Titulación de la relatoría 18.515 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa refiere a la aptitud para ser parte en un proceso judicial concreto, y, por tanto, a la vinculación funcional o material que tienen los sujetos procesales frente a la situación fáctica y jurídica alegada en el mismo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La legitimación en la causa refiere a la aptitud para ser parte en un proceso judicial concreto, y, por tanto, a la posición que tienen los sujetos procesales frente a la situación fáctica y jurídica alegada en el mismo, de manera que estará legitimado en la causa quien tenga la posibilidad de intervenir en el proceso para formular pretensiones o controvertirlas, y en razón a ello, actuará en condición de sujeto activo o pasivo en la controversia puesta en conocimiento del juez. (...) En este sentido, esta Corporación ha dicho que quien formula las peticiones en el proceso y quien debe rebatirlas, deben tener un interés legítimo en la declaración que se pretende, por lo que solo corresponderá hacer solicitudes contra ciertas personas, en la medida que cuentan con un interés legítimo frente al derecho discutido en la controversia. En ese orden, la legitimación en la causa está relacionada con el objeto mismo de la litis, pues se trata de un elemento sustancial vinculado con la pretensión, siendo en consecuencia un presupuesto fundamental a definir para la emisión de la respectiva sentencia. (...) De esta forma, por cuanto la exigencia de legitimación en la causa por pasiva alude a la aptitud que debe reunir la persona contra quien se dirige la demanda, esta Subsección ha indicado que la entidad contra la cual se dirigen las pretensiones debe estar vinculada funcional o materialmente con los hechos que dan origen a la reclamación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la legitimación en la causa, de 27 de agosto de 2021, Exp. 67194, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 29 de julio de 2022, Exp. 68115, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MUNICIPIO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL DUEÑO DE LA OBRA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL DUEÑO DE LA OBRA / SOLIDARIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / PARTES DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO / TERCERO RELATIVO / COLIGACIÓN NEGOCIAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD POR OBRA PÚBLICA / DUEÑO DE LA OBRA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿El municipio de Turbo se encuentra legitimado en la causa por pasiva en la presente acción de controversias contractuales, al ser responsable solidario como beneficiario de la obra?
Respuesta al problema jurídico: No
En el caso concreto, la sociedad demandante argumenta la existencia de una solidaridad del municipio de Turbo frente a las obligaciones derivadas del contrato D 66 de 2009, por cuanto, en su concepto: (a) la entidad pública beneficiaria de una obra es siempre responsable frente a aquellos encargados de ejecutarla, así la relación se haya realizado por interpuesta persona; y (b) el municipio de Turbo tuvo un control directo de la obra, como se evidencia del contrato, de las actas de inicio, suspensión, reinicio y de la suscripción del acta de avance de obra No. 01. Sin embargo, estos argumentos no permiten establecer la solidaridad aducida por cuanto: (i) La solidaridad puede surgir de la convención, del testamento o de la ley, y debe ser declarada expresamente por los obligados en los casos en que la ley guarda silencio; salvo asuntos en materia de derechos laborales, no existe norma que por vía general establezca una solidaridad general de orden contractual en cabeza de las entidades públicas frente a terceros, con ocasión de los negocios jurídicos celebrados por sus contratistas. Por otro lado, el principio de relatividad de los contratos determina que la convención solo produce efectos entre los sujetos que lo han celebrado, de manera que sólo a ellos vincula con fuerza de ley, y, por ende, únicamente a éstos perjudican y aprovechan sus efectos; esto significa que el contrato no obliga a quienes no han figurado en él como parte, y en el caso concreto, la propia parte demandante afirma que el municipio no tuvo esa calidad en el negocio jurídico que se afirma incumplido, lo que determina que las obligaciones surgidas del mismo no le son oponibles a la entidad territorial, pues como se explicó, el contrato agota sus efectos entre quienes lo suscribieron. (ii) Aunque por regla general y en virtud del principio de relatividad los contratos no dañan, benefician u obligan a los sujetos que no han concurrido a celebrarlos, la Sala no desconoce que tal principio no es absoluto, en tanto existen eventos en que las convenciones jurídicas de las partes irradian sus efectos a cierta categoría de terceros que no le son completamente extraños; no obstante, ninguno de estos supuestos fue aducido como sustento de las pretensiones por la parte actora - como, por ejemplo, el caso de una estipulación por otro, o que la entidad territorial tuviere la connotación de un tercero relativo en la medida que lo decidido respecto del contrato D 66 de 2009 en este proceso pudiere acarrear una lesión a sus intereses, pues, como se ha explicado, lo pretendido por la sociedad demandante es exigirle el cumplimiento de las obligaciones derivadas del negocio jurídico con fundamento en la figura de la solidaridad, aunque no fue parte en el mismo. (iii) Aun cuando está acreditado que Fundacubo celebró con la actora el contrato D 66 de 2009, para dar cumplimiento a las obligaciones que adquirió bajo el convenio 011 de 2009 que suscribió con el municipio de Turbo, la eventual coligación entre ambos negocios jurídicos permitiría al juez considerarlos en conjunto para determinar su incidencia recíproca, y con ello, establecer adecuadamente el alcance de las obligaciones atendiendo a su posible vinculación, interdependencia y nexo teleológico o funcional; sin embargo, contrario a lo pretendido por la parte actora, ello no permite deducir la existencia de prestaciones a cargo de una parte que no se ha obligado, pues implicaría desconocer el principio de relatividad antes indicado así como el de la autonomía de la voluntad. (iv) No es cierto que de los documentos aducidos por la parte actora y obrantes en el expediente, esto es, el contrato D 66 de 2009 y las actas de inicio, suspensión, reinicio y avance de obra No. 01, pueda siquiera divisarse que el municipio de Turbo tuvo un control e injerencia directa en la ejecución del negocio jurídico (...). Por tanto y de conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra que el municipio de Turbo no fungió como parte del contrato D 66 de 2009, y tampoco adquirió obligación alguna asociada a su celebración, ejecución y liquidación, aspecto que corresponde al vínculo jurídico a partir del cual la parte actora funda sus pretensiones, razón por la cual, confirmará la falta de legitimación en la causa por pasiva de ese ente territorial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los terceros relativos, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 4 de abril de 2018, Exp. 05001-31-03-010-2011-00338-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1568
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ARGUMENTO NUEVO / HECHO NUEVO / IMPROCEDENCIA DE HECHO NUEVO / PUNTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / CONTRATO DE OBRA / CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el análisis de los argumentos nuevos del demandante tendientes a imputar responsabilidad al ente territorial demandado por cuenta de un supuesto enriquecimiento sin causa, considerando que las reclamaciones de la parte actora estuvieron siempre sustentadas y cobijadas bajo el marco de ejecución del contrato de obra?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala descartará los argumentos del demandante tendientes a imputar responsabilidad al ente territorial demandado por cuenta de un supuesto enriquecimiento sin causa, toda vez que las reclamaciones de la parte actora estuvieron siempre sustentadas y cobijadas bajo el marco de ejecución del contrato de obra D 66 de 2009, lo que descarta la presencia de la pretendida figura, ante la evidente existencia de una causa en las prestaciones ejecutadas; para la Sala, no hay duda de que los aspectos reclamados por el demandante se refieren a la ejecución de actividades amparadas bajo un contrato, sin que se hubiese afirmado en la demanda, y mucho menos demostrado en el proceso, algún hecho o circunstancia al margen de dicho negocio jurídico para efectos de imputar responsabilidad por un enriquecimiento sin causa a cargo de las entidades demandadas. (...) En la misma línea de lo expuesto, tampoco puede la parte actora variar la causa del proceso, pues ello sería contrario a la regla procesal de la no mutatio libellis, en virtud de la cual, una vez fijado el objeto del proceso, se prohíbe a las partes y al juez transformarlo o cambiarlo planteando nuevas pretensiones; por tanto, siendo indiscutido que la causa de lo reclamado por el demandante tiene fundamento en la celebración de un negocio jurídico y las obligaciones explícitas e implícitas del mismo, y no en la omisión de un deber legal de una autoridad administrativa o en un enriquecimiento sin causa, no es procedente analizar la legitimación de las entidades demandadas desde esta última perspectiva, ajena al juicio de responsabilidad contractual objeto del presente litigio, e introducida como nuevo argumento por el demandante en segunda instancia.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA / ADMINISTRADOR / RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO / REPRESENTACIÓN EN ASUNTOS CONTRACTUALES DEL ESTADO / REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO / MUNICIPIO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El municipio de Turbo se encuentra legitimado en la causa por pasiva en la presente acción de controversias contractuales, al estar representado por Fundacubo en la ejecución del contrato de obra, con fundamento en el convenio 011 de 2009 suscrito entre ambas entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: No
Fundacubo no actuó en nombre y representación del municipio de Turbo bajo el contrato D 66 de 2009 con fundamento en el convenio 011 de 2009 suscrito entre ambas entidades públicas; la Sala descarta tal posibilidad atendiendo a lo probado en el proceso, pues: (i) En el contrato de obra por administración delegada, el administrador delegado, se encarga, por cuenta y riesgo del contratante, de la ejecución del objeto convenido, figura que por ende entraña la relación contractual propia del mandato, pues en los términos del artículo 2142 del Código Civil, el contratante “confía la gestión de uno más negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera”, y con ocasión de la ejecución del encargo, el mandatario, a su vez y como regla general, contrata en nombre del mandante; no obstante, la regla general antes indicada tiene su excepción, pues tal como es dispuesto por el artículo 2177 ejusdem, el mandatario “puede, en el ejercicio de su cargo, contratar a su propio nombre o al del mandante” y “si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante”. (ii) En relación con los actos celebrados por el mandante en su propio nombre, tanto la doctrina especializada como la jurisprudencia han explicado que ello se presenta también en los casos del denominado “mandato oculto”, esto es, en el “evento de que el mandatario oculte la calidad con que actúa frente a terceros, o sea, que obrando para el mandante, no indique su condición de mandatario, lo que se conoce ordinariamente como representación indirecta o mediata”, caso en el cual, no surge relación alguna que ligue al representado con los terceros o viceversa. (iii) En el caso concreto, no hay duda de que el contrato D 66 de 2009 fue celebrado por Fundacubo en nombre propio, sin haber manifestado y revelado en algún aparte del negocio jurídico u otra pieza probatoria obrante en el expediente, que su actuación fuera por cuenta y en representación del municipio de Turbo, lo que determina, como se ha expuesto, tanto la inexistencia de una relación jurídica entre el municipio y el tercero con quien contrató Fundacubo, como la obligación de este último de asumir con su propio patrimonio el negocio jurídico celebrado. (iv) Adicionalmente, esta Subsección ha reiterado la pacífica posición de la Corporación conforme a la cual, aunque el administrador delegado tiene como obligación esencial tomar bajo su responsabilidad la dirección técnica de la obra, la cual es de propiedad de la entidad estatal, “en el evento de que el administrador delegado celebre subcontratos para efectos de la ejecución del objeto convenido, él será el único responsable de los mismos” .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el contrato de obra por administración delegada, consultar providencia de 18 de diciembre de 2020, Exp. 62573, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Acerca de la responsabilidad del administrador delegado, consultar providencias de junio de 2007, Exp.17253, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 12 de agosto de 2019, Exp. 38603, C.P. María Adriana
Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2142, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2177
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / OMISIÓN DE APORTAR LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Procede la liquidación judicial del contrato de obra pública de conformidad con los elementos probatorios aportados al proceso para tal efecto?
Respuesta al problema jurídico: No
En términos generales, liquidar un negocio jurídico, consiste en saldar, pagar o determinar el valor de las acreencias y de las deudas correspondientes a su celebración y ejecución, así como ponerle fin a los derechos y obligaciones que derivan del mismo. (...) De esta forma, en tanto y en cuanto la liquidación debe contener las cuentas, los ajustes y los reconocimientos directamente relacionados con el negocio jurídico que se pretende liquidar, únicamente las actuaciones del contratista que se lleven a cabo dentro del marco de su ejecución se pueden entender como parte de la ejecución del objeto contractual y, por ende, el acta de liquidación sólo puede consignar aspectos que emanen directamente del contrato y que permitan determinar su balance técnico, económico, financiero, administrativo y jurídico. (...) Siendo claro lo anterior, la Sala concuerda con el Tribunal a quo en que, en el caso concreto, no obran en el expediente elementos de prueba suficientes para efectos de proceder judicialmente con la liquidación del contrato D 66 de 2009, toda vez que no se aportaron las actas parciales de obra, las actas de recibo, conciliaciones de obra ejecutada o cualquier documento que permita establecer en esta sede qué ítems del contrato fueron ejecutados y cuáles no, así como cuáles de los ejecutados fueron cancelados, y mucho menos, si se cumplió por el contratista el trámite previsto para el pago. (...) Se observa, entonces, que, para el contratista lograr el pago de las obras ejecutadas, debía elaborar actas parciales de obra, las cuales, una vez aprobadas por el interventor, debían presentarse al contratante junto con los documentos que acreditaran el cumplimiento en la ejecución del contrato; no obstante, al proceso no se allegaron las actas parciales de obra, como tampoco alguna otra relacionada con la ejecución del contrato que se solicita liquidar, salvo el texto mismo del negocio jurídico, lo que claramente impide al juzgador, al carecer de los elementos mínimos para ello, determinar las cantidades efectivamente ejecutadas, el anticipo amortizado por el contratista, los valores que le fueron pagados y el cumplimiento de lo pactado para el pago, y por tanto, el balance final o corte definitivo de cuentas de la relación contractual, cuyo propósito fundamental, como se explicó, es el de determinar quién le debe a quién y cuánto. (...) Contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, no es posible establecer el balance final del contrato D 66 de 2009 a partir de las actas de avance de obra No. 01, inicio, suspensión y reinicio allegadas, como tampoco del dictamen pericial elaborado por el Ingeniero (...). De esta forma, en el proceso no se cuenta con los elementos de convicción mínimos para determinar el cruce final de cuentas del contrato D 66 de 2009, pues se desconoce en qué proporción fue ejecutado su objeto contractual, y no se cuenta con los soportes para poder determinar el quantum debido recíprocamente, si hubo incumplimientos o cargas prestacionales no satisfechas.