Titulación de la relatoría 19.350 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152, numeral 11, de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Así, pues, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 11, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El término para interponer el medio de control de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el cago de la condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 164, literal l) del CPACA. (...) [y] el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 (...) la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas, de dieciocho (18) meses, según el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, vigente a la fecha de expedición de la sentencia condenatoria. En este caso, el pago se realizó el diecisiete (17) de junio de dos mil once (2011), cuando aún no había expirado el plazo de dieciocho (18) meses con que contaba la entidad para pagar, teniendo en cuenta que la sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, quedó ejecutoriada el once (11) de febrero de dos mil once (2011). Como el plazo de caducidad vencía el dieciocho (18) de junio de dos mil trece (2013) y la demanda fue presentada el treinta y uno (31) de mayo del mismo año, la acción de repetición fue incoada oportunamente.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 LITERAL I, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
LEY 678 DE 2001 / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / ALCANCE DE LA NORMA / ALCANCE DE LA NORMA SUSTANCIAL / APLICACIÓN DE LA NORMA / VIGENCIA DE LA NORMA / TRÁNSITO DE LA NORMA SUSTANCIAL / TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO
Problema jurídico:
¿Los preceptos de la Ley 678 de 2001 son aplicables al proceso, toda vez que los hechos ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigencia de dicho mandato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis de la culpa grave de los demandados y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior. Por ende, como en este caso los hechos en que perdió la vida el señor (...) ocurrieron el 13 de enero de 2004, la Ley 678 de 2001 resulta aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la aplicación de la ley 678 de 2001, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de julio de 2019, rad. 54692, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y providencia de 8 de marzo de 2007, rad. 30330, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001
VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPABILIDAD / PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD / DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / DEBER DE DILIGENCIA / DEBERES DEL SERVIDOR PÚBLICO / CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL SERVIDOR PÚBLICO / PRODUCCIÓN DEL DAÑO
Problema jurídico:
¿En vigencia de la ley 678 de 2001, se presume la culpa grave o dolo del agente del Estado en los procesos del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acreditación del supuesto de hecho que describen las presunciones legales de que trata la Ley 678 de 2001 no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la conducta del agente porque, en todo caso, el juez contencioso debe analizar y calificar, en forma independiente, el comportamiento del servidor o exservidor para establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con el daño antijurídico que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (ii) si fue determinante en la ocurrencia de esa afectación y, iii) cuál fue el grado de participación del agente. La Corte Constitucional, en sentencia reciente, precisó que las presunciones de dolo y culpa previstas en la ley eximen al organismo estatal de probar el supuesto de la inferencia por estar descrito directamente en la ley, pero no lo relevan de acreditar que la actuación del agente, por su arbitrariedad o su negligencia, fue determinante en la ocurrencia del supuesto de la presunción, tarea en la que resulta determinante: (i) el análisis de las funciones contempladas en la ley, y (ii) el grado de diligencia atribuible al servidor público en razón de los requisitos para acceder al cargo, la jerarquía o la retribución económica recibida. Las presunciones legales de que tratan los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, en el ámbito de la responsabilidad personal del servidor o exservidor contra quien el órgano público ejercita la pretensión de repetición, complementan pues las definiciones de dolo y culpa grave, e invierten la carga de la prueba. Cuando no esté acreditado el supuesto en el que se funda la presunción, la calificación de la conducta del agente debe evaluarse frente a la definición llana del dolo y la culpa grave. En consecuencia, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, debe probarse que la conducta del servidor o exservidor demandado encaja en la definición de dolo o culpa grave prevista en esa normativa, ya sea porque quiso “la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado” (dolo) o porque incurrió en “una infracción directa a la Constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones” (culpa grave).
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de las presunciones de las que trata la Ley 678 de 2001, cita: Corte Constitucional, sentencia C-354 de 26 de agosto de 2020 y C-374 de 14 de mayo de 2002.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL
Problema jurídico:
¿Procede el traslado de las pruebas recaudadas en el proceso penal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las pruebas documentales y testimoniales recaudadas en el proceso penal se valorarán sin reparos en este contencioso, al haber sido los acá demandados parte en ese proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la prueba trasladada, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 2013, rad. 20601, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
TESTIGO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / CARACTERÍSTICAS DEL TESTIGO / APRECIACIÓN DEL TESTIGO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO
Problema jurídico:
¿Los testimonios sospechosos pueden ser valorados por el Juez en el proceso contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala no desconoce que a [los] uniformados (…) les asistía un interés directo en el resultado proceso penal, teniendo en cuenta que fueron vinculados al mismo porque participaron en el procedimiento en que perdió la vida el señor [JABG]. Sin embargo, esa circunstancia no significa que deba desecharse su valoración por tratarse de testigos sospechosos, sino que su apreciación debe realizarse con mayor rigurosidad por parte del juez, atendiendo a las circunstancias de cada caso. De esta manera, para la Sala, tanto el citado informe No. 014 CDOESMAN del 15 de enero de 2004 como la versión testimonial de los agentes merecen credibilidad, habida cuenta de la espontaneidad, coherencia y claridad que presentan y porque, además, encuentran respaldo en otros medios de convicción que obran en el plenario. (...) No ocurre lo mismo con las declaraciones de los señores [MAMC] y [MMCC] pues, además de que se trata de la esposa y a la suegra del [occiso], circunstancia que también afecta su imparcialidad y credibilidad por lo que también son testigos sospechosos, lo cierto es que sus versiones develan una serie de inconsistencias y contradicciones.
VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / AUSENCIA DEL DOLO / USO DE LA FUERZA / PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA / PRUEBA DE ABSORCIÓN ATÓMICA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se acreditó que los uniformados actuaron con culpa grave al ocasionar la muerte de la víctima?
Respuesta al problema jurídico: No
Si bien, no es posible dilucidar, con certeza plena, la circunstancias en las que se produjo el deceso que dio lugar a la condena del órgano demandante, para la Sala tiene mayor credibilidad la versión oficial de los uniformados, en razón a las consideraciones expuestas anteriormente, que, además, es corroborada con el oficio núm. 1036 del 9 de noviembre de 2005, expedido por el Auditor de Guerra 143 del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el cual al [occiso] le fue incautada un arma tipo pistola (...), según informe de balística núm. DNC-BAL-302-2006, se “encontraba en buen estado de funcionamiento”, al igual que el proveedor de doce (12) cartuchos, de los cuales se accionaron dos (2). Consta, asimismo, que se decomisó una granada de fragmentación (...). Ahora, si bien la prueba de absorción atómica concluyó que no existía relación compatible con “residuos de disparo en mano” (…), lo cierto es que una lectura integral de este informe permite establecer que en la humanidad del (...) [occiso] sí se encontraron restos en ambas manos que, “al ser comprobados estadísticamente con las bases de datos, son compatibles con residuos de: Bario (Ba) y Plomo (Pb)”. Dicha circunstancia permite establecer a la Sala que la prueba pudo haberse contaminado por el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos y la toma de las muestras. (…) [L]os miembros de la Policía Nacional se encuentran facultados para emplear la fuerza y sus armas de dotación oficial cuando se encuentre en riesgo su vida o su integridad, así como la del resto de las personas. (…) [L]a jurisprudencia de esta Corporación también ha admitido el uso de las armas de fuego por parte de la Fuerza Pública, cuando se empleen en defensa propia o del resto de las personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, siempre y cuando los otros medios resulten ineficaces o no garanticen repeler el peligro o la agresión. (…) [A]l analizar en este asunto de forma completa y no aisladamente los medios de convicción que componen el acervo probatorio, no queda más que concluir que la conducta adoptada por los agentes (…) resultó coherente con la misión legal y constitucionalmente encomendada a los integrantes de la fuerza pública, incluyendo a los miembros de la Policía Nacional, de manera que tales uniformados estaban llamados a reaccionar, cuando el [occiso], en lugar de someterse a la autoridad, decidió atacar a los uniformados desencadenando así el resultado dañoso y las consecuencias ya conocidas. Se impone, entonces, una respuesta negativa al problema jurídico planteado y, en consecuencia, se revocará la sentencia apelada, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, porque no se encontró acreditado el supuesto de hecho constitutivo de culpa grave atribuido por la Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional a los demandados.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del uso excesivo de la fuerza, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de septiembre de 2016, rad. 52021, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (e); providencia de 28 de abril de 2010, rad. 18562, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Respecto de la apreciación de las pruebas por el juez, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 30 de septiembre de 2004, rad. 7549.
NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ALCANCE DEL CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / FINALIDAD DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿En el medio de control de repetición se ventila un interés público con lo cual resulta improcedente la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. La Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo exceptuaba la imposición de costas en las “acciones públicas” (artículo 171), mientras el CPACA exceptúa “los procesos en que se ventile un interés público” (artículo 188). De esta forma, el legislador colombiano cambió la orientación de la exoneración a la imposición de costas en lo contencioso administrativo, debido a que las “acciones públicas”, además de perseguir un interés público —sin que se discutan derechos subjetivos — tienen otros atributos, como lo son la legitimación universal (o abierta a cualquier “ciudadano”), la posibilidad de la intervención de terceros, la coadyuvancia y la imprescriptibilidad. Lo anterior, sin embargo, no implica que en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el demandante sea un ente estatal se ventile un interés público. Así, al no haberse decantado claramente el legislador, en el CPACA, por una exoneración absoluta de costas en contra del Estado, no cabe darle esta interpretación a su artículo 188, que prevé disponer sobre la condena en costas, “salvo en los procesos en que se ventile un interés público”, pues tal entendimiento supondría un criterio subjetivo en materia de costas, relacionado con el fuero de una de las partes, que el precepto legal no prevé. Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter patrimonial”, por medio del cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes , para así garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y inherentes a ella” . Si bien, de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso. La repetición, como “acción civil de carácter patrimonial” con “fines retributivo y preventivo”, supone un ejercicio razonable del derecho de acción, circunscribiéndolo a los eventos en que el organismo estatal vislumbre un comportamiento doloso o gravemente culposo del servidor acusado por infringir sus deberes funcionales o por la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, a partir de una comprobación certera de las circunstancias de hecho que sustentan la pretensión de reembolso. En ese orden, el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable al presente proceso por remisión expresa de la misma norma, consagra que se condenará en costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. El artículo 361 del CGP indicó que las costas se componen de expensas y gastos sufragados en el proceso y agencias en derecho. Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de presentación de la demanda. Respecto de su valor, el numeral 3.1.3 del artículo 6 estableció que, para la segunda instancia de procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser fijadas en “cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones, reconocidas o negada en la sentencia”,
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la condena en costas en lo contencioso administrativo, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 13 de agosto de 2002, rad. 03-15-000-2001-0127-01(REV-0127), C. P. Roberto Medina López; providencia de 13 de junio de 2000, rad. AC-10252, C. P. Ana Margarita Olaya Forero; providencia de 27 de abril de 2004, rad. 11001-03-15-000-2003-00311-01, C. P. Alfonso María Vargas Rincón; y sentencia de 7 de diciembre de 1993, rad. AC-1276, C. P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 171, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365