundar en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y es en este sentido que cobra relevancia la regla de la carga de la prueba del artículo 167 del CGP (…) Así las cosas, en el proceso judicial se busca la verificación de los hechos expuestos por las partes, por lo tanto, se deben desestimar aquellos medios de prueba que no ofrezcan información relevante para el asunto en litigio. De ahí que, el artículo 168 ibídem dispone que el juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. (…) [Por lo cual, frente a las] Pruebas de la demandante (…) El Despacho tendrá como pruebas los documentos allegados con la demanda puesto que resultan útiles, pertinentes y conducentes para resolver el problema jurídico planteado (…). En cuanto a la solicitud del interrogatorio de parte, esta prueba es inconducente puesto que como en el 2004 el IDEAM profirió la resolución que el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio declaró nulo y dio lugar a la condena judicial por la que hoy aquella entidad repite contra los demandados, resultan aplicables las “presunciones legales” que califican la conducta del agente como dolosa o gravemente culposa, prescritas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 y, por lo tanto, las declaraciones de los demandados no son idóneas para acreditar los hechos y fundamentos de la demanda, esto es, no tienen la eficacia para demostrar culpa grave que le endilgan a estos. En consecuencia, el Despacho negará esa prueba, en virtud de lo dispuesto en el artículo 168 del CGP (…). [Sobre las pruebas del demandado] (…) El Despacho tendrá como prueba el documento que el demandado (…) allegó con la contestación de la demanda ya que es útil, pertinente y conducente para resolver el objeto de la litis. En cuanto a la solicitud de oficios, por un lado, oficiar a la demandante para obtener la Resolución No. 00013 del 26 de enero de 1998 es inútil puesto que el demandado que la solicitó la aportó con la contestación, por lo tanto, ya se encuentra incorporada en el expediente, razón por la que el Despacho negará esa prueba, de conformidad con el artículo 168 del CGP. Por otro lado, el Despacho observa que, el accionado en cuestión no indicó ni aportó prueba de haber agotado la carga de requerir directamente la documentación que ahora pretende que esta Jurisdicción oficie, prescrita en el artículo 78 del CGP24 y aplicable al presente asunto por remisión del artículo 306 del CPACA. Por consiguiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 173 del CGP, no procede el decreto de la solicitud de prueba formulado por la parte actora para obtener los demás documentos (…) Por su parte, el accionado, (…), solicitó que el Despacho tenga como prueba: i) la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso con Radicado No: 11001-03-26-000-2007-00074-00 (34816), ii) la sentencia C-1038 de 2003, iii) la Ley 678 de 2001, iv) la Ley 790 de 2002 y v) el Decreto 190 de 2003. Al respecto, resulta necesario aclarar que la ley es fuente de derecho y la jurisprudencia es criterio auxiliar de interpretación judicial , es decir, no constituyen medios de prueba, en consecuencia, ni las sentencias ni las leyes y decretos enunciados serán tenidos como tal. (…) La curadora ad lítem de los accionados (…) no solicitó pruebas en la contestación de la demanda. Finalmente, en vista de que los sujetos procesales que integran el presente proceso han sido notificados de las actuaciones previas, el Despacho infiere que cuentan con los documentos necesarios para presentar sus alegatos de conclusión, sin embargo, con el objeto de garantizar su derecho de acceso al expediente, las partes podrán indicar si les faltan algunos de ellos, dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente auto. (…)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del veintitrés (23) de julio de dos mil nueve (2009), exp. 25000-23-25-000-2007-00460-02 (0071-09), C.P. María Elena Giraldo; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), exp. 41001-23-31-000-2010- 00520-02 (53790)A, C.P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, exp. 11001 03 25 000 2015 00018 00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022), exp. 17001-23-33-000-2020-00044-02(67820), C.P. Guillermo Sánchez Luque. Así mismo, ver, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia de 11 de abril de 2018, exp. 43533, M.P. Eugenio Fernández Carlier.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 230, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 168, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 173, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 78, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6