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Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las controversias contractuales estatales cuya cuantía excede quinientos salarios mínimos legales.
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 52001233300020170026501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente en razón de la cuantía para conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales por presunto incumplimiento de un contrato interadministrativo? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales originadas en contratos interadministrativos cuando la cuantía de las pretensiones supera el límite legal establecido. Con fundamento en los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzga las controversias derivadas de contratos celebrados por entidades públicas, correspondiendo la segunda instancia a esta corporación siempre que la cuantía excede los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición de la demanda en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿Se encuentran debidamente legitimados en la causa por activa y por pasiva ETB y el Departamento del Putumayo, respectivamente…
¿Se presentó dentro del término legal la demanda relacionada con un contrato de tracto sucesivo no liquidado dentro de los plazos previstos en la Ley?
¿Se encontraba facultada la Administradora Temporal para celebrar, en nombre del Departamento del Putumayo, el contrato interadministrativo con ETB en virtud de la asunción temporal de competencias…
MODIFICA
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Empresas de servicios públicos domiciliarios: dentro de la Ley 715 de 2001 las únicas referencias expresas al régimen se encuentran en el artículo 13
C-209 de 2026
2026-03-26
¿Cuál es el régimen contractual aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente de financiación son los recursos del Sistema General de Participaciones cuando la entidad ejecutora es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios?
El contratista que ejecuta proyectos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico se rige por el régimen contractual propio de su naturaleza jurídica, salvo disposición expresa que lo someta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme a la interpretación sistemática de las leyes 142 de 1994 y 715 de 2001. Esta regla matiza la aplicación general del EGCAP, permitiendo que las empresas de servicios públicos domiciliarios continúen sujetas al derecho privado en la celebración de contratos, a menos que exista una norma específica que disponga lo contrario, lo que implica que cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual en cada caso concreto.síntesis automática
También resuelve:
Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídico
Empresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial
Sistema general de participaciones: Ley 715 de 2001, agua potable y saneamiento básico, régimen de contratación
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Empresas de servicios públicos domiciliarios: dentro de la Ley 715 de 2001 las únicas referencias expresas al régimen se encuentran en el artículo 13
C-215 de 2026
2026-03-12
¿Cuál es el régimen contractual aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente de financiación son los recursos del Sistema General de Participaciones cuando la entidad ejecutora es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios?
Con fundamento en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, se expidió la Ley 715 de 2001, Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros." Esta norma se refiere al Sistema General de Participaciones, correspondiente a los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales para la financiación de ciertos servicios a su cargo.
También resuelve:
Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídico
Empresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial
Sistema general de participaciones: Ley 715 de 2001, agua potable y saneamiento básico, régimen de contratación
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Acto administrativo
2019_11001-03-26-000-2005-00503-01_40159
2019-05-30
Sección Tercera
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA,RÉGIMEN SUBSIDIADO,SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES,ACTO ADMINISTRATIVO,CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,DEBIDO PROCESO,NOTIFICACIÓN,CONTRATO DE ASEGURAMIENTO – Por activa,Caprecom,Por pasiva,Demanda,Acto administrativo,Contratación pública,Definición,Ley 100 de 1993,Régimen aplicable,Derecho privado,Cláusulas excepcionales,Administradoras,Funciones,Marco legal,Entidades territor – Mes: mayo – Año: 2019…
También resuelve:
Legitimación en la causa: por activa, caprecom, por pasiva, demanda
Régimen subsidiado: definición, Ley 100 de 1993, administradoras, función
Contratos de aseguramiento: régimen aplicable, derecho privado, cláusulas excepcionales, servicio de salud
Consejo de Estado
Providencia
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados?
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020030306001
ACCION CONTRACTUAL
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos?
¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato?
¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial
Sentencia — Sentencia
2025-06-16
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 44001233300020150021201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer una acción de liquidación judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento económico derivado de la prestación de servicios educativos a un número mayor de estudiantes del grupo étnico al pactado inicialmente en el contrato, siempre y cuando la cláusula del contrato lo permita y la demanda sea presentada dentro del plazo legal. En este caso, la entidad territorial suscribió un contrato para la atención educativa de una comunidad étnica, y el contratista reclamó el reconocimiento económico por la prestación del servicio a un número mayor de estudiantes, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, estableciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la acción de liquidación judicial y que el Consejo de Estado resolverá la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, lo que implica que los procesos de liquidación de contratos estatales suscritos por entidades territoriales ahora tendrán un marco más claro en cuanto a la competencia judicial y la cuantía para la apelación.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado…
¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal?
¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Resolución Orgánica 5678 de 200517 citada en la parte considerativa, regula en el artículo 8 que independientemente de la competencia que se asuma, bien sea por la Contraloría General de la República en forma prevalente o por las Contralorías Departamentales esta debe ser integral y plena una vez dispuesto y en ejecución el Proceso Auditor por la Contraloría correspondiente.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2022-12-07
Sala Consulta y Servicio Civil
MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Rad. 11001030600020220021000
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Contraloría General de Boyacá es la autoridad competente para continuar con el proceso de responsabilidad fiscal 146-2021 iniciado con ocasión de las presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de suministro C5M1342017 del 7 de diciembre de 2017, suscrito entre EMPODUITAMA S.A. E.S.P. y BTP Medidores y Accesorios S.A., el cual fue financiado con recursos del orden nacional, transferidos al municipio de Duitama por el Sistema General de Participaciones? Sí
La Contraloría General de la República tiene un poder prevalente respecto de la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades territoriales de conformidad con las disposiciones legales.… En el caso en estudio, la Contraloría de Boyacá recalca que los recursos empleados para la ejecución del contrato C5M11342017 cuyo objeto es el suministro e instalación del sistema macro de medición de plantas de totalización en Surba, Milagros Boyacogua, estuvo financiado con recurso propios.
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
La decisión impugnada será modificada para señalar que la condena decretada deberá ser pagada en favor de la sociedad demandante y el litisconsorte.
Sentencia — Sentencia
2023-09-07
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 81001233100020090003901
ACCION CONTRACTUAL
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve:
¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada?
¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra?
¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación
Sentencia — Sentencia
2025-09-01
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 05001233300020180148501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación, sin que estos hayan sido objeto de debate en la demanda o la contestación? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación si estos no han sido objeto de debate en la demanda o la contestación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que exigen que el fallo se ajuste a los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación, evitando sorprender a las partes con decisiones sobre aspectos no debatidos. El contrato de prestación de servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa no está sometido al régimen de contratación pública, sino a las normas del Código Civil y del Comercio, y a disposiciones especiales en materia de prestación del servicio educativo, conforme a la Ley 1294 de 2009 y su reglamentación. En contratos estatales regidos por normas de derecho privado, los actos contractuales emitidos por la entidad pública no se consideran ejercicios de potestades administrativas, manteniendo la igualdad entre contratantes, aunque pueden convenir una etapa de liquidación del contrato para definir reajustes, revisiones o reconocimientos, siempre dentro de los límites del orden público y las buenas costumbres.síntesis automática
También resuelve:
¿Está sometido al régimen de contratación pública un contrato de prestación del servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa?
¿Pueden considerarse actos administrativos las manifestaciones contractuales realizadas por una entidad pública en contratos estatales regidos por normas de derecho privado?
¿Constituyen actos administrativos las resoluciones expedidas por una entidad pública para liquidar unilateralmente un contrato estatal regido por normas de derecho privado?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual.
Sentencia — Sentencia
2026-09-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 05001233300020200021301
Controversias contractuales
¿Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual? Sí
Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo con iglesias y confesiones religiosas, celebrado conforme al literal c) del artículo 4 del Decreto 2355 de 2009, se resuelven con las normas civiles y comerciales pertinentes y con la regulación especial del sector educativo, no con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 establece un régimen que excluye la aplicación de las normas de contratación pública y somete el negocio al derecho privado; la regulación especial del servicio educativo rige aspectos concretos, como la idoneidad del prestador, la planeación, la cobertura y el cálculo de la remuneración; y la mención de la Ley 80 de 1993 o de la Ley 1150 de 2007 en el encabezado o en algunas estipulaciones no cambia ese régimen. Por ello, el incumplimiento de este tipo de contratos debe analizarse conforme al derecho privado y a las reglas que regulan el incumplimiento contractual en ese ámbito. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:
¿En el contrato estatal regido por el derecho privado, la facultad de la entidad contratante para liquidar unilateralmente el contrato deriva exclusivamente del acuerdo de voluntades y no de los…
¿En el contrato de administración del servicio educativo regido por el Decreto 2355 de 2009, el valor fijo por alumno determinado con fundamento en los componentes de la canasta educativa ofrecidos…
¿Debe declararse el incumplimiento de la entidad territorial por no reconocer al contratista los costos derivados de la disminución de la matrícula estudiantil…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se procede a actualizar a valor presente la cuantía del lucro cesante reconocida en el auto apelado.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2023-12-14
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600019951170402
ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve:
¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen?
¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos?
¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El negocio jurídico se encuentra vigente a la presentación de la demanda cuando los aportes pactados no han sido satisfechos en su totalidad.
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 05001233300020150145802
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿A la fecha de la presentación de la demanda, el negocio jurídico se encontraba vigente? Sí
El negocio jurídico celebrado entre entidades públicas se considera jurídicamente vigente para efectos del cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes obligadas no ha transferido o ejecutado la totalidad de los aportes económicos pactados. En este proceso relativo a un convenio interadministrativo, la Sala verifica que el plazo comenzó a regir bajo la normatividad anterior y que la presentación oportuna de la demanda dentro del término legal permite desestimar los argumentos ministeriales de caducidad, imponiendo el pago de agencias en derecho a favor de la entidad demandante a cargo de las entidades recurrentes vencidas.síntesis automática
También resuelve:
¿Los convenios interadministrativos deben regularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes?
¿El acuerdo de voluntades consistió en una unión de esfuerzos entre distintas entidades para concurrir al pago del pasivo prestacional del sector salud?
¿Con la declaratoria de nulidad parcial del decreto, el fundamento normativo para que la ESE participara en el acuerdo de voluntades no estaba vigente al momento de la celebración de este último?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2025-07-09
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 23001233300020150028501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada en un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, cuando dicho contrato fue suscrito en desarrollo del giro ordinario de sus negocios? No
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce de las controversias contractuales originadas en contratos que una entidad pública con carácter de institución financiera celebra en desarrollo del giro ordinario de sus negocios. La regla se apoya en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, que excluye de esa jurisdicción esos asuntos, y en que la competencia se determina por la naturaleza del contrato y de la actividad que lo origina. Cuando el proceso ya está para sentencia de segunda instancia y se advierte esa falta de competencia, el juez la declara conforme al artículo 138 del Código General del Proceso. En el caso, la entidad demandada es una institución financiera pública y el contrato se celebró en desarrollo de su giro ordinario, por lo que el despacho declara falta de jurisdicción. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso declara la falta de jurisdicción, invalida la sentencia de primera instancia y remite el expediente a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede considerarse que el contrato celebrado por FONADE con Construcciones Diserq se encuentra excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa…
¿Tiene la jurisdicción contencioso-administrativa competencia para conocer de la controversia sobre la nulidad de resoluciones expedidas por FONADE…
¿Las decisiones unilaterales adoptadas por FONADE en ejecución de un contrato celebrado bajo régimen de derecho privado, pueden ser calificadas como actos administrativos sometidos al control de la…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde al Consejo de Estado, en virtud de su competencia funcional, conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, cuando los litigios tienen origen en actuaciones de entidades públicas del orden territorial.
Sentencia — Sentencia
2025-03-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 23001233300020150008901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde al Consejo de Estado, en virtud de su competencia funcional, conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, cuando los litigios tienen origen en actuaciones de entidades públicas del orden territorial? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, en virtud de su competencia funcional y conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de litigios originados en la actividad de las entidades públicas, incluyendo a los municipios. Además, el Consejo de Estado considera que existe renuncia al pacto arbitral cuando una de las partes presenta demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la otra omite proponer la excepción de cláusula compromisoria, en virtud del artículo 21 del Código de Arbitraje. Asimismo, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se suspende durante la conciliación previa, y la acción judicial contra un contrato estatal sometido a liquidación es válida si se presenta dentro del plazo de dos años desde la fecha límite para la liquidación unilateral, conforme al artículo 164 del CPACA. Finalmente, el juez debe declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato estatal cuando su objeto es ilícito y contraviene normas imperativas del ordenamiento jurídico, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe entenderse que existe renuncia al pacto arbitral incorporado en un contrato cuando una de las partes presenta demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la parte demandada omite…
¿La acción judicial instaurada contra un contrato estatal sometido a liquidación fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011?
¿Debe el juez a declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando advierte de manera manifiesta que su objeto es ilícito por contrariar normas imperativas del ordenamiento jurídico?
CONFIRMA