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clave: "consejo_estado:providencia:23001233300020150028501-71916-auto-interlocutorio"
titulo: "Consejo de Estado: no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-07-09"
radicado: "23001233300020150028501"
numero: "71916"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada

- **Título oficial / radicado:** Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-07-09
- **Radicado:** 23001233300020150028501
- **Número interno:** 71916
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CONSTRUCCIONES DISERG S.A.S.
- **Demandado:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOSDE DESARROLLO - FONADE
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:23001233300020150028501-71916-auto-interlocutorio
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/23001233300020150028501/E14F713FBD94D3C23550A11B49A28DEC8CBB191512D681FDD0BDD11A81CE94A2/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=230012333000201500285011100103

## Problema jurídico

¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada en un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, cuando dicho contrato fue suscrito en desarrollo del giro ordinario de sus negocios?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

DECLARA FALTA DE JURISDICCION

## Puntos clave

- ¿Puede considerarse que el contrato celebrado por FONADE con Construcciones Diserq se encuentra excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa…
- ¿Tiene la jurisdicción contencioso-administrativa competencia para conocer de la controversia sobre la nulidad de resoluciones expedidas por FONADE…
- ¿Las decisiones unilaterales adoptadas por FONADE en ejecución de un contrato celebrado bajo régimen de derecho privado, pueden ser calificadas como actos administrativos sometidos al control de la…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2168 de 1992
- Decreto 663 de 1993, arts. 286 y 298
- Ley 1437 de 2011, art. 105 núm. 1

## Extracto

Encontrándose el proceso para dictar sentencia de segunda instancia en virtud del recurso de apelación presentado por Construcciones Diserq S.A.S, el Despacho advierte que a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo no corresponde el conocimiento del presente asunto. Por lo tanto, conforme al artículo 138 del Código General del Proceso (“CGP”), declarará la falta de jurisdicción, invalidará la sentencia dictada en primera instancia, y remitirá el expediente a los jueces civiles del circuito de Bogotá D.C.… El conocimiento de este proceso no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, porque se configura el supuesto previsto en el numeral 1º del artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

## Síntesis temática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce de las controversias contractuales originadas en contratos que una entidad pública con carácter de institución financiera celebra en desarrollo del giro ordinario de sus negocios. La regla se apoya en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, que excluye de esa jurisdicción esos asuntos, y en que la competencia se determina por la naturaleza del contrato y de la actividad que lo origina. Cuando el proceso ya está para sentencia de segunda instancia y se advierte esa falta de competencia, el juez la declara conforme al artículo 138 del Código General del Proceso. En el caso, la entidad demandada es una institución financiera pública y el contrato se celebró en desarrollo de su giro ordinario, por lo que el despacho declara falta de jurisdicción. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso declara la falta de jurisdicción, invalida la sentencia de primera instancia y remite el expediente a la jurisdicción ordinaria.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COMPETENCIA, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ENTIDAD PÚBLICA, CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA, ACTIVIDAD FINANCIERA, FALTA DE JURISDICCIÓN, AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE JURISDICCIÓN, DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN, FALTA DE COMPETENCIA, AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE COMPETENCIA, DECLARACIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, FONADE, NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE, REGÍMENES DE FONADE, SUPERINTENDENCIA BANCARIA, FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA, FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN SOCIETARIA, GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS, SISTEMA FINANCIERO, ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, VIGENCIA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, ACCIONES, REMISIÓN DE EXPEDIENTE, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, PERSONERÍA JURÍDICA, PATRIMONIO, PATRIMONIO AUTÓNOMO, AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD ESTATAL, AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD DEL ESTADO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, FACULTADES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, COMPETENCIA DEL JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO, JURISDICCIÓN ORDINARIA, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA, FINALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, PARTICIPACIONES, OBJETO DE LA SOCIEDAD, ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ACTIVIDAD COMERCIAL, ACTO ADMINISTRATIVO, CONTRATO, ESTATUTO INTERNO DE LA ENTIDAD ESTATAL, NORMA, OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, FACULTADES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, ESTATUTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, RECURSOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO, ENTIDAD FINANCIERA ESTATAL, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PROYECTOS DE INVERSIÓN, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, APLICACIÓN DE LA NORMA, RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA, RELACIÓN CONTRACTUAL, DERECHO ADMINISTRATIVO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CRÉDITO, SEGURO, ENTIDAD FINANCIERA, REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, REGÍMENES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, ACTO JURÍDICO UNILATERAL, FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, ACTIVIDAD CONTRACTUAL, REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, SUJETOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, DERECHO PRIVADO, NORMA DE DERECHO PRIVADO, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, JURISPRUDENCIA, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, NATURALEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NORMATIVA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DE LA SENTENCIA, EXPEDIENTE, AUTO QUE REMITE POR COMPETENCIA, REMISIÓN POR COMPETENCIA, JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO, PROCESO DE MAYOR CUANTÍA, DOMICILIO, DOMICILIO DEL DEMANDADO, NULIDAD PROCESAL POR FALTA DE JURISDICCIÓN

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / ACTIVIDAD FINANCIERA / FALTA DE JURISDICCIÓN / AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE JURISDICCIÓN / DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN / FALTA DE COMPETENCIA / AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE COMPETENCIA / DECLARACIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / FONADE / NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE / REGÍMENES DE FONADE / SUPERINTENDENCIA BANCARIA / FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA / FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / ADMINISTRACIÓN SOCIETARIA / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / SISTEMA FINANCIERO / ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO / VIGENCIA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO / ACCIONES / REMISIÓN DE EXPEDIENTE / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / PERSONERÍA JURÍDICA / PATRIMONIO / PATRIMONIO AUTÓNOMO / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD ESTATAL / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD DEL ESTADO / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN / FACULTADES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO / JURISDICCIÓN ORDINARIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA
Problema jurídico:
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada en un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, cuando dicho contrato fue suscrito en desarrollo del giro ordinario de sus negocios?
Respuesta al problema jurídico: No
Encontrándose el proceso para dictar sentencia de segunda instancia en virtud del recurso de apelación presentado por Construcciones Diserq S.A.S, el Despacho advierte que a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo no corresponde el conocimiento del presente asunto. Por lo tanto, conforme al artículo 138 del Código General del Proceso (“CGP”), declarará la falta de jurisdicción, invalidará la sentencia dictada en primera instancia, y remitirá el expediente a los jueces civiles del circuito de Bogotá D.C. (...) El conocimiento de este proceso no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, porque se configura el supuesto previsto en el numeral 1º del artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esta disposición establece que la jurisdicción no conoce de los siguientes asuntos: “Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos”. (...) Los dos requisitos previstos en esta disposición se cumplen en el presente caso. En primer lugar, se trata de una controversia relativa a un contrato celebrado por una entidad pública que tiene el carácter de institución financiera vigilada por la Superintendencia Financiera. En segundo lugar, el contrato del que surgió la controversia fue celebrado dentro del giro ordinario de los negocios de dicha entidad. (...) FONADE (hoy Enterritorio S.A) es una entidad pública y tiene el carácter de institución financiera. Según el parágrafo del artículo 104 del CPACA, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50 % de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior a ese mismo umbral. Mediante el Decreto 2168 de 1992, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 20 transitorio de la Constitución Política y vigente en la época de los hechos y de presentación de la demanda, se determinó que la naturaleza jurídica del FONADE es la de una empresa industrial y comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y vinculada al Departamento Nacional de Planeación. En consecuencia, FONADE se enmarca dentro de la definición de entidad pública prevista en el CPACA (...) . FONADE es una entidad pública que, además, tiene el carácter de institución financiera. Esta naturaleza se encuentra prevista en el Decreto 2168 de 1992, que dispone expresamente que la empresa es de “carácter financiero”. Dicha calificación fue reiterada por el artículo 286 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF), que incorporó las disposiciones del Decreto 2168 y confirmó su naturaleza jurídica como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero. Finalmente, el carácter de institución financiera de FONADE también se desprende del artículo 90 de la Ley 45 de 1990, según el cual “[p]ara los efectos de la presente ley se entiende por instituciones financieras las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros (…)”, condición que cumple FONADE al estar bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Financiera (antes Superintendencia Bancaria) conforme al artículo 298 del EOSF [Estatuto Orgánico del Sistema Financiero].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falta de jurisdicción y la incompetencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables, ver: Corte Constitucional, sentencia del 5 de octubre de 2016, exp. C-537, M.P. Alejandro Linares Cantillo. Respecto el caso de personas jurídicas de naturaleza societaria con participación mayoritaria del Estado, el giro ordinario debe concretarse a la luz del objeto social, consultar: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2135 del 9 de abril de 2013, C.P. Augusto Hernández Becerra.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2168 DE 1992, DECRETO 663 DE 1993 - ARTÍCULO 286, DECRETO 663 DE 1993 - ARTÍCULO 298, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 138, LEY 45 DE 1992 - ARTÍCULO 90
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / FINALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / FONADE / NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE / REGÍMENES DE FONADE / ACCIONES / ADMINISTRACIÓN SOCIETARIA / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD / PARTICIPACIONES / OBJETO DE LA SOCIEDAD / ACTIVIDAD INDUSTRIAL / ACTIVIDAD COMERCIAL / ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO / ESTATUTO INTERNO DE LA ENTIDAD ESTATAL / NORMA / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / FACULTADES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ESTATUTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / RECURSOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / ACTIVIDAD FINANCIERA / ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO / ENTIDAD FINANCIERA ESTATAL / INTERMEDIACIÓN FINANCIERA / PROYECTOS DE INVERSIÓN
Problema jurídico:
¿Puede considerarse que el contrato celebrado por FONADE con Construcciones Diserq se encuentra excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105.1 del CPACA, al tratarse de un contrato celebrado dentro del giro ordinario de los negocios de una entidad pública con carácter financiero?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por otra parte, el contrato que originó la presente controversia fue celebrado por FONADE dentro del giro ordinario de sus negocios. Como ha precisado la Subsección, dicho concepto alude a las actividades desarrolladas de forma habitual por la entidad, para las cuales ha sido habilitada conforme a sus actos de creación. En el caso de personas jurídicas de naturaleza societaria con participación mayoritaria del Estado, el giro ordinario debe concretarse a la luz del objeto social. En cambio, tratándose de entidades públicas creadas por la ley o autorizadas por ella, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica sin adoptar forma societaria, el criterio relevante es el objeto y las funciones expresamente definidas en sus actos de creación, incluidas todas aquellas actuaciones y contratos que resulten necesarios para su cumplimiento, en una relación de medio a fin. (...) Así, además del objeto principal, el concepto de giro ordinario de los negocios abarca los actos y contratos que resulten necesarios para su ejecución, en tanto guardan con él una relación instrumental. En este sentido, el artículo 86 de la Ley 489 de 1998 dispone que, además de las actividades y actos que pueden ejecutar según la ley, las normas de creación y sus estatutos internos, las empresas industriales y comerciales del Estado están facultadas para “desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”. De este modo, la noción de giro ordinario resulta aplicable a las EICE tanto respecto de las actividades principales como de aquellas que, por su conexión funcional, resultan necesarias para su cumplimiento. (...) . Los documentos del expediente evidencian que el contrato celebrado con Construcciones Diserq fue suscrito por FONADE actuando como agente en la ejecución de proyectos de desarrollo y en cumplimiento de su función de celebrar contratos para administrar recursos destinados a ese fin. Así, en el capítulo primero del pliego de condiciones del proceso de contratación, se precisó que este fue adelantado por la entidad actuando como agente en la ejecución y gerencia de proyectos de infraestructura educativa, financiados con recursos del Ministerio de Educación Nacional (...) El hecho de que, al celebrar el Contrato (...) del 21 de octubre de 2011, FONADE actuaba como agente en la ejecución de proyectos de desarrollo y en cumplimiento de su función de administrar recursos destinados a tal fin, quedó igualmente registrado en los considerandos del negocio jurídico (…) El contrato no se celebró en desarrollo de una actividad financiera, entendida — desde un criterio material— como aquella que implica intermediación. En efecto, no se celebró en cumplimiento de las funciones de FONADE consistentes en “realizar operaciones de crédito externo o interno con sujeción a las normas legales vigentes” ni en “captar ahorro interno mediante la emisión de bonos, celebrando los contratos de garantía, agencia o pago que hubiere lugar para estos efectos”. Sin embargo, ello no obsta para que se configure la excepción prevista en el artículo 105.1 del CPACA, según la cual la jurisdicción de lo contencioso-administrativo no conoce de “las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras (…) cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades”. (...) Como se deduce del texto legal, la excepción opera cuando el contrato es celebrado por una entidad pública que tenga el carácter de institución financiera y la actuación se inscriba dentro del giro ordinario de sus negocios, con independencia de que no implique intermediación financiera ni operaciones activas o pasivas de financiamiento. Basta que corresponda a otras actividades propias de su objeto, como en este caso: la celebración de contratos para administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos y al desarrollo de esquemas de gerencia de proyectos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las controversias originadas en contratos celebrados por Fonade en vigencia del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2024, exp. 63828, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. En cuanto al concepto de actividad financiera, es la que se desenvuelve a través de la intermediación, ver: Corte Constitucional, sentencia del 1 de febrero de 2006, exp. C-041, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 86
PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA NORMA /

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ículo derogado para los contratos adjudicados y celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, aunque el procedimiento de selección se hubiera iniciado bajo la vigencia del citado artículo 26. (…). Desde la perspectiva de las normas que regulan el objeto de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, lo anterior implica que no puede afirmarse que la controversia entre las partes derive de un contrato “sujeto al derecho administrativo”, en los términos del artículo 104 del CPACA. En igual sentido, las pretensiones orientadas a que se declare la nulidad de la Resolución 062 de 2014 —mediante la cual FONADE liquidó unilateralmente el contrato— y de la Resolución 067 del mismo año —que la confirmó— no configuran una controversia sobre “actos sometidos al derecho administrativo”, esto es, sobre la validez de actos administrativos. (…) . Como se indicó anteriormente, cuando una entidad de la Administración Pública actúa sometida al derecho privado —como ocurre en el presente caso respecto de FONADE—, las decisiones que adopta con ocasión del contrato no constituyen actos administrativos. En efecto, si dentro del conjunto de normas que integran la relación contractual no existe disposición que le confiera una potestad administrativa —por ejemplo, la facultad de liquidación unilateral prevista en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007—, tales decisiones conservan la naturaleza jurídica de los actos que los particulares adoptan en la ejecución de negocios regidos por el derecho privado. Esta tesis, decantada en la jurisprudencia de unificación, ha sido también recogida por la doctrina en los siguientes términos: “Desde luego no son actos administrativos los que adopta la Administración pública cuando actúa con sometimiento al Derecho privado. Todas las definiciones insisten en que los actos, para tener naturaleza administrativa, han de poder ser imputados a una Administración pública que actúe con sometimiento al Derecho Administrativo” (…) El hecho de que las resoluciones expedidas por FONADE adoptaran la forma o apariencia de un acto administrativo no es una condición suficiente (ni necesaria) para calificarlas como tales, pues el criterio formal no es determinante de su naturaleza jurídica. La naturaleza de un acto administrativo depende de la concurrencia de los elementos que configuran esta manifestación del poder público, entre los cuales se encuentra, de manera esencial, que el sujeto actúe con sujeción al derecho administrativo, esto es, en ejercicio de una potestad legal conferida para el cumplimiento de una función administrativa. (…) Que el FONADE hubiera citado como fundamento de las Resoluciones 062 y 067 una norma jurídica que atribuye una potestad legal para el cumplimiento de una función administrativa, como ocurre con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, tampoco le imprime la naturaleza jurídica de un acto administrativo a tales decisiones. El deseo, la voluntad o la intención de un sujeto de ejercer una potestad administrativa no confiere a sus actos tal carácter ni los atributos que le son propios (ejecutividad, ejecutoriedad, presunción de legalidad). Si así fuera, cualquier órgano o entidad que pertenezca orgánicamente a la Administración Pública, pero que actúa sometido al derecho privado, podría prevalerse del privilegio de la decisión unilateral ejecutoria citando una norma atributiva de una competencia de la que no es titular. Sin embargo, esta lectura no es admisible, porque implicaría aceptar la existencia de manifestaciones del poder público al margen del ordenamiento jurídico y por la sola voluntad de un sujeto. (…) En síntesis, cuando la entidad pública —como ocurre en este caso— carece ex lege de potestades administrativas porque actúa sometida al derecho privado, su manifestación unilateral de voluntad no reviste la naturaleza de un acto administrativo. Falta el presupuesto ontológico que proviene, no de la voluntad del sujeto, sino del ordenamiento jurídico: la habilitación legal para dictar decisiones unilaterales y ejecutorias en ejercicio de función administrativa. No se trata, por ende, de un acto administrativo viciado por incompetencia —situación en la que la entidad es titular de potestades administrativas, pero se ejerce fuera de sus límites predeterminados de materia, territorio, jerarquía o tiempo—, sino de una declaración regida por el derecho privado y, por ende, desprovista de los atributos de presunción de legalidad y de fuerza ejecutiva y ejecutoria. (…). En conclusión, el conocimiento de la controversia relativa al contrato celebrado entre FONADE y Construcciones Diserq no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que (i) se configura la excepción prevista en el artículo 105.1 del CPACA y (ii) no se trata de un litigio originado en “actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”. Por lo tanto, se declarará la falta de jurisdicción. (…) Los efectos de la anterior declaración corresponden a los previstos en el artículo 138 del CGP. La sentencia de primera instancia se invalidará. Sin embargo, lo actuado previamente conservará su validez —incluyendo las pruebas practicadas—, por lo que la actuación procesal deberá renovarse a partir del cierre de la etapa de alegaciones. (…) Conforme al mandato de los artículos 16 y 138 del CGP, el expediente se enviará de inmediato al juez competente. En consideración a la naturaleza del conflicto; a que el proceso es de mayor cuantía, porque las pretensiones de contenido patrimonial superan los 150 SMLMV (CGP, arts. 20.1 y 25); y a que el domicilio de la entidad demandada es el Distrito de Bogotá (CGP, art. 28.1), se dispondrá la remisión inmediata del expediente a los juzgados civiles del circuito de Bogotá para que, por reparto, el despacho correspondiente asuma la competencia del asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, ver: consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2024. exp. 63828, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre los regímenes exceptuados en los que las entidades públicas suscriben negocios jurídicos no sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, exp. 42003, C.P. Alberto Montaña Plata, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 9 de mayo de 2024, exp. 53962, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 26, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1, LEY 1450 DE 2011, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 138, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 16, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 25, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 28 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente. 2025-07-09. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 23001233300020150028501. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:23001233300020150028501-71916-auto-interlocutorio).
