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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 16 de agosto de 2022
Radicación: 20001-23-39-000-2016-00011-01 (62985)
Demandante: Policía Nacional
Demandado: Diego Fernando Rodríguez Preciado
Referencia: Acción de Repetición – Ley 1437 de 2011
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – Culpa grave / con el fin de hacer juicios de valor sobre la
conducta del demandado, es preciso examinar todas las circunstancias en las cuales se
produjo el daño por el cual el Estado fue condenado
Síntesis del caso: se demandó en repetición a un miembro de la policía que conducía una
motocicleta de esa institución en una operación. En desarrollo de esta, se produjo un
accidente con otra moto, también de la policía, en el que murió el acompañante del acá
demandado.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandado
contra la Sentencia 24 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cesar, cuya parte resolutiva dispuso: “Declarar
patrimonialmente responsable al [demadado]” y, como consecuencia de
ello, lo condenó al pago de $667.933.180.59
La Sala tiene competencia para proferir esta providencia conforme a lo
dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA).
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 18 de diciembre de 20151, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda contra
Diego Fernando Rodríguez Preciado. Sus pretensiones fueron (se trascribe):
“PRIMERO: Que se declare al [demandado] responsable a título de dolo o culpa
de la muerte del extinto patrullero Javier Gregorio Pérez Domínguez (q.e.p.d.) por
hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2010, en accidente de tránsito,
1 Folio 20 y 278 del cuaderno 1.
Radicación: 20001-23-39-000-2016-00011-01 (62985)
Demandante: Policía Nacional
Demandado: Diego Fernando Rodríguez Preciado
Referencia: Acción de Repetición
Decisión: Revocar
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encontrándose el demandado en servicio activo, conduciendo una motocicleta
oficial (…) y como tripulante de la misma Javier Rodríguez Pérez Domínguez
(q.e.p.d.).
SEGUNDO.: Condenar al [demandado], al pago total del capital e intereses
correspondientes a la suma de (…) ($706.057.849,95), valor que pagó [la parte
demandante] mediante Resolución No. 1674 del 1 de diciembre de 2014 (…)”
(…)
2. Como fundamentos de hecho de esas pretensiones, la parte actora
afirmó:
3. 1) El 5 de septiembre de 2010 en la ciudad de Valledupar,
aproximadamente a las 2:18 A.M., el demandado se desplazaba en una
moto de la Policía Nacional de placas QQU-60B. En un punto del trayecto,
colisionó contra la parte posterior de otra moto de esa institución, de placas
QQO-06B. El tripulante de la primera moto, patrullero Javier Gregorio Pérez
Domínguez, perdió la vida. En el informe técnico del accidente se consignó
como factor determinante el humano, concretamente el exceso de
velocidad con el que conducía el acá demandado.
4. 2) Por esos hechos, la Oficina de Control Interno Disciplinario abrió una
indagación preliminar. El 21 de junio de 2011 le impuso al demandado el
corrrectivo disciplinario de 10 días de multa, por considerar que, en alto
grado de irresponsabilidad, realizó una conducta a título de culpa, por
transitar con exceso de velocidad y no guardar la distancia entre los
vehículos.
5. 3) Por los mismos hechos, la parte demandante fue condenada al pago
de una indemnización, mediante sentencia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Valledupar de 6 de mayo de 2013,
sentencia que fue modificada por parte del Tribunal Administrativo de Cesar
que, en sentencia de 17 de octubre de 2013, revocó el reconocimiento de
un perjuicio, esto es, “daño a la vida de relación”.
6. 4) La condena se cumplió mediante Resolución 1674 de 1 de diciembre
de 2014. Como indemnización, se pagó una suma de $706’057.849,95, según
consta en los respectivos comprobantes de pago.
7. En los fundamentos de derecho, la parte actora invocó el Artículo 90 y
124 de la Constitución Política; los artículos 142 y 164 de la Ley 1437 de 2011;
el artículo 35, 38 y 39 del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional (Ley
1015 de 2006); y los artículos 60, 61, 66, 73 y 74 del el Código Nacional de
Tránsito (Ley 769 de 2002).
1.2. Posición de la parte demandada
Radicación: 20001-23-39-000-2016-00011-01 (62985)
Demandante: Policía Nacional
Demandado: Diego Fernando Rodríguez Preciado
Referencia: Acción de Repetición
Decisión: Revocar
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8. El demandado propuso la excepción de “…inexistencia y falta de
calificación de culpa grave”, con fundamento en que la parte actora no
encuadró su conducta en alguna de las presunciones previstas en la Ley 678
de 2001, ni allegó prueba de sus supuestos de hecho. Agregó que, a partir
de las declaraciones de los policías que participaron en el operativo,
obtenidas en el trámite de la actuación disciplinaria, quedó demostrado
que el demandado no actuó de manera culposa.
1.3. Sentencia de primera instancia
9. Encontró probados los presupuestos objetivos de la acción. En relación
con la prueba del elemento subjetivo, manifestó que el análisis se hacía con
fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001. Descartó el dolo,
porque “ni en el proceso penal y tampoco en el proceso disciplinario” ,
daban cuenta de que la conducta del demandado hubiera sido realizada
con “intención o alevosía”. Sin embargo, concluyó que, dentro de la
actuación disciplinaria, sí se estableció que el comportamiento fue
gravemente culposo, contrario a lo que aquel sostuvo al contestar la
demanda.
10. Enseguida, manifestó que ninguno de los testigos que declararon
dentro de este proceso presenció el accidente, de manera que no tenían
certeza acerca de sus causas. Sin embargo, el Tribunal indicó que reposaba
copia del informe del accidente, en el que se consignó, c omo causa
probable, “no conservar la distancia de seguridad”; asimismo, destacó el
contenido de un informe técnico elaborado con posterioridad, en el que se
refirió el exceso de velocidad y no conservar la distancia de seguridad,
como factores contribuyentes del accidente. En ese orden de ideas,
concluyó que el demadado era responsable a título de culpa grave, pues
no tuvo la debida diligencia y cuidado, desobedeció las reglas de tránsito
al no conservar una distancia prudente y, además, porque se desplazaba a
gran velocidad.
1.4. Recurso de apelación
11. El demandado afirmó que no existía prueba de la culpa grave, la cual
quedaba desvirtuada a partir de las declaraciones de los agentes de policía
dentro de la actuación disciplinaria. Se reafirmó en la excepción propuesta,
y agregó que los informes técnicos de los que se valió la sentencia apelada,
no constituían un medio de prueba idóneo sino “un criterio orientador de la
investigación”, además de que no habían sido puestos en conocimiento del
demandado para su contradicción, ni calificaron su conducta como
gravemente culposa.
Radicación: 20001-23-39-000-2016-00011-01 (62985)
Demandante: Policía Nacional
Demandado: Diego Fernando Rodríguez Preciado
Referencia: Acción de Repetición
Decisión: Revocar
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12. Agregó que, en el expediente, no existía prueba del pago de la
condena, porque no se aportó “certificado, constancia o comprobante
donde conste expresamente que el pago fue efectivamente recibido por la
demandante (…) o su apoderado con facultades para recibir”, del mismo
modo en que no se había acreditado la calidad de policía de Diego
Fernando Rodríguez Preciado.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales; 2.2. Análisis sustantivo; 2.3. Sobre la condena en costas.
2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar
13. La Sala se pronunciará de fondo en este asunto, en la medida en que
concurren los presupuestos procesales, al ser la acción de repetición el
medio de control procedente para buscar el recobro contra agentes del
Estado que, como “consecuencia de la conducta dolosa o gravemente
culposa” (Art. 90 de la Constitución Política), han dado lugar a una condena
contra el Estado. Además, porque la demanda fue oportuna2.
14. Como el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que
dieron lugar a la imposición de la condena contra el Estado, en este caso,
aunque había lugar a solicitar la aplicación de las presunciones legales
previstas en la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron durante su
vigencia3, la parte actora no fundamentó la demanda en esa normativa,
de manera que, en los términos de la demanda y de como quedó fijado el
litigio en la audiencia inicial, había que establecer si el demandado actuó
“con dolo o culpa grave”.
15. En la sentencia de primera instancia se tuvieron por acreditados, como
en efecto lo estaban, los presupuestos objetivos de la acción: la existencia
de la sentencia judicial4; la calidad de agente estatal del demandado para
2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del CPACA (en la ver
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