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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

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Fecha
2022-08-16
Radicado
20001233900020160001101
Número interno
62985
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ PRECIADO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Lo que dijo la Sala

La Sala tiene competencia para proferir esta providencia conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado tiene competencia en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias proferidas por tribunales administrativos, conforme a lo establecido en los artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011. La Sala se pronuncia de fondo en el proceso de repetición cuando concurren los presupuestos procesales, como la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal que dio lugar a la condena contra el Estado. En este caso, aunque se consideró que el demandado actuó descuidadamente, no se encontró que su conducta fuera gravemente culposa, por lo que no procede la condena de repetición. Además, se condena al perdedor del recurso de apelación en costas, incluyendo agencias en derecho, que en este caso se fijan en un millón de pesos a favor del demandado, dado que el apoderado no descorrió el traslado para alegar de conclusión en la instancia superior.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 150 y 152 núm. 11

También resuelve

  • ¿Procede pronunciamiento de fondo porque concurren los presupuestos procesales?
  • ¿El régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena contra el Estado?
  • ¿El demandado está llamado a responder por el pago de la indemnización a la que fue condenado el Estado?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Titulación de la relatoría 6.226 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala tiene competencia para proferir esta providencia conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 11 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Procede pronunciamiento de fondo porque concurren los presupuestos procesales? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala se pronunciará de fondo en este asunto, en la medida en que concurren los presupuestos procesales, al ser la acción de repetición el medio de control procedente para buscar el recobro contra agentes del Estado que, como “consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa” (Art. 90 de la Constitución Política), han dado lugar a una condena contra el Estado. Además, porque la demanda fue oportuna. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / LEY 678 DE 2001 Problema jurídico: ¿El régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena contra el Estado? Respuesta al problema jurídico: Si Como el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena contra el Estado, en este caso, aunque había lugar a solicitar la aplicación de las presunciones legales previstas en la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron durante su vigencia, la parte actora no fundamentó la demanda en esa normativa, de manera que, en los términos de la demanda y de como quedó fijado el litigio en la audiencia inicial, había que establecer si el demandado actuó “con dolo o culpa grave”. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO OFICIAL / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El demandado está llamado a responder por el pago de la indemnización a la que fue condenado el Estado? Respuesta al problema jurídico: No En este caso, como se indicó, a partir de los elementos de juicio que se recaudaron, muchos de los cuales corresponden a actuaciones en las que el demandado intervino en forma directa, la Sala encuentra que D. F. R. P. no está llamado a responder por el pago de la indemnización a la que fue condenado el Estado, pues, como se indicó, existen circunstancias puntuales relacionadas con la forma como se produjo el accidente que impiden calificar su conducta como gravemente culposa. (...) aunque, en efecto, podría considerarse que el acá demandado actuó de manera descuidada, al no haber conservado una distancia de seguridad que le permitiera reaccionar a la vicisitud presentada, sobre todo cuando, al parecer, se desplazaba a una velocidad superior a los 60 kilómetros por hora, encuentra la Sala que, por el contexto en el que se produjo el accidente: esto es, en momentos en los que se desarrollaba un operativo para atender una situación de riesgo inminente para la población, y por el hecho de que, al parecer, la moto con la que colisionó habría frenado de manera inesperada, en este caso no sería dado concluir que el demandado actuó de manera franca o abiertamente descuidada, esto es, con culpa grave, razones por las cuales no podía proferirse condena de repetición. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 365 del Código General del Proceso aplicable al presente proceso, consagra que se condenará en costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación…”, y a su turno dispone que “Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”. El artículo 361 de esa normativa indica que las costas se componen de expensas y gastos sufragados en el proceso y agencias en derecho. Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de presentación de la demanda. Respecto de su valor, el numeral 3.1.3 del artículo 6 estableció que, para la segunda instancia de procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser fijadas en “Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones, reconocidas o negadas en la sentencia”. En atención a que el apoderado del demandado no descorrió el traslado para alegar de conclusión en esta instancia, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en $1’000.000 a favor del demandado D. F. R. P. FUENTE FORMAL: ACUERDO 1887 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 3, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
Texto extraído del PDF oficial 43.695 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., 16 de agosto de 2022 Radicación: 20001-23-39-000-2016-00011-01 (62985) Demandante: Policía Nacional Demandado: Diego Fernando Rodríguez Preciado Referencia: Acción de Repetición – Ley 1437 de 2011 Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – Culpa grave / con el fin de hacer juicios de valor sobre la conducta del demandado, es preciso examinar todas las circunstancias en las cuales se produjo el daño por el cual el Estado fue condenado Síntesis del caso: se demandó en repetición a un miembro de la policía que conducía una motocicleta de esa institución en una operación. En desarrollo de esta, se produjo un accidente con otra moto, también de la policía, en el que murió el acompañante del acá demandado. Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la Sentencia 24 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar, cuya parte resolutiva dispuso: “Declarar patrimonialmente responsable al [demadado]” y, como consecuencia de ello, lo condenó al pago de $667.933.180.59 La Sala tiene competencia para proferir esta providencia conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación 1.1. Posición de la parte demandante 1. El 18 de diciembre de 20151, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda contra Diego Fernando Rodríguez Preciado. Sus pretensiones fueron (se trascribe): “PRIMERO: Que se declare al [demandado] responsable a título de dolo o culpa de la muerte del extinto patrullero Javier Gregorio Pérez Domínguez (q.e.p.d.) por hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2010, en accidente de tránsito, 1 Folio 20 y 278 del cuaderno 1. Radicación: 20001-23-39-000-2016-00011-01 (62985) Demandante: Policía Nacional Demandado: Diego Fernando Rodríguez Preciado Referencia: Acción de Repetición Decisión: Revocar _____________________________________________________________________________________________________________ 2 de 14 encontrándose el demandado en servicio activo, conduciendo una motocicleta oficial (…) y como tripulante de la misma Javier Rodríguez Pérez Domínguez (q.e.p.d.). SEGUNDO.: Condenar al [demandado], al pago total del capital e intereses correspondientes a la suma de (…) ($706.057.849,95), valor que pagó [la parte demandante] mediante Resolución No. 1674 del 1 de diciembre de 2014 (…)” (…) 2. Como fundamentos de hecho de esas pretensiones, la parte actora afirmó: 3. 1) El 5 de septiembre de 2010 en la ciudad de Valledupar, aproximadamente a las 2:18 A.M., el demandado se desplazaba en una moto de la Policía Nacional de placas QQU-60B. En un punto del trayecto, colisionó contra la parte posterior de otra moto de esa institución, de placas QQO-06B. El tripulante de la primera moto, patrullero Javier Gregorio Pérez Domínguez, perdió la vida. En el informe técnico del accidente se consignó como factor determinante el humano, concretamente el exceso de velocidad con el que conducía el acá demandado. 4. 2) Por esos hechos, la Oficina de Control Interno Disciplinario abrió una indagación preliminar. El 21 de junio de 2011 le impuso al demandado el corrrectivo disciplinario de 10 días de multa, por considerar que, en alto grado de irresponsabilidad, realizó una conducta a título de culpa, por transitar con exceso de velocidad y no guardar la distancia entre los vehículos. 5. 3) Por los mismos hechos, la parte demandante fue condenada al pago de una indemnización, mediante sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Valledupar de 6 de mayo de 2013, sentencia que fue modificada por parte del Tribunal Administrativo de Cesar que, en sentencia de 17 de octubre de 2013, revocó el reconocimiento de un perjuicio, esto es, “daño a la vida de relación”. 6. 4) La condena se cumplió mediante Resolución 1674 de 1 de diciembre de 2014. Como indemnización, se pagó una suma de $706’057.849,95, según consta en los respectivos comprobantes de pago. 7. En los fundamentos de derecho, la parte actora invocó el Artículo 90 y 124 de la Constitución Política; los artículos 142 y 164 de la Ley 1437 de 2011; el artículo 35, 38 y 39 del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional (Ley 1015 de 2006); y los artículos 60, 61, 66, 73 y 74 del el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002). 1.2. Posición de la parte demandada Radicación: 20001-23-39-000-2016-00011-01 (62985) Demandante: Policía Nacional Demandado: Diego Fernando Rodríguez Preciado Referencia: Acción de Repetición Decisión: Revocar _____________________________________________________________________________________________________________ 3 de 14 8. El demandado propuso la excepción de “…inexistencia y falta de calificación de culpa grave”, con fundamento en que la parte actora no encuadró su conducta en alguna de las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001, ni allegó prueba de sus supuestos de hecho. Agregó que, a partir de las declaraciones de los policías que participaron en el operativo, obtenidas en el trámite de la actuación disciplinaria, quedó demostrado que el demandado no actuó de manera culposa. 1.3. Sentencia de primera instancia 9. Encontró probados los presupuestos objetivos de la acción. En relación con la prueba del elemento subjetivo, manifestó que el análisis se hacía con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001. Descartó el dolo, porque “ni en el proceso penal y tampoco en el proceso disciplinario” , daban cuenta de que la conducta del demandado hubiera sido realizada con “intención o alevosía”. Sin embargo, concluyó que, dentro de la actuación disciplinaria, sí se estableció que el comportamiento fue gravemente culposo, contrario a lo que aquel sostuvo al contestar la demanda. 10. Enseguida, manifestó que ninguno de los testigos que declararon dentro de este proceso presenció el accidente, de manera que no tenían certeza acerca de sus causas. Sin embargo, el Tribunal indicó que reposaba copia del informe del accidente, en el que se consignó, c omo causa probable, “no conservar la distancia de seguridad”; asimismo, destacó el contenido de un informe técnico elaborado con posterioridad, en el que se refirió el exceso de velocidad y no conservar la distancia de seguridad, como factores contribuyentes del accidente. En ese orden de ideas, concluyó que el demadado era responsable a título de culpa grave, pues no tuvo la debida diligencia y cuidado, desobedeció las reglas de tránsito al no conservar una distancia prudente y, además, porque se desplazaba a gran velocidad. 1.4. Recurso de apelación 11. El demandado afirmó que no existía prueba de la culpa grave, la cual quedaba desvirtuada a partir de las declaraciones de los agentes de policía dentro de la actuación disciplinaria. Se reafirmó en la excepción propuesta, y agregó que los informes técnicos de los que se valió la sentencia apelada, no constituían un medio de prueba idóneo sino “un criterio orientador de la investigación”, además de que no habían sido puestos en conocimiento del demandado para su contradicción, ni calificaron su conducta como gravemente culposa. Radicación: 20001-23-39-000-2016-00011-01 (62985) Demandante: Policía Nacional Demandado: Diego Fernando Rodríguez Preciado Referencia: Acción de Repetición Decisión: Revocar _____________________________________________________________________________________________________________ 4 de 14 12. Agregó que, en el expediente, no existía prueba del pago de la condena, porque no se aportó “certificado, constancia o comprobante donde conste expresamente que el pago fue efectivamente recibido por la demandante (…) o su apoderado con facultades para recibir”, del mismo modo en que no se había acreditado la calidad de policía de Diego Fernando Rodríguez Preciado. 2. CONSIDERACIONES Contenido: 2.1. Presupuestos procesales; 2.2. Análisis sustantivo; 2.3. Sobre la condena en costas. 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar 13. La Sala se pronunciará de fondo en este asunto, en la medida en que concurren los presupuestos procesales, al ser la acción de repetición el medio de control procedente para buscar el recobro contra agentes del Estado que, como “consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa” (Art. 90 de la Constitución Política), han dado lugar a una condena contra el Estado. Además, porque la demanda fue oportuna2. 14. Como el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena contra el Estado, en este caso, aunque había lugar a solicitar la aplicación de las presunciones legales previstas en la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron durante su vigencia3, la parte actora no fundamentó la demanda en esa normativa, de manera que, en los términos de la demanda y de como quedó fijado el litigio en la audiencia inicial, había que establecer si el demandado actuó “con dolo o culpa grave”. 15. En la sentencia de primera instancia se tuvieron por acreditados, como en efecto lo estaban, los presupuestos objetivos de la acción: la existencia de la sentencia judicial4; la calidad de agente estatal del demandado para 2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del CPACA (en la ver

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=200012339000201600011011100103