Titulación de la relatoría 27.201 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTRATO DE SUMINISTRO / ENTIDAD PÚBLICA / ARS / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / UNIÓN TEMPORAL / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / CUANTÍA DEL PROCESO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas en la actividad de las entidades públicas con empresas industriales y comerciales del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia, puesto que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo –modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006 y vigente en la fecha de interposición de la demanda- estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias originadas en la actividad de las entidades públicas. En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de la Sala el pretendido incumplimiento de los contratos de suministro (…), celebrados entre la unión temporal (…) y la ARS Convida, entidad creada como empresa industrial y comercial del Estado mediante Ordenanza (…). Ahora, la controversia ostenta vocación de doble instancia, puesto que la cuantía fijada en la demanda es superior a los 500 S.M.L.M.V. (…), fijados en el artículo 132 – numeral 5 del C.C.A.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO
Problema jurídico:
¿En las controversias sobre contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto que apruebe la liquidación unilateral?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 136, numeral 10, del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en las acciones relativas a contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años allí establecido comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto que apruebe la liquidación unilateral, según el caso. De no procederse a la liquidación unilateral dentro de los dos meses siguientes al término convenido por las partes o fijado en la ley para la liquidación bilateral, la caducidad comienza a correr desde la expiración del plazo con el que contaba la administración para liquidar unilateralmente el contrato, de conformidad con la norma sustancial aplicable y con las cláusulas que eventualmente hayan pactado las partes sobre este aspecto. (…) [L]as partes acordaron la liquidación de los negocios jurídicos en controversia, en la cláusula vigésima octava (…) en el presente caso no operó el fenómeno de la caducidad.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
MEDIOS DE PRUEBA / ALCANCE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / IDONEIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRUEBA DOCUMENTAL / CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Es procedente el valor probatorio de las copias simples, cuando los documentos aportados han militado en el proceso sin ser tachados por las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las pruebas documentales que obran en la presente causa fueron aportadas durante el curso del proceso, por ambas partes, en copia auténtica y en copia simple, y su contenido no fue refutado ni desvirtuado por ninguno de los sujetos procesales. Al respecto y, frente a lo resuelto en la sentencia apelada acerca del valor probatorio de las copias simples, la Sala debe recalcar que, cuando los documentos aportados en copia simple han militado en el proceso sin ser tachados por las partes, son susceptibles de valoración probatoria, a la luz de lo que al respecto señaló la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2013, en la cual se determinó, precisamente, que serían estimables como prueba los instrumentos que los sujetos procesales allegaran en copia carente de autenticación y que obraran a lo largo de la actuación sin ser tachados de falsos ni controvertidos por ninguno de los extremos de la litis. En la misma providencia se estableció que ese criterio unificado era aplicable para todos los procesos contencioso administrativos, salvo en los eventos en que existiera una disposición en contrario que hiciera exigible el requisito de la copia auténtica. Por tanto, en el presente caso, los documentos aportados en copia simple serán tenidos como prueba, se reitera, por no haber sido impugnado su valor probatorio por ninguna de las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022 C.P. Enrique Gil Botero.
MEDIOS DE PRUEBA / ALCANCE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / VALIDEZ DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / TESTIMONIO / PRUEBA TESTIMONIAL / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO / EFICACIA DEL TESTIMONIO / EFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / REQUISITOS DEL TESTIMONIO / VALIDEZ DEL TESTIMONIO / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / INTERVENTOR / AUDITOR / AUDITORÍA AL CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / MÉDICO / INTERVENTORÍA
Problema jurídico:
¿Las pruebas testimoniales aportadas al proceso son susceptibles de valor probatorio al estar dotadas de credibilidad, imparcialidad, claridad y certeza y al no ser tachadas de falsas por las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el curso de la actuación procesal rindieron testimonio dos auditores médicos que en ejercicio de sus labores estuvieron vinculados a la parte demandante, no obstante lo cual, encuentra la Sala que tales pruebas testimoniales son válidas y estimables en el sub lite, no solo porque permiten su análisis en conjunto con el testimonio de la interventora del contrato y con las pruebas documentales allegadas al plenario, sino también porque ninguno de los sujetos procesales cuestionó la credibilidad o imparcialidad de los testigos con formulación de tacha alguna. Adicionalmente, las declaraciones revisten claridad y certeza, sin que aflore en ellas ningún viso o mancha que haga sospechar de la veracidad de la información rendida, como tampoco de indebidas conductas o intenciones de los testigos, bajo lo señalado en el artículo 217 del CPC.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217
REGÍMENES DEL SISTEMA DE SALUD / BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / POBLACIÓN VULNERABLE / CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / INCLUSIÓN EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / EPS / FUNCIONES DE LA EPS / RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / FINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO / RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRADORA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / BENEFICIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / NORMATIVIDAD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ENTIDAD TERRITORIAL / FACULTADES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD POR ENTIDAD TERRITORIAL / PAGO DE LA COTIZACIÓN AL SISTEMA DE SALUD / ARS / SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Problema jurídico:
¿La administración de los recursos del régimen subsidiado de salud es una función asignada por ley a las entidades territoriales, junto con la suscripción de contratos de aseguramiento y la afiliación de la población beneficiaria?
Respuesta al problema jurídico: Si
El régimen subsidiado de salud está definido en el artículo 211 de la Ley 100 de 1993 como el conjunto de normas que regulan, en efecto, la vinculación de las personas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando la afiliación se efectúa mediante el pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con los recursos fiscales o de solidaridad allí previstos. De acuerdo con el artículo 213, es beneficiaria del régimen subsidiado de salud “toda la población pobre y vulnerable” del país. Para la administración de los recursos del régimen subsidiado de salud, el artículo 215 de la Ley 100 de 1993 les asignó a las entidades territoriales, a través de sus direcciones de salud, la función de suscribir contratos de aseguramiento con las Entidades Promotoras de Salud EPS, encargadas de afiliar a los beneficiarios y erigidas como administradoras de los recursos del régimen subsidiado (ARS). La obligación para las entidades territoriales, de contratar el aseguramiento y administración del régimen subsidiado de salud, también quedó plasmada en el artículo 44.2.3 de la Ley 715 de 2001. Las funciones de las EPS administradoras del régimen subsidiado de salud han sido establecidas en varias normas, entre estas el Decreto 1804 de 1999, vigente en la época de los hechos materia de controversia. Así, el artículo 4 de la indicada normativa estableció que les correspondía a tales entidades promover y adelantar la afiliación de la población beneficiaria, administrar el riesgo en salud de los afiliados e informar a éstos sobre lo relacionado con el contenido del POS-S, entre otras cargas. (…) la Ley 715 de 2001, (…) también estableció para los departamentos otras funciones en materia de salud, relacionadas con la dirección de ese sector en el ámbito departamental, las medidas para la salud pública y la prestación general de servicios a la población.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1804 DE 1999 - ARTÍCULO 4, LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 211, LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 213, LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 215, LEY 715 DE 2001 - ARTÍCULO 44.2.3
CONTRATO DE SUMINISTRO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / PRUEBA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / CONTRATO BILATERAL / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO DE SUMINISTRO Y CONTRATO DE COMPRAVENTA / PRECIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / CUANTÍA DEL CONTRATO / CUANTÍA INDETERMINADA DEL CONTRATO / CONTRATO DE CUANTÍA INDETERMINABLE
Problema jurídico:
¿En el contrato de suministro, se admite que su cuantía esté indeterminada y no es obligatorio que se especifiquen por las partes las cosas objeto del suministro, pero si las partes señalan la cuantía del suministro del contrato, de forma expresa o tácita, su estipulación será la que regule la cuantía del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato de suministro encuentra su principal regulación legal en el Código de Comercio, que lo define como aquel “por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”. Se trata entonces de un contrato típico bilateral, de tracto sucesivo -característica esencial que lo diferencia del contrato de compraventa-, cuya causa, como en todos los contratos de duración, “(…) no consiste en asegurar a las partes una prestación única, aunque realizada en momentos diversos, sino en asegurar por cierto tiempo varias prestaciones o una prestación continuada”, por lo que, la entrega de los bienes o la ejecución de los servicios objeto del contrato, se hace regularmente durante cierto periodo de tiempo a cambio de un precio. En relación con el precio del contrato, este puede ser, naturalmente, fijado y establecido por las partes, aunque el estatuto comercial suple el eventual silencio de éstas, al disponer, en su artículo 970: Si las partes no señalan el precio del suministro, en el todo o para cada prestación, o no fijan en el contrato la manera de determinarlo sin acudir a un nuevo acuerdo de voluntades, se presumirá que aceptan el precio medio que las cosas o servicios suministrados tengan en el lugar y el día del cumplimiento de cada prestación, o en el domicilio del consumidor, si las partes se encuentran en lugares distintos. (…) En el contrato de suministro, se admite que su cuantía esté indeterminada y no es obligatorio que se especifiquen por las partes las cosas objeto del suministro, pero “[s]i las partes señalan la cuantía del suministro del contrato, de forma expresa o tácita, su estipulación será la que regule la cuantía del contrato”. Pero si las partes no regulan este aspecto, se aplicará lo dispuesto en el artículo 969 del C. de Co., que establece algunas pautas que operan dependiendo de lo que las partes hayan pactado o dejado de pactar en el contrato.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 969, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 970
CONTRATO DE SUMINISTRO / TÉRMINO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / PAGO DEL CONTRATO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CUANTÍA DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / PREAVISO PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE SUMINISTRO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
Problema jurídico:
¿Conforme al estatuto comercial, la terminación unilateral del contrato de suministro procede por incumplimiento de una de las partes, a condición de que la inobservancia de su contraparte le haya ocasionado perjuicios graves?
Respuesta al problema jurídico: Si
El suministro puede ser periódico -las prestaciones deben cumplirse con ciertos intervalos de tiempo determinados- o continuo -la prestación es ininterrumpida en el tiempo y deberá pagarse el precio de acuerdo a la costumbre, salvo estipulación en contrario-, y a su vez, el precio se puede pactar por cada prestación, de forma aislada, o por todo el conjunto de prestaciones que se esperan. Por ello, el Código de Comercio establece en el artículo 971 la forma de pago de cada entrega o cumplimiento y en el artículo 972, el deber de las partes de atenerse al plazo acordado para cada prestación. (…) Por otro lado, en cuanto al incumplimiento del contrato de suministro, el estatuto comercial prevé para la parte afectada el derecho a darlo por terminado, a condición de que la inobservancia de su contraparte le haya ocasionado perjuicios graves. (…) Vale la pena señalar que, como se desprende del tenor literal de las citadas normas mercantiles, las mismas son supletivas y, por lo tanto, solo tienen aplicación cuando las partes no hayan pactado algo distinto, o cuando han guardado silencio sobre los aspectos regulados por la ley. (…) Así, cabe anotar que, en el presente caso, tal como lo evidencian los hechos probados, las reglas del suministro en cuanto a su cuantía, determinación del precio, periodicidad de las entregas, forma y condiciones de remuneración, plazo y sanciones por incumplimiento, fueron fijadas por las mismas partes en las cláusulas anteriormente reseñadas. Por ello, será principalmente a la luz de lo convenido en los contratos materia de juicio que la Sala analizará el asunto sometido a debate, sin perjuicio, naturalmente, de aplicar las normas del Código de Comercio que sean pertinentes.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 971, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 972
DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / RÉGIMEN CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿El incumplimiento contractual debe manejarse, no desde el ámbito propio del desequilibrio económico, sino bajo la óptica de la responsabilidad contractual dado que lo que se persigue es la indemnización integral de perjuicios y no el restablecimiento de las condiciones económicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l incumplimiento contractual debe manejarse, no desde el ámbito propio del desequilibrio económico, sino con mayor propiedad bajo la óptica de la responsabilidad contractual, por cuanto se trata de dos “...instituciones distintas en su configuración y en sus efectos”, puesto que la responsabilidad contractual se origina en el daño antijurídico que es ocasionado por la parte incumplida del contrato, lo que hace surgir a su cargo el deber de indemnizar los perjuicios ocasionados en forma plena, es decir, que para el afectado surge el derecho a obtener una indemnización integral, lo que generalmente no sucede en los eventos de rompimiento del equilibrio económico del contrato, orientado solamente al restablecimiento de la equivalencia de prestaciones y de condiciones económicas existentes y previstas en el momento de celebrarse el respectivo negocio jurídico. Cabe anotar que este criterio se ha aplicado con referencia a los contratos estatales gobernados por la Ley 80 de 1993, aunque en todo caso no se descarta su pertinencia frente a los contratos con regímenes especiales o exceptuados del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, teniendo en cuenta que, en principio, cada elemento de esta institución debe examinarse bajo los presupuestos, premisas y particularidades del régimen contractual en estudio. En todo caso, es claro que los factores que en el ordenamiento se destinan a salvaguardar el equilibrio de los contratos se desligan del fenómeno del incumplimiento contractual, dadas las diferencias existentes entre tales instituciones y en las consecuencias jurídicas que generan.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993
CONTRATO DE SUMINISTRO / CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS / OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / PARTES DEL CONTRATO / ARS / PRECIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / PAGO DEL CONTRATO / IRREGULARIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ENTIDAD TERRITORIAL / DEPARTAMENTO / SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL / RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRADORA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS / CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / ORDENACIÓN FARMACÉUTICA / SUMINISTRO DEL MEDICAMENTO / REQUISITOS PARA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS / SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD / SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS / UNIÓN TEMPORAL / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Se acreditó una omisión por parte de la ARS en su deber de informar a la autoridad departamental de salud sobre las irregularidades en la ejecución del contrato de suministro de medicamentos, que dé lugar a la declaratoria de incumplimiento del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con la cláusula octava de los contratos (…), [y] (…) a la luz del artículo 4 numeral 10 del Decreto 1804 de 1999, Convida ARS estaba en la obligación de informar al departamento de Cundinamarca, como entidad territorial competente, “las irregularidades que se presenten en la operación del régimen subsidiado (…), independientemente de las acciones internas que adelante para establecer (…) responsabilidades (…)”.Así, la única información que en este proceso obra sobre la ocurrencia de las anotadas irregularidades en la expedición de fórmulas de oxígeno y medicamentos no incluidos en el POS-S, o no sujetos a los procesos de referencia y contrarreferencia exigidos en la normativa aplicable, se encuentra en las (…) pruebas testimoniales (…). [L]os mismos testimonios que pusieron de presente las anotadas falencias también señalaron el cumplimiento de la obligación que la actora le enrostra a Convida ARS, de informar a la Secretaría de Salud de Cundinamarca sobre lo acontecido con la indebida prescripción de elementos para la salud, cuestión que también tramitó ante los gerentes de los hospitales públicos del departamento, para que se procediera con las enmiendas necesarias. En ese sentido, aunque la normativa antes señalada y la cláusula octava de los dos contratos evidencian que la ARS Convida estaba en la obligación de informar sobre las irregularidades que se presentaran en el servicio a fin de que los organismos competentes aplicaran correctivos, no se demostró que la entidad demandada desatendiera o dejara de ejercer dicha atribución, ni que por la inactividad de la contratante hubiera tenido lugar la anormal formulación de medicamentos en el régimen subsidiado administrado por Convida en el departamento de Cundinamarca, despachados por la unión temporal.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los deberes de la Administración pública el relación con la prestación del servicio de salud, ver sentencia del 14 de abril de 2005, Exp. 28616, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, sentencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 29214, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 27 de enero de 2016, Exp. 38449, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1804 DE 1999 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 10
CONTRATO DE SUMINISTRO / CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS / ARS / UNIÓN TEMPORAL / PRECIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / PAGO DEL CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS / CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / ORDENACIÓN FARMACÉUTICA / REQUISITOS PARA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS / SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD / SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS / AUDITORÍA AL CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PAGO DEL SERVICIO MÉDICO / ENTIDAD TERRITORIAL / FACULTADES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / DEPARTAMENTO / RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / FINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD POR ENTIDAD TERRITORIAL
Problema jurídico:
¿Las irregularidades en la prescripción de fármacos y medicamentos que no eran objeto del contrato de suministro por no estar incluidos en el POS, son imputables a la ARS?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o se advierte que los contratos (…), como tampoco el ordenamiento jurídico, le impusieran a Convida ARS el pago de la medicación despachada sin el lleno de los requisitos previstos en los mismos acuerdos de voluntades, en particular porque las obligaciones legales de la mencionada EPS se circunscribían únicamente a la cobertura de los servicios incluidos en el POS, y solo en forma excepcional lo requerido en niveles superiores de atención, bajo la aprobación del Comité Técnico Científico. En contrapartida, la UT Macromed – Bioquifar tenía obligaciones respecto a la revisión de las fórmulas allegadas, en la medida en que cada contrato estableció con claridad los requisitos que debían reunir las prescripciones presentadas por los usuarios, y si bien podía acontecer que las anormalidades en la formulación no pudieran detectarse en el momento de ser presentada por el paciente en el punto de farmacia, debió aportarse al proceso la prueba de entrega o despacho de lo indebidamente ordenado por el personal médico, pese a lo cual, se reitera, no obran los informes de auditoría o documentos suscritos por personal competente, que acrediten la entrega de elementos y que estos puedan tenerse por incluidos en la cuantía de perjuicios aducida en la demanda, ni las fórmulas de todos los medicamentos despachados, con la firma de los beneficiarios, como lo exigía la cláusula séptima de ambos contratos. (…) De cualquier manera, reitera la Sala que no hay lugar a imponer a Convida el pago de los servicios prestados por fuera del objeto de los contratos estatales materia de litigio, máxime si se tiene en cuenta que la cobertura de los mismos debía correr por cuenta del departamento de Cundinamarca, con cargo a recursos no administrados por la ARS demandada.
CONTRATO DE SUMINISTRO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR VÍA JUDICIAL / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE
Problema jurídico:
¿La liquidación del contrato de suministro solicitada por el demandante es formalmente procedente pero irrealizable en el sentido de que las partes omitieron aportar los instrumentos necesarios para el corte de cuentas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La parte actora solicitó en la demanda que se liquidaran judicialmente los contratos de suministro (…), materia de la presente controversia, y que se incluyeran en tal balance las indemnizaciones que resultaran (…). Si bien la anotada pretensión es formalmente procedente, en particular porque no se evidenció que las partes hubieran liquidado los negocios jurídicos en sede administrativa, lo cierto es que al plenario no se aportó elemento alguno que permita establecer el cabal cumplimiento de las obligaciones de ambas partes, las condiciones en las que se prestó el servicio de suministro contratado, la debida radicación de la facturación en los términos previstos en las cláusulas, la cuantía de cada factura ni su conformidad con el porcentaje de la UPC-S estipulado igualmente en los acuerdos de voluntades. Así las cosas, no es posible efectuar la liquidación de los contratos de suministro (…), por no contarse con los instrumentos necesarios para efectuar tales cortes de cuentas, en los que además no es posible incluir la indemnización aducida por la parte actora, por no haber lugar a su reconocimiento, como ya se anotó.