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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se aplica el régimen sustancial anterior a la Ley 678 de 2001 a la acción de repetición cuando los perjuicios

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Fecha
2026-10-01
Radicado
25000233600020210048801
Número interno
74603
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
Repetición
Actor
MUNICIPIO DE LA CALERA
Demandado
FREDY ANDRÉS VARGAS ALMECIGA, EDGAR RODRIGO SUAREZ RUEDA, JUAN DE JESUS SANCHEZ CASTILLO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se aplica el régimen sustancial anterior a la Ley 678 de 2001 a la acción de repetición cuando los perjuicios

Lo que dijo la Sala

En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición, se advierte que los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 18 de julio de 2001, fecha en que se profirió el acto que decretó la suspensión de la obra «túnel alterno de Usaquén». Por ende, en materia sustancial se aplicará lo previsto en el artículo 63 del Código Civil, los artículos 77, 78 y 86 del CCA y el artículo 90 de la Constitución.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Las providencias judiciales aportadas al proceso administrativo constituyen pruebas documentales legalmente admisibles y valorables que acreditan plenamente la decisión judicial y los respectivos hechos procesales pero no sirven por sí solas para probar los hechos que le sirvieron de fundamento, debiendo el juez fundar su decisión de manera principal, específica y rigurosa en las pruebas que obran directamente dentro del proceso conforme al estricto mandato consagrado en el artículo 164 del CGP, sin que tales providencias permitan retomar apreciaciones y conclusiones sobre el material probatorio recaudado en otras instancias procesales anteriores o ajenas al litigio.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se aplica el régimen sustancial anterior a la Ley 678 de 2001 a la acción de repetición cuando los perjuicios que originaron la condena tuvieron como causa principal un acto administrativo expedido antes de su entrada en vigencia, aunque el trámite administrativo continuara con posterioridad?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 77, 78 y 86
  • Ley 153 de 1887, art. 40
  • Ley 1564 de 2012, art. 624

También resuelve

  • ¿El término de caducidad del medio de control de repetición se cuenta a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena…
  • ¿Las sentencias que declararon la responsabilidad de la entidad pública y resolvieron la acción de tutela sobre los mismos hechos prueban, por sí solas…
  • ¿Pueden valorarse en el proceso de repetición, sin formalidades adicionales, las copias de una actuación administrativa policiva trasladadas a solicitud de uno de los demandados y con audiencia de…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMA SUSTANCIAL IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EFECTO GENERAL INMEDIATO DE LA LEY LEY 678 DE 2001 VIGENCIA DE LA LEY RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO SERVIDOR PÚBLICO DOLO CULPA GRAVE HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA NOTIFICACIÓN POR EDICTO CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS PANDEMIA PROVIDENCIA JUDICIAL PRUEBA DOCUMENTAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA NECESIDAD DE LA PRUEBA CONDUCENCIA DE LA PRUEBA PRUEBA DEL DOLO PRUEBA DE LA CULPA GRAVE ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RESPONSABILIDAD DEL ESTADO JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL PRUEBA TRASLADADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DOCUMENTO PÚBLICO PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS INTERÉS MORATORIO MORA EN EL PAGO ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA INDEXACIÓN DE LA CONDENA ORDENACIÓN DEL GASTO CAUCIÓN DEVOLUCIÓN DE LA CAUCIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO REGISTRO PRESUPUESTAL RESPONSABILIDAD SUBJETIVA CARGA DE LA PRUEBA CONCEPTO DE DOLO CONCEPTO DE CULPA GRAVE DEMOSTRACIÓN DEL DOLO DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE PRESUNCIÓN DE DOLO INSUFICIENCIA PROBATORIA COMITÉ DE CONCILIACIÓN INTERÉS GENERAL CUMPLIMIENTO DE DEBER LEGAL REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL SUELO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DERECHO DE DEFENSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA ERROR DE DERECHO ERROR DE HECHO MANIFIESTO ERROR INEXCUSABLE INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE VIOLACIÓN DE LA NORMA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO OBRA PÚBLICA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO FUNCIÓN CONSULTIVA ALCANCE DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA DUDA RAZONABLE PRINCIPIO DE AUTONOMÍA TERRITORIAL CONDENA EN COSTAS INTERÉS PÚBLICO EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES RECURSO DE APELACIÓN CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA

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Titulación de la relatoría 35.482 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMA SUSTANCIAL / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / EFECTO GENERAL INMEDIATO DE LA LEY / LEY 678 DE 2001 / VIGENCIA DE LA LEY / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / SERVIDOR PÚBLICO / DOLO / CULPA GRAVE / HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES Problema jurídico: ¿Se aplica el régimen sustancial anterior a la Ley 678 de 2001 a la acción de repetición cuando los perjuicios que originaron la condena tuvieron como causa principal un acto administrativo expedido antes de su entrada en vigencia, aunque el trámite administrativo continuara con posterioridad? Respuesta al problema jurídico: Si En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición, se advierte que los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 18 de julio de 2001, fecha en que se profirió el acto que decretó la suspensión de la obra «túnel alterno de Usaquén». Por ende, en materia sustancial se aplicará lo previsto en el artículo 63 del Código Civil, los artículos 77, 78 y 86 del CCA y el artículo 90 de la Constitución. En efecto, si bien el trámite urbanístico adelantado por el Municipio de La Calera frente al túnel alterno de Usaquén siguió adelante y contuvo actuaciones posteriores al acto administrativo de suspensión, lo cierto es que los perjuicios irrogados a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tuvieron como causa principal la decisión referida. (...) El artículo 624 del CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, establece que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Por ende, los hechos o actos anteriores a la Ley 678 de 2001 –que entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial No. 44.509 del 4 de agosto de 2001– continúan sometidos en lo sustancial a la norma anterior, mientras que, en lo procesal, la Ley 678 se aplica a los juicios de repetición que se encuentren en curso. Lo expuesto no obsta para dar alcance al régimen sustantivo previsto en la Ley 678 de 2001, en caso que la Sala encuentre demostrados hechos jurídicamente relevantes que sean posteriores a su entrada en vigencia. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63, LEY 678 DE 2001 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / NOTIFICACIÓN POR EDICTO / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS / PANDEMIA Problema jurídico: ¿El término de caducidad del medio de control de repetición se cuenta a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena, cuando este se realiza antes del vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA? Respuesta al problema jurídico: Si El término para formular pretensiones, en repetición, es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 –antes de su modificación por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022–. En atención a la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002, el término de caducidad corre desde la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, del vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA. La demanda se interpuso en tiempo –12 de octubre de 2021–, porque la sentencia condenatoria de segunda instancia se notificó a las partes en edicto desfijado el 10 de julio de 2018, cobrando ejecutoria el 13 de julio siguiente. El plazo previsto en el artículo 177 del CCA transcurrió hasta el 13 de enero de 2020 y, conforme a los documentos allegados al proceso, el pago de la condena se efectuó el 30 de diciembre de 2019. Por ende, el término de caducidad se contabiliza a partir del día siguiente al pago –31 de diciembre de 2019–. El conteo de los dos años siguientes culminó el 31 de diciembre de 2021 y la demanda se presentó oportunamente en ese lapso, situación que releva a la Sala de adicionar la suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura con motivo de la pandemia por el COVID-19. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la exequibilidad condicionada conforme a la cual el término de caducidad de la repetición corre desde la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses del artículo 177 del CCA, ver: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001; Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 2195 DE 2022 - ARTÍCULO 42, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 PROVIDENCIA JUDICIAL / PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / NECESIDAD DE LA PRUEBA / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / PRUEBA DEL DOLO / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Problema jurídico: ¿Las sentencias que declararon la responsabilidad de la entidad pública y resolvieron la acción de tutela sobre los mismos hechos prueban, por sí solas, el dolo o la culpa grave del agente demandado en repetición? Respuesta al problema jurídico: No Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales. Sin embargo, no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento. En ese sentido, el juez, para decidir la controversia, debe fundarse en las pruebas que obran en el proceso (artículo 164 del CGP). (...) Obran en el expediente las sentencias que resolvieron las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas por la EAAB contra la Alcaldía Municipal de La Calera. (...) La Sala enfocará su estudio en la decisión de segunda instancia, por corresponder al pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contenciosa. (...) Este documento permite acreditar la existencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (...), así como de la condena impuesta a la entidad demandada –que, actualmente, reclama en repetición–. De igual modo, la parte motiva de la providencia determina la actuación administrativa que ocasionó el daño, consistente en la Resolución del 18 de julio de 2001. No obstante, resulta improcedente en esta instancia retomar las apreciaciones y conclusiones efectuadas en cuanto al material probatorio recaudado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual no obra en este expediente. Además, al revisar la línea de decisión, no se advierte un estudio individualizado de la conducta de los exagentes municipales. (...) En varias ocasiones se ha anotado que la sola declaratoria de responsabilidad del Estado no demuestra automáticamente la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario, ni es vinculante en el juicio de reproche subjetivo que debe efectuar el juez de la repetición. (...) A partir de lo expuesto, las providencias allegadas no tienen conducencia probatoria o argumentativa para demostrar la culpa grave de los demandados. Esta anotación se hace extensiva a la sentencia T-860 de 2002, obrante en el expediente, cuyas consideraciones tampoco condicionan el juicio de reproche subjetivo que corresponde al juez de la repetición. (...) La falta de acreditación del elemento subjetivo de la repetición en ambas instancias no obedeció a la aplicación irrestricta de lo expuesto por la Corte Constitucional –más allá del valor indicativo o auxiliar de la decisión–, sino que tuvo fundamento en una valoración autónoma del material probatorio obrante en el expediente. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las providencias judiciales como pruebas documentales legalmente admisibles y valorables, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2007, exp. 24844. Sobre la sola declaratoria de responsabilidad del Estado, que no demuestra automáticamente la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario ni es vinculante en el juicio de reproche subjetivo del juez de la repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 8 de noviembre de 2024, exp. 69450; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, exp. 33450; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 29 de noviembre de 2019, exp. 43056; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2024, exp. 59728. Sobre la importancia de que el juez califique en forma independiente la conducta del demandado en repetición, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 164 PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO / PRUEBA DOCUMENTAL / DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Pueden valorarse en el proceso de repetición, sin formalidades adicionales, las copias de una actuación administrativa policiva trasladadas a solicitud de uno de los demandados y con audiencia de los demás? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del CGP, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciados, sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. Las copias de los documentos obrantes en la actuación policiva del Municipio de la Calera fueron solicitadas por el demandado (...) y contaron con la participación de los demás exagentes municipales, de modo que satisfacen los requisitos previstos por la ley procesal para su valoración como prueba trasladada. (...) Los escritos referidos son documentos públicos, porque fueron otorgados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Conforme a lo establecido en el artículo 244 del CGP, se presumen auténticos, porque existe certeza de las personas que elaboraron y suscribieron esos documentos, no se tacharon de falsos ni se desconocieron durante el proceso. Estos medios de prueba dan cuenta de la totalidad de la actuación administrativa y la intervención de cada uno de los demandados en la misma. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 174, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244 CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS MORATORIO / MORA EN EL PAGO / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / INDEXACIÓN DE LA CONDENA / ORDENACIÓN DEL GASTO / CAUCIÓN / DEVOLUCIÓN DE LA CAUCIÓN Problema jurídico: ¿Puede la entidad recuperar en repetición, además del capital neto de los conceptos indemnizatorios de la condena, una caución que ingresó al erario sin fundamento jurídico y la actualización e intereses moratorios de la condena, cuando los exagentes demandados no tenían funciones de ordenación del gasto ni les es atribuible la demora en el pago? Respuesta al problema jurídico: No Conforme al artículo 1617 del Código Civil, cuando se incumple la obligación de pagar una suma de dinero, se generan perjuicios al acreedor por la mora en el pago, quien puede reclamarlos dentro del proceso ejecutivo, para que se obligue al deudor a pagar los respectivos intereses moratorios. Es factible que el Estado formule la repetición para recuperar la suma pagada por intereses moratorios, cuando estos se deriven del dolo o culpa grave de uno de sus agentes. Sin embargo, cuando la demora de la entidad no le sea atribuible al demandado, no procede el cobro de los intereses de mora causados. (...) El Municipio de La Calera pretende reclamar a los demandados la suma definitiva de $1.989.033.495. Si bien está demostrada la obligación reparatoria impuesta a la entidad, la Sala precisa que la acción de regreso solo puede adelantarse respecto del valor de capital neto de los conceptos indemnizatorios ($1.822.818.470). Ello atiende a que, por una parte, no es procedente el recobro de la caución constituida por la EAAB, toda vez que aquel concepto correspondía a una suma de dinero que ingresó al erario municipal sin fundamento jurídico. Por otra parte, no es viable que el Municipio de La Calera ejerza la repetición contra sus exagentes por la actualización de la condena y los intereses derivados de la misma, en vista que ellos no tenían funciones de ordenación del gasto ni les es atribuible la demora del Estado en el pago de la condena, de modo que no se les puede reclamar el cobro de los intereses de mora causados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posibilidad de repetir por la suma pagada por intereses moratorios cuando estos se derivan del dolo o la culpa grave del agente, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 2007, exp. 27006. Sobre la improcedencia del cobro de intereses de mora cuando la demora de la entidad no es atribuible al demandado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 14 de julio de 2025, exp. 69326; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de septiembre de 2025, exp. 66313. En apoyo de la improcedencia del recobro de la caución, por corresponder a una suma que ingresó al erario municipal sin fundamento jurídico, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2024, exp. 59728, que a su vez cita las sentencias de 30 de julio de 2021, exp. 56622, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; 4 de marzo de 2022, exp. 64853, C. P. María Adriana Marín; y 8 de mayo de 2023, exp. 68250, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1617 PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / ORDEN DE PAGO / REGISTRO PRESUPUESTAL / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO / PRUEBA DOCUMENTAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Puede acreditarse el pago de la condena, como presupuesto de la repetición, con documentos públicos expedidos por la propia entidad demandante, sin una constancia proveniente del acreedor? Respuesta al problema jurídico: Si Está acreditado que la entidad demandante pagó la condena impuesta por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con apoyo en los siguientes medios de prueba: Certificado de disponibilidad presupuestal del 20 de diciembre de 2019 (...). Comprobante de egresos No. EGR-2019004112 del 30 de diciembre de 2019 (...). Orden de pago COM-2019003878 del 30 de diciembre de 2019 (...). Registro presupuestal del 30 de diciembre de 2019 (...). Estos documentos son públicos, porque fueron suscritos por funcionarios en cumplimiento de sus funciones. Se presumen auténticos, porque no fueron tachados de falso ni desconocidos –artículo 244 del CGP–, y hacen fe de su otorgamiento, fecha y declaraciones efectuadas por el funcionario que los autoriza –artículo 257 del CGP–. La jurisprudencia ha determinado que el estándar probatorio para acreditar este presupuesto puede satisfacerse a través de documentos públicos provenientes de la entidad, en tanto el Estado no está legalmente obligado a probar que la constancia del pago provenga del acreedor. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la acreditación del pago en repetición mediante documentos públicos provenientes de la entidad, sin que el Estado esté obligado a probar que la constancia del pago provenga del acreedor, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de julio de 2025, exp. 70478. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 257 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001 / VIGENCIA DE LA LEY / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / CARGA DE LA PRUEBA / CONCEPTO DE DOLO / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRUEBA DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / INSUFICIENCIA PROBATORIA / COMITÉ DE CONCILIACIÓN Problema jurídico: ¿Corresponde a la entidad demandante demostrar el dolo o la culpa grave del agente en la acción de repetición por hechos anteriores a la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001, sin que operen las presunciones previstas en esa ley? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es el anterior a la Ley 678 de 2001. En ese sentido, conforme al estándar del artículo 90 de la Constitución, la entidad demandante tiene la carga de acreditar que la conducta del servidor público es dolosa o gravemente culposa, lo que supone un juicio de valor de su conducta para determinar su responsabilidad patrimonial. (...) Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo corresponde a la conducta realizada con intención de generar daño a una persona o a su patrimonio. Aunque estas nociones son propias del derecho común, son relevantes para estructurar el juicio de responsabilidad subjetivo al servidor público –y, en ausencia de las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001, su aplicación es forzosa–. (...) Por último, la Sala advierte que ninguna de las actuaciones procesales de la parte demandante se encaminó a la demostración del dolo o culpa grave de los demandados, ni se orientó a determinar la existencia de un error manifiesto e inexcusable. En ningún momento se pretendió abordar un juicio sobre la posibilidad de que los exagentes, cuanto menos, pudieran prever que la actuación policiva sería contraria a derecho. Este estudio tampoco se agotó en la sesión del Comité de Conciliación de la entidad, el cual se limitó a verificar que los demandados ejercieron la calidad de alcalde municipal, secretario de gobierno y jefe de planeación al momento de los hechos. El artículo 167 del CGP prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. La parte actora únicamente expuso los argumentos que dieron lugar a la anulación de los actos administrativos acusados, sin atender su carga de estructurar un juicio de reproche calificado sobre la conducta de sus exagentes. En razón a que no está demostrado el elemento subjetivo de la repetición y los argumentos de la recurrente son insuficientes para modificar la decisión, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción de culpa como a conducta contraria a la que debiera haberse observado, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de julio de 1912, en Gaceta Judicial, Tomo XXI, nº. 1040 a 1041, p. 262, [fundamento jurídico párr. 20] y sentencia del 11 de marzo de 1952, en Gaceta Judicial, Tomo LXXI, nº. 2110 a 2111, p. 390, [fundamento jurídico I]. Sobre las nociones de culpa grave, como comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, y de dolo, como conducta realizada con intención de generar daño a una persona o a su patrimonio, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, exp. 39404; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 22 de noviembre de 2021, exp. 47535. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 678 DE 2001 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / CULPA GRAVE / INTERÉS GENERAL / CUMPLIMIENTO DE DEBER LEGAL / REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL SUELO / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE DEFENSA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Obra con dolo o culpa grave el agente estatal que adelanta una actuación policiva con fundamento en las competencias urbanísticas y policivas del municipio, con respeto del debido proceso, mediante acto motivado, con seguimiento constante de la actuación y en cumplimiento de lo que considera un deber legal? Respuesta al problema jurídico: No Al valorar la conducta de los exagentes demandados, el material probatorio respalda que su actuación se respaldó inequívocamente en las competencias urbanísticas en cabeza del Municipio de La Calera, las cuales se desprenden de los artículos 311 y 313.7 de la Constitución –en tanto le atribuyen el ordenamiento de su desarrollo territorial y la reglamentación de los usos del suelo– y del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, el cual establece la exigibilidad de licencias expedidas por los municipios para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, planes parciales y las normas urbanísticas que los desarrollen. (...) De igual modo, el ejercicio de la potestad policiva del Municipio encontraba sustento en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 315 de la Constitución –que establecen al alcalde como primera autoridad de policía y director de la acción administrativa del municipio–, así como en los artículos 103 y 104 de la Ley 388 de 1997, que establecen el régimen de infracciones y sanciones urbanísticas. Del mismo modo, el trámite impartido a la actuación policiva refirió al Decreto Ordenanzal 1889 de 1986, por el cual se estableció el Código de Policía para Cundinamarca. Dicho trámite fue respetuoso del debido proceso, en tanto garantizó la comparecencia y defensa del Consorcio ATG y la EAAB, lo cual descarta un comportamiento caprichoso, arbitrario o negligente en la dirección del procedimiento administrativo. De igual modo, el acto administrativo del 18 de julio de 2001 se dictó con comparecencia de las partes, se encontraba motivado y contenía argumentos encaminados a descartar los argumentos de derecho expuestos por los presuntos contraventores. (...) Las actuaciones posteriores a la resolución del 18 de julio de 2001, que consistieron en la ejecución de la medida de suspensión y la oposición a la acción de tutela de la EAAB, respaldan la posición jurídica del Municipio de La Calera y evidencian que, lejos de asumir una actitud desprevenida, los exfuncionarios demandados mantuvieron una disposición constante al seguimiento de la actuación. También permiten advertir el interés de la comunidad en la actuación, por cuanto se registró la participación del personero municipal, varios concejales y miembros de juntas de acción comunal en el trámite urbanístico. Inclusive, se evidenció que el personero municipal y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca elaboraron escritos que respaldaban, en principio, la competencia del Municipio para requerir la licencia de construcción y adelantar la actuación policiva. Los anteriores hechos permiten a la Sala inferir que la voluntad de los exfuncionarios que participaron en el trámite policivo no buscaba una finalidad ajena al interés general. Por el contrario, los exagentes actuaron en cumplimiento de lo que consideraban un deber legal proveniente de las competencias del Municipio de La Calera en materia urbanística y policiva. (...) Luego de un estudio pormenorizado de las actuaciones que integraron el procedimiento policivo, la Sala no encontró que alguna de estas actuaciones pudiera configurar el dolo o culpa grave exigido para adelantar la acción de regreso. FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE POLICÍA DE CUNDINAMARCA, DECRETO ORDENANZAL 1889 DE 1986, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 311, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 313 NUMERAL 7, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 315 NUMERAL 1, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 315 NUMERAL 2, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 315 NUMERAL 3, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 103, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 104, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 99 MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CULPA GRAVE / ERROR DE DERECHO / ERROR DE HECHO MANIFIESTO / ERROR INEXCUSABLE / INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / VIOLACIÓN DE LA NORMA / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / OBRA PÚBLICA / SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / FUNCIÓN CONSULTIVA / ALCANCE DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA / DUDA RAZONABLE / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA TERRITORIAL Problema jurídico: ¿Incurre en culpa grave por error de derecho el agente estatal que expide un acto administrativo posteriormente anulado por desconocer el régimen normativo aplicable, cuando existía una interpretación normativa posible o un margen razonable de duda sobre el alcance de ese régimen? Respuesta al problema jurídico: No En materia de repetición, no todo error de derecho implica la responsabilidad del agente estatal. En atención al elemento subjetivo de este mecanismo, ese desacierto debe ser consecuencia de un error calificado como «manifiesto e inexcusable», según se desprende de las normas que regulan la repetición por la infracción de normas de derecho (numeral 1 del artículo 71 de la Ley 270 de 1996 y numerales 1 y 2 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001). Ello supone que la repetición no procede ante una mera violación normativa. Debe, adicionalmente, comprobarse: (i) que exista la norma en el ordenamiento (ii) la transgresión de la norma y (iii) evaluar si el demando obró o expidió el acto administrativo, cuando hubiere lugar, sin una excusa válida. (...) [L]a Sala encuentra que la resolución del 18 de julio de 2001 –contraria a derecho– no se originó en un error manifiesto e inexcusable por parte de los demandados. Además de que, en principio, era posible predicar la aplicación de los artículos 99, 103 y 104 de la Ley 388 de 1997, la Sala encuentra que el alcance de la Ley 56 de 1981 respecto de la obra del túnel alterno de Usaquén no era obvio, manifiesto o explícito. En primer lugar, sería razonable para el intérprete de la norma plantear que la Ley 56 de 1981 no contiene norma alguna encaminada a restringir las facultades urbanísticas de las autoridades municipales, lectura que sería concordante con el principio de autonomía territorial previsto en los artículos 1 y 287 de la Constitución. (...) De igual modo, aunque obraba en el expediente policivo un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil encaminado a eximir la obligatoriedad de las licencias de construcción en las obras reguladas por la Ley 56 de 1981, es razonable plantear que aquel concepto carecía de fuerza vinculante. En efecto, los conceptos del Consejo de Estado no corresponden a un pronunciamiento jurisdiccional como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, sino al ejercicio de la función consultiva prevista en el artículo 237.3 de la Constitución. Por último, la Sala considera discutible la demostración de los supuestos de hecho que dan lugar a la aplicación del régimen normativo previsto en la Ley 56 de 1981. Es del caso anotar que, si bien el artículo 16 de esa codificación declaró de utilidad pública e interés social las obras de «generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, acueductos, riego, regulación de ríos y caudales», esta calificación no opera ipso iure. Por el contrario, el artículo 17 siguiente dispone que el Ejecutivo aplicará esa denominación de manera particular y concreta a los proyectos, obras y zonas definidos, y señalará a la entidad propietaria que esté facultada para tramitar las expropiaciones y servidumbres correspondientes. Al revisar los medios de prueba allegados por la EAAB en sus descargos, no se advierte que la Empresa hubiere acreditado en sede administrativa que la Rama Ejecutiva designó al túnel alterno de Usaquén como un proyecto de utilidad pública e interés social. Por ende, existía un margen razonable de duda sobre el alcance de la Ley 56 de 1981 al asunto particular, el cual escapa a la configuración de un error «manifiesto» o «inexcusable» respecto de aquel aspecto de derecho. Por ende, aunque la resolución del 18 de julio de 2001 se declaró nula por desconocer el régimen de la Ley 56 de 1981, la Sala estima que dicha actuación no configura un error manifiesto e inexcusable en la aplicación de las normas de derecho –circunstancia que, de suyo, descarta la configuración de una conducta gravemente culposa por los demandados–. (...) [A]l estudiar la comisión de errores de derecho por exagentes del Estado, el elemento subjetivo de la repetición exige la configuración de un error manifiesto e inexcusable. Tales adjetivos implican que la existencia de una interpretación normativa posible desvirtúa el juicio de reproche subjetivo, por cuanto evidencian que el servidor público actuó conforme a su obligación de cumplir la Constitución y las leyes, así como evitar su infracción, omisión o extralimitación funcional –artículos 6, 95, 121, 122 y 123 de la Constitución–. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el error inexcusable en la responsabilidad patrimonial de los jueces prevista en el artículo 40 del CPC, que no se configura «cuando se sostiene punto de vista defensable respecto a una materia controvertida de derecho», ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de octubre de 1972, G.J. CXLIII, p. 229-236; ver también: Corte Suprema de Justicia, sentencia de 23 de febrero de 1988, G.J. CXCII (primer semestre), p. 37-44. Sobre la exequibilidad condicionada del artículo 71 de la Ley 270 de 1996, bajo el entendido de que la definición del error inexcusable se tramite con sujeción a lo dispuesto en el artículo 40 del CPC, ver: Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996. Sobre el vínculo conceptual entre la culpa grave y los calificativos del error «manifiesto» e «inexcusable», ver: Corte Constitucional, sentencia C-455 de 2002. Sobre el término «Ejecutivo» en la calificación de utilidad pública e interés social de proyectos, obras y zonas, entendido como el orden administrativo al cual pertenezca el proyecto, obra o zona objeto de esa calificación, ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de marzo de 1991, exp. 1258. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 1, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 237 NUMERAL 3, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 287, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 95, LEY 270 DE 1997 - ARTÍCULO 71 NUMERAL 1, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 103, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 104, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 99, LEY 56 DE 1981 - ARTÍCULO 16, LEY 56 DE 1981 - ARTÍCULO 17, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 2 MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / RECURSO DE APELACIÓN / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas a cargo de la entidad demandante vencida en el medio de control de repetición, por no tratarse de un proceso en que se ventile un interés público en los términos del artículo 188 del CPACA? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 del CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. (...) El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. (...) En otra oportunidad, esta Subsección ha determinado que el CPACA no establece una exoneración absoluta de costas a favor del Estado y que la acción de repetición no persigue, de manera directa, un interés público. Este criterio, que la Sala acoge y reitera, se fundamenta en los siguientes argumentos: «La Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo (CCA) exceptuaba la imposición de costas en las "acciones públicas" (artículo 171), mientras el CPACA exceptúa "los procesos en que se ventile un interés público" (artículo 188). (...) Lo anterior, sin embargo, no implica que en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el demandante sea un ente estatal se ventile un interés público. (...) Ahora, el medio de control de repetición constituye "una acción civil de carácter patrimonial", por el cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes, para así garantizar, de forma mediata, "los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella". Si bien, de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso». A raíz de lo anterior, procede la imposición de costas en segunda instancia, porque el recurso interpuesto por la parte demandante no prosperó y la sentencia de primera instancia fue confirmada en su integridad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la condena en costas en repetición, por cuanto el CPACA no establece una exoneración absoluta de costas a favor del Estado y la acción de repetición no persigue, de manera directa, un interés público, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 8 de noviembre de 2024, exp. 56897. Sobre la procedencia de la condena en costas a la parte vencida en los procesos contencioso subjetivos, entre ellos la repetición, por cuanto la expresión «interés público» del artículo 188 del CPACA debe asimilarse a las acciones públicas, contencioso objetivo o de mera constitucionalidad o legalidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 28 de abril de 2025, exp. 71907; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 8 de julio de 2024, exp. 66764. En sentido contrario, sobre la abstención de condenar en costas en los procesos de repetición por considerar que persiguen un interés público, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de septiembre de 2024, exp. 71254; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de julio de 2021, exp. 65825; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de septiembre de 2021, exp. 55227; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2024, exp. 59728. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202100488011100103