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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

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Fecha
2024-06-17
Radicado
11001032600020180002900
Número interno
60977
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR UPC, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - ANDJE
Demandado
JESUALDO HERNANDEZ MIELES

Síntesis de la providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Llama la atención de la Sala la orfandad probatoria con la que la parte demandante pretende endilgar responsabilidad… , pues pese a que en la demanda señala que fue el agente estatal que expidió el acto administrativo anulado, lo cierto es que no se logró acreditar, en aras de aplicar las presunciones de dolo y/o culpa grave de los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, que el demandante desconoció las normas de derecho o que expidió el acto con falsa motivación, pues no se aportó como prueba el acto administrativo que posteriormente fue anulado mediante providencia judicial.… En el caso de autos no existe prueba, además de las sentencias proferidas el 10 de julio de 2015 y el 3 de diciembre de 2015, que indique que la actuación… fue dolosa y/o gravemente culposa, pues no obra copia del acto administrativo y del informe de evaluación anulados…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando se pretende la repetición contra un agente estatal por la condena impuesta al Estado, la responsabilidad exige probar que su conducta fue dolosa o gravemente culposa y que fue determinante en la causación del daño, sin que la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho haga tránsito a cosa juzgada frente a él. La regla se sostiene en tres razones: las presunciones de dolo o culpa grave de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 requieren que se pruebe que el agente desconoció la norma o expidió el acto con falsa motivación; el proceso de nulidad y restablecimiento no tuvo como propósito juzgar la conducta del agente, y la falta de copia del acto anulado impide verificar su contenido. En el caso, no existió prueba distinta a las sentencias que anularon el acto, por lo que se negaron las pretensiones de repetición contra el ex rector. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la entidad debe aportar el acto administrativo y pruebas directas de la conducta del agente para que prospere la repetición.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se acreditó que la conducta del ex rector de la Universidad Popular del Cesar, fue dolosa o gravemente culposa y ello dio lugar a la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, arts. 5 y 6

También resuelve

  • ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición contra funcionarios de entidades públicas del orden nacional?
  • ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta a la Universidad Popular del Cesar?
  • ¿Por la fecha de ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la condena por la que se ejerce el medio de control de repetición, al caso concreto le son aplicables los preceptos de la Ley 678 de 2001?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

NIEGA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN AUSENCIA DEL DOLO INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SENTENCIA DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN COMPETENCIA FUNCIONAL COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR CONDENA CONTRA EL ESTADO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN APLICACIÓN DE LA NORMA LEY 678 DE 2001 PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REPARACIÓN DE PERJUICIOS CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CONCEPTO DE CULPA GRAVE PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE PRESUNCIÓN DE DOLO DEMOSTRACIÓN DEL DOLO PRUEBA DEL DOLO CARGA DE LA PRUEBA PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD DETERMINACIÓN DEL NEXO DE CAUSALIDAD CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Prestación de servicios y contrato realidad Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 20.533 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SENTENCIA DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditó que la conducta del ex rector de la Universidad Popular del Cesar, fue dolosa o gravemente culposa y ello dio lugar a la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Respuesta al problema jurídico: No [L]lama la atención de la Sala la orfandad probatoria con la que la parte demandante pretende endilgar responsabilidad (…), pues pese a que en la demanda señala que fue el agente estatal que expidió el acto administrativo anulado, lo cierto es que no se logró acreditar, en aras de aplicar las presunciones de dolo y/o culpa grave de los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, que el demandante desconoció las normas de derecho o que expidió el acto con falsa motivación, pues no se aportó como prueba el acto administrativo que posteriormente fue anulado mediante providencia judicial. (…) En el caso de autos no existe prueba, además de las sentencias proferidas el 10 de julio de 2015 y el 3 de diciembre de 2015, que indique que la actuación (…) fue dolosa y/o gravemente culposa, pues no obra copia del acto administrativo y del informe de evaluación anulados, ni reposan testimonios u otros medios de prueba válidos que acrediten con grado de certeza que la intención del señor (…) al adjudicar un contrato de prestación de servicios a Buscamos Ltda. era la de actuar por fuera de la ley o en desconocimiento de ella. De otro lado, es importante destacar que la sentencia proferida en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho resolvió la responsabilidad de la entidad demandada y el derecho del demandante a obtener el restablecimiento de derechos que en ella se dispuso. No obstante, la misma no hace tránsito a cosa juzgada frente al agente estatal al que se le imputa la causación del daño, porque el proceso mencionado no tuvo como propósito el juzgamiento de su conducta ni la determinación de si al proferir la resolución demandada obró con dolo y/o culpa grave. (...) Por lo expuesto, en la parte resolutiva habrá lugar a desestimar las pretensiones de la demanda, pues se advierte que no existe prueba que la conducta de (...) haya sido dolosa y/o gravemente culposa y determinante en la causación del daño por el que fue condenada la demanda a reparar perjuicios. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA / UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / CONDENA CONTRA EL ESTADO Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición contra funcionarios de entidades públicas del orden nacional? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia funcional del medio de control de repetición, la Ley 1437 de 2011, norma vigente al momento de la presentación de la demanda, en sus artículos 149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- y el objetivo por cuantía para los de doble instancia. De hecho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA el Consejo de Estado conoce, en única instancia, de los procesos de repetición que el Estado ejerce contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional. En este sentido, atendiendo a la calidad (…), es decir, como representante legal de una persona jurídica pública del orden nacional, como lo es la Universidad Popular del Cesar, se concluye que esta Corporación es competente para decidir de fondo el presente proceso, en única instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia funcional en el medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 155, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / SENTENCIA DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL Problema jurídico: ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta a la Universidad Popular del Cesar? Respuesta al problema jurídico: Si Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). (…) Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. Ahora bien, en los eventos en los que la norma aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el literal l) del numeral segundo del artículo 164 dispone que para el ejercicio del medio de control de repetición el término de dos años se contará a partir del día siguiente al del pago de la condena o conciliación o, a más tardar, a partir del día siguiente al del vencimiento de plazo máximo con el que cuenta la entidad para efectuar el pago correspondiente. Cabe recordar que el plazo para el pago será de 10 meses si el proceso en el que se profirió la condena o se aprobó la conciliación empezó en vigencia del CPACA. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 3 de diciembre de 2015, mediante la cual el Tribunal Administrativo confirmó la nulidad de la Resolución No. 635 del 11 de abril de 2013, quedó ejecutoriada el 11 de diciembre de 2015; ii) que según copia del comprobante de egreso No. 2016010333, el 4 de marzo de 2016 la Universidad Popular del Cesar pagó la suma de $144.548.879 (…) por concepto de cumplimiento de la sentencia judicial referida; iii) que el plazo de los 10 meses para cumplir la condena se cumplió el 11 de octubre de 2016; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la condena; y iv) que la demanda se presentó el 1° de marzo de 2018, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 21 de mayo de 2021, rad. 51260B, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia del 23 de marzo de 2018, rad. 59245, C. P. María Adriana Marín; sentencias del 6 de diciembre de 2017, rad. 50192, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 28 de abril de 2021, rad. 48436, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306 TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA NORMA / LEY 678 DE 2001 / PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Por la fecha de ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la condena por la que se ejerce el medio de control de repetición, al caso concreto le son aplicables los preceptos de la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: Si Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001 (…). Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición (…). Además, respecto de los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra la Universidad Popular del Cesar ocurrieron en 2013, esto es, cuando se expidió la Resolución 635 del 11 de abril de 2013, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al momento de los hechos. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al tránsito legislativo en el medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 28448, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 23 de noviembre de 2016, rad. 46108, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 47535, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 2195 DE 2022, LEY 678 DE 2001 PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REPARACIÓN DE PERJUICIOS / CONDENA CONTRA EL ESTADO / SENTENCIA DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD Problema jurídico: ¿Para la procedencia del medio de control de repetición se debe acreditar la obligación reparatoria a cargo del Estado, que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público, el pago de la obligación reparatoria y la conducta dolosa o gravemente culposa del agente? Respuesta al problema jurídico: Si Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. (…) [E]stá acreditado que mediante sentencia del 3 de diciembre de 2015, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la providencia del 10 de julio de 2015, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar que declaró la nulidad de la Resolución 635 del 11 de abril de 2013 y del informe de evaluación del 8 de abril de 2013; y ordenó pagar (…) la suma de $129.382.443, a título de restablecimiento del derecho. (…) El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. (…) Según lo expuesto, está demostrado que (…) tenía la calidad de servidor público de la Universidad Popular del Cesar para la época de los hechos. (…) [S]e evidencia que está acreditado el pago de la condena impuesta a la Universidad Popular del Cesar mediante providencia del 3 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de noviembre de 2006, rad. 22099, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 6 de diciembre de 2006, rad. 22056, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 12 de diciembre del 2007, rad. 27006, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 29 de mayo del 2014, rad. 42183, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 10 de diciembre de 2018, rad. 60423, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / DETERMINACIÓN DEL NEXO DE CAUSALIDAD Problema jurídico: ¿Para que pueda predicarse la responsabilidad del agente en el medio de control de repetición, debe acreditarse una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público y la existencia de una relación de causalidad entre el daño sufrido y la acción u omisión del agente que dio lugar a la condena? Respuesta al problema jurídico: Si Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. Al efecto, el artículo 5° de la Ley 678 de 2001, prevé que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. (…) A su turno, el artículo 6° de la misma norma, dispone que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. (…) Pese a lo anterior, es menester recordar que en sentencia C-374 de 2002 la Corte Constitucional señaló que la parte demandada puede desvirtuar este tipo de presunciones de hecho mediante prueba en contrario. Posición que posteriormente fue reiterada por el Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de julio de 2017, en la que indicó que las presunciones que contempló la Ley 678 de 2001 son legales, esto es, que admiten prueba en contrario, con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa. Además, la jurisprudencia de esta Sección ha destacado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la causación del daño reparado por el Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 55661, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 6 de julio de 2017, rad. 45203, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 7 de agosto de 2017, rad. 42777, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 29 de mayo de 2014, rad. 40755, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 22 de octubre de 2021, rad. 62571, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si [C]onforme a los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, la Sala encuentra que es procedente condenar a la parte demandante a pagar las costas y agencias en derecho, toda vez que fue la parte vencida en el proceso de repetición y aquellas se encuentran acreditadas, pues el demandado compareció al proceso mediante apoderado, quien realizó actividades de defensa judicial, consistentes en presentar la demanda y alegatos de conclusión. En relación con las agencias en procesos de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con los artículos 5, numeral 1° y 7 del Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016 , vigente para el momento de la presentación de la demanda, tratándose de procesos “declarativos en general” que se surten en segunda instancia la tarifa de agencias en derecho será entre 1 y 6 SMLMV. En este orden, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en 2 SMLMV, debido a que la parte demandante fue la parte vencida en el proceso y su causación está comprobada, por lo que su liquidación se hará de manera concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201800029001100103