Titulación de la relatoría 15.668 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / CONTENIDO DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / FINALIDAD DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS DE APELACIÓN EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 - — el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo establece el artículo 328 del CGP. Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”. (…) [L]a parte actora no expresó en el recurso de apelación, sino en los alegatos de conclusión de esta instancia, que los actos administrativos fueron extemporáneos, porque la notificación de la Resolución (…), que confirmó la decisión de multar al Consorcio, fue posterior al vencimiento del plazo del contrato. Al respecto, cabe rememorar que la etapa para formular alegatos de conclusión no es la oportunidad procesal para formular pretensiones, ni plantear o reformular los cargos del recurso de alzada, razón por la cual el referido cargo, propuesto en los alegatos, no será estudiado en esta instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de 25 de junio de 2014, rad. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ), C. P. Enrique Gil Botero. Sobre el marco de competencia del Juez de Segunda Instancia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, rad. 46005, C. P. Danilo Rojas Betancourth. Respecto de la finalidad de la etapa para formular alegatos de conclusión, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de febrero de 2017, rad. 66001-23-33-000-2016-00080-01(PI), C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (e).
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro de la oportunidad prevista por la Ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l marco de juzgamiento de esta providencia atañe única y exclusivamente al juicio de legalidad de las resoluciones (…), por las cuales el Departamento ordenó al Consorcio el pago de una multa contractual, dentro del contrato de obra (…). En este contexto, al tener cuenta la fecha de notificación del acto que concluyó el procedimiento administrativo de imposición de la multa (…), el término de dos años previsto por la norma procesal para formular en tiempo la reclamación judicial respecto de los motivos de hecho o de derecho que fundamentan la demanda (CCA – Artículo 136, núm. 10) habría concluido, sin solución de continuidad, el veintidós (22) de febrero de dos mil once (2011). Bajo este entendido, incluso sin observar el tiempo de suspensión del término de caducidad producto del trámite de conciliación extrajudicial (…), la Sala concluye que la demanda fue oportunamente presentada, el dieciséis (16) de marzo de dos mil diez (2010).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10
CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / DEBERES DEL CONTRATISTA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NOVACIÓN / CLASES DE NOVACIÓN / INEXISTENCIA DE LA NOVACIÓN / INFORME DEL INTERVENTOR / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / OTROSÍ AL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Los incumplimientos de las obligaciones contractuales que condujeron a la imposición de la multa desaparecieron debido a las modificaciones contractuales realizadas por las partes?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala advierte que en el contrato (…) fueron pactadas las cláusulas de multa y la facultad del contratante de imponerla; razón por la cual, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el ente contratante tenía las facultades previstas en dicha norma. Ahora, en relación con los cargos de la apelación, está probado que, desde el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, fueron tres las causas de imposición de multa contempladas en la cláusula vigésima del contrato que fueron endilgadas por la entidad para sancionar al Consorcio, a saber: (i) no acatar las órdenes de la interventoría; (ii) tener atrasos superiores al 20% en grupos de obra y; (iii) no disponer de los equipos comprometidos en el programa respectivo para construir las obras. Si lo que persigue el demandante es invalidar la multa, por haber cumplido las obligaciones pactadas en el contrato, este debía probar - que su comportamiento honró el acuerdo de voluntades, por haber ejecutado las prestaciones a su cargo de manera íntegra, efectiva y oportuna. Sin embargo, más allá de las afirmaciones del propio Consorcio en sus intervenciones dentro del procedimiento administrativo, no fue practicada prueba alguna en este proceso que dé cuenta del cumplimiento de las tres obligaciones contractuales relacionadas en el procedimiento de imposición de multa. (…) [E]l recurrente aduce que las tres obligaciones contractuales cuya insatisfacción fue increpada por la Administración expiraron por novación. (…) [E]s evidente que no le asiste razón a la apelante, ya que las obligaciones de acatamiento de las órdenes del interventor, de disposición de maquinaria y de equipos, y de confección oportuna de las obras conforme a la programación pactada no sufrieron variación alguna por las adiciones y otrosíes dado que, ni expresa ni tácitamente modificaron estructuralmente dichos compromisos. (…) En consecuencia, como no hay prueba de que las obligaciones cuyo incumplimiento fue acusado por la Administración en el trámite de aplicación de la multa se hubieran extinguido por cumplimiento o por novación; y, por el contrario, existen múltiples medios de convicción que indican un reiterado desacato de las órdenes de interventoría, la carencia de equipos, materiales y personal, y constantes retrasos en la ejecución del programa de obras e inversiones, la respuesta al primer y segundo problemas jurídicos es negativa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17
VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / APRECIACIÓN DEL DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INFORME DEL INTERVENTOR / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El Tribunal se equivocó al valorar los testimonios practicados, o por valorar documentos que no fueron mencionados durante el procedimiento administrativo de imposición de la multa?
Respuesta al problema jurídico: No
La apelante censuró el fallo de primera instancia por considerar que valoró incorrectamente los testimonios (…). El primero porque, en su entender, demuestra que los convenios modificatorios suscritos sí extinguieron las obligaciones cuyo incumplimiento ocasionó la multa. El segundo, porque considera que debió apreciarse de manera rigurosa al ser una versión parcializada y favorable a los intereses del Departamento. Estas dos razones de la impugnación no están llamadas a prosperar por los siguientes motivos: El testimonio del señor (...) no afirma lo que conjetura la demandante, sino que este declarante sindica al Consorcio de un incumplimiento constante de las obligaciones contractuales en cabeza suya, respecto de la disponibilidad de equipos y el cumplimiento del cronograma de actividades, y además ratifica los motivos que condujeron a las modificaciones contractuales. En ninguna de las afirmaciones de este testigo refiere a la extinción de las obligaciones por novación y, en todo caso, la intención de las partes para darle esos efectos debió ser patente, bien sea expresa o tácitamente, en el texto de los acuerdos modificatorios, lo que —se insiste— no ocurrió en este asunto. De otra parte, el reproche sobre la valoración del testimonio de la señora (...) sugiere que se aprecie como un testimonio sospechoso por la cercanía con su empleador. No obstante, ha de reiterarse que los motivos para sospechar de la declaración no sustraen por completo su mérito probatorio, sino que provocan una apreciación más severa, además de concordante con los demás medios de prueba a la luz de la sana crítica. En este caso, en particular, la sola vinculación de la testigo con el Departamento no les resta peso a sus dichos. (...) De otra parte, la sentencia de primera instancia es censurada por el apelante quien sostiene que el Tribunal valoró documentos ajenos al procedimiento administrativo. (...) Al respecto se observa que, si bien la Resolución 017429 de 2008 enuncia, al momento de calcular la multa, unos ciertos y determinados requerimientos del interventor producidos entre el 25 de julio de 2007 y el 16 de enero de 2008, el motivo del procedimiento administrativo de multa no estaba ceñido estrictamente al tiempo en que fueron proferidos esos actos, como sí lo estaba para forzar el cumplimiento de las tres obligaciones contractuales que, como se ha dicho reiteradamente, fungieron como causales para la imposición de la multa de acuerdo a la cláusula vigésima del contrato. De allí que el razonamiento del Tribunal, al analizar incluso los requerimientos posteriores al adelantamiento de la audiencia, y de las modificaciones al contrato, sea coherente con la función conminatoria de la multa, tantas veces reiterada por la jurisprudencia, y así logre constatar que lejos de allanarse al cumplimiento de las obligaciones, el Consorcio siguió siendo requerido constantemente por la interventoría, por estos y otros motivos, como puede advertirse también en la relación hecha de la correspondencia enviada por el interventor en el presente fallo y que ratifican los testimonios practicados. Entonces, como el fallo de primera instancia no erró en los aspectos censurados por el apelante, el tercero y último problema jurídico es respondido negativamente. En consecuencia, la sentencia de primera instancia será confirmada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la multa en el contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2005, rad. 14393, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de 13 de noviembre de 2008, rad. 17009, C. P. Enrique Gil Botero; y sentencia de 1 de junio de 2020, rad. 48945, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
NOVACIÓN / CONCEPTO DE NOVACIÓN / CLASES DE NOVACIÓN / ELEMENTOS DE LA NOVACIÓN / INEXISTENCIA DE LA NOVACIÓN / REQUISITOS DE LA NOVACIÓN / ANIMUS NOVANDI / EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / ACUERDO DE VOLUNTADES
OBITER DICTUM
[S]egún el Código Civil (“CC”), aplicable al asunto por formar parte del régimen jurídico de los contratos estatales, la novación es un modo de extinción de las obligaciones, que consiste en “la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida” (artículo 1687). Denota así esta definición legal que, inexorablemente, deben existir dos obligaciones válidas (artículo 1689), y ambas, aunque diferentes, se consideran íntimamente ligadas entre sí. Aparte, la novación puede ser subjetiva u objetiva, dependiendo de si el cambio repercute en las personas del acreedor o del deudor, o si recae en la prestación. En este último caso, para que se extinga la obligación primigenia, la de reemplazo debe transformar los aspectos esenciales de aquella sustituida de manera radical, por lo que no hay efectos extintivos con el cambio de elementos meramente accidentales de la obligación inicial. Además, el Código Civil prevé específicamente que la ampliación o reducción del plazo no constituye novación de las obligaciones. Otro presupuesto de la novación, como modo de extinción de las obligaciones, es que las partes expresen la intención de novar la obligación del contrato, es decir que haya animus novandi. (…) Si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que en los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) la novación de las obligaciones contractuales únicamente admite la forma escrita, en virtud de la solemnidad a la que se someten estos negocios jurídicos, cabe advertir que la formalidad no riñe con que el juez del contrato estatal halle la intención novatoria tácita, porque esta consiste en la manifiesta incompatibilidad entre la obligación primitiva y la nueva, conforme al entendimiento doctrinario y jurisprudencial de la norma civil.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la novación de las obligaciones contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de mayo de 2021, rad. 49483, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1693
CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se encuentra en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la condena en costas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 1999, rad. 10775, C. P. Ricardo Hoyos Duque y Corte Constitucional, sentencia C-043 de 27 de enero de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55