---
clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020210048801-74603-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se aplica el régimen sustancial anterior a la Ley 678 de 2001 a la acción de repetición cuando los perjuicios"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-10-01"
radicado: "25000233600020210048801"
numero: "74603"
ponente: "WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020210048801-74603-sentencia"
---

# Consejo de Estado: se aplica el régimen sustancial anterior a la Ley 678 de 2001 a la acción de repetición cuando los perjuicios

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-10-01
- **Radicado:** 25000233600020210048801
- **Número interno:** 74603
- **Ponente:** WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** Repetición
- **Actor:** MUNICIPIO DE LA CALERA
- **Demandado:** FREDY ANDRÉS VARGAS ALMECIGA, EDGAR RODRIGO SUAREZ RUEDA, JUAN DE JESUS SANCHEZ CASTILLO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020210048801-74603-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020210048801/D47DAB1A68CB1659BF22336B4C2EEEB59CB0C8C7988F0AA08B2C89387E075F39/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202100488011100103

## Problema jurídico

¿Se aplica el régimen sustancial anterior a la Ley 678 de 2001 a la acción de repetición cuando los perjuicios que originaron la condena tuvieron como causa principal un acto administrativo expedido antes de su entrada en vigencia, aunque el trámite administrativo continuara con posterioridad?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El término de caducidad del medio de control de repetición se cuenta a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena…
- ¿Las sentencias que declararon la responsabilidad de la entidad pública y resolvieron la acción de tutela sobre los mismos hechos prueban, por sí solas…
- ¿Pueden valorarse en el proceso de repetición, sin formalidades adicionales, las copias de una actuación administrativa policiva trasladadas a solicitud de uno de los demandados y con audiencia de…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 77, 78 y 86
- Ley 153 de 1887, art. 40
- Ley 1564 de 2012, art. 624

## Extracto

En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición, se advierte que los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 18 de julio de 2001, fecha en que se profirió el acto que decretó la suspensión de la obra «túnel alterno de Usaquén». Por ende, en materia sustancial se aplicará lo previsto en el artículo 63 del Código Civil, los artículos 77, 78 y 86 del CCA y el artículo 90 de la Constitución.

## Síntesis temática

Las providencias judiciales aportadas al proceso administrativo constituyen pruebas documentales legalmente admisibles y valorables que acreditan plenamente la decisión judicial y los respectivos hechos procesales pero no sirven por sí solas para probar los hechos que le sirvieron de fundamento, debiendo el juez fundar su decisión de manera principal, específica y rigurosa en las pruebas que obran directamente dentro del proceso conforme al estricto mandato consagrado en el artículo 164 del CGP, sin que tales providencias permitan retomar apreciaciones y conclusiones sobre el material probatorio recaudado en otras instancias procesales anteriores o ajenas al litigio.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO, TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMA SUSTANCIAL, IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, EFECTO GENERAL INMEDIATO DE LA LEY, LEY 678 DE 2001, VIGENCIA DE LA LEY, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, SERVIDOR PÚBLICO, DOLO, CULPA GRAVE, HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PAGO DE LA CONDENA, FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL, EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA, NOTIFICACIÓN POR EDICTO, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, PANDEMIA, PROVIDENCIA JUDICIAL, PRUEBA DOCUMENTAL, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA, NECESIDAD DE LA PRUEBA, CONDUCENCIA DE LA PRUEBA, PRUEBA DEL DOLO, PRUEBA DE LA CULPA GRAVE, ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, PRUEBA TRASLADADA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA, REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DOCUMENTO PÚBLICO, PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO, TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS, INTERÉS MORATORIO, MORA EN EL PAGO, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA, INDEXACIÓN DE LA CONDENA, ORDENACIÓN DEL GASTO, CAUCIÓN, DEVOLUCIÓN DE LA CAUCIÓN, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRUEBA DEL PAGO, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, ORDEN DE PAGO, REGISTRO PRESUPUESTAL, RESPONSABILIDAD SUBJETIVA, CARGA DE LA PRUEBA, CONCEPTO DE DOLO, CONCEPTO DE CULPA GRAVE, DEMOSTRACIÓN DEL DOLO, DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE, PRESUNCIÓN DE DOLO, INSUFICIENCIA PROBATORIA, COMITÉ DE CONCILIACIÓN, INTERÉS GENERAL, CUMPLIMIENTO DE DEBER LEGAL, REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL SUELO, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, DERECHO DE DEFENSA, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, ERROR DE DERECHO, ERROR DE HECHO MANIFIESTO, ERROR INEXCUSABLE, INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE, VIOLACIÓN DE LA NORMA, INTERPRETACIÓN DE LA NORMA, EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, OBRA PÚBLICA, SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO, CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO, FUNCIÓN CONSULTIVA, ALCANCE DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA, DUDA RAZONABLE, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA TERRITORIAL, CONDENA EN COSTAS, INTERÉS PÚBLICO, EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES, RECURSO DE APELACIÓN, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA

## Guías prácticas relacionadas

- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.
- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.
- [Acción de repetición contra el agente](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/accion-repeticion.md): Cuándo la entidad debe repetir contra su servidor o excontratista por una condena pagada.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: debe rechazarse la demanda de repetición por caducidad del medio de control](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:50001233300020240026101-72069-auto-interlocutorio.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020130124901-63031-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:20001233300020230003501-71561-auto-interlocutorio.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del proceso de repetición promovido por la Corporación Autónoma Regional](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020160005000-56620-sentencia.md)

## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMA SUSTANCIAL / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / EFECTO GENERAL INMEDIATO DE LA LEY / LEY 678 DE 2001 / VIGENCIA DE LA LEY / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / SERVIDOR PÚBLICO / DOLO / CULPA GRAVE / HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES
Problema jurídico:
¿Se aplica el régimen sustancial anterior a la Ley 678 de 2001 a la acción de repetición cuando los perjuicios que originaron la condena tuvieron como causa principal un acto administrativo expedido antes de su entrada en vigencia, aunque el trámite administrativo continuara con posterioridad?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición, se advierte que los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 18 de julio de 2001, fecha en que se profirió el acto que decretó la suspensión de la obra «túnel alterno de Usaquén». Por ende, en materia sustancial se aplicará lo previsto en el artículo 63 del Código Civil, los artículos 77, 78 y 86 del CCA y el artículo 90 de la Constitución. En efecto, si bien el trámite urbanístico adelantado por el Municipio de La Calera frente al túnel alterno de Usaquén siguió adelante y contuvo actuaciones posteriores al acto administrativo de suspensión, lo cierto es que los perjuicios irrogados a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tuvieron como causa principal la decisión referida. (...) El artículo 624 del CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, establece que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Por ende, los hechos o actos anteriores a la Ley 678 de 2001 –que entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial No. 44.509 del 4 de agosto de 2001– continúan sometidos en lo sustancial a la norma anterior, mientras que, en lo procesal, la Ley 678 se aplica a los juicios de repetición que se encuentren en curso. Lo expuesto no obsta para dar alcance al régimen sustantivo previsto en la Ley 678 de 2001, en caso que la Sala encuentre demostrados hechos jurídicamente relevantes que sean posteriores a su entrada en vigencia.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63, LEY 678 DE 2001
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / NOTIFICACIÓN POR EDICTO / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS / PANDEMIA
Problema jurídico:
¿El término de caducidad del medio de control de repetición se cuenta a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena, cuando este se realiza antes del vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA?
Respuesta al problema jurídico: Si
El término para formular pretensiones, en repetición, es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 –antes de su modificación por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022–. En atención a la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002, el término de caducidad corre desde la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, del vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA. La demanda se interpuso en tiempo –12 de octubre de 2021–, porque la sentencia condenatoria de segunda instancia se notificó a las partes en edicto desfijado el 10 de julio de 2018, cobrando ejecutoria el 13 de julio siguiente. El plazo previsto en el artículo 177 del CCA transcurrió hasta el 13 de enero de 2020 y, conforme a los documentos allegados al proceso, el pago de la condena se efectuó el 30 de diciembre de 2019. Por ende, el término de caducidad se contabiliza a partir del día siguiente al pago –31 de diciembre de 2019–. El conteo de los dos años siguientes culminó el 31 de diciembre de 2021 y la demanda se presentó oportunamente en ese lapso, situación que releva a la Sala de adicionar la suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura con motivo de la pandemia por el COVID-19.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la exequibilidad condicionada conforme a la cual el término de caducidad de la repetición corre desde la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses del artículo 177 del CCA, ver: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001; Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 2195 DE 2022 - ARTÍCULO 42, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
PROVIDENCIA JUDICIAL / PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / NECESIDAD DE LA PRUEBA / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / PRUEBA DEL DOLO / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
Problema jurídico:
¿Las sentencias que declararon la responsabilidad de la entidad pública y resolvieron la acción de tutela sobre los mismos hechos prueban, por sí solas, el dolo o la culpa grave del agente demandado en repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales. Sin embargo, no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento. En ese sentido, el juez, para decidir la controversia, debe fundarse en las pruebas que obran en el proceso (artículo 164 del CGP). (...) Obran en el expediente las sentencias que resolvieron las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas por la EAAB contra la Alcaldía Municipal de La Calera. (...) La Sala enfocará su estudio en la decisión de segunda instancia, por corresponder al pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contenciosa. (...) Este documento permite acreditar la existencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (...), así como de la condena impuesta a la entidad demandada –que, actualmente, reclama en repetición–. De igual modo, la parte motiva de la providencia determina la actuación administrativa que ocasionó el daño, consistente en la Resolución del 18 de julio de 2001. No obstante, resulta improcedente en esta instancia retomar las apreciaciones y conclusiones efectuadas en cuanto al material probatorio recaudado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual no obra en este expediente. Además, al revisar la línea de decisión, no se advierte un estudio individualizado de la conducta de los exagentes municipales. (...) En varias ocasiones se ha anotado que la sola declaratoria de responsabilidad del Estado no demuestra automáticamente la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario, ni es vinculante en el juicio de reproche subjetivo que debe efectuar el juez de la repetición. (...) A partir de lo expuesto, las providencias allegadas no tienen conducencia probatoria o argumentativa para demostrar la culpa grave de los demandados. Esta anotación se hace extensiva a la sentencia T-860 de 2002, obrante en el expediente, cuyas consideraciones tampoco condicionan el juicio de reproche subjetivo que corresponde al juez de la repetición. (...) La falta de acreditación del elemento subjetivo de la repetición en ambas instancias no obedeció a la aplicación irrestricta de lo expuesto por la Corte Constitucional –más allá del valor indicativo o auxiliar de la decisión–, sino que tuvo fundamento en una valoración autónoma del material probatorio obrante en el expediente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las providencias judiciales como pruebas documentales legalmente admisibles y valorables, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2007, exp. 24844. Sobre la sola declaratoria de responsabilidad del Estado, que no demuestra automáticamente la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario ni es vinculante en el juicio de reproche subjetivo del juez de la repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 8 de noviembre de 2024, exp. 69450; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, exp. 33450; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 29 de noviembre de 2019, exp. 43056; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2024, exp. 59728. Sobre la importancia de que el juez califique en forma independiente la conducta del demandado en repetición, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 164
PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO / PRUEBA DOCUMENTAL / DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Pueden valorarse en el proceso de repetición, sin formalidades adicionales, las copias de una actuación administrativa policiva trasladadas a solicitud de uno de los demandados y con audiencia de los demás?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del CGP, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciados, sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. Las copias de los documentos obrantes en la actuación policiva del Municipio de la Calera fueron solicitadas por el demandado (...) y contaron con la participación de los demás exagentes municipales, de modo que satisfacen los requisitos previstos por la ley procesal para su valoración como prueba trasladada. (...) Los escritos referidos son documentos públicos, porque fueron otorgados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Conforme a lo establecido en el artículo 244 del CGP, se presumen auténticos, porque existe certeza de las personas que elaboraron y suscribieron esos documentos, no se tacharon de falsos ni se desconocieron durante el proceso. Estos medios de prueba dan cuenta de la totalidad de la actuación administrativa y la intervención de cada uno de los demandados en la misma.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 174, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244
CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS MORATORIO / MORA EN EL PAGO / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / INDEXACIÓN DE LA CONDENA / ORDENACIÓN DEL GASTO / CAUCIÓN / DEVOLUCIÓN DE LA CAUCIÓN
Problema jurídico:
¿Puede la entidad recuperar en repetición, además del capital neto de los conceptos indemnizatorios de la condena, una caución que ingresó al erario sin fundamento jurídico y la actualización e intereses moratorios de la condena, cuando los exagentes demandados no tenían funciones de ordenación del gasto ni les es atribuible la demora en el pago?
Respuesta al problema jurídico: No
Conforme al artículo 1617 del Código Civil, cuando se incumple la obligación de pagar una suma de dinero, se generan perjuicios al acreedor por la mora en el pago, quien puede reclamarlos dentro del proceso ejecutivo, para que se obligue al deudor a pagar los respectivos intereses moratorios. Es factible que el Estado formule la repetición para recuperar la suma pagada por intereses moratorios, cuando estos se deriven del dolo o culpa grave de uno de sus agentes. Sin embargo, cuando la demora de la entidad no le sea atribuible al demandado, no procede el cobro de los intereses de mora causados. (...) El Municipio de La Calera pretende reclamar a los demandados la suma definitiva de $1.989.033.495. Si bien está demostrada la obligación reparatoria impuesta a la entidad, la Sala precisa que la acción de regreso solo puede adelantarse respecto del valor de capital neto de los conceptos indemnizatorios ($1.822.818.470). Ello atiende a que, por una parte, no es procedente el recobro de la caución constituida por la EAAB, toda vez que aquel concepto correspondía a una suma de dinero que ingresó al erario municipal sin fundamento jurídico. Por otra parte, no es viable que

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

acreditado en sede administrativa que la Rama Ejecutiva designó al túnel alterno de Usaquén como un proyecto de utilidad pública e interés social. Por ende, existía un margen razonable de duda sobre el alcance de la Ley 56 de 1981 al asunto particular, el cual escapa a la configuración de un error «manifiesto» o «inexcusable» respecto de aquel aspecto de derecho. Por ende, aunque la resolución del 18 de julio de 2001 se declaró nula por desconocer el régimen de la Ley 56 de 1981, la Sala estima que dicha actuación no configura un error manifiesto e inexcusable en la aplicación de las normas de derecho –circunstancia que, de suyo, descarta la configuración de una conducta gravemente culposa por los demandados–. (...) [A]l estudiar la comisión de errores de derecho por exagentes del Estado, el elemento subjetivo de la repetición exige la configuración de un error manifiesto e inexcusable. Tales adjetivos implican que la existencia de una interpretación normativa posible desvirtúa el juicio de reproche subjetivo, por cuanto evidencian que el servidor público actuó conforme a su obligación de cumplir la Constitución y las leyes, así como evitar su infracción, omisión o extralimitación funcional –artículos 6, 95, 121, 122 y 123 de la Constitución–.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el error inexcusable en la responsabilidad patrimonial de los jueces prevista en el artículo 40 del CPC, que no se configura «cuando se sostiene punto de vista defensable respecto a una materia controvertida de derecho», ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de octubre de 1972, G.J. CXLIII, p. 229-236; ver también: Corte Suprema de Justicia, sentencia de 23 de febrero de 1988, G.J. CXCII (primer semestre), p. 37-44. Sobre la exequibilidad condicionada del artículo 71 de la Ley 270 de 1996, bajo el entendido de que la definición del error inexcusable se tramite con sujeción a lo dispuesto en el artículo 40 del CPC, ver: Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996. Sobre el vínculo conceptual entre la culpa grave y los calificativos del error «manifiesto» e «inexcusable», ver: Corte Constitucional, sentencia C-455 de 2002. Sobre el término «Ejecutivo» en la calificación de utilidad pública e interés social de proyectos, obras y zonas, entendido como el orden administrativo al cual pertenezca el proyecto, obra o zona objeto de esa calificación, ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de marzo de 1991, exp. 1258.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 1, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 237 NUMERAL 3, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 287, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 95, LEY 270 DE 1997 - ARTÍCULO 71 NUMERAL 1, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 103, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 104, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 99, LEY 56 DE 1981 - ARTÍCULO 16, LEY 56 DE 1981 - ARTÍCULO 17, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 2
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / RECURSO DE APELACIÓN / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas a cargo de la entidad demandante vencida en el medio de control de repetición, por no tratarse de un proceso en que se ventile un interés público en los términos del artículo 188 del CPACA?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 del CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. (...) El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. (...) En otra oportunidad, esta Subsección ha determinado que el CPACA no establece una exoneración absoluta de costas a favor del Estado y que la acción de repetición no persigue, de manera directa, un interés público. Este criterio, que la Sala acoge y reitera, se fundamenta en los siguientes argumentos: «La Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo (CCA) exceptuaba la imposición de costas en las "acciones públicas" (artículo 171), mientras el CPACA exceptúa "los procesos en que se ventile un interés público" (artículo 188). (...) Lo anterior, sin embargo, no implica que en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el demandante sea un ente estatal se ventile un interés público. (...) Ahora, el medio de control de repetición constituye "una acción civil de carácter patrimonial", por el cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes, para así garantizar, de forma mediata, "los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella". Si bien, de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso». A raíz de lo anterior, procede la imposición de costas en segunda instancia, porque el recurso interpuesto por la parte demandante no prosperó y la sentencia de primera instancia fue confirmada en su integridad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la condena en costas en repetición, por cuanto el CPACA no establece una exoneración absoluta de costas a favor del Estado y la acción de repetición no persigue, de manera directa, un interés público, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 8 de noviembre de 2024, exp. 56897. Sobre la procedencia de la condena en costas a la parte vencida en los procesos contencioso subjetivos, entre ellos la repetición, por cuanto la expresión «interés público» del artículo 188 del CPACA debe asimilarse a las acciones públicas, contencioso objetivo o de mera constitucionalidad o legalidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 28 de abril de 2025, exp. 71907; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 8 de julio de 2024, exp. 66764. En sentido contrario, sobre la abstención de condenar en costas en los procesos de repetición por considerar que persiguen un interés público, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de septiembre de 2024, exp. 71254; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de julio de 2021, exp. 65825; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de septiembre de 2021, exp. 55227; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2024, exp. 59728.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-10-01. C.P. WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ. Rad. 25000233600020210048801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020210048801-74603-sentencia).
