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Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-08-26Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020220006600CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo se configura el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia"? No
En el caso de los contratos de obra y conexos, suscritos en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y una sociedad fiduciaria, no se configura el hecho generador de la estampilla «Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia», pues: i) Dichos contratos de obra y conexos son celebrados por la sociedad fiduciaria, en calidad de vocera y administradora del correspondiente patrimonio autónomo; ii) El Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) no es parte en dichos contratos, pues por el mandato legal, consagrado en el artículo 23 de la Ley 1469 de 2011, dicha entidad debe ejecutar la estructuración de planes de vivienda de interés social y otros, mediante la celebración de contratos de fiducia mercantil, con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, y iii) El patrimonio autónomo no tiene la calidad de entidad estatal…
También resuelve:¿Los patrimonios autónomos derivados de los contratos de fiducia mercantil celebrados por FONVIVIENDA pueden asimilarse a una entidad estatal del orden nacional de las establecidas en el artículo 2…¿Puede ser ampliado el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia" vía decreto reglamentario pese a lo dispuesto en el artículo…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2026-05-19Sala Consulta y Servicio CivilMARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020220003200CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Le son aplicables a la contratación celebrada por el patrimonio autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación -Fondo Francisco José de Caldas, las restricciones impuestas por la Ley 996 de 2005 - Ley de Garantías Electorales? Sí
En primer lugar, como arriba se anotó, el Decreto 2226 en su artículo 3°, numeral 15, prevé que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene como función administrar el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia la Tecnología y la Innovación. También se ha explicado en líneas precedentes, que en virtud del contrato de fiducia mercantil 661 de 2018, dicho Ministerio ejerce la dirección y aprobación sobre los contratos o convenios celebrados por el patrimonio autónomo FFJC, incluso con la potestad de dictar instrucciones con base en las cuales se deben celebrar los actos y contratos derivados necesarios para cumplir con sus objetivos. De lo anterior se desprende que el patrimonio autónomo no actúa con independencia funcional o decisoria.
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-06-17Sala Consulta y Servicio CivilANA MARIA CHARRY GAITANRad. 11001030600020210008400CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Un aeropuerto de uso público y a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial es objeto pasivo del impuesto predial y contribución por valorización? No
Conforme a lo explicado en este concepto, los aeropuertos públicos que son propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, o son administrados directamente por ella, en ejercicio de sus funciones legales, no pueden ser gravados, en principio, con el impuesto predial ni con la contribución de valorización, salvo algunas áreas, en cualquiera de los siguientes dos casos: i) Las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre estos bienes, que estén en manos de particulares, pueden ser gravadas con el impuesto predial unificado, por parte de los distritos, tal como lo establecen el artículo 6, numeral 3°, de la Ley 768 de 2012 y el artículo 26, numeral 3°, de la Ley 1617 de 2013.
También resuelve:¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…¿La existencia de locales comerciales y la explotación económica de estos por parte de particulares, dentro de los aeropuertos a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-06-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020130202801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentra configurada la excepción de falta de competencia de la jurisdicción contenciosa para conocer de la controversia contractual, al estar involucrada una institución financiera vigilada por la Superfinanciera, cuya disputa está originada en los negocios celebrados conforme al giro ordinario de las funciones de FONADE? Sí
El contratista no puede presentar nuevos motivos de inconformidad fuera del plazo legal establecido para impugnar, ya que la oportunidad del recurso de reposición se rige por el Código General del Proceso, y su trámite debe cumplir con los términos y formalidades previstas en la ley. La Sala reitera que el recurso de reposición contra el auto que declaró la falta de jurisdicción es procedente y oportuno cuando se presenta dentro del plazo legal y se sustenta en los motivos que dieron origen a la decisión impugnada, sin admitir argumentos nuevos. En este caso, la controversia contractual involucra a FONADE, una entidad financiera vigilada por la Superfinanciera, y la disputa se origina en los negocios jurídicos relacionados con su giro ordinario, lo que configura la excepción de falta de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, según el artículo 105-1 del CPACA, reiterando que el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿Al trámite del recurso de reposición contra providencia judicial, le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de su interposición?¿El recurso de reposición procede contra el auto que declaró la falta de jurisdicción y fue interpuesto y sustentado en debida forma?¿La parte recurrente puede presentar nuevos motivos de inconformidad fuera del plazo legal establecido para impugnar?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2026-06-19Sala Consulta y Servicio CivilMARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020250045300CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El Fondo Nacional de Turismo - FONTUR, es un fondo del Estado? Sí
FONTUR es un fondo del Estado constituido como patrimonio autónomo conformado por recursos fiscales y parafiscales, que son recursos públicos cuya destinación está determinada por la Ley.
También resuelve:¿El servicio que presta Fiducoldex, o que ha prestado en el pasado, en virtud de los contratos de fiducia mercantil suscritos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo…¿Los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Comercio, Industria у¿Los bienes inmuebles transferidos al FRISCO en virtud de sentencias o medidas cautelares de extinción de dominio, y administrados por FONTUR, hacen parte del tesoro de la Nación?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-06-15Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020180004300CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Al entrar en vigencia la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, pueden los entes territoriales suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado, para prestar servicios de salud a la población no asegurada y las acciones de salud que se brindan a la colectividad a través del Plan de Intervenciones Colectivas –PIC, teniendo en cuenta que es el legislador quien ha ordenado esa contratación y que por ende la misma no emana de la autonomía de la voluntad de los contratantes? No
Durante la vigencia de la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, las entidades territoriales no pueden suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado para la prestación de los servicios de salud a la población no asegurada, así como tampoco para el desarrollo y ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, de conformidad por lo expuesto en este concepto. Se exceptúa de la anterior prohibición la prestación de los servicios de salud en aquellos eventos en que ocurran emergencias sanitarias o de salubridad que requieran la atención o prestación inmediata y oportuna de los mismos. Debe precisarse que el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 no habilita a las entidades territoriales para inobservar las prohibiciones que en materia de contratación establece la Ley de Garantías Electorales.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2022-04-26Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020220001700CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver un conflicto de competencias administrativas cuando la solicitud sobre la cual recae el conflicto se refiere al ejercicio de funciones jurisdiccionales? No
De esta manera, debe señalarse que la solicitud se ha formulado con el objetivo de obtener una decisión dentro del marco del ejercicio de funciones jurisdiccionales, y no de funciones administrativas. En ese orden, la solicitud sobre la cual recae el conflicto de competencias no es administrativa sino jurisdiccional, lo que determina la falta de competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil para definir el asunto que se pone a su consideración.… Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Transporte manifiesta que no cuenta con facultades jurisdiccionales, será el Tribunal Superior de Bogotá el que deberá determinar si es la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Transporte u otra que tenga a cargo funciones judiciales la que deba conocer del asunto.
También resuelve:¿La Superintendencia de Transporte es la entidad competente para conocer sobre las presuntas irregularidades e infracciones en las que pudo incurrir una empresa de transporte en el marco de un…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2025-02-13Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020240059800CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El Decreto 092 de 2017 es el régimen jurídico aplicable al convenio de asociación 334 de 2009? No
La Sala se ha pronunciado en reiterados Conceptos sobre régimen aplicable a los convenios de asociación entendiendo que: los convenios celebrados con personas jurídicas particulares sin ánimo de lucro se rigen por el régimen exceptuado del artículo 355 constitucional, y su ejecución necesariamente ha de realizarse dentro del contexto de tal disposición constitucional, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la misma carta, y con sujeción a las reglas del Decreto 777 de 1992, modificado por los Decretos 1403 de 1992 y 2459 de 1993.
También resuelve:¿El Decreto 777 de 1992 puede aplicarse de manera ultraactiva a los convenios de asociación suscritos durante su vigencia?¿Es posible prorrogar en el tiempo convenios o contratos suscritos en el marco normativo del Decreto 777 de 1992 con la entrada en vigencia del Decreto 092 de 2017…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-05-17Sala Consulta y Servicio CivilANA MARIA CHARRY GAITANRad. 11001030600020220012900CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Es procedente modificar los contratos de aporte suscritos por el Futic, como resultado de la licitación FTIC-LP-038-2020, en lo que atañe a las cláusulas de desembolsos, legalización y reinversión de descuentos? Sí
A la luz de los principios y las normas que regulan la contratación estatal, y de acuerdo con la información suministrada a la Sala, es posible modificar bilateralmente los contratos de aporte números 1042 de 2020 y 749 de 2020, en lo que atañe a los plazos para la legalización de los recursos ejecutados, para definir la destinación de los fondos desembolsados cuya «utilización» no se autorice al contratista, y para la reinversión de las sumas descontadas, tal como se explica en este concepto. En todo caso, le compete al ministerio verificar y determinar la procedencia de estas modificaciones, conforme a los requisitos de modificación de los contratos, en los términos expuestos en este concepto.
También resuelve:¿Es procedente modificar los contratos de fiducia suscritos para el adecuado control, administración y ejecución de los recursos de los contratos de aporte del sector de las Tecnologías de la…
¿Se aplica el régimen sustancial anterior a la Ley 678 de 2001 a la acción de repetición cuando los perjuicios que originaron la condena tuvieron como causa principal un acto administrativo expedido antes de su entrada en vigencia, aunque el trámite administrativo continuara con posterioridad? Sí
En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición, se advierte que los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 18 de julio de 2001, fecha en que se profirió el acto que decretó la suspensión de la obra «túnel alterno de Usaquén». Por ende, en materia sustancial se aplicará lo previsto en el artículo 63 del Código Civil, los artículos 77, 78 y 86 del CCA y el artículo 90 de la Constitución.
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición se cuenta a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena…¿Las sentencias que declararon la responsabilidad de la entidad pública y resolvieron la acción de tutela sobre los mismos hechos prueban, por sí solas…¿Pueden valorarse en el proceso de repetición, sin formalidades adicionales, las copias de una actuación administrativa policiva trasladadas a solicitud de uno de los demandados y con audiencia de…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-05-18Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020220012800CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.) puede dar y recibir en donación hacia y desde entidades públicas, bienes «públicos», muebles e inmuebles? Sí
La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), puede efectuar donaciones de bienes de su propiedad, muebles o inmuebles, a otras entidades públicas y recibir donaciones de bienes de propiedad de estas, muebles o inmuebles, de conformidad con los requisitos expuestos en este concepto.
También resuelve:¿La CIAC S.A. puede enajenar a título gratuito a entidades estatales, bienes muebles que no utiliza, sin transgredir la norma que la excluye de la aplicación del estatuto general de contratación de…
La controversia gira alrededor de la pretensión de declaratoria de rompimiento del equilibrio económico de un contrato de obra. El a quo declaró que operó la caducidad de la acción de controversias contractuales.
También resuelve:¿El término de caducidad es perentorio y preclusivo, pues corre sin prórrogas y sin interrupciones, y sólo se suspende con la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial?¿Las partes pueden liquidar el contrato de común acuerdo, o la administración hacerlo de manera unilateral, hasta el vencimiento del término de caducidad de la respectiva acción contractual?¿La liquidación debe incluir no solo las generalidades del contrato, sino de manera especial, el balance técnico, económico, financiero, administrativo y jurídico del contrato, y los ajustes…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2025-05-16Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020240055900CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El régimen jurídico de todos los contratos celebrados por la Fiduprevisora S.A., con los recursos del Fondo Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres es de derecho privado? No
El ordenador del gasto competente reporta al RUP de manera exclusiva los actos administrativos en firme que declaran el incumplimiento, imponen multas, sanciones e inhabilidades derivadas de los contratos celebrados por la sociedad fiduciaria para la administración de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, conforme a lo dispuesto en el artículo 50, parágrafo 3º de la Ley 1523 de 2012. En este concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado se precisa que el fondo opera como un patrimonio autónomo, especial, separado y de afectación dentro del patrimonio de la Nación, cuya representación y manejo corresponden a una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, manteniendo una destinación específica legal sin confundirse con los recursos generales estatales ni con los propios de la fiduciaria.síntesis automática
También resuelve:¿El Director General de la UNGRD, en calidad de ordenadora (sic) del gasto del FNGRD, tiene la competencia para adelantar los procedimientos de selección de los proveedores de obras…¿El Director General de la UNGRD, en calidad de ordenadora (sic) del gasto del FNGRD, tiene facultad legal para declarar unilateralmente el incumplimiento de los contratos celebrados por la…¿El Director General de la UNGRD, en calidad de ordenadora (sic) del gasto del FNGRD, tiene la competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento mediante acto jurídico contractual en…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2025-05-16Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020240055900CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El régimen jurídico de todos los contratos celebrados por la Fiduprevisora S.A., con los recursos del Fondo Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres es de derecho privado? No
Con la Ley 1523 de 2012 se preservaron los dos regímenes de contratación que debe observar La Fiduprevisora S.A. cuando celebre contratos con los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: i) para los contratos que celebre La Fiduprevisora S.A. para la administración de los bienes, derechos e intereses del FNGRD, el régimen de contratación es el propio de las empresas industriales y comerciales del Estado, y, ii) para los contratos que celebre La Fiduprevisora S.A. para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del FNGRD, el régimen es el aplicable para la contratación entre particulares, con la observancia de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal; además…
También resuelve:¿El Director General de la UNGRD, en calidad de ordenadora (sic) del gasto del FNGRD, tiene la competencia para adelantar los procedimientos de selección de los proveedores de obras…¿El Director General de la UNGRD, en calidad de ordenadora (sic) del gasto del FNGRD, tiene facultad legal para declarar unilateralmente el incumplimiento de los contratos celebrados por la…¿El Director General de la UNGRD, en calidad de ordenadora (sic) del gasto del FNGRD, tiene la competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento mediante acto jurídico contractual en…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2026-10-22Sala Consulta y Servicio CivilMARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020220010700CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Ecopetrol S.A. es una entidad estatal descentralizada, vinculada a la Rama Ejecutiva, que no ejerce funciones públicas ni administrativas, toda vez que tiene por objeto social desarrollar actividades industriales y comerciales en un marco de competencia que se rige por el derecho privado? Sí
Las sociedades de economía mixta, ha dicho esta Sala, pese a estar constituidas bajo la forma de sociedades comerciales, «no son particulares… son organismos que hacen parte de la estructura de la Administración Pública, pertenecen al nivel descentralizado y son organismos vinculados».… En consecuencia, la creación por parte del Estado, de asociaciones, empresas o sociedades y su sujeción en ciertos aspectos a las normas de derecho privado, no comporta, que dejen de ser parte de la organización estatal, ni que se conviertan o puedan ser consideradas, per se, entidades particulares o privadas.
También resuelve:¿La Ley 1821 de 2016 aumentó a 70 años la edad de retiro forzoso y la extendió a los servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas no sometidos con anterioridad a esa causal?¿La edad de retiro forzoso es una causal objetiva de retiro del servicio, cuya aplicación debe atender criterios de razonabilidad?¿El parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, faculta al empleador para solicitar el reconocimiento de la pensión en nombre del trabajador…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-08-10Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020180003400CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Para efectos de darle continuidad inmediata a la ejecución del citado Contrato de Consultoría 043 de 2013 y asegurar así la indispensable Auditoría a las Reclamaciones y Recobros que permanentemente formulan las IPS y las EPS por la prestación de sus servicios de salud, amén de las específicas particularidades de dicho Contrato, resulta válido que los montos de dinero que deban pagarse al Contratista se aseguren mediante los movimientos presupuestales que deba realizar ADRES, sin que para ello deba acudir a la figura de la ‘adición del valor del contrato’? No
No es válido que los montos de dinero que deban pagarse al contratista del contrato 043 de 2013, se aseguren mediante movimientos presupuestales sin acudir a la adición del contrato. En este contrato es irrelevante la forma en que fue pactado su valor (indeterminado pero determinable), pues la administración concretó el objeto contractual al fijar el plazo de ejecución sujeto a dos límites, el que ocurra primero: (i) un límite presupuestal, en donde el plazo va hasta el agotamiento de la disponibilidad presupuestal que ampara el valor del contrato, y (ii) un límite temporal (48 meses y 15 días contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio) en donde el plazo vence el 31 de diciembre de 2017.
También resuelve:¿En el caso concreto del Contrato de Consultoría 043 de 2013, tiene aplicación el límite cuantitativo que para la ‘adición del valor de los contratos’…
¿La demanda se presentó por fuera del término perentorio establecido por la ley? Sí
Cuando la terminación unilateral de un contrato estatal queda definida con la comunicación de la decisión a la contratista, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde ese momento y no se extiende hasta el vencimiento del plazo que las partes pactaron para liquidar el contrato. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la controversia sobre la terminación unilateral se origina en la decisión que la adopta, por lo que el hecho que da lugar a la acción queda definido desde que la contratista conoce la comunicación, sin esperar al plazo de liquidación. Segundo, si la terminación se produce antes de que se ejecute alguna prestación del servicio contratado, no existe razón que justifique trasladar el inicio del cómputo al vencimiento del plazo de liquidación. La providencia declara probada de oficio la excepción de caducidad y revoca la decisión de primera instancia, al concluir que la demanda fue extemporánea; en la práctica, la contratista que impugne una terminación unilateral debe contar los dos años desde la comunicación de esa decisión.síntesis automática
También resuelve:¿Las reglas de oportunidad para la presentación de la demanda de controversias contractuales están contenidas en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011?¿En los contratos que requieren de un cierre o balance de cuentas final el término de caducidad comienza a contabilizarse una vez que esto ocurra?¿La Ley 1563 de 2012 prevé algún evento de suspensión del término de caducidad?
¿El acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión minera por incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario es nulo por violación del debido proceso? No
La declaratoria de caducidad de un contrato de concesión minera, precedida de requerimientos para cumplir las obligaciones del concesionario, no vulnera el debido proceso cuando el concesionario omite atender esos requerimientos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los requerimientos consistieron en aportar la póliza minero ambiental y pagar el canon superficiario del segundo año de exploración, y el concesionario no los atendió antes de la caducidad. Segunda, el concesionario conocía desde la solicitud que el área presentaba superposición con la reserva forestal, por lo que no puede alegar desconocimiento de la situación que motivó la actuación. Tercera, la resolución del ministerio que suspendió trámites de sustracción no suspendió las obligaciones propias del contrato. La providencia confirma la sentencia apelada. La consecuencia práctica es que la suspensión de trámites administrativos ajenos no exime al concesionario de cumplir sus obligaciones contractuales, y la caducidad puede declararse tras el requerimiento previo.síntesis automática
También resuelve:¿La expedición de la resolución conducía a la suspensión del cumplimiento de las obligaciones por la demandante en virtud del contrato de concesión?¿El acto administrativo con el que fue declarada la caducidad del contrato de concesión minera por el incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario, es nulo, debido a que…¿Los contratos de concesión se entienden perfeccionados a partir de su inscripción en el registro minero nacional?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2024-12-04Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020230074700CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Cuál es el alcance e interpretación de la norma prevista en el artículo 5º y su parágrafo de la Ley 1066 de 2006 en materia de cobro coactivo por parte de las entidades públicas, así como la aplicación que, en la misma materia, debe darse a los artículos 98 y 100 de la Ley 1437 de 2011, al artículo 169 del Decreto- Ley 1421 de 1993 y al artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, para los efectos del cobro coactivo de facturas cambiarias de venta generadas por la prestación de servicios de salud por parte de Empresas Sociales del Estado E.S.E? Sí
Si bien es cierto las E.S.E., no son entes vinculados en los términos del artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, respecto de los cuales la Corte declaró la constitucionalidad condicionada, sino de carácter descentralizado, la primera de las disposiciones regula una situación de exclusión para las entidades públicas que desarrollan una actividad de gestión de cobranza similar o igual a los particulares, en desarrollo del régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios, cuando dicho régimen esté consagrado en la ley o en los estatutos sociales de la sociedad, como en efecto sucede respecto de las E.S.E. De esta manera, las E.S.E carecen de facultades de cobro coactivo, al tenor de la gestión que realizan, en tanto cumplen actividades en la misma condición con los particulares, dentro del marco de un mercado competitivo en el sector salud…
También resuelve:¿De conformidad con lo previsto en las Leyes 6 de 1992, 1066 de 2006 y 1437 de 2011, principalmente, y teniendo en cuenta la naturaleza y régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado…¿En caso de no considerarse procedente que las Empresas Sociales del Estado adelanten el cobro coactivo de las facturas generadas por la prestación de servicios de salud ¿qué otras alternativas o…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-08-30Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020230010300CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
Debe entenderse que la finalidad del artículo 3 de la Ley 2161 de 2021, al incrementar en 2 puntos porcentuales la contribución que pasó del 50% al 52% es compensar la posible afectación a los recursos de la salud por el descuento del 10% concedido a los propietarios de los vehículos que registran un buen comportamiento vial por no reportar siniestros que afecten la póliza del SOAT y haber renovado la misma de manera oportuna, según el artículo 2 ibidem? No
Ni del texto de la norma ni de la aplicación de los métodos de interpretación histórico y teleológico, debe entenderse que la finalidad del artículo 3 de la Ley 2161 de 2021 es la de compensar la posible afectación a los recursos de la salud por el descuento del 10% concedido a los propietarios de los vehículos que registran un buen comportamiento vial por no reportar siniestros que afecten la póliza del SOAT y haber renovado la misma de manera oportuna.