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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se presentó de forma de oportuna la acción de controversias contractuales incoada

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Fecha
2025-03-21
Radicado
25000232600020110054901
Número interno
61936
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
BRICK CONTRUCCIONES LTDA
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se presentó de forma de oportuna la acción de controversias contractuales incoada

Relevancia Matiza la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

La demanda que originó el presente proceso está dirigida a obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato No. 174 de 2006.… De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., en aquellos contratos que deben ser liquidados y la liquidación se produce de común acuerdo entre las partes, el término de caducidad de la acción relativa a controversias contractuales, que es de dos años, debe contabilizarse a partir de la suscripción de la respectiva acta de liquidación.… En el presente caso, el negocio jurídico objeto de la controversia fue de obra pública, por lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública por el cual se rige, que establece que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública que debe ser objeto de liquidación, siempre que la liquidación se haya efectuado de común acuerdo entre las partes y se cuente con la acta respectiva. En este caso, el contrato de obra pública fue liquidado bilateralmente el 4 de diciembre de 2009, por lo que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales, que es de dos años, vence el 5 de diciembre de 2011. La demanda fue presentada el 3 de junio de 2011, lo que resulta oportuna, incluso sin considerar el lapso de suspensión por el procedimiento de conciliación extrajudicial. La Sala confirma que la acción de controversias contractuales fue presentada a tiempo, matizando la jurisprudencia anterior que podría haber interpretado que la falta de salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones durante la ejecución del contrato invalidaba las pretensiones del contratista. Esto implica que las partes deben respetar las modificaciones pactadas en acuerdos bilaterales, incluso si no incluyen salvedades, y que la buena fe obliga a cumplir con las manifestaciones de voluntad previas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se presentó de forma de oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública suscrito entre las partes, el cual debía ser objeto de liquidación?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 136 núm. 10
  • Ley 80 de 1993, art. 60

También resuelve

  • ¿La competencia del juez de segunda instancia al resolver un recurso de apelación se encuentra limitada por los precisos argumentos esgrimidos por el recurrente…
  • ¿El hecho de que el contratista no hubiera dejado salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones que se produjeron durante la ejecución del negocio jurídico…
  • ¿Independientemente de la causa por la cual se alegue que se produjo el rompimiento del equilibrio económico del contrato…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA APELACIÓN DE LA SENTENCIA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL REQUISITOS DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL EXAMEN DE FONDO ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA CAMBIO DE JURISPRUDENCIA REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA APELACIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO IMPROCEDENCIA DE HECHO NUEVO ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATISTA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PRÓRROGA DEL CONTRATO PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACUERDO DE VOLUNTADES FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA DERECHO RENUNCIABLE RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS ACTO PROPIO PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Suspensión del contrato

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿Se presentó de forma de oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública suscrito entre las partes, el cual debía ser objeto de liquidación? Respuesta al problema jurídico: Si La demanda que originó el presente proceso está dirigida a obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato No. 174 de 2006. (...) De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., en aquellos contratos que deben ser liquidados y la liquidación se produce de común acuerdo entre las partes, el término de caducidad de la acción relativa a controversias contractuales, que es de dos años, debe contabilizarse a partir de la suscripción de la respectiva acta de liquidación. (...) En el presente caso, el negocio jurídico objeto de la controversia fue de obra pública, por lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública por el cual se rige, que establece que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación, el acuerdo de voluntades suscrito entre el IDU y los demandantes también debía someterse a ese corte de cuentas. (...) El contrato No. 174 de 2006 fue liquidado de forma bilateral el 4 de diciembre de 2009 (...), por lo cual la demanda debería ser presentada, a más tardar, el 5 de diciembre de 2011. Dado que lo fue el 3 de junio de este último año, resulta evidente su oportunidad, aún sin tener en cuenta el lapso de suspensión que se presentó por cuenta del procedimiento de conciliación extrajudicial iniciado el 14 de septiembre de 2010 y que culminó con audiencia del 16 de noviembre del mismo año, en la que se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes (...). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE Problema jurídico: ¿La competencia del juez de segunda instancia al resolver un recurso de apelación se encuentra limitada por los precisos argumentos esgrimidos por el recurrente, los cuales deben dirigirse a demostrar por qué la decisión que se impugna es errada? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a competencia del ad-quem al resolver un recurso de apelación en contra de una providencia proferida por el juez de primera instancia, se encuentra limitada por los precisos argumentos esgrimidos por el recurrente, los cuales deben dirigirse a demostrar por qué la decisión que se impugna es errada. Esto, por cuanto precisamente la doble instancia ha sido concebida como un mecanismo que permite revisar un auto o sentencia por el superior jerárquico, siempre que se considera que la misma no estuvo ajustada a derecho, caso en el cual la ley exige que el apelante manifieste, específicamente, las razones de su disentimiento. Así, la confrontación que le corresponde efectuar al juez de la segunda instancia se deberá dar entre lo expuesto en el fallo impugnado y las razones del apelante tendientes a desvirtuar los argumentos del a-quo. Es decir que no se trata de exponer, nuevamente, lo que ya fue analizado en la primera instancia, repitiendo en el recurso los argumentos de la demanda y su contestación, sino de dirigir los expresos señalamientos que surjan frente a lo resuelto concretamente en la sentencia objeto de la apelación. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la carga de sustentación suficiente, consultar providencias de 21 de mayo de 2021, 52413, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 3 de marzo 2023, Exp. 58301, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 24 de abril de 2023, Exp. 54823, C.P. María Adriana Marín. PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / EXAMEN DE FONDO / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿El hecho de que el contratista no hubiera dejado salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones que se produjeron durante la ejecución del negocio jurídico, resulta suficiente justificación para la denegatoria de las pretensiones? Respuesta al problema jurídico: No En relación con este primer punto, observa la Sala que, durante la ejecución de los contratos, en especial los de tracto sucesivo o ejecución prolongada en el tiempo, es común que las partes suscriban acuerdos bilaterales tendientes a introducir modificaciones en diferentes aspectos que fueron pactados en su celebración, lo cual llevan a cabo a través de adiciones en valor, prórrogas, otrosíes, suspensiones, etc., en los cuales se presenta una manifestación de voluntad de los contratantes que los obliga en los términos allí dispuestos y en la misma forma en que lo hizo el contrato principal que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1602 del C.C., es ley para las partes. Por ello, la jurisprudencia siempre ha reiterado el deber que les asiste a contratante y contratista de respetar la palabra dada, advirtiendo que, en virtud del principio de la buena fe, resulta inadmisible ir en contra de los propios actos, desconociendo las manifestaciones de voluntad expresadas con anterioridad. (...) A pesar de que en pasadas oportunidades se quiso dar el mismo valor obligatorio a los silencios observados por las partes a la hora de suscribir tales acuerdos de voluntades, en tanto se consideró que las inconformidades y reclamos que tuvieran pendientes, en especial sobre el equilibrio económico del contrato, debían ser expresados en tales eventos para salvaguardar el derecho a su posterior reclamación, la jurisprudencia retomó el criterio original, conforme al cual el único acto bilateral en el que se impone dejar esta clase de salvedades es el de la liquidación bilateral, por ser ese el momento en el que las partes, por disposición legal -art. 60, Ley 80 de 1993-, deben acordar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, consignando en la respectiva acta los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. (...) De acuerdo con lo anterior es claro que, en el presente caso, el hecho de que el contratista no hubiera dejado salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones que se produjeron durante la ejecución del negocio jurídico, no resulta suficiente justificación para la denegatoria de las pretensiones, razón por la cual resulta necesario dilucidar si, en relación con el fondo de la controversia, se equivocó el tribunal en la valoración probatoria que llevó a cabo, como lo sostuvo el apelante o si, por el contrario, la decisión se ajustó a lo que resultó acreditado en el plenario. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las salvedades en las prórrogas y modificaciones del contrato, consultar providencia de 27 de julio de 2023, Exp. 39121, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Independientemente de la causa por la cual se alegue que se produjo el rompimiento del equilibrio económico del contrato, lo primero que debe acreditar el demandante es la grave afectación económica sufrida, mediante la demostración de los sobrecostos que debió asumir el contratista y que rebasaron el alea normal del contrato, haciendo excesivamente onerosa su ejecución; es decir que no basta con acreditar el hecho al cual se atribuye la afectación, sino que resulta indispensable probar que ello representó una significativa disminución patrimonial para la parte afectada? Respuesta al problema jurídico: Si La figura del equilibrio económico del contrato, cuyo origen fue jurisprudencial, se consagró legalmente por la Ley 80 de 1993, la cual a lo largo de su articulado contempla disposiciones tendientes a garantizar el derecho de los co contratantes a la conservación de la equivalencia de prestaciones surgida entre las partes de un contrato estatal. (...) Así, se estableció a cargo de las partes (artículo 27) el deber de conservar la ecuación contractual, tomando las medidas que fueran necesarias para ese fin, consagrando dentro de los derechos y deberes de la entidad estatal contratante el de solicitar la actualización o revisión de los precios, cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato (artículo 4, numeral 3) y a favor de los contratistas, el derecho a que previa solicitud, “la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas” que no les sean imputables (artículo 5). (...) También se tuvo en consideración la afectación que la ecuación económica del contrato puede sufrir con ocasión del ejercicio, por parte de la Administración, de las facultades excepcionales de interpretación, modificación o terminación unilateral que la ley consagra a su favor, caso en el cual (artículo 14), debe proceder a reconocer y ordenar el pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y a aplicar los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello “…con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial”; y, además, establece que las partes utilizarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, para mantener la ecuación o equilibrio inicial. (...) El artículo 28 de la misma ley establece que, en la interpretación de las normas sobre contratos estatales, se tendrá en consideración, entre otras cosas, la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos. (...) El artículo 28 de la misma ley establece que, en la interpretación de las normas sobre contratos estatales, se tendrá en consideración, entre otras cosas, la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos. (...) Es así como se ha reconocido que la ecuación económica del negocio jurídico puede verse afectada por circunstancias imputables a la entidad contratante, como cuando ejerce el ius variandi o expide, en el cumplimiento de sus funciones, una medida o acto de carácter general que de manera indirecta afecta a su propio contratista -hecho del príncipe- o por un hecho imprevisible y externo a las partes, que sucede con posterioridad a la celebración del negocio jurídico -teoría de la imprevisión- y que impacta de manera significativa la economía del contrato, haciendo mucho más onerosa su ejecución. Si la afectación alegada por el demandante proviene de un hecho atribuible al incumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de la entidad, ha dicho la jurisprudencia que ello corresponde a un típico caso de responsabilidad contractual, con todas las consecuencias que ello conlleva. (...) Ahora bien, independientemente de la causa -proveniente de la entidad o ajena a las partes- por la cual se alegue que se produjo el rompimiento del equilibrio económico del contrato, lo cierto es que, lo primero que debe acreditar el demandante es la grave afectación económica sufrida, mediante la demostración de los sobrecostos que debió asumir el contratista y que rebasaron el alea normal del contrato, haciendo excesivamente onerosa su ejecución; es decir que no basta con acreditar el hecho al cual se atribuye la afectación, sino que resulta indispensable probar que ello representó una significativa disminución patrimonial para la parte afectada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la figura del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, consultar providencia de 31 de enero de 2019, Exp. 37910, C.P. María Adriana Marín; de 20 de mayo de 2024, Exp. 58879, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APELACIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DE HECHO NUEVO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los argumentos del recurso de apelación orientados a fundamente el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por demora en la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, cuando se observa que tales reparos comportan una variación de la causa petendi? Respuesta al problema jurídico: No La parte actora en su demanda sostuvo que la firma del acta de inicio de la ejecución del contrato se produjo casi cuatro meses después de cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato y que, durante este tiempo, tuvo personal y maquinaria en stand by. Afirmó que esa demora se debió al retraso de la entidad en el cumplimiento de su obligación de entregar los estudios y diseños de la obra necesarios para dar inicio al contrato. (...) Al respecto, el a-quo, (...) advirtió cómo, en la misma demanda, la parte actora había admitido que los estudios y diseños fueron entregados por la entidad dos meses antes de que se suscribiera el acta de inicio, es decir que, a su juicio, esa no pudo ser la razón de la demora en su suscripción. (...) [S]e observa que respecto de la afirmación efectuada por el tribunal, el recurrente sostuvo: “Sobre este particular debe mencionarse que el IDU justifica la firma del Acta de Inicio en esta fecha aduciendo que el contratista demoró la entrega de las hojas de vida del personal destinado en la obra (…)”, pero que a su vez, la entidad se demoró en su evaluación y aprobación, por lo que el contratista no podía iniciar la ejecución de la obra, cuando su obligación contractual era hacerlo a la mayor brevedad posible; es decir que el recurrente se dedicó a controvertir la contestación de la demanda, pero no dijo nada sobre el rechazo del tribunal a las razones que expuso la parte actora en su demanda como explicación a la firma tardía del acta de inicio del contrato, fundadas en la demora de la entidad respecto de su obligación de entregar los estudios y diseños. (...) Es decir que en el recurso de apelación, cambió la razón que, a su juicio, provocó el retraso en la suscripción del acta de inicio del contrato, pues ya no se refirió a la falta de suministro de los estudios y diseños por parte de la entidad sino a su demora en la aprobación de las hojas de vida del personal propuesto por el contratista, dejando sin respuesta la afirmación del tribunal en el sentido de que la entrega tardía de aquellos no podía ser la razón de que la referida acta se hubiera expedido en la fecha en que lo fue. Este reparo formulado en el recurso sobre el origen del retraso en la suscripción del acta de inicio, implicó una variación de la causa petendi respecto de la demanda, en la que se atribuyó la demora a la entrega tardía de estudios y diseños, mientras que en la apelación se argumentó que esta obedeció a la revisión de las hojas de vida del personal. Este cambio supone una modificación de la pretensión en segunda instancia, lo que es una razón suficiente para que el reparo no prospere, pues no es posible reconfigurar los términos del litigio en el recurso. A ello se suma que esta variación, como ya se dijo, hizo que el apelante dejara de atacar el fundamento central del fallo del Tribunal, que rechazó los perjuicios con base en que la entrega de estudios y diseños se realizó con dos meses de antelación. (...) Al subsistir el otro argumento expuesto por el a-quo para desestimar las pretensiones, consistente en la insuficiencia de la alegada entrega tardía de los estudios y diseños como justificación del retraso en la suscripción del acta de inicio, sobre el cual nada dijo el recurrente, la Sala carece de elementos de juicio que le permitan revisar lo decidido en primera instancia sobre este punto. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos ocasionados al contratista, derivados de las suspensiones del contrato de obra que ocurrieron por causa del demandante y, cuando se observa que en su recurso de apelación no propuso argumento alguno para desvirtuar la negativa del tribunal en este sentido? Respuesta al problema jurídico: No La parte actora en su demanda afirmó que el plazo contractual debió ser suspendido debido a que los estudios y diseños entregados por el IDU al consorcio se encontraban incompletos y desactualizados. (...) En la sentencia, el a-quo sostuvo que en la primera suspensión -Acta 3, suscrita el 21 de junio de 2007, en la que se suspendió el contrato por 18 días, hasta el 9 de julio de 2007- se dejó expresa constancia de que la razón por la cual se tomaba esa decisión era porque a la fecha no se habían aprobado las hojas de vida de los residentes ambientales del contratista y el PIPMA no había sido aprobado, lo que era requisito para el inicio de la etapa de construcción, es decir que la suspensión se produjo por causas imputables al contratista. (...) Revisado el recurso de apelación, la Sala no encuentra argumentos tendientes a desvirtuar lo afirmado por el tribunal (...). Luego no cabe duda de la razón por la cual se produjo la suspensión del contrato en esa fecha -y que fue tenida en cuenta por el a-quo-, la cual no obedeció a una causa externa a las partes como tampoco a un evento imputable a la entidad contratante, toda vez que la imposibilidad de continuar con la ejecución de las obras provenía de la falta de aprobación de unos documentos que debían ser presentados por el contratista y que sólo entregó seis días antes de que se terminara la etapa de preconstrucción -las hojas de vida- y dos días antes -el PIPMA-; esto retrasó, a su vez, el procedimiento de evaluación por parte de la entidad, pues es claro que el mismo implicaba que el contratista tendría que efectuar las correcciones que fueran necesarias y, según se registró en el acta eso fue lo que sucedió, pues los documentos le fueron devueltos para que atendiera las observaciones efectuadas por la interventoría. (...) Se advierte entonces, que el apelante fue quien mezcló las dos cosas en su recurso, pues en la demanda sostuvo que la demora en la suscripción del acta de inicio se debió a la entrega tardía de los estudios y diseños por parte del IDU pero, en el recurso de apelación, alegó que esa fue la causa de la primera suspensión del plazo contractual; sin embargo, no rebatió la constatación llevada a cabo por el a quo en relación con la verdadera razón por la que se produjo tal suspensión. (...) Aparte de lo anterior, también es necesario advertir cómo, en la misma acta de suspensión, suscrita tanto por la entidad como por el contratista, expresamente se estipuló que esa interrupción del plazo no generaría costos adicionales ni desequilibrio económico al contrato, razón de más para concluir que no hay lugar a variar lo decidido en el fallo de primera instancia sobre este punto. (...) Lo mismo cabe predicar en relación con la ampliación de la suspensión que se efectuó a través del Acta 5 del 9 de julio de 2007, en la que las partes la prolongaron hasta el 23 de julio del mismo año (...). Con base en lo anterior, resulta evidente que la mayor permanencia del contratista con ocasión de esta suspensión no obedeció a un hecho externo, que le fuera ajeno, razón por la cual no podía fundar en ella una reclamación por concepto de la afectación de la ecuación contractual, que fue la conclusión a la que llegó el tribunal y sobre la cual el apelante no propuso argumento alguno para desvirtuarla. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / DERECHO RENUNCIABLE / RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS / ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos ocasionados al contratista con las prórrogas que se debieron efectuar al contrato de obra publica, cuando se observa que en ellas las partes acordaron expresamente que dichas modificaciones en el plazo de ejecución no generarían costos adicionales para el IDU? Respuesta al problema jurídico: No En su demanda la parte actora reclamó por el desequilibrio de la ecuación contractual del que se derivaron sobrecostos que debió asumir, por stand by de los equipos, el personal técnico, administrativo y profesional e infraestructura física disponible para atender la obra durante el término de la parálisis que se produjo y que condujo a las prórrogas que se debieron efectuar al contrato, como consecuencia de la inexistencia comprobada de los estudios y diseños de las redes de alcantarillado pluvial, sanitario y combinado y de la información que sobre tales redes reposaba en la EAAB en el tramo 1 de la obra, comprendido entre las calles 94 y 103, costado occidental de la Autopista Norte, por lo que se paralizó totalmente ese frente de obra durante los meses de agosto a diciembre de 2007. (...) [E]s cierto como lo dice el apelante, que las razones de la adición del plazo del contrato obedecieron a las modificaciones de las cantidades de obra y las obras extras a ejecutar. Sin embargo, observa la Sala que en el contrato -cláusula 5- se pactó un plazo de seis meses, desglosados de la siguiente manera: un mes para la etapa de preconstrucción y cinco meses para la etapa de construcción, de conformidad con lo establecido en los numerales 4.2.1 y 4.2.2 del pliego de condiciones (...), en los cuales se dispuso que, en la etapa de preconstrucción, el contratista debía llevar a cabo la revisión detallada de los documentos entregados por el IDU y que formaban parte del proyecto con el objeto de hacer la apropiación de los mismos, por lo que sería su responsabilidad la consolidación de todos los estudios técnicos y diseños, cantidades de obra y presupuesto, debiendo tramitarlos y completarlos de ser necesario, de tal forma que permitieran el perfecto desarrollo de la obra dentro de los términos contractuales, sin que se generara sobrecosto alguno para el IDU por las actividades que en tal sentido provinieran para el contratista, quien debía garantizar el cumplimiento de las Especificaciones Particulares y Generales de Construcción y las Especificaciones de Redes de Servicios Públicos. En tales condiciones, se advierte que el hecho de que surgieran mayores cantidades de obra y obras extras que exigieran un mayor tiempo para la correcta ejecución del contrato, era un riesgo que le correspondía asumir al contratista (...). En adición a lo expuesto, observa la Sala que, tal y como lo advirtió el a-quo, en el mismo contrato adicional, en el parágrafo de la cláusula primera, expresamente las partes acordaron: “PARÁGRAFO: Esta prórroga no generará costos”, estipulación que envuelve una manifestación de voluntad expresada por el mismo contratista a la hora de suscribir el negocio jurídico adicional y que encuentra su explicación, precisamente, en la asunción de este riesgo por parte del contratista, que aceptó al presentar su propuesta y celebrar el contrato adjudicado. Por otra parte, la manifestación contenida en el referido parágrafo corresponde a una declaración dispositiva en los términos del artículo 15 del Código Civil, norma que permite la renuncia de derechos conferidos por la ley cuando solo conciernen al interés individual del renunciante y su renuncia no está prohibida. Asimismo, se advierte que en el expediente no hay prueba de que el IDU hubiera condicionado los cuatro contratos adicionales a la renuncia consignada en el documento, lo que permite descartar una posible infracción del artículo 5.3 de la Ley 80 de 1993. (...) La misma situación se puede predicar respecto de las demás prórrogas efectuadas en el contrato -contratos adicionales 3 del 4 de abril, 4 del 7 de mayo y 5 del 9 de junio, todas del 2008 (...)-. Acerca de la naturaleza jurídica de tales actos bilaterales suscritos por las partes a lo largo de la relación contractual, se advierte que cada uno de ellos, como acuerdo de voluntades que se expresa en el ámbito de ejecución del negocio jurídico, está imbuido de la obligatoriedad que se predica de todo contrato conforme a lo establecido en el artículo 1602 del Código Civil, razón por la cual el contratista se encuentra en el deber de respetarlo. En consecuencia, no le es permitido ir en contra de sus propios actos mediante el desconocimiento posterior del consentimiento expresado, lo que resulta inadmisible en cuanto ello implica una vulneración de la buena fe contractual y la lealtad que se deben observar en la celebración y ejecución de los negocios jurídicos. (...) De acuerdo con lo expuesto y con fundamento en los argumentos manifestados en el recurso de apelación, no encuentra la Sala razones que justifiquen la revocatoria del fallo impugnado, toda vez que el recurrente no logró demostrar que lo decidido por el a-quo fue equivocado, razón por la cual la sentencia de primera instancia será confirmada. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 15, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201100549011100103