Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (IMPOSICIÓN SIMULTÁNEA DE SANCIONES) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2025-09-17
Radicado
05001233100020010121201
Número interno
52708
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
JAIME LEON RUIZ MUÑOZ
Demandado
GOBERNACION DE ANTIOQUIA, INGENIO VEGACHÍ LTDA. —EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato

Regla de decisión

Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez aplica a los contratos estatales la ley vigente al tiempo de su celebración, en virtud del principio de irretroactividad consagrado en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Las obligaciones, validez, existence y efectos de los acuerdos de voluntades celebrados por las entidades públicas no pueden quedar sujetos a los cambios constantes de la legislación posterior, pues ello generaría inestabilidad e incertidumbre jurídica en las relaciones contractuales, impidiendo que las normas nuevas alteren retroactivamente las condiciones pactadas al momento de perfeccionar el contrato.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1050 de 1968, art. 5
  • Decreto 855 de 1994, art. 18
  • Decreto Ley 222 de 1983, art. 1

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

Para analizar lo atinente a la caducidad deberá estudiarse, previamente, el régimen jurídico aplicable al contrato de suministro de caña de azúcar. El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 prevé que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Esta norma se opone al efecto general inmediato de una nueva ley en el ámbito contractual, porque los acuerdos de voluntades no pueden estar sujetos a los cambios constantes y repentinos de la legislación, que generarían inestabilidad e incertidumbre en las relaciones jurídicas. A los contratos debe aplicarse la ley vigente en el momento de su celebración y por ello, las leyes nuevas no pueden alterar las relaciones contractuales.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

ACCIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ESTATUTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL CADUCIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL COMPETENCIA ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN APELANTE APELANTE ÚNICO ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN PRETENSIÓN DECLARATIVA ENTIDAD TERRITORIAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PRUEBA DOCUMENTAL UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA DECISIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA APORTES A LA SOCIEDAD APORTE EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PATRIMONIO PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD VELO CORPORATIVO LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS FRENTE A TERCEROS PERSONA JURÍDICA ATRIBUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR ABUSO DEL DERECHO ÁNIMO SOCIETARIO ABUSO DEL DERECHO COMERCIAL DERECHO COMERCIAL DERECHO SOCIETARIO SOCIEDAD ELEMENTOS DE LA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL PASIVOS ACREEDORES EN PROCESO LIQUIDATORIO PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL SOCIEDAD SUBORDINADA DEFRAUDACIÓN ACTIVOS APORTADOS A LA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO ADMINISTRADOR DAÑO DOLO CULPA COLIGACIÓN NEGOCIAL REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA BUENA FE BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LA BUENA FE NEXO DE CAUSALIDAD PROCESO CONCURSAL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS JUNTA DIRECTIVA COMPROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CALIDAD DE SOCIEDAD SUBORDINADA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD ACREEDOR DEMANDANTE DEMANDADO CAPITAL SOCIAL INCUMPLIMIENTO DEL CONCORDATO MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas
Consejo de Estado 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C)
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Consejo de Estado 2021-12-15 Sección Tercera (Subsección C)
Las normas que imponen sanciones o establecen prohibiciones deben ser expresas y son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, por consiguiente, no cabe su interpretación extensiva, ni su aplicación por vía de analogía y tampoco su derivación por la exigencia de ciertos requisitos previos.
Consejo de Estado 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B)
Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual.
Rama Judicial · recopilada por CCE 2013-01-30 Sección Tercera
Contrato de suministro de alimentos: 25000 23 26 000 1999 01994 01_24743
Consejo de Estado 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B)
Lo reclamado por el Contratista no sea consecuente con lo estipulado por las partes en el Contrato
Titulación de la relatoría 55.407 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE SUMINISTRO / CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ESTATUTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior? Respuesta al problema jurídico: Si Para analizar lo atinente a la caducidad deberá estudiarse, previamente, el régimen jurídico aplicable al contrato de suministro de caña de azúcar. El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 prevé que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Esta norma se opone al efecto general inmediato de una nueva ley en el ámbito contractual, porque los acuerdos de voluntades no pueden estar sujetos a los cambios constantes y repentinos de la legislación, que generarían inestabilidad e incertidumbre en las relaciones jurídicas. A los contratos debe aplicarse la ley vigente en el momento de su celebración y por ello, las leyes nuevas no pueden alterar las relaciones contractuales. Las obligaciones su validez, existencia y efectos quedan bajo el imperio de la ley que estuviese en vigor en el momento de su nacimiento y, por ende, no puede aplicarse una norma nueva a obligaciones originadas antes de ella. Este mandato legal es la concreción de la regla de la irretroactividad de la ley, pues la nueva no puede regular o afectar las situaciones jurídicas consolidadas. El régimen aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales ha variado en el tiempo. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) son entidades creadas por la ley o por autorización de ella, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial o de gestión económica. Conforme a la regulación contenida en los artículos 5 del Decreto 1050 de 1968 y del Decreto Ley 222 de 1983, el régimen jurídico de los contratos de esas empresas era el derecho privado, salvo para los contratos de empréstito y de obras públicas. La Ley 80 de 1993 dispuso que estas entidades debían someterse a sus disposiciones al enlistarlas en su artículo 24. A su turno, el artículo 13 definió que (…) De acuerdo con lo anterior, en la concepción original de la Ley 80 de 1993, las EICE eran entidades estatales y, por ende, se regían por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP). Frente a éstas, la Ley 80 de 1993 (par. art. 145) dispuso que no procedería el pacto de las cláusulas excepcionales, salvo en los contratos enlistados en el numeral segundo del artículo 14, y que no se requería licitación o concursos públicos cuando se tratara de «los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales estatales con excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de esta ley» (…). Por su parte, el artículo 18 del Decreto 855 de 1994 precisó (…). En este orden, la jurisprudencia consideró que, bajo este contexto normativo, la actividad contractual de las EICE se regía por la normativa de contratación pública, salvo en lo explícitamente exceptuado por cualquier norma: (…) Posteriormente, se expidió la Ley 489 de 1998, que, en su artículo 93, prescribió que los actos de las EICE para el desarrollo de su actividad propia o de su gestión económica se regirían por el derecho privado, mientras que, respecto de los contratos celebrados para el cumplimiento de su objeto, mantuvo la regulación del EGCAP. El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 dispuso que las EICE estarían sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que: (i) desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional o (ii) en mercados regulados o en mercados monopolísticos, que se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. El artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 modificó la norma anterior en el sentido de determinar que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado estarían sometidas al EGCAP, con excepción de aquellas que (i) desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público nacional o internacional o (ii) en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las normas aplicables a dichas actividades. En tal sentido, a aquellas empresas que desarrollan su actividad en mercados monopolísticos, nuevamente, se les hizo aplicable el Estatuto General de la Contratación. Se observa que el contrato n°. 038 (...) se celebró el 4 de diciembre de 1994 entre (…). y el señor (…). Igualmente, que el (…) tenía la naturaleza de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, según consta en su certificado de existencia y representación (…). El artículo 81 de la Ley 80 de 1993 determinó que sus disposiciones entrarían a regir a partir del 1 de enero de 1994, con excepción de: (i) las normas sobre registro, clasificación y calificación de proponentes cuya vigencia iniciaría un año después de su promulgación y (ii) las normas enlistadas en el inciso segundo del artículo 81, que se aplicarían desde la promulgación de la ley. Por lo anterior, el contrato estaba sometido a la Ley 80 de 1993 en los asuntos no exceptuados por la misma u otras normas, sin que le resultaran aplicables las modificaciones de la Ley 489 de 1998, la Ley 1150 de 2007 o la Ley 1474 de 2011. NOTA DE RELATORÍA: Sobre si la demanda se instauro en tiempo el juez debe estudiarla oficiosamente, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las EICE, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de septiembre de 2009, exp. 24639, C.P. Myriam Guerrero De Escobar y Consejo de Estado, sentencia de 16 de julio de 2015, exp. 31683, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre la actividad contractual de las EICE, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2022, exp. 34936, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: DECRETO 1050 DE 1968 - ARTÍCULO 5, DECRETO 855 DE 1994 - ARTÍCULO 18, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 1°, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 93, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 93, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 145 PARÁGRAFO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 81 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SUMINISTRO / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Debe computarse el término de caducidad de la acción contractual desde la fecha en que se ordenó la liquidación obligatoria de la sociedad contratista, al tratarse de un contrato de suministro de tracto sucesivo que requería liquidación conforme a la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: Si En cuanto a la caducidad, se resalta que la norma aplicable al momento en el que empezó a correr el término era la prevista en el artículo 136.10 del CCA con la subrogación de la Ley 446 de 1998, que regulaba este asunto en materia de pretensiones contractuales, según las particularidades del negocio jurídico, y para el caso de los de tracto sucesivo, de acuerdo con la exigencia de surtir la etapa de liquidación. Se observa que el objeto del contrato suscrito consistía en que: «EL CULTIVADOR VENDEDOR se obliga a vender al (demandado), la totalidad de la caña que cultive y produzca durante nueve cortes sucesivos y continuos, diez (10) años, en una extensión de cuarenta (40) hectáreas (…), y mediante la modificación del 21 de febrero de 1996 (…), las partes precisaron que el objeto era el suministro exclusivo de la totalidad de los frutos de caña cultivados y producidos durante el término de 10 años, contados desde la legalización del contrato de «compraventa» (cláusula primera). En esta misma línea, la cláusula décima disponía que el contratista se obligaba a entregar «la caña cosechada y madura en pie», mientras que el (demandado) se encargaría de las labores de corte, alce y transporte (cláusula décima segunda), por lo cual pagaría al cañicultor (cláusula décima cuarta) un precio equivalente a 48 kilos de azúcar, liquidados según la cláusula décima quinta, que sería desembolsado dentro de los 15 primeros días hábiles del mes calendario siguiente, según las entregas realizadas en los primeros 20 días del mes anterior. Se destaca de este acuerdo la periodicidad de las entregas a las que estaba obligado el contratista, y el precio que el departamento debía pagar como contraprestación, de conformidad con la cantidad del producto entregada en cada uno de los instalamentos. Para la Sala es evidente que la intención de las partes (art. 1618 CC) era que el contratista entregara al departamento, de forma periódica, la caña cosechada y madura, para que el (demandado) realizara el respectivo corte, alce y transporte, y por las labores de cosecha, el cañicultor recibía un precio determinable de acuerdo con la cantidad de cada entrega. De manera que no hay duda de que, conforme lo pactado frente a sus elementos esenciales (art. 1501 CC), el contrato era de suministro, dada la periodicidad de sus prestaciones (arts. 968 a 980 del C.Co.). Era, entonces, un contrato de tracto sucesivo, en la medida en que las prestaciones se cumplían de manera periódica, durante el plazo del negocio. Según lo expuesto, como el contrato se gobernaba por la Ley 80 de 1993 y la aplicación del artículo 60 de ese compendio no estaba exceptuada frente a la actividad contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, se advierte que este contrato, al ser de tracto sucesivo, debía ser liquidado y, en consecuencia, la norma aplicable a la caducidad de la acción era la prevista en los numerales c13 y d14 del artículo 136.10 del CCA. En virtud de que el contrato tenía una duración de 10 años contados desde el 4 de diciembre de 1994, el vínculo en principio finalizaba el 4 de diciembre de 2004, momento a partir del cual iniciaba el cómputo del término para liquidarlo. Sin embargo, se resalta que el 9 de marzo de 2001, mediante Auto n°. 410-610 (…), la Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura de la liquidación obligatoria del (…), lo que, en los términos del artículo 151.3 de la Ley 222 de 1995 norma vigente en la época suponía la disolución de la persona jurídica y, en concordancia con el artículo 222 del Código de Comercio, la conservación de su «capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios para la inmediata liquidación». En consideración a que el contrato suscrito con (…) no era necesario para la liquidación del (demandado), esta relación obligacional finalizó por virtud de la ley, el día en el que se ordenó la liquidación obligatoria de la sociedad, es decir, el 9 de marzo de 2001. De esta manera, el término de caducidad aplicable a la acción contractual se computaba desde el 9 de marzo de 2001 hasta el 9 de marzo de 2003, por lo cual la demanda presentada el 30 de abril de 2001 fue oportuna. FUENTE FORMAL: DECRETO 1° DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO 1° DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C13, DECRETO 1° DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D14, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 222, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 968-980, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 151 NUMERAL 3, LEY 446 DE 1998, LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1501, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer la legitimación en la causa por activa al contratista y por pasiva al departamento de Antioquia, atendiendo a que ambos intervinieron en la celebración del contrato y el ente territorial ostentaba la calidad de socio mayoritario y administrador de la sociedad contratista? Respuesta al problema jurídico: Si Legitimación en la causa. El (demandado) y el (demandante) están legitimados en la causa, por pasiva y activa, respectivamente, en atención a que eran las partes del contrato materia del presente debate (…). Se probó que el departamento de Antioquia era socia del (demandado)., con una participación del 90.44% (…) y, asimismo, administradora de la sociedad, como miembro de su junta directiva, de acuerdo con el acta de intención y compromiso suscrita por el respectivo Gobernador, en su calidad de «Presidente de la Junta Directiva del (demandado)», por lo que está legitimado en la causa por pasiva, frente a la pretensión de condena (…). COMPETENCIA / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE / APELANTE ÚNICO / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRETENSIÓN DECLARATIVA / ENTIDAD TERRITORIAL / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PRUEBA DOCUMENTAL / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA / DECISIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿La ausencia de una exposición concreta, clara y suficiente de los motivos de inconformidad en el recurso de apelación impide que el juez de segunda instancia ejerza su competencia para revisar los aspectos cuestionados, conforme a la carga argumentativa que impone el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil? Respuesta al problema jurídico: Si Se advierte que el (demandado) quien fue condenado en primera instancia por haberse declarado su incumplimiento contractual no presentó recurso de apelación y, por ende, esta decisión no será objeto de estudio en esta oportunidad, de conformidad con el artículo 357 del CPC. Se recuerda que el artículo 357 del CPC determina que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por tanto, el superior no puede enmendar la providencia en lo que no fue objeto de recurso, salvo que ambas partes recurran, en cuyo caso se puede resolver sin limitaciones. De igual manera, el parágrafo del artículo 352 ibídem consagra que el apelante debe sustentar el recurso, para lo cual deberá expresar, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia. Sobre la carga argumentativa y el alcance de la apelación en los procesos a los que se aplica el artículo 357 del CPC, esta Sección unificó jurisprudencia en el sentido de indicar que la competencia del juez de segunda instancia depende los cargos de la apelación, en cuyo marco puede resolver sobre los mismos y los que estén ligados íntimamente con ellos: (…) Así las cosas, los motivos de disenso que se presenten en contra de la decisión de primera instancia deben ser concretos y claros, con el fin de que el juzgador de segunda instancia pueda confrontar la providencia con los precisos reparos efectuados por el recurrente y todos aquellos aspectos necesarios para proferir una decisión de mérito. En una oportunidad más reciente, esta Subsección, con fundamento en el fallo de unificación referido, sostuvo que la necesidad de motivar la apelación se erige como un factor habilitante para el pronunciamiento de la segunda instancia, (…). La jurisprudencia civil, sobre la carga de argumentación ha dicho: (…) con base en la exigencia de la carga argumentativa, en los términos expuestos, se analizará el alcance de los antedichos cargos presentados por el censor. El demandante apelante único limitó sus reproches a solicitar que: (i) se declarara responsable también al departamento de Antioquia y al IDEA y se le condenara al pago de la indemnización reconocida en primera instancia, como solidarios en su calidad de socios y administradores y (ii) se reconocieran unas indemnizaciones que no fueron acogidas, entre ellas, la relativa al corte tardío de caña. En cuanto al primero, si bien el recurrente solicitó que se declarara la responsabilidad solidaria también del IDEA, se pone de presente que la demanda fue admitida en contra del (demandado) y el departamento de Antioquia, según dan cuenta el auto admisorio (…) y su adición (…), por lo que el IDEA no fue vinculado a comparecer a este proceso. Al no tener la calidad de demandado, la Sala descartará cualquier pronunciamiento respecto de esa entidad. Frente al segundo se pone de relieve que la solicitud plasmada en el recurso de apelación es del siguiente tenor: (…) El recurso no hizo alusión adicional sobre este particular y, posteriormente, en los alegatos de segunda instancia señaló que: (…) Sobre el particular, la Sala observa, en primer lugar, la franca ambigüedad del reparo y la falta de argumentación respecto a las razones por las cuales, una aparente negativa del Tribunal sobre las pretensiones indemnizatorias que, afirmó, «no fueron acogidas», debían ser concedidas en su favor. En efecto, no se refirió con claridad en el recurso, más allá del corte tardío, a otros perjuicios no reconocidos y a las razones por las cuales procedían conforme a lo pactado y probado en el proceso. Esta carga argumentativa era indispensable, dado que, como se expuso, la apelación supone un ejercicio de contraste entre lo pedido, lo probado y lo fallado en el proceso, al punto que su ausencia impide un pronunciamiento en segunda instancia. En segundo lugar, en cuanto al «corte tardío», que es el único daño que identificó en la apelación, tampoco expuso las razones por las cuales debía ser concedido. Además, se observa que el a quo condenó al (demandado) al pago de los siguientes perjuicios, con base en el dictamen pericial practicado en el proceso: (…). Respecto de esto último, la sentencia determinó que en la cláusula sexta, de la modificación al contrato celebrada el 21 de febrero de 1996, se pactó la indemnización a la que había lugar por el «corte tardío de la caña» y, en consecuencia, condenó al (demandado) por este concepto (…), además del reconocimiento del lucro cesante (…), al que parece haber hecho alusión el recurrente en los alegatos de segunda instancia. En tal sentido, la sentencia dispuso la indemnización de perjuicios por el rubro indicado en la apelación, «corte tardío de caña», sin que en la apelación se afirmara que no estuviera acorde con lo pactado o que lo allí reconocido no fuera suficiente conforme a las pruebas practicadas en el proceso. En definitiva, debido a que la sentencia reconoció la indemnización que reprocha el demandante, y que el juez de segunda instancia sólo analiza aquello que fue resuelto de manera desfavorable para el apelante único, la Sala excluirá de su análisis este reparo. Por lo expuesto, la competencia de esta Sala (art. 357 del CPC) se limita a resolver lo atinente a la posibilidad de condenar al departamento de Antioquia, a pesar de que no se elevó ninguna pretensión declarativa en su contra. En la apelación, el demandante pidió la «responsabilidad solidaria» del departamento porque la entidad territorial: (i) tenía la dirección y control del (demandado) y, debido a decisiones que adoptó con culpa, como administrador, la sociedad fracasó; (ii) la situación de control declarada por la Superintendencia de Sociedades implicó el levantamiento del velo corporativo; (iii) tuvo injerencia en el trámite concordatario y liquidatorio, al punto que intentaron llegar a acuerdos con los cañicultores deudores de la sociedad; y (iv) la responsabilidad procedía al tenor del artículo 207 de la Ley 222 de 1995, debido a que los bienes de «la sociedad son insuficientes para efectuar el pago de los acreedores y porque los socios utilizaron la sociedad en su propio beneficio, al utilizar recurso de destinación específica por otros fines (…)». Ahora, con el fin de resolver la apelación, la Sala encuentra necesario, en primer lugar, referirse al alcance de las súplicas de la demanda. Se destaca que, en la pretensión primera, parte B, se pidió que se declarara el incumplimiento del contrato n°. 038 por parte del (demandado) y, en la segunda pretensión, se solicitó que se «condenara» al departamento de Antioquia y al (demandado) al pago de los perjuicios materiales sufridos como consecuencia del incumplimiento. Se resalta que, aun cuando la demanda carece de toda claridad sobre los motivos por los cuales se solicita que se «condene» al departamento a la indemnización derivada del incumplimiento contractual por parte del (demandado), lo cierto es que, en la narración fáctica pareciera fundamentar su pedimento de condena en el hecho de que el departamento era socio y administrador del (demandado). Lo anterior se desprende de las afirmaciones consistentes en que el ente territorial era socio del departamento, y que «tenía la dirección y el control Administrativo del (demandado) (…), decidía sobre la orientación y términos de su operación financiera, Industrial y comercial hasta el punto de intervenir decisivamente no sólo en la suerte del contrato que ha dado origen a este proceso, sino sobre la vida misma del (demandado)» (…); que la Gobernadora, como presidente de la junta directiva del (demandado), afirmó que «si no somos capaces de manejarlo como empresa es mejor acabar con él» (…); que se evidenciaba una «falta de compromiso de la ENTIDAD (IDEA Y DEPARTAMENTO), no solo a [sic] ordenamiento jurídico su responsabilidad a todo nivel, como miembro de JUNTA DIRECTA (sic) Y SOCIO C.Cio. Modificado por la ley 222 de 1995, art. 24 y S.S. C.Cio. 358 y Concordantes)» (…); y que el demandante presentó su crédito al trámite concordatario, que «el Departamento de Antioquia se comprometió a sufragar de conformidad con la ley» (…). Conforme a lo pedido, es evidente que la demandante parte de la solicitud de declaratoria de incumplimiento, exclusivamente, respecto del (demandado) y, frente al departamento de Antioquia, no elevó pretensión declarativa sino exclusivamente de condena. Por consiguiente, se denota que persigue el reconocimiento y pago de unos perjuicios frente al ente territorial y da por sentado que, sobre el mismo, está acreditada su responsabilidad sólo por ser socio y administrador del (demandado). Así, queda claro que, con la apelación, el demandante pretendió subsanar la falencia de la demanda, al pedir que se «declarara responsable solidario» al departamento con fundamento en su calidad de socio y administrador, sin que así se hubiera pretendido desde el inicio del proceso. Sobre este punto es importante señalar que el pleno de esta Corporación, en fallo del 14 de febrero de 1995, advirtió que el principio de iura novit curia tiene límites precisos. Así, en dicha oportunidad la Sala estableció que a través del iura novit curia: (…) En la misma línea, esta Corporación señaló que «so pretexto de la amplitud de los poderes del Juez y de las pretensiones posibles en la acción contractual, no se debe extralimitar lo que se pidió en la demanda ni aquello sobre lo cual fue llamada a responder la parte demandada, quien solo puede ser condenada en congruencia con las pretensiones de la demanda» Por lo tanto, conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala no podría, bajo la excusa de interpretar una pretensión que busca la orden de pago de unos perjuicios, estudiar y declarar algún tipo de responsabilidad como fundamento de tal indemnización. Lo anterior, porque una exégesis en el sentido de incluir una pretensión de incumplimiento contractual o de responsabilidad extracontractual en contra del departamento constituiría una modificación del petitum, lo cual transgrede el límite que ha definido la jurisprudencia para la aplicación del principio de iura novit curia. De conformidad con todo lo expuesto, y habiendo definido que el sustento de la pretensión de condena es el pago de unos perjuicios derivados de la calidad de socio y administrador del departamento, la Sala se referirá a la responsabilidad regulada en la Ley 222 de 1995, con el fin de establecer si, por el solo hecho de ostentar la calidad de socio o administrador, procedía la condena pedida en la demanda, o si se requería de una declaración de responsabilidad previa en su contra. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las copias simples serán valoradas, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique de Jesús Gil Botero. Sobre el principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, la sentencia debe analizar los hechos en que se funda la controversia, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de febrero de 1995, exp. S-123, C.P. Consuelo Sarria Olcos. Sobre la amplitud de los poderes del juez, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 2015, exp. 36285, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 352 PARÁGRAFO 1, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 207, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 24 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / APORTES A LA SOCIEDAD / APORTE EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / PATRIMONIO / PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD Problema jurídico: ¿La normativa comercial y civil permite que los socios de una sociedad de responsabilidad limitada asuman obligaciones que excedan el monto de sus aportes cuando se configuran las excepciones previstas en la ley? Respuesta al problema jurídico: Si La responsabilidad de los socios en las sociedades de responsabilidad limitada. El artículo 633 del Código Civil prevé que la persona jurídica es ficticia, capaz de ejercer derechos, contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. En concordancia con esta norma, el artículo 98 del Código de Comercio, (…) que es, a su vez, titular de los atributos de la personalidad (con excepción del estado civil), entre los cuales se encuentra el patrimonio. En las sociedades de responsabilidad limitada (art. 353 del C.Co.) «los socios responderán hasta el monto de sus aportes», lo que significa que sus patrimonios personales no se arriesgan con ocasión de la afectación al patrimonio de la sociedad. La doctrina, desde una óptica económica, ha aclarado la importancia de esta figura: (…) El origen de este tipo societario se remonta a Alemania, a finales del siglo XIX, con el propósito de «crear una compañía distinta de las tradicionales, sin el riesgo de la responsabilidad personal e ilimitada de los socios en la colectiva y sin el mecanismo de funcionamiento poco ágil y costoso de la sociedad anónima». En el derecho nacional, éstas se consagraron, por primera vez, en la Ley 124 de 1937 y, posteriormente, en el Código de Comercio. Así, la limitación de la responsabilidad de las personas jurídicas tiene como consecuencia principal la separación de su patrimonio del de sus asociados. Ese privilegio que la ley les otorga está dirigido exclusivamente a que éstas puedan cumplir su objeto social dentro de los límites permitidos por el ordenamiento. No obstante, la regulación vigente para el momento de los hechos preveía varias excepciones que disponen la responsabilidad de los socios por la deudas de la sociedad, entre las cuales se destacan: i) cuando los aportes que se realizan no son pagados en su totalidad (art. 355 del C.Co.); ii) cuando en los estatutos se pacte una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias (art. 353 del C.Co.); iii) cuando las obligaciones se derivan del contrato de trabajo (art. 36 del CST); iv) cuando las mismas son de naturaleza tributaria (art. 794 ET); iv) por el valor que los socios le atribuyan a los aportes en especie (arts. 135 y 354 del C.Co.); vi) cuando se levanta judicialmente el velo corporativo por abuso del derecho; y (vii) en eventos de insuficiencia patrimonial de la sociedad en liquidación en los que se demuestre la intención defraudatoria de los socios (Ley 222 de 1995). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de diciembre de 2021, exp. 37475, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 135, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 353, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 354, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 355, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 98, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 794, LEY 124 DE 1937, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 633 VELO CORPORATIVO / LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO / RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS / RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS FRENTE A TERCEROS / SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / PERSONA JURÍDICA / ATRIBUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR ABUSO DEL DERECHO / ÁNIMO SOCIETARIO / ABUSO DEL DERECHO COMERCIAL / DERECHO COMERCIAL / DERECHO SOCIETARIO / SOCIEDAD / ELEMENTOS DE LA SOCIEDAD Problema jurídico: ¿Conforme a la legislación comercial, es permitido levantar el velo corporativo para perseguir directamente a los socios cuando se acredita que la persona jurídica se utilizó como instrumento para realizar maniobras abusivas contrarias a la finalidad prevista por el ordenamiento? Respuesta al problema jurídico: Si La responsabilidad de los socios por abuso del derecho. La separación del patrimonio de las personas jurídicas no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la prohibición de abuso y en algunos escenarios previstos expresamente por el legislador. El abuso del derecho se presenta cuando el ejercicio de una prerrogativa otorgada por la ley se realiza en forma contraria a su propia finalidad, en consideración a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Así lo indicó la Corte Suprema de Justicia, al señalar que: (…) Se busca, entonces, impedir que los derechos subjetivos se desvíen del fin para el cual han sido creados y se utilicen como instrumentos para lesionar derechos de terceros. El abuso puede manifestarse de manera subjetiva u objetiva. Es subjetivo cuando el agente, al ejercer esa prerrogativa, tiene la intención de lesionar un interés ajeno, o no le asiste un fin serio y legítimo; y objetivo cuando la lesión proviene del exceso o anormalidad en el ejercicio de esa prerrogativa, respecto de la finalidad para la cual fue reconocida por el ordenamiento jurídico. La Corte Suprema, sobre este aspecto, manifestó: (…) El ordenamiento jurídico colombiano, en el artículo 830 del Código de Comercio, positivizó el principio general del abuso del derecho, en tanto dispuso que quien abuse de ellos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. Esta norma es el fundamento de la prohibición del abuso de la personalidad. De manera que, si las personas jurídicas son utilizadas para perseguir fines ilegítimos, el juez puede prescindir de la persona ficticia para identificar el interés de los individuos que la integran; es decir, puede levantar el velo corporativo o desestimar la personalidad jurídica. Así las cosas, el levantamiento del velo corporativo permite que pueda perseguirse directamente a los asociados de la persona jurídica. Sin embargo, como es una figura excepcional pues su aplicación generalizada puede dejar sin efectos el principio de limitación de responsabilidad, su procedencia exige, de manera fundamental, la acreditación de que la personalidad jurídica se desvió de la finalidad para la cual fue creada y se utilizó como vehículo para encubrir maniobras abusivas, verbi gracia, para realizar actividades que le están prohibidas a las personas naturales, cuando se constituyen con el propósito de defraudar a terceros o para eludir el cumplimiento de obligaciones, entre otros. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 830 RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA / LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD / LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / PASIVOS / RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS FRENTE A TERCEROS / LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO / VELO CORPORATIVO / ACREEDORES EN PROCESO LIQUIDATORIO / PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD / LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / SOCIEDAD SUBORDINADA / DEFRAUDACIÓN / ACTIVOS APORTADOS A LA SOCIEDAD Problema jurídico: ¿La Ley 222 de 1995 permite exigir responsabilidad subsidiaria a los socios de una sociedad en liquidación cuando se acredita que la persona jurídica se utilizó para defraudar a terceros y los activos resultaron insuficientes para cubrir el pasivo externo? Respuesta al problema jurídico: Si La responsabilidad de los socios conforme a la Ley 222 de 1995. La Ley 222 de 1995 previó dos escenarios en los que los socios podrían responder subsidiariamente por las obligaciones de la sociedad en liquidación, el primero, consagrado en el artículo 207 y, el segundo, en el parágrafo del artículo 148. El artículo 207 ejusdem prevé: (…) En estos términos, los socios responden de forma conjunta y no solidaria, esto es, en proporción a los derechos de cada uno sobre la sociedad por el pasivo externo faltante de la entidad en liquidación, es decir, aquel que no alcanza a ser cubierto con los activos de la misma. Para su configuración, se exige que se acredite (i) que los bienes de la liquidación fueron insuficientes para cubrir todos los créditos reconocidos en el proceso liquidatorio, así como (ii) que los socios actuaron de manera fraudulenta respecto de los acreedores. La norma se refiere a la responsabilidad subsidiaria de los socios, fundamentada en la desestimación de la persona jurídica que fue utilizada por éstos para defraudar a terceros, con el fin de que, con su patrimonio, respondan ante los acreedores de la sociedad por los pasivos que no fueron cubiertos por esta persona jurídica. Así lo ha determinado la doctrina especializada: (…) La jurisprudencia constitucional ha asimilado la función que cumple esta norma y la prevista en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 con la del levantamiento del velo corporativo, (…) Los socios resultarán obligados a pagar deudas contraídas por la sociedad constituida como excepción al principio de separación patrimonial por cuenta de haber utilizado la empresa con el fin de defraudar a terceros. Por su parte, el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, dispone (…) De acuerdo con esta norma, la sociedad matriz es responsable subsidiariamente por las obligaciones de la subordinada si la situación de concordato o de liquidación obligatoria de esta última se produjo por virtud de las acciones de la controlante, en su propio beneficio o en el de otras de sus controladas, y en contra de aquella sometida al proceso concursal. Se destaca que la ley consagra la presunción de que el concordato o la liquidación obligatoria de la sociedad subordinada ocurrió por actuaciones derivadas del control. La Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de esta norma y resaltó que, para su prosperidad, debían reunirse cuatro presupuestos: (…) Como se expuso previamente, esta regla constituye un evento de levantamiento del velo corporativo, en la medida en la que se destapa la identidad de la matriz para que ésta responda, con su patrimonio, por obligaciones que, en principio, correspondían a la subordinada. Así lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia: (…) Igualmente, se trata de una responsabilidad subsidiaria, en la medida en la que únicamente procede en caso de que los activos de la sociedad en concordato o liquidación no resulten suficientes para honrar todas sus deudas. En consideración a lo expuesto, para que proceda la responsabilidad de los socios frente a terceros, al tenor del artículo 207 de la Ley 222 de 1995, el demandante debe probar que la sociedad en liquidación fue instrumentalizada por sus socios con intención defraudatoria, lo cual exige la acreditación del dolo. Por su parte, en el evento del parágrafo del artículo 148 ejusdem, la matriz responderá por las obligaciones de la subordinada en liquidación, en virtud de que la ley presume que las dificultades de la sociedad controlada, que produjeron la situación de concordato o liquidación, fueron causadas por las actuaciones de la matriz, en beneficio propio o de otras controladas, y en detrimento de la subordinada en cuestión, salvo que el demandado demuestre que la situación concursal se debió a una causa diferente desvirtúe la presunción. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el levantamiento del velo corporativo según como lo contempla el artículo 207 de la Ley 222 de 1995, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia de 12 de febrero de 2020, exp. 59392, M.P. Martín Emilio Beltrán Quintero, sobre la constitucionalidad de la Ley 222 de 1995, ver: Corte Constitucional, sentencia C-510 del 09 de octubre de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. FUENTE FORMAL: LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 148, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 207 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / ADMINISTRADOR / DAÑO / DOLO / CULPA / COLIGACIÓN NEGOCIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / NEXO DE CAUSALIDAD / PROCESO CONCURSAL / LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD / LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL Problema jurídico: ¿Procede declarar responsabilidad extracontractual a los administradores sociales cuando, en el ejercicio de sus funciones, ocasionan daños a terceros por actuaciones culposas o dolosas, sin vínculo negocial previo? Respuesta al problema jurídico: Si La responsabilidad de los administradores sociales. En primer lugar, se observa que el artículo 200 del Código de Comercio modificado por la Ley 222 de 1995 determina: (…) Véase que, de acuerdo con esta norma, los administradores responden por los daños que, con su culpa o dolo causen en el ejercicio de estas funciones entre otros, a terceros. Se trata de una responsabilidad de naturaleza extracontractual, pues entre los administradores y los terceros lesionados no existe un vínculo negocial del cual se derive el daño que se reclama en estos eventos, por lo cual la jurisprudencia ha recalcado la necesidad de probar los elementos estructurantes de esta figura: (…) De acuerdo con la Corte Constitucional, la diligencia a partir de la cual debe analizarse la configuración de la culpa es la del «buen hombre de negocios»: (…) En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia reseñó (…) Merece destacarse que, de acuerdo con la jurisprudencia nacional y extranjera, la responsabilidad de los administradores por los daños que causen por sus actuaciones culposas o dolosas no se deriva del solo fracaso de la sociedad que dirigen, en cuanto la causa adecuada del daño debe derivarse de haber desarrollado la gestión sin la debida diligencia de un buen hombre de negocios, es decir, sin haber sujetado sus actuaciones a la buena fe, procediendo con interés personal, sin información suficiente o sin arreglo a un procedimiento idóneo. Por lo demás, se resalta que las decisiones de los administradores que sigan este parámetro de conducta de buen hombre de negocios están amparadas por el «bussiness judgment rule», de lo cual se deriva que, aun cuando el negocio fracase, la responsabilidad de los administradores no se compromete, como lo ha definido la doctrina anglosajona: (…) En otras palabras, el juez debe presumir que una decisión determinada por parte del administrador fue realizada de manera diligente, al margen del destino de la sociedad, salvo que el demandante pruebe lo contrario. En segundo lugar, el artículo 206 de la Ley 222 de 1995 prevé la responsabilidad de los administradores, en el siguiente sentido: (…) La norma determina que los administradores de las sociedades en liquidación serán responsables de manera solidaria entre ellos de los daños y perjuicios causados a socios y terceros (i) cuando los activos de la misma no sean suficientes para cancelar su pasivo externo, y (ii) se verifique que la deuda no se satisfizo por cuenta de acciones u omisiones de los administradores. En otras palabras, el nexo causal que debe probarse consiste en que la deuda en cuestión quedó insoluta por parte de la sociedad porque el administrador demandado entorpeció el pago. En este sentido, no siempre que las deudas de la sociedad en liquidación no puedan ser satisfechas por su insuficiencia patrimonial nace la responsabilidad de los administradores, ni mucho menos el solo hecho de que una sociedad se encuentre en esta situación concursal comporta, en sí mismo, la responsabilidad del administrador. NOTA DE RELATORÍA: Sobre un proceso en el que se demandó (…) por incumplimiento contractual y al departamento de Antioquia y al IDEA en calidad de socios y administradores del Ingenio ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 6 de julio de 2020, exp. 50044, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, sobre la sujeción de los principios de lealtad y buena fe impuestos a los administradores de las sociedades, ver: Corte Constitucional, sentencia C-123 del 22 de febrero de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, sobre la falta de diligencia de los administradores de las sociedades es la que provoca o causa responsabilidad, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de julio de 2021, exp. SC2749-2021, M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 200, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 206 EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS / RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS / RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS FRENTE A TERCEROS / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / VELO CORPORATIVO / LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO / JUNTA DIRECTIVA / COMPROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD / CALIDAD DE SOCIEDAD SUBORDINADA / LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD / LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD / SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / ACREEDOR / DEMANDANTE / DEMANDADO / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES / CAPITAL SOCIAL / PROCESO CONCURSAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONCORDATO / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRETENSIÓN DECLARATIVA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: “¿Corresponde a la Sala determinar si procede condenar al departamento de Antioquia al pago de los perjuicios pedidos en la demanda, a pesar de no haberse formulado una pretensión declarativa de responsabilidad en contra del ente territorial?” Respuesta al problema jurídico: No Caso concreto. Como se expuso en el acápite de legitimación en la causa, el departamento de Antioquia era socio mayoritario del (demandado) (…) y hacía parte de su junta directiva (…), por manera que fungía como su administrador. Por otra parte, que, el 4 de diciembre de 1994, el señor (…) celebró con el (demandado) el contrato n°. 038 de suministro de caña de azúcar (…). Se acreditó que la entidad territorial fue declarada controlante del (demandado) por parte de la Superintendencia de Sociedades, mediante la Resolución n°. 125 1149 de 26 de junio de 2001, confirmada por la Resolución n°. 125-001627 del 30 de junio siguiente, de lo que da cuenta el Certificado de Existencia y Representación del (demandado) expedido el 11 de octubre de 2005 (…), en cuanto poseía el 90.44% del capital social. Se demostró que el (demandado) se encontraba en trámite concordatario, puesto que, entre el 16 de diciembre de 1999 y el 18 de enero de 2000, se celebró la audiencia final de deliberaciones concordatarias con los acreedores de la sociedad (…) y, en ese marco, se reconoció a (…) como acreedor de quinta clase por un valor de $2.173’000,33 (…). Del mismo modo, que el 18 de enero de 2000, la Superintendencia de Sociedades aprobó el acuerdo concordatario (…). Igualmente, que, por medio del auto 410-610 del 9 de marzo de 2001, la Superintendencia de Sociedades dio por terminada la audiencia de incumplimiento del acuerdo concordatario de la sociedad (demandada). y, en consecuencia, ordenó la apertura de la liquidación obligatoria de la sociedad (…). En esa medida, se probó que la sociedad, con quien el demandante tenía una relación obligacional, estuvo sometida a un proceso concursal y que, en cuanto no se cumplió el acuerdo concordatario, la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación obligatoria. Sobre la responsabilidad del departamento en estos casos, esta Sección ha encontrado que no resulta automática, puesto que exige la prueba de una serie de supuestos que van más allá de la calidad de socio o administrador. De manera que, sin duda, supone una responsabilidad que debe ser declarada en sede judicial, conforme lo pedido en la demanda. Por ello, ante estos casos, ha concluido que no se dan los presupuestos para declarar tal responsabilidad, dado que la situación financiera de la sociedad (demandada) no se debió a la conducta de los socios, sino a situaciones derivadas del mercado y operacionales propias de la empresa, que la personalidad jurídica del (demandado) no se usó para defraudar a los acreedores y que, aunque en el concordato se pactó que el departamento cubriría las deudas, tal obligación no pudo cumplirse dado que ese trámite no pudo concluirse y, por lo mismo, el ente territorial devolvió los bienes en dación en pago, para continuar con el trámite de la liquidación. En términos más o menos similares, la Sección ha concluido, respecto de los socios del (demandado), (…). Se advierte que, de acuerdo con lo expuesto con anterioridad, la condena a la indemnización de perjuicios no se justificaba como lo entendió el demandante por el solo hecho de ser socio o administrador como deudores solidarios de las obligaciones sociales. No se trata de una responsabilidad prevista de forma automática por la ley, y corresponde a una de naturaleza subsidiaria, con lo cual se puntualiza que se requiere un estudio previo sobre los elementos que, en cada caso, la estructuran. En efecto, para comprometer la responsabilidad del departamento, en calidad de socio, se debía acreditar que la entidad territorial (i) utilizó al Ingenio con fines ilegítimos, desviando la finalidad para la cual fue creada, en cuyo caso, habría un levantamiento del velo corporativo en los términos del artículo 830 del Código de Comercio; o (ii) utilizó la sociedad para defraudar a terceros acreedores, y los bienes de la liquidación no fueron suficientes para cubrir la totalidad de los créditos reconocidos en el proceso concursal (art. 207 de la Ley 222 de 1995). En igual sentido, para que se erigiera la responsabilidad subsidiaria del demandado como administrador, debía demostrarse que el departamento (i) actuó sin apego al parámetro de conducta de buen hombre de negocios y de ello se derivó el daño; o (ii) entorpeció los pagos de las deudas a favor de terceros del (demandado) (art. 206 de la Ley 222 de 1995). De manera que, la obligación de cubrir las deudas de la persona jurídica no resulta automática solo por la calidad de administradores o socios, puesto que se requiere la demostración de una serie de elementos para una declaratoria de responsabilidad que justifique la consecuente condena a indemnizar perjuicios. Sobre este tipo de responsabilidad predicable de los socios o administradores, esta Sala, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que es extracontractual, habida cuenta la inexistencia de un vínculo jurídico previo entre los socios o administradores y los acreedores perjudicados. Además, ha recalcado su carácter subsidiario, en la medida en la que el pago que, eventualmente, les corresponde como socios o administradores, depende de la insuficiencia patrimonial de la sociedad (parágrafo del artículo 148, 206 y 207 de la Ley 222 de 1995), particularidad que, de por sí, sugiere que los titulares de la acción son únicamente los acreedores de la persona jurídica. Se destaca que esta Sección se ha pronunciado en múltiples ocasiones en las que, habiéndose vinculado al (demandado) y al departamento de Antioquia, se han formulado, respecto de los dos, pretensiones declarativas, lo que ha permitido al juzgador referirse al pedimento de responsabilidad del ente territorial. En efecto, han sido variadas las maneras en los que estos actores han pretendido que se efectúen las declaraciones respecto de los demandados y, la Sección, según las particularidades del caso, ha interpretado la demanda para desentrañar su verdadera intención, sin que ello hubiera implicado la modificación de la causa petendi o el petitum, en la medida en la que se recalca se había pedido la respectiva pretensión declarativa de responsabilidad respecto de cada demandado. En esta línea, se observa que el extremo activo podía pedir, de manera principal, la responsabilidad contractual del (demandado) por incumplimiento y, asimismo, la extracontractual del departamento de Antioquia por haber actuado negligentemente como socio o administrador de la sociedad, con fundamento en los anotados eventos en los que puede darse el levantamiento del velo corporativo o comprometerse la responsabilidad del administrador. Como quiera que estas pretensiones no se excluyen entre sí pues la existencia del vínculo contractual que se predica respecto del (demandado), y que sustenta la acción de controversias contractuales, no desdice la relación extracontractual que puede existir por la causación de daños que se le atribuyen al ente territorial, podían acumularse, de conformidad con el artículo 82 del CPC, aplicable de conformidad con la remisión del artículo 145 del CCA. Igualmente, podían formularse las mismas pretensiones en relación de subsidiaridad, por cuanto tal acumulación tampoco desconoce las exigencias del antedicho artículo 82 del CPC e, incluso, podía elevarse, de manera principal, la responsabilidad contractual del (demandado) y extracontractual del departamento como administrador y, como subsidiaria, la responsabilidad extracontractual del departamento como socio, o viceversa. En todos estos eventos, se reitera se habría pretendido la declaración del fundamento de la condena en contra de todos los demandados. Sin embargo, en este caso, tal pedimento no se impetró, y, en su lugar, se solicitó directamente la condena al departamento por los perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento del (demandado). Bajo este contexto, y como se advirtió en líneas anteriores, analizar la conducta extracontractual del departamento, como socio o administrador del Ingenio, respecto de terceros sin haberse formulado una pretensión declarativa en este sentido, rompería la congruencia que debe existir entre lo pedido y lo fallado y, desde luego, conllevaría la modificación del petitum, en cuanto se decidirían aspectos no solicitados en la demanda, en abierto desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 305 del CPC y 170 del CCA. De acuerdo con el problema jurídico planteado, no es procedente condenar al departamento de Antioquia al pago de los perjuicios pedidos en la demanda derivados del incumplimiento del contrato por parte del Ingenio, puesto que no se formuló una pretensión declarativa en contra de este demandado que sustentara su eventual condena, aspecto que resulta fundamental frente a la responsabilidad de los socios y administradores. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la reiteración de la jurisprudencia frente a el pedimento de responsabilidad del ente territorial, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de marzo de 2018, exp. 54557, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2018, exp. 42028, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de octubre de 2019, exp. 39339, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2020, exp. 50049, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de marzo de 2020, exp. 36530, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2020, exp. 46071, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2020, exp. 50044, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de julio de 2020, exp. 39172, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de marzo de 2021, exp. 47158, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de diciembre de 2022, exp. 36531, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: DECRETO 1° DE 1984 - ARTÍCULO 145, DECRETO 1° DE 1984 - ARTÍCULO 170, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 305, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 82, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 830, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 148 PARÁGRAFO 1, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 206, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 207

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000200101212011100103