Titulación de la relatoría 13.958 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / DEBERES DEL JUEZ / CONTROL DE LEGALIDAD DE SANEAMIENTO DE VICIOS PROCESALES / NULIDAD PROCESAL POR FALTA DE JURISDICCIÓN / AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE JURISDICCIÓN / FALTA DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN
Problema jurídico:
¿Los jueces tienen el deber de ejercer el control de legalidad del proceso y sanear los vicios que acarrean nulidades?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 287 del CPACA, los jueces tienen el deber de ejercer el control de legalidad del proceso y sanear los vicios que acarrean nulidades; de aquí que corresponde al despacho pronunciarse en relación con la falta de jurisdicción que se presenta en el caso concreto, toda vez que […], el asunto debatido no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sino de la jurisdicción ordinaria, sin posibilidad de prorrogar la jurisdicción ni darla por saneada. El artículo 16 del Código General del Proceso dispone que cuando se declare de oficio o a petición de parte la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que así se hubiere proferido.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 287, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 16
FONADE / NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE / REGÍMENES DE FONADE / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ENTIDAD FINANCIERA / PERSONERÍA JURÍDICA / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD DEL ESTADO / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN / SUPERINTENDENCIA BANCARIA / ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
Problema jurídico:
¿FONADE es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilada por la Superintendencia Bancaria?
Respuesta al problema jurídico: Si
Creado mediante el Decreto 3068 de 1968, el FONADE se constituyó […] como establecimiento público, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, y cuya función consistía en “financiar total o parcialmente a entidades de Derecho Público o Privado”, para la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad técnico-económicos de proyectos o programas específicos en determinados sectores. […] El análisis conjunto de las disposiciones [Decreto 2168 de 1992, Decreto 663 de 1993, Decreto 288 de 2004] […] evidencia la especial connotación que acompaña la naturaleza jurídica del FONADE, al asignarle la categoría de empresa industrial y comercial del Estado “de carácter financiero”, por lo que se encuentra clasificada en la gama de las denominadas “entidades financieras” o “instituciones financieras” considerando que el legislador asignó a ambos conceptos una definición y alcance equivalente, de forma que estas expresiones se utilizan indistintamente para referirse a la misma categoría jurídica. Refuerza lo anterior el artículo 90 de la Ley 45 de 1990, en el cual se definen como instituciones financieras aquellas sometidas a control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera). Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2168 de 1992, al estar el FONADE sometido al control y vigilancia de dicha Superintendencia, se concluye que se trata de una institución financiera de carácter estatal, para todos sus efectos legales. Por su parte, el artículo 2° del EOSF, al describir las clases de establecimientos de crédito, reconoce la existencia de otras “instituciones financieras reguladas por normas especiales”, distintas a las enlistadas en su artículo 1°, y, bajo esta línea, destinó varios capítulos normativos a entidades con regímenes especiales, entre ellas el FONADE (artículo 286), lo que corrobora su carácter de entidad o institución financiera a la luz de la normatividad que le es aplicable, tal como ha sido advertido por esta Corporación al analizar esa materia. Por tanto, conforme al artículo 1° del Decreto 288 de 2004 el FONADE es “una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilada por la Superintendencia Bancaria”, naturaleza jurídica que posteriormente se conservó y ratificó bajo el Decreto 495 del 20 de marzo de 2019, norma por cuya virtud se modificó la estructura del FONADE y se cambió su denominación, para llamarse en adelante Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2168 DE 1992, DECRETO 288 DE 2004, DECRETO 3068 DE 1968, DECRETO 495 DE 2019, DECRETO 663 DE 1993, LEY 45 DE 1990 - ARTÍCULO 90
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD PÚBLICA / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / ENTIDAD FINANCIERA / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / OBJETO DE LA SOCIEDAD / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / FONADE / NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE / FUNCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIERA ESTATAL / CONEXIDAD / FALTA DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El giro ordinario de los negocios de las instituciones financieras está compuesto por las actividades propias del objeto social de la entidad o de sus funciones, y por las actividades conexas que guardan estrecha relación con su objeto?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 104 del CPACA, establece como cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juzgamiento de las controversias relativas a contratos, cualquiera sea su régimen, en los que sea parte “una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones públicas”, al paso que el artículo 105 ibídem consagra como excepción a esta regla, aquellas controversias contractuales de las entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, cuando tales conflictos se originen en asuntos propios “del giro ordinario de sus negocios”. El elemento central para la determinación del giro ordinario de los negocio, como concepto jurídico indeterminado, remite al objeto social –cuando se trata de empresas públicas o privadas constituidas bajo alguno de los tipos societarios definidos en la ley– pero también se refiere al objeto y a las funciones expresamente definidas en los actos de creación de entidades públicas que, por su naturaleza, se orientan al desarrollo de actividades industriales y comerciales. […] Así las cosas, es razonable que el concepto de “giro ordinario de los negocios” sea compatible, de cara al caso concreto, con el objeto y funciones de las empresas industriales y comerciales del estado –EICE– de carácter financiero, como lo es el FONADE, dado que para el desarrollo de su ejercicio comercial ha sido autorizada para actuar en términos equivalentes a los particulares, de manera que al incursionar en el mercado como un partícipe más, el desarrollo de su gestión está atada al giro ordinario de tales negocios, en los mismos términos en los que se desarrolla el objeto social de las empresas privadas. […] [E]l giro ordinario de los negocios de las instituciones financieras está compuesto por las actividades propias del objeto social de la entidad o de sus funciones, y por las actividades conexas que guardan estrecha relación con su objeto. Puntualizando en tales actividades, esta Corporación se ha pronunciado en diversas oportunidades afirmando que éstas hacen relación tanto a las actividades o negocios realizados en cumplimiento al objeto social o de las funciones principales expresamente definidas en la ley, como a todas aquellas actividades o negocios que son conexas con ellas y que se realiza para desarrollar la función principal. Este marco conceptual, permite señalar que bajo las previsiones que incorporó la Ley 1437 de 2011, los negocios del FONADE catalogados como parte de su giro ordinario, corresponden a aquellos que se inscriben en el alcance de su objeto social, e incluyen tanto las funciones asignadas para el desarrollo del mismo –artículos 2° y 3° del Decreto 288 de 2004– como las operaciones inherentes a su actividad financiera, según el ámbito legal respectivo; de modo que, en estos eventos, no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la solución del conflicto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el giro ordinario de una sociedad comercial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 12 de octubre de 2011, rad. 25000232600019950155501, C. P. Danilo Rojas Betancourth; Corte Constitucional, auto 1072 de 1 de diciembre de 2021 - Expediente CJU-112. Sobre el giro ordinario de las instituciones financieras, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de 17 de junio de 2015, rad. 50526, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 288 DE 2004 - ARTÍCULO 2 Y 3, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD DEL ESTADO / ENTIDAD FINANCIERA ESTATAL / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / ACTIVIDAD FINANCIERA / SERVICIO DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL / LEY GENERAL DE ARCHIVOS / FONADE / FALTA DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO ORGÁNICO / CRITERIO MATERIAL / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA
Problema jurídico:
¿Se configuran los elementos orgánico y material exigidos por el artículo 105 del CPACA para que opere la excepción de falta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e resalta que el numeral 1º del artículo 105 del CPACA establece que no serán del conocimiento de esta jurisdicción las “controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras (…) cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades”, sin limitar esta exclusión a las “actividades financieras” que hagan parte del objeto de la entidad, bastando para configurar la excepción con que se trate de (i) una institución de carácter financiero elemento orgánico- y (ii) que la actuación cuestionada corresponda al giro ordinario de sus negocios -elemento material-, en donde se incluyen tanto las actividades propias de su objeto y de sus funciones, como las actividades ligadas al mismo. Como el FONADE es una entidad financiera, sometida al EOSF y a la vigilancia e inspección de la Superintendencia Financiera […], en el caso concreto está acreditada la configuración del elemento orgánico de la excepción antes indicada […]. [T]ambién se cumple con el elemento material de la excepción, por cuanto el contrato que motiva la controversia está relacionado y es conexo con el objeto social del FONADE, toda vez que tenía como finalidad la organización, conservación y archivo de la documentación producida en desarrollo de su gestión, esto es, del giro ordinario de sus negocios, así como del cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas, con el fin de liberar espacios en sus locaciones, mejorar la productividad y cumplir con la Ley General de Archivos, que le impone organizar, preservar y controlar los documentos recibidos y producidos. En consecuencia, estando configurados los elementos orgánico y material exigidos por el artículo 105 del CPACA para que opere la excepción a la competencia general atribuida a esta jurisdicción por el artículo 104, no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la solución del presente conflicto, sino a la ordinaria, por lo que se declarará de oficio la excepción de falta de jurisdicción.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1
DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN / NULIDAD PROCESAL POR FALTA DE JURISDICCIÓN / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / INEXISTENCIA DE NULIDAD PROCESAL POR FALTA DE JURISDICCIÓN / TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / REMISIÓN DE EXPEDIENTE / COMPETENCIA DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Problema jurídico:
¿La falta de jurisdicción invalida la sentencia de primera instancia y le da validez al acervo probatorio recaudado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La comprobada presencia de la falta de jurisdicción que encuentra el Despacho, por su carácter insaneable, fuerza la invalidación de la sentencia de primer grado, pues el asunto, debido a las razones expuestas, no debió tramitarse ante esta especialidad, sin perjuicio de la validez del acervo probatorio recaudado y frente al cual las partes tuvieron la oportunidad de ejercer su defensa y contradicción a lo largo de este proceso. Por razón de la cuantía de las pretensiones, la naturaleza del conflicto y el domicilio de la entidad demandada, se dispondrá la remisión inmediata del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Código General del Proceso, para que por reparto, el despacho correspondiente asuma la competencia del asunto, quien renovará la actuación a partir del cierre de la etapa de alegatos de conclusión de primera instancia, teniendo en cuenta que “lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula”, según el artículo 16 del CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 138, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 16, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 20