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CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO,LUCRO CESANTE – Incumplimiento contractual,Clausula Compromisoria,Competencia arbitral,Naturaleza vinculante,Conflicto con una entidad de régimen contractual que se asimila al de una empresa industrial y comercial del Estado,Presentación en tiempo de la dema – Mes: marzo – Año: 2018…
También resuelve:Controversias contractuales: incumplimiento contractual, cláusula compromisoria, competencia arbitral, naturaleza vinculanteCompetencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo: conflicto con una entidad de régimen contractual asimilable a empresa industrial y comercial del estadoCaducidad de la acción: presentación dentro del término
¿Incurre en incumplimiento contractual la entidad estatal que se abstiene de pagar el precio de un contrato de suministro, pese a que el contratista acreditó la radicación oportuna de los documentos exigidos para la ratificación y legalización del pago, conforme a la modalidad de pago pactada? Sí
La entidad estatal no incurre en incumplimiento contractual al abstenerse de pagar el precio de un contrato de suministro, si el contratista ha acreditado la radicación oportuna de los documentos exigidos para la ratificación y legalización del pago, conforme a la modalidad de pago pactada. La entidad estatal debe cumplir con su obligación de pago, y su retraso no constituye incumplimiento si el contratista ha cumplido con sus obligaciones previas.síntesis automática
También resuelve:¿La orden de proveeduría expedida por una entidad estatal con fundamento en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 constituye una oferta comercial que, una vez aceptada por su destinatario…¿Procede mantener la condena en costas impuesta en primera instancia a la UNGRD, por haber sido la parte vencida, aunque alegue que no se acreditó su causación?¿Procede condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada cuyo recurso de apelación se desestima?
¿Las pruebas allegadas por la parte demandante demuestran la existencia del contrato de suministro celebrado verbalmente entre las partes? Sí
El contratista no puede demostrar la existencia de un contrato de suministro verbal celebrado con la entidad estatal si no ofrece pruebas que evidencien los elementos esenciales del contrato, como los términos y condiciones pactados. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia porque los medios de prueba presentados por el contratista no demostraron la existencia del contrato verbal, sino que mostraron que las prestaciones reclamadas se ejecutaron en desarrollo de un contrato escrito anteriormente celebrado y vigente en el momento de la ejecución de dichas prestaciones. Además, la Sala se pronunció de fondo porque la demanda fue presentada dentro del término previsto en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, y condenó a la entidad estatal en costas, de acuerdo con los criterios y tarifas señalados por el Acuerdo PSAA1610554 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento impuesto por la interventoría sin su autorización expresa, conforme a lo pactado en la cláusula contractual, ya que esto viola el principio de pacta sunt servanda y la buena fe objetiva en la relación contractual. La interventoría no puede alterar unilateralmente el contenido y alcance de las cláusulas del contrato, especialmente cuando se trata de deducciones que no cuentan con sustento normativo, jurídico ni contractual. La Sala modifica la interpretación anterior, reforzando la necesidad de que cualquier actuación que requiera autorización previa sea respetada para evitar violaciones al contrato y a los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los términos acordados en los contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera el contrato y la buena fe objetiva la actuación de la interventoría que impone un descuento sin aceptación del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual?¿Constituye una obligación legal ejecutar los contratos conforme a lo pactado y de buena fe, incluyendo lo que emane de la naturaleza de la obligación?¿Vulnera el principio de congruencia una sentencia de primera instancia que omite pronunciarse sobre una pretensión expresamente solicitada en la demanda?
¿Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público? Sí
En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”, de igual manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 permitió que las denominadas altas cortes y los tribunales elaboraran un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia.
También resuelve:¿La responsabilidad de un agente estatal demandado en repetición requiere la constatación de la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber: la obligación resarcitoria a cargo del Estado…¿La condena judicial impuesta en una acción de controversias contractuales en contra de la entidad pública demandante y por la cual ahora se repite…
¿Probó la parte demandante que el dempartamento del Quindío incumplió el contrato de suministro de alimentación escolar al no pagar por las raciones que no fueron servidas y consumidas? No
La entidad contratante solo está obligada a pagar las raciones que el contratista efectivamente sirvió y que fueron certificadas por los rectores y verificadas por el interventor, de modo que las raciones programadas según los cupos asignados que no fueron servidas ni consumidas no generan obligación de pago. Una razón es que el departamento pagó las raciones de almuerzos y refrigerios que solicitó y que fueron certificadas por los rectores como consumidas, y la comparación entre los registros de asistencia, los certificados y los informes de interventoría no mostró diferencias entre lo consumido y lo certificado. Otra razón es que lo probado es que los cupos asignados superaron las raciones servidas, por causas como la inasistencia a clases y la no prestación del servicio educativo, de modo que las raciones no servidas no se deben pagar. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, porque el incumplimiento no quedó demostrado. Su consecuencia práctica es que el contratista de suministro de alimentos debe probar la certificación de cada ración servida, pues la asignación de cupos no genera derecho de pago.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta posible determinar si el descuento realizado por concepto del incumplimiento en el gramaje de los refrigerios fue desproporcionado?¿Debe condenarse en costas a la parte demandante cuyo recurso le fue resuelto de manera desfavorable?
¿El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor de ETB sin obligarse a solicitar un número determinado de tapas? Sí
Cuando un contrato de suministro se ejecuta mediante solicitudes de pedido que el supervisor de la entidad emite según sus necesidades, la entidad no está obligada a solicitar el valor total estimado ni un número determinado de bienes, y el pago se hace por cortes mensuales sobre las cantidades realmente solicitadas. La regla se sostiene en tres razones: los términos de referencia, la oferta y su aceptación establecieron que los bienes se suministrarían de acuerdo con las solicitudes de pedido y a la necesidad, sin cantidad mínima ni máxima; el supervisor no puede ordenar al contratista fabricar bienes para tener en stock, pues ello no está previsto en las condiciones contractuales; y el contratista no estaba obligado a tener disponibilidad inmediata de todo el suministro. En el caso, la demanda que reclamaba el valor total del contrato fue desestimada y la sentencia se confirmó. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que en los contratos de suministro por demanda el incumplimiento se mide frente a las solicitudes efectivamente cursadas y no frente al valor estimado.síntesis automática
También resuelve:¿Los bienes objeto del contrato serían suministrados de acuerdo con las solicitudes de pedido por parte de ETB de acuerdo a la necesidad?¿La contratista tenía el derecho de que se le pidieran bienes y servicios por el valor total estimado del contrato?¿La demanda se presentó dentro del plazo de dos años previstos en la ley?
¿La empresa Termo Mechero Aguazul S.A.S. E.S.P, incumplió las obligaciones del contrato GAS-032-2014, por lo que resulta procedente ordenar el pago de la cláusula penal pactada en el contrato? Sí
Cuando las partes de un contrato no logran acordar su liquidación y la entidad no demuestra haber ejercido la facultad de liquidación unilateral, el contrato queda sin liquidar y procede la liquidación judicial a través del medio de control de controversias contractuales. La regla se apoya en que la liquidación es una etapa necesaria para determinar el resultado de las obligaciones. En el caso, el contrato no continuó ejecutándose después de cierta fecha y la entidad no acreditó el ejercicio de esa facultad. En el caso, las partes no lograron acordar la liquidación del contrato y la entidad no acreditó la liquidación unilateral, por lo que el contrato permanece sin liquidar. En el caso, la sentencia ordena la liquidación judicial del contrato, porque la entidad no demostró haber ejercido la facultad de liquidación unilateral. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, si la entidad no ejerce la liquidación unilateral, la liquidación del contrato puede realizarse judicialmente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento por parte de Ecopetrol frente a las obligaciones del contrato GAS-032-2014, por haber suspendido la entrega de gas a Termo Mechero Aguazul S.A.S. E.S.P…¿Ecopetrol incurrió en conductas de abuso de posición contractual o dominante que pudieren haber llevado a Termo Mechero Aguazul S.A.S. E.S.P., a un incumplimiento del contrato GAS 032-2014?¿Se debe ajustar la sanción pactada en el parágrafo tercero de la cláusula décima sexta del contrato GAS-032-2014, por su terminación anticipada…
¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar, por ausencia del incumplimiento grave del contratista que condujera a la parálisis del contrato? No
El contratista no puede solicitar la nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato de suministro de alimentación escolar, ya que la entidad estatal fundamentó su decisión en incumplimientos graves del contratista que afectaron directamente el objeto del contrato, como la entrega tardía de alimentos vencidos, falta de mantenimiento de equipos y no pago de seguridad social a las madres procesadoras. La Sala determinó que los argumentos del contratista, que incluían la acumulación de incumplimientos menores y la subsanación de estos, no eran válidos, ya que los incumplimientos fueron graves y no se demostró que hubieran sido subsanados. Además, la resolución no se basó en una norma derogada, sino en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Por último, la entidad no se basó en los mismos reparos que dieron origen a la imposición de una multa revocada, sino en nuevos incumplimientos que afectaron la ejecución del contrato. Esta decisión confirma y reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia de la declaratoria de caducidad en casos de incumplimiento grave.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar, por fundarse en una norma derogada, esto es…¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar…¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar, por no reducirse el valor de la cláusula penal…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-08-16Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 52001233300020200097401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cómo se determina cuál es la normatividad aplicable al recurso de apelación contra el auto que negó el decreto de medidas cautelares? Sí
Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación –29 de julio de 2021–, esto es, el C.P.A.C.A. – incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021, normativa que, salvo por las prescripciones que modificaron las competencias de los juzgados, de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado, entró a regir el 25 de enero de 2021 – y el CGP, en los aspectos no contemplados en el primero.
También resuelve:¿Cómo se determina la competencia para resolver el recurso de apelación contra el auto que niega la solicitud de medida cautelar?¿Hasta antes de la liquidación del contrato es el término con el que cuenta la entidad para la declaratoria de incumplimiento de un contrato luego de haber terminado el plazo contractual con el fin…¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo contractual que resuelve el proceso sancionatorio…
¿El acto de declaratoria de incumplimiento y efectividad de la póliza de cumplimiento se fundamentó en una estipulación contractual que en realidad contenía una cláusula penal? Sí
El contratista puede impugnar la declaratoria de incumplimiento y la efectividad de la póliza de cumplimiento si la entidad estatal fundamentó su decisión en una cláusula contractual que, a pesar de denominarse de "multas", en realidad establecía una sanción por incumplimiento contractual, conforme a la interpretación del contenido del pacto y no a su denominación. La entidad no puede exonerarse del pago de los perjuicios causados por la mora en el pago de las facturas, incluso si estas fueron presentadas tardíamente o fuera del plazo del contrato, ya que el contrato no establece reglas que permitan tal exoneración ni que el pago tardío no genere intereses de mora. Esta decisión reitera la importancia de interpretar las cláusulas contractuales según su contenido y no según su denominación, y subraya que la mora del contratante no exonera al contratista de sus obligaciones de pago dentro del plazo estipulado, con las consecuencias legales correspondientes.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado y, condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios causados por la mora en el pago de las…¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado y, condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios causados por la falta de pago de los…¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado, por el no pago de las facturas presentadas con posterioridad a la firmeza de la liquidación…
¿Se demostró que la liquidación unilateral del contrato afectó patrimonialmente a la contratista demandante? No
El acta de liquidación unilateral que la entidad expide sin que el contratista acredite un daño patrimonial derivado de ella no puede ser anulada, pues sin perjuicio no se examina si el acto adolece de algún vicio. La regla se apoya en que el contrato condicionaba la liquidación unilateral a una previa declaratoria de caducidad, potestad que la entidad no ejerció, y en que el contratista no probó que hubiera efectuado pago alguno derivado del balance de cuentas. Por ello, el incumplimiento de las condiciones pactadas para la liquidación unilateral no se traduce, por sí solo, en un perjuicio indemnizable ni en la nulidad del acta. En el asunto, la Sala concluyó que el acta no afectó patrimonialmente a la contratista y revocó la sentencia en cuanto había anulado el acta de liquidación. En la práctica, la contratista que impugna el acta de liquidación debe demostrar el daño patrimonial que le causó para obtener su nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿El que los pantalones azules no se ajustaran a los requerimientos técnicos constituyó un incumplimiento contractual?¿No existe mérito para acoger las pretensiones porque de la liquidación hecha por Electranta no se derivaron perjuicios patrimoniales para la demandante?¿Habiendo sido el contrato de suministro de una sola prestación, resultó incumplido cuando al vencimiento de su plazo no se entregó la totalidad de los ítems contratados?
¿Ante la falta de acreditación de la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de los computadores objeto del contrato de suministro, era improcedente aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado en favor de la Unión Temporal demandante? Sí
El contratista no puede aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en favor de la Unión Temporal demandante cuando no acredita la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses por los computadores objeto del contrato de suministro, ya que la cláusula de reajuste establece que solo se aplica si la variación de la TRM supera el 8,81%, lo cual requiere pruebas precisas sobre la fecha de los pagos. La entidad estatal actuó de buena fe al negarse a aplicar la fórmula por falta de evidencia, garantizando al contratista la posibilidad de allegar la información faltante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en contratos estatales que implican pagos en moneda extranjera, y subraya que la falta de acreditación de la fecha de los pagos impide la aplicación de la fórmula de reajuste, lo que puede afectar significativamente los reclamos por sobrecostos.síntesis automática
También resuelve:¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto por tratarse de una controversia contractual en la que es parte una persona jurídica sin ánimo de lucro de…¿Computadores para Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con capital estatal, que cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales?¿Al tratarse de una asociación constituida por entidades del orden nacional, su régimen de contratación será aquel que rige a dichas entidades públicas que conformaron a la persona jurídica sin ánimo…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, siempre que la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza de la jurisdicción administrativa como guardiana del orden jurídico y en la necesidad de garantizar el debido proceso en controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas. La modificación de la regla implica que los litigantes deben considerar la cuantía de sus pretensiones para determinar la jurisdicción competente en segunda instancia, lo que puede afectar significativamente la estrategia procesal y los costos asociados a la litigación.síntesis automática
También resuelve:¿Es la reparación directa el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por enriquecimiento sin justa causa?¿La acción de reparación directa fue presentada dentro de los dos años siguientes al registro del trámite de liquidación obligatoria del Ingenio Vegachí?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
¿Resulta procedente el análisis de lo manifestado por la Empresa por Axia Energía SAS en su recurso apelación, respecto de que la sentencia de primera instancia señalo que dicha sociedad no presentó alegatos de conclusión, cuando se observa que la apelante no formuló esta circunstancia como un motivo de la apelación, ni señaló que con ello se le hubiese vulnerado derecho alguno, ni se alegó como una causal de nulidad procesal? No
En primera medida, es necesario pronunciarse sobre lo manifestado por Axia en su apelación, en cuanto a que, según la sentencia de primera instancia, dicha sociedad no presentó alegatos de conclusión (en el acápite correspondiente, se señaló que “guardó silencio”).… Al respecto, resulta importante precisar que la contratista no formuló esta circunstancia como un motivo de la apelación, ni señaló que con ello se le hubiese vulnerado derecho alguno, dado que solo se refirió al tema para anotar la situación. En ese sentido, no explicó de qué forma dicha eventualidad habría impactado la decisión de primer grado, en cuanto a la omisión de argumentos específicos o la alusión a hechos modificativos o extintivos que se hubiesen invocado en esa oportunidad.
También resuelve:¿El Tribunal incurrió en un falso juicio de valor en cuanto a los elementos constitutivos de la fuerza mayor, al desestimar que el retiro del mercado de Axia configuraba dicha circunstancia?¿El a quo omitió referirse a la inejecución del contrato, al no valorar adecuadamente la cláusula decimoctava atinente a los mecanismos para resolver las diferencias entre las partes en el marco de…¿El fallo apelado prescindió de la valoración de que la EDEQ debió agotar la negociación directa con Axia, prevista en la cláusula decimoctava, como un requisito para interponer la demanda…
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a…¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas en la actividad de las entidades públicas con empresas industriales y comerciales del Estado? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como prueba en el proceso contencioso administrativo siempre que dichos documentos no hayan sido tachados de falsos o desvirtuados por las partes durante el curso del mismo, conforme a la jurisprudencia unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 28 de agosto de 2013. Además, el interventor o auditor que preste testimonio en el proceso, siempre que su declaración sea creíble, imparcial, clara y cierta, y no sea tachada de falsa por las partes, es susceptible de valoración probatoria. Estas reglas permiten un mayor acceso a la justicia y flexibilizan las exigencias de prueba en la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando la resolución de controversias contractuales entre entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En las controversias sobre contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto…¿Es procedente el valor probatorio de las copias simples, cuando los documentos aportados han militado en el proceso sin ser tachados por las partes?¿Las pruebas testimoniales aportadas al proceso son susceptibles de valor probatorio al estar dotadas de credibilidad, imparcialidad, claridad y certeza y al no ser tachadas de falsas por las partes?
¿Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior? Sí
El juez aplica a los contratos estatales la ley vigente al tiempo de su celebración, en virtud del principio de irretroactividad consagrado en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Las obligaciones, validez, existence y efectos de los acuerdos de voluntades celebrados por las entidades públicas no pueden quedar sujetos a los cambios constantes de la legislación posterior, pues ello generaría inestabilidad e incertidumbre jurídica en las relaciones contractuales, impidiendo que las normas nuevas alteren retroactivamente las condiciones pactadas al momento de perfeccionar el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Debe computarse el término de caducidad de la acción contractual desde la fecha en que se ordenó la liquidación obligatoria de la sociedad contratista…¿Resulta procedente reconocer la legitimación en la causa por activa al contratista y por pasiva al departamento de Antioquia…¿La ausencia de una exposición concreta, clara y suficiente de los motivos de inconformidad en el recurso de apelación impide que el juez de segunda instancia ejerza su competencia para revisar los…
¿Puede aplicarse la reducción de la pena en el caso sub examine, sin que se tenga en cuenta la gravedad del incumplimiento que motivo la declaración de caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar? No
Considero importante aclarar que, en este caso no aplicaba la posibilidad de reducción de la pena habida consideración de la gravedad del incumplimiento que dio motivo a la declaración de caducidad del contrato. Por elemental consecuencia con el instituto de la caducidad, la infracción de las obligaciones hubo de poner en grave riesgo la continuidad de un servicio socialmente relacionado sensiblemente con los fines del Estado Social de Derecho, como lo es el suministro de alimentación escolar. En los anteriores términos, dejo respetuosa y sucintamente sentada mi aclaración de voto.
¿La formulación exclusiva de una pretensión condenatoria contra el departamento de Antioquia impide que el juez analice su responsabilidad sin que el demandante haya elevado previamente una pretensión declarativa? Sí
Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Sala de Subsección, procedo a exponer las razones por las cuales aclaré mi voto en la sentencia del 17 de septiembre de 2025, que confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual (i) se declaró el incumplimiento del contrato No. 038 de 1994 y, en consecuencia, se condenó a la parte [demandada] a pagar al demandante la suma de 1.681’135.170; y (ii) se negó que el departamento de Antioquia fuera solidariamente responsable de los perjuicios sufridos por la parte accionante.