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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda

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Fecha
2022-11-18
Radicado
25000232600020090003701
Número interno
41658
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPARACION DIRECTA
Actor
GERSYS PEÑA CONTRERAS Y OTROS
Demandado
NACION- RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda

Lo que dijo la Sala

La Sala advierte que en la pretensión declarativa de la demanda sin que fuera desarrollado en ninguna otra parte del escrito se hizo alusión a la duración injustificada del proceso, no obstante, este punto no fue analizado en la Sentencia de primera instancia y tampoco fue objeto de reparo por la parte demandante, por lo que, la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto. Tampoco se pronunciará sobre la vinculación de la Rama Judicial al proceso, ni sobre su participación en la producción del daño alegado, como quiera que se declaró su falta de legitimación pasiva en la causa y este aspecto no fue objeto de apelación.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en…
  • ¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser…
  • ¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

SIN DECISION

Descriptores temáticos

PRETENSIÓN DECLARATIVA PRETENSIONES DE LA DEMANDA JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN DILACIÓN INJUSTIFICADA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA RAMA JUDICIAL VINCULACIÓN AL PROCESO PRODUCCIÓN DEL DAÑO FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA FALLA DEL SERVICIO EXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO CAPTURA CAPTURA ILEGAL FLAGRANCIA MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL DERECHO A LA LIBERTAD ACREDITACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO FALTA DE PRUEBA MEDIOS DE PRUEBA IRREGULARIDAD EN LA CAPTURA DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD DETENCIÓN PREVENTIVA REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA PRUEBA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA HECHO DE LA VÍCTIMA INEXISTENCIA DEL HECHO DE LA VÍCTIMA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PROCESO PENAL ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CAUSACIÓN DEL DAÑO JUEZ PENAL DAÑO ENTIDAD PÚBLICA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EJÉRCITO NACIONAL ALLANAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE ALLANAMIENTO DEL BIEN DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN AFECTIVA PARA LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL APLICACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL BENEFICIARIO DEL PERJUICIO MORAL CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL DEMOSTRACIÓN DEL PERJUICIO MORAL DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL PARÁMETROS PARA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL FIJACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL MOTIVACIÓN DEL PERJUICIO MORAL MOTIVACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL PAGO DEL PERJUICIO MORAL PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MORAL PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL PROCEDENCIA DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL PARENTESCO PRUEBA DE PARENTESCO GRADO DE PARENTESCO PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD VÍNCULO DE PARENTESCO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA JUEZ FACULTADES DEL JUEZ DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DAÑO AL BUEN NOMBRE DERECHO AL BUEN NOMBRE ALCANCE DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE CONCEPTO DE DERECHO AL BUEN NOMBRE RECTIFICACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE PROTECCIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA FINALIDAD DE LA MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA MODALIDADES DE MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA PROCEDIBILIDAD DE LA MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL PRINCIPIO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL JUSTICIA RESTAURATIVA MEDIDAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA DISCULPA PÚBLICA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DISCULPA EN CEREMONIA PRIVADA DAÑO EMERGENTE INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE NEGACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE PERJUICIO MATERIAL NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL NEGACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLÁUSULAS DEL CONTRATO CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE PARTE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE LUCRO CESANTE INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE PRUEBA DEL LUCRO CESANTE RECONOCIMIENTO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE PRESUNCIÓN DEL SALARIO APLICACIÓN DE PRESUNCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO

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Titulación de la relatoría 25.720 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

PRETENSIÓN DECLARATIVA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / DILACIÓN INJUSTIFICADA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RAMA JUDICIAL / VINCULACIÓN AL PROCESO / PRODUCCIÓN DEL DAÑO / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Problema jurídico: ¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? Respuesta al problema jurídico: No La Sala advierte que en la pretensión declarativa de la demanda sin que fuera desarrollado en ninguna otra parte del escrito se hizo alusión a la duración injustificada del proceso, no obstante, este punto no fue analizado en la Sentencia de primera instancia y tampoco fue objeto de reparo por la parte demandante, por lo que, la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto. Tampoco se pronunciará sobre la vinculación de la Rama Judicial al proceso, ni sobre su participación en la producción del daño alegado, como quiera que se declaró su falta de legitimación pasiva en la causa y este aspecto no fue objeto de apelación. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, sentencia de 5 de marzo de 2020, exp, 50001-23-31-000-2001-20298-01(40749), C.P, Alberto Montaña Plata FALLA DEL SERVICIO / EXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO / CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO / CAPTURA / CAPTURA ILEGAL / FLAGRANCIA / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL / DERECHO A LA LIBERTAD / ACREDITACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / FALTA DE PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / IRREGULARIDAD EN LA CAPTURA / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / DETENCIÓN PREVENTIVA / REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA Problema jurídico: ¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en los delitos investigados, por lo cual existe un pleno desconocimiento de los artículos 380 y 383 de la ley 600 de 2000? Respuesta al problema jurídico: Si Análisis de la legalidad de la captura. (…) Sobre la captura del demandante, la Sala advierte que las circunstancias de flagrancia no estaban del todo claras, así como tampoco existía una orden previa emitida por una autoridad competente que ordenara la restricción de su libertad. Justamente, la captura se produjo sin mediar ninguna circunstancia cierta o elemento relacionado con los delitos investigados que permitiera estructurar la figura de flagrancia. De hecho, así lo concluyó la fiscalía al resolver la situación jurídica del demandante, pues se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, habida cuenta de que, no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados. (…) Por otra parte, la Sala observa que una vez el demandante fue capturado la fiscalía ordenó la apertura de la instrucción y mantuvo al demandante detenido hasta que se resolvió la situación jurídica, sin realizar un estudio de la legalidad de las actuaciones y con claro desconocimiento de lo señalado en los artículos 380 y 383 del C.P.P., según los cuales debía ordenarse la libertad en el evento de que se tratara de una captura ilegal. (…) La libertad de una persona solo puede restringirse por orden de autoridad competente, con el cumplimiento de las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley, de modo que, al presentarse una captura ilegal, la Sala concluye que existió una falla en la actuación estatal. FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 336,345,348,380 Y 383 CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / PRUEBA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / HECHO DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DEL HECHO DE LA VÍCTIMA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCESO PENAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CAUSACIÓN DEL DAÑO / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / JUEZ PENAL Problema jurídico: ¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser determinantes para sufrir la privación de la libertad a la cual fue sometido, lo que no sucedió en el presente caso? Respuesta al problema jurídico: Si En este caso, la Sala no advierte la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones injustas de la libertad. De hecho, la parte demandante, no desplegó ninguna actuación dentro del proceso penal, de la cual se pudiese predicar su incidencia en la causación del daño. Por el contrario, sus intervenciones se circunscribieron a presentar los argumentos y las respectivas justificaciones, tendientes a demostrar su inocencia en el comportamiento investigado. (…) En este punto, la Sala debe aclarar que, contrario a lo considerado por el a quo, los únicos hechos o conductas de la víctima aptos para romper el nexo entre la decisión que pudo generar el daño y el daño, deben suceder en el marco del mismo proceso penal, no antes de él. De acuerdo con lo previsto por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, se debe valorar, exclusivamente, si la restricción de la libertad fue causada por la actuación procesal de quien demandó, lo que excluye el estudio de aquellas conductas preprocesales que ya fueron objeto de valoración por parte del juez penal y que le permitió concluir que la persona era inocente o no podía ser declarada responsable de los delitos investigados. FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 70 DAÑO / ENTIDAD PÚBLICA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / EJÉRCITO NACIONAL / ALLANAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE / ALLANAMIENTO DEL BIEN / DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO / CAPTURA / DETENCIÓN PREVENTIVA / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado, y lo mantuvo detenido? Respuesta al problema jurídico: Si Entidad a la que se le imputa el daño. (…) Sobre el particular, si bien al fiscal en la etapa de instrucción le corresponde la definición de situación jurídica con la imposición de medida de aseguramiento cuando se encuentren satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000, durante la etapa de juzgamiento del proceso penal la autoridad judicial también tiene la facultad de revocar la medida de aseguramiento impuesta contra el imputado si se advierten elementos materiales probatorios que desvirtúen su necesidad o cuando la misma no cumple con los fines para los cuales fue prevista (…) [L]a Sala considera que el daño le es imputable a la Fiscalía General de la Nación desde que impuso la medida de aseguramiento hasta la ejecutoria de la resolución de acusación pues una vez esto ocurre el proceso pasa a manos del juez penal , quien tiene plena competencia sobre el asunto. En el caso objeto de análisis no se cuenta con la constancia en que quedó ejecutoriada la resolución de acusación; sin embargo, según las normas procesales ello debió ocurrir el 27 de febrero de 2008 por lo que la Sala computará el daño a cargo de la Fiscalía General de la Nación desde el 15 de mayo de 2007 hasta el 27 de febrero de 2008. No se realizará ningún pronunciamiento respecto de la Nación-Rama Judicial porque dicha entidad fue exonerada en primera instancia y lo acontecido con la misma no fue objeto de recurso de apelación por la parte procesal directamente interesada. FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 355,356 Y 363 REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN AFECTIVA PARA LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / APLICACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / BENEFICIARIO DEL PERJUICIO MORAL / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / DEMOSTRACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PARÁMETROS PARA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / FIJACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / MOTIVACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / MOTIVACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PAGO DEL PERJUICIO MORAL / PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MORAL / PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PROCEDENCIA DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PARENTESCO / PRUEBA DE PARENTESCO / GRADO DE PARENTESCO / PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD / VÍNCULO DE PARENTESCO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA / FALTA DE PRUEBA / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La prueba del parentesco dentro del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge, su compañero o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral, sin embargo, para los demás demandantes debe acreditarse su vínculo a través de medio idóneo, esto con el fin de solicitar indemnización de perjuicios morales por privación injusta de la libertad, así mismo, para su liquidación el juez tomara en cuenta los parámetros que establece la sentencia de unificación del Consejo de Estado? Respuesta al problema jurídico: Si Perjuicios inmateriales. (…) En relación con los perjuicios morales, la Sala considera que toda privación de la libertad causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, los cuales se presumen respecto a la persona que sufre la detención, así como también en relación con su núcleo familiar más cercano, de acuerdo con las experiencias generalizadas en nuestro entorno. (…) [E]n la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2021, la Sección Tercera estableció que los perjuicios morales pueden inferirse para la víctima directa, a partir de la prueba de la privación de la libertad. Para su cónyuge o compañero/a permanente y para sus parientes hasta el primer grado de consanguinidad, con la prueba de tal condición. Asimismo, para las demás víctimas indirectas, aunque la prueba del parentesco puede ser apreciada como indicio de la existencia de relaciones estrechas con el detenido, los perjuicios morales deben ser acreditados con otros medios de prueba. (…) Además, en la providencia, se establecieron unos criterios para el cálculo de la indemnización, según el tiempo de privación de la libertad del afectado directo. Así, se refirió que, si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un mes se debe indemnizar con una suma fija equivalente a 5 SMLMV, de ahí en adelante por cada mes adicional transcurrido se suma un monto de 5 SMLMV y por cada día adicional al último mes transcurrido se debe sumar una fracción equivalente a 0,166 SMLMV, la cual se obtiene de dividir 5 SMLMV entre los 30 días que generalmente tiene un mes. Lo anterior, hasta llegar a un tope de 100 SMLMV, correspondiente a las privaciones de la libertad con una duración igual o mayor a 20 meses. (…) Por último, la Sección Tercera estableció la forma en que debían implementarse las reglas establecidas en la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2021, según lo cual, esta Sala de Subsección interpreta que, en las demandas presentadas a partir de la ejecutoria de la sentencia de unificación, la aplicación de las reglas para el reconocimiento y la liquidación del perjuicio moral será inmediata. En las demandas presentadas, desde el 28 de agosto de 2013 hasta la fecha de expedición de la Sentencia de unificación, en las cuales no se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de las víctimas indirectas sobre quienes no existe una presunción, fundándose en la jurisprudencia existente en ese momento, el juez puede hacer uso de las facultades probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido proceso. (…) Finalmente, en las demandas presentadas antes de 28 de agosto de 2013, al no existir reglas jurisprudenciales que crearan expectativa sobre el reconocimiento del derecho, las reglas contenidas en la Sentencia de unificación deben ser aplicadas sin ninguna reserva. Por otra parte, en relación con la determinación de los topes máximos por perjuicios morales y la forma de calcularlos, la sentencia será aplicada de inmediato, dado que sobre ese aspecto no puede considerarse que exista una expectativa legítima de un derecho. (…) [S]egún lo anterior, en este caso deberán aplicarse las reglas de unificación definidas recientemente por la Sección Tercera por tratarse de una demanda presentada el 24 de septiembre de 2008. En consecuencia, esta Subsección reconocerá por concepto de perjuicio moral al demandante la suma de 5 SMLMV. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de 2021, exp. 18001-23-31-001-2006-00178-01, (46681), C.P. Martín Bermúdez Muñoz DAÑO AL BUEN NOMBRE / DERECHO AL BUEN NOMBRE / ALCANCE DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / CONCEPTO DE DERECHO AL BUEN NOMBRE / RECTIFICACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / DETENCIÓN PREVENTIVA / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DERECHO A LA LIBERTAD / MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / FINALIDAD DE LA MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / MODALIDADES DE MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / PROCEDIBILIDAD DE LA MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL / PRINCIPIO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL / JUSTICIA RESTAURATIVA / MEDIDAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA / DISCULPA PÚBLICA / PROCESO PENAL / PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DISCULPA EN CEREMONIA PRIVADA Problema jurídico: ¿La restricción del derecho a la libertad en ausencia de un título jurídico que la justifique conlleva al menoscabo o vulneración del buen nombre, por lo cual debe repararse en casos de privación injusta de la libertad a través de una medida de restablecimiento del derecho, aplicando el principio de reparación integral a la víctima? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala advierte una afectación del derecho al buen nombre de (…) En este caso, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Sala encuentra que del daño al buen nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás, un deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro de la sociedad. Este asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. En relación con este último reconocimiento, la Sala considera que la adopción de una medida de restablecimiento del derecho al buen nombre de la demandante es una expresión propia de la justicia restaurativa impuesta a todo funcionario judicial, con la que se busca volver las cosas al estado anterior a la ocurrencia del hecho dañoso o, por lo menos, limitar sus consecuencias nocivas. Por tanto, en este caso procede la reparación de los derechos efectivamente vulnerados o amenazados, como así se ordenará. (…) En consecuencia, se ordenará a la Nación-Fiscalía General de la Nación, que emita un comunicado en el que se disculpe con la víctima por el daño antijurídico causado. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con las víctimas, la fiscalía deberá coordinar con el demandante si el documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, desea que se publique en sus plataformas de comunicación y difusión, por lo que así procederá la demandada una vez tenga conocimiento de esa decisión. De no hacerse ninguna manifestación durante ese lapso, se entenderá que las víctimas optan porque las disculpas se expresen de forma privada, por lo que la entidad deberá cumplir esta orden de manera inmediata. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el asunto, consultar, Corte Constitucional, sentencia C-489 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; Corte Constitucional. sentencia C-452 de 2016, M.P. Luis Ernesto Silva y sentencia T-977 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE / PERJUICIO MATERIAL / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / DETENCIÓN PREVENTIVA / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE PARTE Problema jurídico: ¿Debe negarse la indemnización del daño emergente solicitado por el demandante respecto al monto que tuvo que pagar por la compra e instalación de una red de 25 computadores que requería para la ejecución del contrato de prestación de servicios, y que fue terminado por el contratante como consecuencia de la detención del actor, al igual que la suma que tuvo que cancelar por concepto de la cláusula penal por el supuesto incumplimiento del mismo, teniendo en cuenta que, no se acreditó dicho perjuicio, y que existen inconsistencias entre las pruebas allegadas al proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Perjuicios materiales. (…) El demandante solicitó por concepto de daño emergente la suma $18.000.000 que tuvo que pagar por la compra e instalación de una red de 25 computadores que requería para la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito con (…) el 22 de agosto de 2004, y que fue terminado por el contratante como consecuencia de la detención del demandante. Sin embargo, la Sala advierte que no se puede extraer de ninguna cláusula del contrato que el demandante se comprometió a comprar tal red para la ejecución de este o que hubiera pagado tal suma por la compra de la aludida red. (…) Asimismo, se solicitó la suma de $20.000.000 que tuvo que pagar por concepto de cláusula penal por el supuesto incumplimiento del ya mencionado contrato. Para acreditar lo anterior, además del aportar el contrato en el que se incluyó que por el incumplimiento de las obligaciones pactadas las partes estaban obligadas a pagar $50.000.000 por concepto de cláusula penal; se encuentra la declaración rendida en el proceso de reparación directa por el señor (…) donde señaló que recibió del demandante la suma de $20.000.000 por el pago de la cláusula penal. (…) La Sala también negará el reconocimiento de este perjuicio, debido a que, además de que no se encuentra probado el supuesto incumplimiento del contrato por parte del demandante; se advierte una inconsistencia entre la declaración rendida (…) y el contrato aportado, pues no se explica la razón por la cual se pagó una suma distinta a la pactada, ya que en el contrato aportado se estableció la suma de $50.000.000 y el declarante señaló que recibió $20.000.000 por ese mismo concepto. Circunstancia que arroja duda sobre la precisión de sus dichos. REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / PRUEBA DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE / PRESUNCIÓN DEL SALARIO / APLICACIÓN DE PRESUNCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL / MEDIOS DE PRUEBA / PROCESO PENAL / CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO / DETENCIÓN PREVENTIVA / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿Procede la indemnización del lucro cesante en aplicación a la presunción del salario mínimo legal mensual vigente, sin incrementar el 25% de las prestaciones sociales, toda vez que no está acreditado que la víctima tuviera una relación laboral subordinada al momento de la detención? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con lucro cesante, se solicitó la suma de $144.000.000, por los ingresos mensuales dejados de percibir, debido a su actividad como técnico en sistemas. De las declaraciones que obran en el expediente y de las piezas del proceso penal se desprende que (…) se dedicaba al mantenimiento técnico de computadores. En relación con el valor que recibía mensualmente por este concepto, ya que era independiente, se aportó un “certificado de ingresos” suscrito por un contador público el 23 de octubre de 2004 en el que se adujo que el demandante percibía la suma $2.400.000. (…) No obstante, aquella certificación no podrá ser tenida en cuenta como prueba del monto que devengaba el demandante, porque de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 43 de 1990, no basta que la certificación esté firmada por un contador, sino que, el contenido de la misma debe aportar o explicar de manera detallada, precisa y clara el fundamento de la información. En este caso, el contador no explicó ni acreditó de ninguna forma el valor certificado, sino que se limitó a indicar de forma general y abstracta que era producto de la comercialización y mantenimiento de equipos de cómputo en el establecimiento (…) en consecuencia, de tal documento no se puede concluir si quiera si el demandante asistía a tal establecimiento como técnico o era el propietario. (…) [E]n consecuencia, la Sala aplicará la presunción del salario mínimo legal mensual vigente para liquidar el lucro cesante sin incrementar el 25% de las prestaciones sociales, toda vez que no está acreditado que la víctima tuviera una relación laboral subordinada al momento de la detención. (…) Por tanto, al aplicar la fórmula para liquidar rentas consolidadas empleada por la jurisprudencia de esta Corporación, se obtiene por 6 días de privación de la libertad el valor de $199.611,7738, suma que se reconocerá a favor del demandante. NOTA DE RELATORÍA: En ese sentido, ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de diciembre de 2020, exp. 48745, C, P, José Roberto Sáchica Méndez y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019, exp. 44572, C.P, Carlos Alberto Zambrano Barrera. FUENTE FORMAL: LEY 43 DE 1990 - ARTÍCULO 69

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200900037011100103